Las leyes contra la violencia de género no cumplen con el mandato de adecuación jurídica de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belem do Pará, ni cuentan con presupuestos y estadísticas fiables, afirmó una experta de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante una reunión de la Comisión Revisora de la Ley de Violencia Familiar del Congreso de la República de Perú.
Susana Chiarotti Boero, ex presidenta y actual integrante del Comité de Expertas Responsables de Vigilar el Cumplimiento de la Convención Belem do Pará (MECSEVI-OEA) explicó que el mandato de la Convención es claro:"la adecuación legislativa que realicen los Estados debe contemplar la expedición de normas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en todas sus formas y en los ámbitos donde se produzca".
De visita en la capital peruana, la funcionaria agregó que "con una ley de violencia familiar, en lenguaje neutro, sin perspectiva de género, no se estaría cumpliendo con la obligación que adquirieron al ratificar este instrumento internacional, ni siquiera con el capítulo de violencia doméstica" enfatizó.
Chiarotti explicó a la Comisión Revisora de la Ley de Violencia Familiar del Congreso que una ley integral para enfrentar la violencia de género, amparada en Belem do Pará, considera la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, contempla todas las formas de violencia y los ámbitos donde pueda producirse: familiar, comunitario y estatal.
La Convención, que hasta la fecha ha sido ratificada por 32 países en Latinoamérica, es el primer tratado en el mundo sobre violencia contra la mujer establecido por una región y tiene carácter jurídicamente vinculante, es decir, todos los Estados que la han suscrito tienen la obligación de cumplir con sus disposiciones.
Según la abogada, en América Latina, y específicamente en Argentina, Colombia, Guatemala, México, Costa Rica y Venezuela se ha dado un salto cualitativo con la aprobación de leyes integrales contra la violencia hacia la mujer, que están reemplazando a las normas de violencia intrafamiliar o doméstica.
Sin embargo, indicó que el Comité de Expertas ha comprobado que las partidas presupuestales para sustentar las políticas de prevención son muy dispersas y no cuentan con sistemas de registros que permitan conocer la dimensión de estos hechos.
El contar con partidas garantizaría la sostenibilidad de las políticas y sería una demostración de la voluntad de los Estados, sostuvo Chiarotti, "para ello, se deben cambiar los paradigmas de seguridad interna y externa y comprender que no es un problema menor que afecta a un grupo; la violencia afecta a la mitad de la población en nuestros países" observó.
La experta puntualizó que, aunque las leyes de violencia familiar son importantes y deben garantizar la denuncia, el acceso a la justicia, la justicia efectiva y la superación de la situación de agresión para las víctimas, por sí solas no cumplen con Belem do Pará.
Afirmó que si bien es importante legislar contra la violencia familiar y proteger a todos los miembros de una familia para facilitar la tranquilidad, una vida sin violencia y la democracia, precisó que "sería perjudicial incluir mecanismos que, por mantener la unidad familiar, produzcan la repetición de actos similares o limiten el reclamo de la mujer víctima para que cese la violencia", subrayó.
La Comisión Revisora de la Ley de Violencia Familiar del Congreso, desde abril del presente año está preparando el anteproyecto de la nueva norma para enfrentar la violencia familiar en esta nación sudamericana.
En su instalación, la congresista Olga Cribilleros, quien la preside, señaló la necesidad de que la legislación peruana esté en concierto con los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano, como la Convención Belém do Pará.
En Perú, cada hora 10 mujeres son víctimas de violencia familiar y diariamente 17 lo son de violencia sexual. Las cifras son alarmantes: un total de 144 niñas, niños y jóvenes habrían quedado huérfanos de madre y en algunos casos quedaron sin madre y padre, debido a que los presuntos victimarios se suicidaron, según informes de la organización feminista Movimiento Manuela Ramos.
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, informó que, durante 2009, 135 mujeres fueron víctimas de feminicidio. 42,9 por ciento de estos crímenes se reportaron en la capital peruana, 56,3 por ciento de los asesinatos ocurrieron dentro de la casa y la edad promedio de las víctimas fue de 31 años.
Fuente: Ameco Press
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