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El martes próximo se reunirán en Tucumán los gobernador del Noroeste Argentino, los miembros de las cortes de Justicia y de los poderes legislativos para unificar criterios y acciones.
La manifiesta indiferencia, el agravio verbal constante, las permanentes amenazas, el trato humillante continuo, una bofetada y hasta golpes extremos que ponen en riesgo la vida de las personas. Todas estas conductas forman parte del amplio concepto de violencia doméstica, ejercida en el espacio familiar y favorecida por el silencio de las víctimas. Esta clase de hechos resultan cada vez más habituales en el mundo privado y es un fenómeno que preocupa sobremanera a las autoridades competentes.
Las personas que sufren algún tipo de violencia son invadidas por la desorientación y la vergüenza social. Es así como el Estado busca la manera de tener un mayor grado de presencia y fortalecer los canales de comunicación con quienes padecen esta problemática. En este contexto, el martes de la semana próxima Tucumán será la sede de una reunión entre las máximas autoridades de los poderes ejecutivos, legislativos y Judicial de las cinco provincias del Noroeste Argentino, ocasión en la que acordarán acciones conjuntas entre los poderes del Estado para dar soluciones a quienes sufren la violencia doméstica. El encuentro es promovido por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del NOA, del que la vocal de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia, Claudia Beatriz Sbdar, es vicepresidenta.
La Magistrada explicó que en el encuentro participarán los gobernadores, los miembros de las Cortes y Superiores Tribunales de la Justicia y autoridades de los poderes legislativos de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y de nuestra provincia.
El máximo tribunal de Justicia de Tucumán ya dio un paso importante en este sentido al firmar un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que habilitó la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Con este acuerdo se busca favorecer el desarrollo de actividades conjuntas de investigación, capacitación, difusión y promoción sobre el acceso a la justicia de las víctimas de episodios de violencia doméstica. De hecho los miembros de la Corte provincial ya adoptaron medidas en este sentido, al implementar doble turno en los fueros de familia y al desarrollar talleres de capacitación de jueces y funcionarios del fuero de Familia. Se puso además en función el programa de gestión en las fiscalías, supervisado por el equipo de profesionales de la Corte nacional. Lo que se plantea ahora como proyecto a nivel local es generar un área similar al nacional, donde se unifique la información sobre este flagelo y se definan acciones basadas en estudios estadísticos en forma articulada con la Casa de Gobierno y la Legislatura. De hecho, la tarea de orientación, contención y resolución de casos está en manos de los tres poderes. Por tal razón, en el encuentro de la semana venidera estarán presentes las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Se aguarda la presencia de los mandatarios Juan Manuel Urtubey (Salta); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Walter Barrionuevo (Jujuy); Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) y José Alperovich (Tucumán).
En este sentido, desde la provincia se trabaja desde hace algún tiempo en la orientación y asistencia de las víctimas de la violencia doméstica. Existe el Observatorio de la Mujer, donde se puede pedir asesoramiento llamando al 4522443; el Departamento de Violencia Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la línea gratuita del niño (102) que también atiende cualquier tipo de violencia y la División Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar de la Policía, ubicado en calle Don Bosco 1886 (teléfono 4514912). La comisaría constituye normalmente el primer escalón que recorre una persona que sufre las consecuencias violentas dentro de su propia familia. De radicarse una denuncia policial ante algún maltrato (psicológico, físico, abuso sexual o cualquier tipo de agresión), esta se convierte en un expediente penal, donde interviene la fiscalía de turno que determinará los pasos a seguir.
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