sábado, 13 de noviembre de 2010

TE VOY A HERIR UN POCO MAS...violencia en el hogar


Una vez por hora, duran­te las 24 horas del día, una persona pide ayu­da en la Oficina de Vio­lencia Doméstica de la Corte Supre­ma de Justicia de la Nación (OVD). No es fácil, para los ajenos al uni­verso judicial, trasponer las puer­tas del Palacio, las imponentes co­lumnas, los pasillos laberínticos. Sin embargo, entre enero y octubre, 5.928 personas se animaron para encontrar esa oficina donde -con solvencia profesional y calidez- van a escucharlas, brindarles conten­ción, ofrecerles asesoría jurídica y contarles dónde más pueden ayudarlas. Ocho de cada diez fueron mujeres. Del 20% de varones, la mayoría eran chicos y adolescentes violentados. Tam­bién algunos ancianos, maltrata­dos por familiares sin distinción de sexo. Y algunos pícaros que contes­tan la denuncia por agresiones de­nunciando por lo mismo a la agre­dida. La OVD se fundó en 2008 para facilitar el acceso a la Justicia, disminuir "los efectos de la disper­sión jurisdiccional" y elaborar esta­dísticas que permitan medir el al­cance de la problemática. Este año, la OVDrecibió un 20% más de de­nuncias.

El mismo in­cremento regis­tró el 0800-68537 (MUJER), el núme­ro del Gobierno de la Ciudad que ofrece contención y orientación, in­terviene en casos de emergencia y deriva a centros asistenciales. En el primer semestre de 2010 el 0800 atendió a 4.397 personas. Las pre­visiones del Gobierno para 2010 es que pasarán por algunos de estos programas unas 20.000 mujeres.

Del mismo modo, el Programa las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que dirige la prestigiosa psicoana­lista Eva Giberti, informó que casi el 70% de las llamadas del último año corresponden a mujeres maltrata­das (atiende también otras violen­cias). El programa, que actúa en la Ciudad, cuenta con abogados, psi­cólogos, trabajadoras sociales y una brigada móvil para asistir a la vícti­ma en situación de emergencia, sea en la calle o en su casa. El equipo viaja en un móvil no reconocible de la Policía Federal que frena al agre­sor. Ellos contienen a la víctima, la acompañan durante 72 horas e in­forman al juez interviniente. Hasta octubre recibieron 9.115 llamadas, 4.659 fueron comunicaciones rea­lizadas a la línea por primera vez y 4.456 fueron llamadas recibidas en veces subsiguientes. Esto indica, en promedio, un 16% más de llama­das que en 2009.

Las maltratadas son invariable­mente mujeres y, a veces, chicos. El término violencia familiar encubre la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Su lugar subal­terno en la sociedad hace que mu­chos hombres consideren que ellas son de su propiedad y están auto­rizados a "corregirlas", ergo, a mal­tratarlas. La escalada de violencia de género fue señalada con cruda ironía por el juez Eugenio Zaffaro­ni hace unas semanas, cuando dijo que más peligroso que una salide­ra bancaria es circular por la calle o alternar con la familia, aludiendo a que mueren más personas por acci­dentes de tránsito y mujeres a ma­nos de sus parejas o ex parejas que por obra de delincuentes. Según La Casa del Encuentro -una orga­nización feminista que registra los asesinatos de mujeres y niñas infor­mados en los medios gráficos- has­ta el 30 de junio de este año hubo en el país 126 asesinatos: dos cada tres días. O un aumento del 40% respecto de 2009. Zaffaroni dio en el clavo al mencionar que las inse­guridades más mortíferas todavía tienen mucho de invisible para los medios, para la sociedad y para las políticas públicas.

Años en el infierno

La violencia suele instalarse du­rante el noviazgo: una frase áspe­ra, una descalificación, una escena de celos. Después llegan el empu­jón, el primer golpe. Todo se bo­rronea con pedidos de perdón, flo­res, promesas y una disculpa que suena a amenaza: "Si no fueras así, si no me volvieras loco, sería­mos felices". Un período de paz. Otra descalificación. La crítica im­placable a los amigos y la familia. Otro golpe. Otro perdón y más flo­res. Un período de paz, más bre­ve. Otro golpe. Otro perdón. Otro golpe. Otro golpe. Otro golpe. Y, entretejida, la frase que desmoro­na progresivamente la autoestima de la víctima: "No servís como mu­jer, no servís como madre, no ser­vís para nada".

La espiral de la violencia se despliega rápidamente, hasta in­tegrarse a la vida cotidiana. Para entonces, probablemente ella se haya apartado de sus afectos para evitar el enojo y los celos, para que no sospechen o la vean marcada. Por vergüenza. Por culpa. Porque se creyó que no sirve para nada y que, si ella no fuera así, "hubieran sido felices". Porque tiene miedo: siempre tiene miedo. Y no sabe qué decirles a los hijos. "Yo cami­né sobre huevos cada minuto du­rante 15 años para evitar la explo­sión. Pero igual venía", dice E.

Una mujer maltratada -coin­ciden los especialistas- tarda seis años o más en animarse a denun­ciar. Antes eran alrededor de 20. Recién cuando los hijos obtenían autonomía, ellas se atrevían a "con­tar la verdad", a buscar ayuda y a sortear la imputación de querer "dejar a sus hijos sin padre", como le dijeron a E. en la comisaría la pri­mera vez que fue con la cara trom­peada.

Los efectos psicológicos de la violencia doméstica son devas­tadores, y sus secuelas han sido comparadas con las de la tortu­ra. "Mirá que pasaron años, pero si me gritan todavía se me enco­ge el alma", dice E., y nadie diría que esa sesentona fornida y son­riente les tuviera miedo a muchas cosas.

Fueron las campañas de las organizaciones de mujeres des­de fines de los 80 las que des­mintieron las dulzuras del hogar dulce hogar y desnaturalizaron la violencia doméstica, mostran­do que era una conducta tan fre­cuente como silenciada. También impugnaron que los golpes puer­tas adentro fueran un "problema privado", individual o de pareja. Si un asunto "privado" afecta a una de cada cuatro mujeres, de pri­vado ya no tiene nada. Estamos ante un escalofriante problema social. Los medios, gradualmente, se hicieron eco de esta evolución y aunque no falta el imbécil que titula "crimen pasional" para con­tar que el marido le prendió fuego a una chica, la difusión fue decisi­va para que muchas pensaran que era posible huir de la barbarie.

Si la violencia de género es un problema social, va de suyo que el primer responsable de combatirla y de socorrer a las víctimas es el Estado. En el ámbito de la Ciudad actúan tanto la OVD de la Corte Suprema como la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad y el Programa las Víctimas contra las Violencias, de Nación. También organizaciones no gubernamen­tales y del movimiento de muje­res, vinculadas o no a organismos oficiales. Una fragmentación que suele conspirar contra la eficacia de los recursos invertidos.

En lo que atañe al Gobierno de la Ciudad, el presupuesto asignado a la Dirección de la Mujer -respon­sable de las políticas públicas con­tra la violencia de género- sólo re­presenta el 1,7% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, área de la que depende. Y ese Mi­nisterio tiene adjudicado sólo el 6% del presupuesto total de la Ciudad. Una cifra, a veces, dice más que mil palabras. Quien acuda a pedir ayu­da para sí o para una familiar en­contrará profesionales dispuestos a darle una mano pero también una inocultable escasez de recursos.
Los problemas empiezan por el 0800, que debería atender las 24 horas pero a veces no atiende o da largamente ocupado. "Esta­mos previendo hacer más rotacio­nes a las operadoras y capacitar a más personas para que se in­tegren a la línea; se necesita más gente para extender el horario", admitió a Diario Z la directora de Mujer, Sonia Stegman. Es ele­mental, con lo que le cuesta a una mujer violentada decidirse a pedir ayuda no está bueno que sienta que del otro lado no hay nadie.

La operadora puede derivar a alguno de los siete Centros Inte­grales de la Mujer (CIM), donde se brinda asesoramiento jurídico, atención psicológica y, más tarde, talleres de reinserción laboral. En­tre enero y junio, los CIM atendie­ron 2.193 personas.

Para quienes no pueden pa­gar un abogado, la Dirección de la Mujer tiene convenios con la Uni­versidad de Buenos Aires, el Cole­gio Público de Abogados y la Aso­ciación de Abogados.

Otro ámbito de asistencia son los hogares y refugios. La mayoría de las mujeres recientemente ase­sinadas en el país por sus parejas o ex parejas habían requerido la in­tervención del Estado. Pero queda­ron a merced de las represalias del golpeador, enfurecido por la de­nuncia. Y pagaron con su vida la ineficacia de la respuesta pública.

"Sólo un ínfimo porcentaje de las amenazas se cumple -indica Analía Monferrer, coordinadora de la OVD-. Pero los juicios ora­les por lesiones graves o gravísi­mas, homicidio o tentativa de ho­micidio, siempre están precedidos por denuncias previas, en el fuero civil o en el penal, que no tuvieron respuesta adecuada: no se adop­taron medidas, o se adoptaron y no se cumplieron."

Aunque lo aconsejable es que la mujer permanezca en su casa con sus hijos y el juez dicte el perí­metro de exclusión del violento, a veces lo indicado es que la mujer y sus hijos se resguarden en un ho­gar o refugio. El Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) sugiere un refugio cada 80.000 habitan­tes. Si siguiera esa norma, la Ciu­dad debería tener 37.

Pero sólo existen un refugio y un hogar de medio camino, el Jua­na Manso, que recibe también a hijos hasta los 12 años e hijas has­ta los 18. Había otro hogar, el Eva Duarte, pero desde principios de año está cerrado por refacciones. "En ese momento había sólo cinco madres -explica Stegman-: tres se fueron a otros hogares y dos pre­firieron el subsidio habitacional." ¿A dónde fueron las tres primeras? ¿A hogares privados?

La Dirección de la Mujer se sos­tiene con una dotación de 270 tra­bajadores. El 0800, el hogar, el refugio y los CIM dependen del Pro­grama de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica, con un presu­puesto de $12.973.415 para 2010 (72% del total de la dirección).

El resto de los recursos se des­tina al Programa de Fortalecimien­to Políticas Igualdad de Oportuni­dades -con $4.923.100 para el año en curso- que debería articu­lar políticas de "empoderamien­to" de las mujeres.

"La Dirección de la Mujer está ninguneada en el ámbito del Go­bierno de la Ciudad. No le asignan presupuesto suficiente, no les dan un subsidio económico específico, y eso habla de la voluntad políti­ca real que hay para solucionar la violencia que se ejerce sobre muje­res, niñas y niños", dijo a Diario Z Mabel Blanco, médica y presiden­ta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Fabiana Túñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, opina algo parecido: "Se necesita más estruc­tura para dar respuesta. El trabajo que se realiza es bueno, pero fal­tan más hogares, refugios, más profesionales... más presupues­to". La que no coincide es Steg­man: "Nos han dado una priori­dad bastante importante", aunque no puede evitar decir: "Y ojalá nos den más".

Las mujeres golpeadas necesi­tan ayuda terapéutica para reha­cer su vida y el vínculo con sus hi­jos, que también atravesaron años de vivir en el temor, en la violen­cia, en la desautorización de la ma­dre. Y necesitan una vivienda y un trabajo. Aunque Stegman afirma que "los subsidios del Ministerio de Desarrollo Social dan respues­ta a cualquier tipo de problemática en términos generales y tenemos prioridad en la entrega de cual­quier tipo de programa de asisten­cia", las organizaciones de mujeres reclaman políticas públicas y sub­sidios específicos, adecuados a las especificidades de la violencia de género.

¿Qué debería garantizar el Es­tado? En primer lugar, acceso a la Justicia, esto es, un abogado que haga un efectivo seguimiento de las causas. Refugios suficientes donde las mujeres no sean sepa­radas de sus hijos adolescentes. En palabras de Mabel Bianco: "Es fun­damental reclamar la vigencia ple­na de la Ley Nacional contra la Vio­lencia de Género y esto requiere más presupuesto, mejorar y am­pliar el único refugio existente, ar­ticular con el Ministerio de Educa­ción para incorporar la prevención de la violencia, capacitar a la poli­cía para mejorar la denuncia y ac­ción policial, creación de subsidios, entre otras. Se necesitan políticas públicas".

Y, sobre todo, se necesitan enérgicas campañas de preven­ción de la violencia de género, indisociables de una ley de edu­cación sexual que la contemple. La Ley 1.688 contra la violen­cia (2005), ya exigía incluir esta cuestión en la currícula educativa. Nada se hizo. Hace falta educar desde el jardín de infantes contra el sexismo, en el respeto al otro. O, para ser precisas, a la otra.
FUENTE: DIARIO Z
DZ/KM

Olga Viglieca y Paula Soler Redacción Z

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