Este 24 de marzo nos encontró en las calles de las distintas ciudades del país, repitiendo el ritual de todos los años, con un tinte diferente. Es que a 35 años del comienzo de la dictadura cívico-militar más terrible de la historia de nuestro país, casi 200 represores están condenados y eso hace que el aire sea distinto, más respirable. Sin embargo, falta avanzar en los delitos contra la integridad sexual cometidos en esos años.
Si bien estas condenas no ocurrieron de un día para otro, y llegar a ellas implicó recorrer un largo camino, en los últimos tiempos –por cuestiones que en muchos casos exceden al deseo de las víctimas, sus familiares y los organismos y tienen más relación con los tiempos del poder judicial- se realizaron muchos juicios orales y la mayoría de ellos terminó con la aplicación de las máximas penas previstas en nuestro sistema penal a los acusados. Toda una diferencia con otros 24 de marzo.
Los juicios orales que se están desarrollando en Argentina son un ejemplo en todo el mundo y de eso tenemos que estar orgullosos y orgullosas. Estos juicios se consiguieron merced a la lucha inclaudicable del movimiento de derechos humanos, que supo instalar un tema que –con toda intencionalidad- parecía relegado originalmente a un reclamo sectorial y culminó con un alto grado de adhesión, nacido de la comprensión de que víctimas de la dictadura fuimos todos/as y de que el castigo a sus responsables es un deber que tenemos como pueblo para poder mirar al futuro de forma más límpida.
Con todo, estos juicios distan de ser ideales y tienen notorias falencias. Entre las principales encontramos: la enorme cantidad de procesos, los que fueron fragmentados indebidamente y conllevan alto desgaste en los testigos que se ven obligados a declarar en infinidad de ocasiones; las demoras excesivas que tienen estos juicios –lo que ha determinado que muchos de los victimarios mueran impunes y las víctimas sin justicia-; y un tercer aspecto que tiene que ver con la no investigación judicial -y consecuente imposibilidad de sanción- de algunos de los delitos cometidos, entre los que se encuentran principalmente los ilícitos contra la integridad sexual de los/as secuestrados/as.
Respecto al último aspecto, si bien se ha comenzado un lento avance, los jueces son renuentes en su mayoría a investigar la violencia sexual cometida contra varones y mujeres durante sus cautiverios ilegales. Estos delitos sexuales acontecieron de forma generalizada en la casi totalidad de los centros clandestinos de detención y exterminio instaurados en nuestro país, y fueron llevados a cabo por miembros de todas las fuerzas, e incluso por civiles –lo que habla de la masividad que tuvo- y configuraron una práctica represiva diferenciada.
El punto no es menor, pues la violencia sexual no puede ser abordada como si se tratara delitos individuales producto de la desviación de sus autores, sin desconocer una parte importante del plan de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de los/as detenidos/as, que se llevó adelante en nuestro país. Las causas de esta no imputación se encuentran en parte en que la violencia sexual, en general, es tratada como de menor jerarquía respecto al resto de los tipos penales existentes, sin distinción entre sí fue cometida en el contexto de un centro clandestino o en la actualidad, y ello se origina en el carácter sexista y discriminatorio en términos de género que el poder judicial reproduce. Estos delitos valen menos para los jueces.
Pese a la masividad con la que se han producido, sólo se ha logrado una condena por violación sexual en contexto de terrorismo de Estado, dentro de todas las sentencias que tenemos para festejar. La tendencia general de los jueces es o desconocerlos e ignorarlos, o subsumirlos erróneamente en la figura de aplicación de tormentos, invisibilizando una práctica específica y deliberada. Todo ello, tiene consecuencias negativas sobre las víctimas, que en la mayoría de los casos consideran que los delitos contra la integridad sexual han sido los que más las han traumatizado y pretenden una sanción específica para ellos, más allá del avance en otras imputaciones. Esto produce frustración y debe ser abordado por el sistema penal, al igual que las otras prácticas represivas.
Comencé esta nota resaltando la trascendencia que tiene, pese a todo, haber llegado a los 35 años del golpe con condenas y con juicios en curso. Pero nos queda mucho por hacer y entre ello tenemos la deuda pendiente de avanzar en los delitos contra la integridad sexual, lo que creemos implica poner en el tapete algo que no forma parte sólo del pasado, sino es parte de lo que impregna este presente: hablar de la violencia sexual, en juicios con alta exposición pública como los que se están desarrollando por el terrorismo de Estado en nuestro país, implica también visibilizar la violencia sexual en general y cuestionar los roles de varones y mujeres en una sociedad que sigue manteniendo una profunda desigualdad entre los géneros.
*abogada representante de victimas y ffamiliares de víctimas de delitos de lesa humanidad
Artemisa Noticias-v Ana oberlín
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