El marco conmemorativo del 8 de marzo destaca las violencias a las que las mujeres se enfrentan en su vida cotidiana y la forma como ellas las resisten. En esta nota, el CLAM propone una reflexión sobre violencia, mujeres y ciudadanía, abordando cuatro ejemplos de agencia femenina que han conducido a la configuración de nuevas ciudadanías.
Orden y Violencia
Los efectos de la violencia desplegada por individuos contra otros trascienden su inmediatez y se inscriben en marcos de significación socialmente compartidos por los miembros de una sociedad. Esto significa, en primer lugar y como afirma la antropóloga colombiana Myriam Jimeno que el acto violento es “irreductible a meras patologías individuales o a la condición social de pueblos o personas ‘bárbaros’” (2002:3) y por ello es necesario entenderlo a la luz de lo que ella denomina ‘tejido cultural’.
En segundo lugar, independientemente de su legalidad, los actos violentos son con frecuencia considerados legítimos por sus perpetradores y, muchas veces, también por sus víctimas. Respecto a la violencia de género, organizaciones y movimientos sociales de mujeres, además de investigadoras e investigadores sociales, han evidenciado cómo las agresiones contra las mujeres están sustentadas en una norma de género que define roles, estatus y relaciones de poder entre hombres y mujeres. No obstante, es importante aclarar que los actos violentos son mucho más que la consecuencia de tales normas y más que meras herramientas empleadas por sus perpetradores para fines individuales.
En tercer lugar la violencia, según el análisis propuesto por Jimeno, en tanto acto expresivo, “delinea diferencias sociales tales como las étnicas, las de identidad y las de género, y construye ideas, por ejemplo, sobre la sexualidad” (Jimeno, 2002:3). Es decir que la violencia responde a los órdenes que la legitiman al tiempo que contribuye a mantenerlos. Aparte de la violencia del Estado, que como muchos autores han afirmado tiene una función conservadora, la violencia ejercida por individuos también tiene un carácter normativo. Aquellos actos que caracterizamos como “violencia ciega” responden a una lógica, son dirigidos y van más allá del mero accionar individual. Si bien, como señalara la antropóloga india Veena Das (1996), tales actos son experimentados por las víctimas como la irrupción de un desorden en sus vidas, este desorden se despliega para ordenar y regular determinadas dimensiones de la vida de las personas.
La agencia más allá de la resiliencia
La violencia como reafirmación de un orden, en este caso de género, puede amenazar la vida misma de las mujeres con el propósito de que actúen de conformidad a unas normas de comportamiento. A pesar de su capacidad amenazante, que en ocasiones puede convertirla en una fuerza desubjetivizadora, las mujeres no son simples objetos receptores de esta violencia. Diversos autores, entre ellos el psiquiatra francés Boris Cyrulnik (2000), han señalado que los sujetos consiguen desarrollar estrategias que les permiten sobreponerse a la violencia y continuar con sus vidas. A esta característica se la ha denominado “resiliencia”.
Sin embargo, la agencia de los sujetos no concluye aquí. Si entendemos este término según la propuesta de la filósofa norteamericana Judith Butler, para quien la agencia es “esa lucha en las condiciones no elegidas de la propia vida” (2009:33), ésta implica un acto de resistencia en sí misma. Butler evoca a Foucault para afirmar que, si bien el sujeto se forma “en relación con un conjunto de códigos, prescripciones o normas” (30), éste no es sólo su efecto, pues en esta relación existe un componente de autoconstitución, autoproducción de sí, donde el sujeto puede alcanzar la autorrealización de forma crítica frente a estos códigos, prescripciones y normas. Si por un lado los sujetos, en este caso las mujeres, se configuran como tales a través de su relación con distintas normas, entre ellas la de género, que legitiman y son legitimadas por actos violentos, por otro lado los sujetos no sólo intentan sobreponerse a los actos violentos que invocan los órdenes productores (de género, sexualidad, raza, entre otros), sino que también los cuestionan. La agencia que se ancla en el cuestionamiento de estas normas, puede conllevar a la construcción de nuevas formas de ciudadanía por parte de mujeres víctimas de la violencia.
En distintos países de América Latina, grupos de mujeres han resistido y cuestionado distintas violencias relacionadas con el establecimiento de la norma de género, muchas veces exponiendo sus propias vidas.
El movimiento de mujeres de Ciudad Juárez
Desde 1993 se han reportado más de 3 mil feminicidios en Ciudad Juárez, población mexicana ubicada en el estado de Chihuahua, en la frontera con los Estado Unidos. En lo que va de este año se han registrado 30 asesinatos más. El último ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando una mujer y sus dos hijas fueron ejecutadas en el interior de su vivienda por un grupo armado. Diversas teorías han intentado explicar este fenómeno y pocos han sido los casos en que los victimarios han sido procesados.
Ante la persistencia de estos crímenes y la escasa respuesta del Estado para detenerlos, en la década de 1990 se gestó un movimiento de mujeres (y algunos hombres) en esa localidad por la defensa del derecho a la vida y a la no violencia. Julia Monárrez, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y experta en temas de género, ha seguido de cerca tanto el fenómeno de los feminicidios como las acciones desplegadas por el movimiento de mujeres para ponerle fin y reclamar justicia. De acuerdo con Monárrez, autora del libro Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez y compiladora del volumen Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte de México, este movimiento se cimentó a partir de experiencias anteriores de mujeres que se habían organizado para formar cooperativas de trabajadoras de la industria de la maquila. En este primer momento, las organizaciones luchaban por el acceso a la tierra y a los servicios públicos, y buscaban el reconocimiento de familias encabezadas por mujeres para acceder a programas de bienestar social. Tras la visibilización de los asesinatos de mujeres en la década de 1990, la lucha de estas organizaciones se orientó hacia la condena pública de los feminicidios, la resolución de los casos, el impulso de leyes con perspectiva de género y el acceso a la justicia por parte de los familiares de las víctimas.
Una de las primeras organizaciones en conformarse fue Nuestra Hijas de Regreso a Casa, que pugna por el esclarecimiento de más de 500 feminicidios en esta localidad, que reunió a madres de mujeres asesinadas. Encabezada por Marisela Ortiz, esta agrupación cobró relevancia a nivel nacional y posicionó junto a otras organizaciones y activistas el tema de los feminicidios en la agenda política nacional, acercando a organizaciones feministas de otros estados y poniéndole un rostro a las víctimas y sus familiares. Este movimiento, compuesto mayoritariamente por mujeres, ha luchado para que el Estado tenga una presencia efectiva en la zona y garantice los derechos de sus ciudadanas. No obstante, afirma Monárrez, la impunidad y la falta de justicia permiten que continúe el asesinato de mujeres, porque Ciudad Juárez es un lugar de “señores feudales, que se siente dueños de los estados, ejercen su mandato sin transparencia, sin sensibilidad y sin escuchar a los ciudadanos” .
A lo largo de estos años, destaca la experta, este movimiento se ha fortalecido en un contexto de gran adversidad, logrando que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos se pronuncien y emitan recomendaciones al gobierno mexicano. El movimiento consiguió llevar el Caso de Campo Algodonero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo favorable instó al Estado mexicano a reconocer la existencia de los feminicidios y a mejorar los métodos de impartición de justicia en la materia. En el ámbito más operativo, afirma Monárrez, el movimiento ha conseguido que ningún cadáver sin identificar sea llevado a las fosas comunes hasta que se cumplan con ciertos requisitos de investigación, como la recolección de pruebas de ADN que permitan identificar a la víctima y localizar a sus familiares.
A pesar de que el movimiento se ha expandido a otros estados de la República mexicana, la investigadora señala que el panorama sigue siendo preocupante. Desde 2008 la desaparición de jóvenes aumentó en un 67% y en los últimos años se han registrado ataques contra varias integrantes de las organizaciones sociales con el fin de replegarlas y silenciarlas. El mismo día en que se conoció el último feminicidio de este año en Ciudad Juárez, fue denunciado el “incendio intencional” de la casa de la vocera de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García, mientras acompañaba a la familia Reyes Salazar en un acto de protesta para esclarecer los asesinatos de los activistas Josefina y Rubén Reyes. Un día antes, fue incendiado el domicilio de la madre de ambas víctimas.
La poeta y activista Susana Chávez, quien acuñara la frase ¡Ni una muerta más!, fue violada y asfixiada el pasado 6 de enero. Marisela Escobedo, activista cuya hija de 16 años fue asesinada en 2008, también fue víctima de las represalias por denunciar estos crímenes. Luego de señalar a Rafael Barraza, el compañero de su hija, como presunto culpable, las autoridades lo detuvieron y trasladaron a Ciudad Juárez para ser procesado. Allí, Barraza confesó el crimen e indicó el lugar en donde había enterrado los restos de la víctima. A pesar de esto, los jueces lo absolvieron argumentando falta de pruebas. Escobedo apeló la absolución de Barraza y logró que otro tribunal revocara la sentencia anterior y lo condenara. No obstante, para ese momento él ya se encontraba prófugo. A raíz de este hecho, Escobedo protestó ante el palacio de gobierno, en la Plaza Hidalgo en la ciudad de Chihuahua, donde fue asesinada el pasado mes de diciembre.
A pesar de esto, el movimiento de Ciudad Juárez continúa luchando para que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas con igualdad de derechos y para que las autoridades reconozcan la gravedad de los feminicidios e implementen acciones serias para impedirlos.
La mesa de trabajo ‘Mujer y Conflicto Armado’
La violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, en el marco del conflicto armado colombiano no es un hecho aislado. Como afirma el Informe La Violencia Sexual en Colombia (2009) de la Organización internacional OXFAM: “El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado” (1). Esta tesis ha sido apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Constitucional de Colombia y numerosas organizaciones nacionales e internacionales.
Según ese mismo informe en la visita al país de 2001, la Relatora Especial de Naciones Unidas identificó “la esclavitud sexual, la esclavitud doméstica, la violación, mutilación sexual, el abuso sexual y la violación de los derechos reproductivos de mujeres combatientes como la anticoncepción y la esterilización forzada. Además, señaló que particularmente en este contexto los grupos armados establecen límites territoriales a la libertad de la circulación y toques de queda, imponen regímenes rigurosos de comportamiento social con restricciones a la vestimenta de las mujeres y castigos por ‘mala conducta’” (11-12). Entre otras prácticas de violencia sexual documentadas también se cuentan la prostitución forzada, la violación de mujeres líderes de organizaciones de derechos humanos y de mujeres lesbianas, el control moral de mujeres y niñas habitantes de las zonas en conflicto y la ejecución de mujeres con VIH (OXFAM, 2009).
Pese a que en el país se vienen realizando informes sobre violencia política desde finales de los años ochenta, las prácticas de abuso sexual perpetradas por actores armados como el ejército, los grupos paramilitares y la guerrilla han sido denunciadas y documentadas desde hace poco más de diez años. Este esfuerzo de documentación ha generado un ejercicio de activismo entre grupos de mujeres del país. La Mesa Mujer y Conflicto Armado es un ejemplo de ello. En ella confluyen grupos de mujeres y de derechos humanos (seis organizaciones de mujeres de base, trece organizaciones no gubernamentales, dos colectivos de mujeres, un observatorio, un centro regional y tres redes nacionales e internacionales) con acompañamiento de organismos de control e intergubernamentales.
Conformada en el año 2000, la Mesa documenta las violencias específicas contra las mujeres en el conflicto armado y su impacto, a partir de: talleres con mujeres de distintas regiones víctimas del conflicto; recopilación de testimonios; y revisión de informes y denuncias públicas. A partir de este trabajo han elaborado informes anuales sobre violencias contra mujeres, jóvenes y niñas. El más reciente fue publicado en enero de este año. Es el X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia 2000-2010.
Aparte de su valor documental, el informe anual de la Mesa ha sido una herramienta para la visibilización de las voces de mujeres víctimas de estas violencias, que tienen mucho que decir acerca del conflicto armado, pero a quienes pocos actores desean escuchar. Con el décimo informe, la Mesa se propuso además evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en 2001 por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, así como por otras organizaciones que se han pronunciado sobre este tema.
De forma paralela al trabajo de documentación, la Mesa Mujer y Conflicto Armado ha desarrollado herramientas de análisis que permitan entender mejor la problemática de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado con una perspectiva de género. Se destacan las observaciones sobre los procesos de militarización de los territorios y de la sociedad civil, a través de la “asignación de tareas militares a civiles y la ejecución de acciones civiles a militares” (18), así como la identificación de un proceso de militarización de los cuerpos de las mujeres. El informe afirma: “En el contexto de guerra, el cuerpo de las mujeres aparece como un territorio en el cual se expresa el poder de la cultura patriarcal. Las relaciones de poder marcan el cuerpo, lo obligan, lo dominan y lo someten a la negación, lo fuerzan a trabajos y exigen signos. El cuerpo de las mujeres se convierte en fuerza útil cuando es productivo y sometido. El cuerpo de las mujeres es campo político definido, disciplinado para la producción, para la reproducción y el dominio de los armados” (22).
Por otro lado, investigadoras y organizaciones sociales han llamado la atención sobre el peligro de reducir la violencia sexual al conflicto armado. Si bien es cierto que esta violencia se expresa de manera más extrema en el marco del conflicto, ésta no es consecuencia del mismo sino de una forma más generalizada de violencia contra las mujeres. Explicar la violencia sexual a través del conflicto armado puede restarle importancia a las razones estructurales de la violencia de género. Para varias estudiosas feministas la agenda de paz y conflicto armado en Colombia han cooptado los esfuerzos de los grupos de mujeres y aplazado, o restado importancia, a otras agendas como la autonomía reproductiva, la paridad económica y política, y el acoso sexual en el trabajo. No obstante, análisis como el de la Mesa llaman la atención sobre la importancia de estudiar la violencia contra las mujeres en relación con otros factores como el conflicto armado colombiano, sin dejar de lado la especificidad de las violencias basadas en género.
Internet como espacio de repudio y acción
Internet ha sido uno de los espacios elegidos por las mujeres, sobre todo las más jóvenes, para compartir vivencias relacionadas con situaciones de la vida urbana que constituyen formas de violencia simbólica relacionadas con formas de dominación de género. Han aparecido en el espacio virtual blogs, así como una intensa actividad en redes sociales como Facebook, Twitter y Orkut, donde mujeres jóvenes relatan experiencias callejeras vividas como violación de su intimidad. Piropos indeseados, improperios homofóbicos, flirteo insistente cuando no es correspondido y ser seguidas por la calle son las principales temáticas abordadas. Estos relatos se articulan a estrategias para desnaturalizar la agresión callejera y defender la privacidad, una puesta en acción del conocido eslogan feminista de “mi cuerpo es mío”.
Como muchas violencias legitimadas, es difícil catalogar el acoso como delito a pesar de la agresión sufrida por la persona hacia quien va dirigida. Al respecto, una internauta expresa: “Me alegro de haber encontrado este sitio, donde poder volcar nuestras experiencias, porque muchas veces una siente que si lo contamos nos van a decir que no es para tanto, que de última es un halago. Pero la realidad es que una va caminando, o en un tren o un colectivo y de repente se siente violada por un señor que cree tener derecho a decir cualquier cosa que le pasa por la mente y que una tiene que aguantarla”.
Un ejemplo de estas acciones reales en espacios virtuales es la llegada a la Argentina de Hollaback, un movimiento internacional que se inició en Nueva York con el fin de erradicar el acoso en la calle, que usa la internet y los teléfonos móviles. A través esta iniciativa se busca combatir el acoso verbal callejero ejercido generalmente por varones en la vía pública y posicionar en el debate público sobre seguridad esta forma de “violencia invisible” contra las mujeres, para que sea tenida en cuenta por legisladores, autoridades, policías, ciudadanos y ciudadanas. “El acoso en la calle es una de las formas más generalizadas de violencia de género y una de las mas carentes de legislación. Rara vez se denuncia y es culturalmente aceptado como ‘el precio que debemos pagar’ por ser mujer o por ser gay” explica este blog.
El blog también apunta a combatir los comentarios y actitudes discriminatorias en la vía pública contra personas trans y parejas del mismo sexo: “Creemos que toda persona tiene derecho a sentirse segura sin ser clasificada como un objeto. El acoso sexual es un crimen que propicia un ambiente cultural donde la violencia de género es aceptada cada vez más. Existen marcos jurídicos para el acoso y el abuso sexual en el hogar y en el trabajo, pero cuando se trata de las calles difícilmente se puede actuar en su contra”.
En nota publicada en el diario Página 12, la representante local del movimiento, Inti María Tidball-Binz, explica que no todas las mujeres perciben los piropos como un halago o algo positivo, sino que “muchas los experimentamos como un acto sumamente agresivo y desagradable. […] Algunos amigos me han dicho si no estoy exagerando. […] También me interesa reconocer el acoso que sufre gente transexual o gay en la calle. Me pregunto: ¿cuánta gente encontró el amor de su vida diciéndole un piropo en la calle a otra? No creo que muchas. Uno de los objetivos es que quien pretenda decir un piropo se dé cuenta de que no siempre esa frase es recibida como algo agradable” , agrega.
La activista feminista Dora Barrancos, directora del área de Ciencias Sociales y Humanidades del Conicet, explica en la misma nota que el piropo en la calle es una expresión que antes oscilaba entre la galantería y la ofensa y el acoso. “Hoy hay más provocación, comentarios más cercanos a la típica actitud grosera, que se aleja del piropo y es una manera un poco ultrajante, bien marchante del macho, una forma de violencia simbólica” .
A través de blogs como “Basta de sexismo” y “Exocitosis ”, se ha hecho una fuerte crítica a la campaña de Coca-Cola que apoya la propuesta de un concejal de la ciudad de Buenos Aires de promulgar el “día del piropo”. En ambos blogs se destacó el carácter violento de la forma como algunos hombres vulneran la libertad de circulación de las mujeres en la vía pública al abordarlas verbal o físicamente sin su consentimiento.
Las mujeres chilenas después del terremoto
El terremoto y maremoto que abatió a Chile el 27 de febrero de 2010, a las 3:35 de la mañana, con 8,8 grados en la escala de Richter, afectó hondamente a seis de las quince regiones del país, especialmente las de Maule y Bío Bío, provocando un derrumbe cuyo largo es un tercio del total del país.
En contextos de catástrofes de tales dimensiones, en otros países la violencia contra las mujeres y las niñas se ha exacerbado. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las mujeres tienen menos acceso a los recursos esenciales para la preparación, mitigación y rehabilitación después de estas tragedias. Esta situación es agravada por la división sexual del trabajo, ya que la industria agrícola y la economía informal, sectores en los que se desenvuelven mayoritariamente mujeres, son los más afectados por los desastres naturales. A esto se suma el desempleo y las dificultades de migrar, consecuencia de la atribución social de determinados roles a las mujeres, como la responsabilidad por el cuidado de los niños, los ancianos y las personas con discapacidades, a quienes deben garantizarles alimentación, vestuario, atención y suministros médicos, sin descuidar las obligaciones domésticas.
Además de estas problemáticas, también es común que haya un escalamiento de la violencia sexual; lo que se hizo evidente luego de los terremotos de Haití (2010) y del Perú (2007). Al respecto, Olga Segovia, coordinadora del Observatorio Regional: Ciudades, Violencias y Género, afirma que “es habitual que, tras una tragedia de estas proporciones, las ciudades afectadas vean aumentar el alcoholismo, la prostitución forzada y la violencia doméstica y otros problemas ligados a las diferencias de género” . Chile no ha sido la excepción.
Segovia relata que, en talleres realizados en distintas regiones del país, el Observatorio detectó que la oferta anticonceptiva también se vio afectada luego del terremoto. “Hay menos servicios, no hay por ejemplo una protección anticonceptiva porque no se están repartiendo píldoras en los consultorios, o no están atendiendo” , agregó. Si a esta situación de vulnerabilidad se le suma el hacinamiento en el que viven las víctimas luego de estas tragedias, situación en la que deben compartir baños y otros espacios en condiciones precarias de seguridad, los derechos de las mujeres se ven seriamente amenazados. Por esta razón, señala Segovia, es necesario que las mujeres se agrupen, enfrenten colectivamente estas dificultades y compartan experiencias con otras mujeres que se encuentran en la misma situación.
En este sentido, cabe destacar la labor realizada por el Fondo Alquimia, organización surgida luego de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, 1995) con el fin de apoyar organizaciones de mujeres chilenas, particularmente aquellas que viven en situaciones de exclusión. En una primera etapa postragedia, el Fondo Alquimia lideró una campaña para llevar alimentos e insumos básicos, tales como toallas higiénicas y artículos de aseo, a las mujeres de las regiones más afectadas por el terremoto. Posteriormente, durante los meses de mayo y julio de 2010, en asociación con Casa de los Colores, Centro Social Quidell y otras organizaciones locales de mujeres, el Fondo llevó a cabo veedurías con los objetivos de examinar la situación de derechos de las mujeres del Maule y Bío-Bío, identificar sus principales problemáticas, coordinar acciones para atenderlas y contribuir a la restauración del quehacer político de las organizaciones sociales en los territorios afectados.
A través del Fondo de Acción Urgente para América Latina, obtuvieron recursos que les permitieron llevar a cabo esta acción de monitoreo y denuncia. En un documento que recoge la metodología, acciones y resultados de las veedurías, la organización explica que esta labor “consiste en que las organizaciones informan, difunden y accionan, sobre las prioridades de las mujeres, a fin de garantizar que existe un marco de derechos humanos y una perspectiva de género en la distribución de ayuda y en el proceso de reconstrucción” (3).
Las organizaciones participantes llevaron a cabo talleres de prevención y denuncia de maltrato, violencia de género, violencia sexual y autocuidado con las mujeres afectadas, acciones de denuncia en medios de comunicación locales y regionales (prensa y radio) de las vulneraciones de las cuales eran objeto, así como capacitaciones en derechos humanos, ciudadanía y participación para el control de la gestión de los servicios públicos, con el fin de fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres como ciudadanas activas.
También gestionaron ante empresas prestadoras de servicios la reposición del alumbrado público y el mejoramiento del transporte en sectores alejados para garantizar la seguridad de las mujeres. Adicionalmente, consiguieron relocalizar la población transgénero de la ciudad de Talca, que inicialmente había sido ubicada como damnificada en un barrio a las afueras de la ciudad, dónde sufrieron hostigamiento por parte de los vecinos.
En acciones como estas, grupos de mujeres de México, Colombia, Argentina y Chile han trabajado en red con organizaciones locales, nacionales e internacionales, para transformar contextos generadores de violencia contra las mujeres, cuestionar los regímenes que las excluyen y subordinan, y fortalecerse como ciudadanas capaces de ejercer y exigir la garantía de sus derechos.
fuente: CLAM
por Manuel Alejandro Rodríguez Rondón
Colaboraron: Andrea Lacombe (Argentina)
Pilar Pezoa (Chile)
Franklin Gil Hernández (Colombia)
Leonardo Bastida Aguilar (México)
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