Investigadoras de la Universidad de Jaén analizan la situación y aportan propuestas
Autonomías, Sociedad, Las jóvenes, Mujeres inmigrantes, Derechos humanos, Salud y género, Violencia de género, Violencia sexual, Infancia, Madrid, Miércoles 14 de septiembre de 2011
Investigadoras de la Universidad de Jaén (UJA) han analizado la distribución geográfica en Andalucía de mujeres y niñas inmigrantes de acuerdo a su lugar de procedencia para identificar a las que están expuestas a un mayor riesgo de sufrir mutilación genital femenina (MGF) o de que la sufran sus hijas. El grupo más significativo, en relación al riesgo de ablación que tienen, es el de las niñas y jóvenes entre los 0 y 15 años (547 en toda Andalucía).
Éstas son algunas de las conclusiones del proyecto: ‘La mutilación genital femenina en Andalucía: análisis y propuestas’, financiado por la Consejería de Empleo y llevado a cabo por las profesoras de Enfermería, María Luisa Grande Gascón y María Hernández Padilla.
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma, después de Cataluña, que recibe el mayor número de población inmigrante de África, según datos del Observatorio Permanente de Migraciones del Ministerio del Interior.
Según Unicef, la ablación o mutilación genital femenina “incluye una amplia variedad de prácticas que suponen la extirpación total o parcial de los genitales externos o su alteración por razones que no son de índole médica”, y está presente en 28 países de África y Oriente Medio.
Las complicaciones inmediatas de la mutilación incluyen dolor, hemorragia grave y choque hemorrágico o doloroso, y tienen una alta probabilidad de provocar la muerte de las niñas. También pueden implicar lesiones en órganos vecinos de la zona genital, tanto a nivel reproductor como del aparato urinario.
A largo plazo, se describen complicaciones sobre la salud física como infecciones urinarias recurrentes, trastornos renales, incontinencia urinaria, complicaciones durante el parto que pueden producir la muerte del recién nacido o de la madre, esterilidad o dolor durante las relaciones sexuales, entre otras, según Medicus Mundi.
Desde el punto de vista psicológico, la mutilación genera sentimientos de ansiedad, terror y humillación y aumenta la actitud de docilidad y obediencia, asegurándose de esta manera el sometimiento de la mujer a las decisiones del hombre. De ahí que Naciones Unidas la haya definido como “expresión cultural de violencia de género”.
En España, la MGF está reconocida como delito en el Código Penal, desde 1995. La elaboración de mapas de riesgo es una herramienta eficaz para hacer un seguimiento de las familias que proceden de países donde se realiza la MGF y prevenir los efectos de esta práctica, según explican personas expertas como las investigadoras de la UJA.
Los factores de riesgo que se tienen en cuenta son, entre otros, la pertenencia a etnias que practiquen la ablación, que la madre u otras hermanas de la niña estén mutiladas, la previsión de un viaje a países donde se practica y, como signos de alerta que indiquen que a la niña se le ha practicado la mutilación, son un viaje reciente a su país de origen, absentismo escolar, tristeza y falta de interés o caminar con las piernas muy juntas o separadas.
Las fuentes utilizadas para la elaboración del mapa son el Instituto Nacional de Estadística, el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones y la realización de encuestas a “informantes clave” de los ámbitos sanitario, educativo, social, laboral, político, universitario, de la cooperación al desarrollo y la intervención social comunitaria. En total, se entrevistaron a 32 personas que trabajan con población inmigrante procedente de distintos países africanos donde se practica la MGF.
Propuestas
Desde la UJA demandan la elaboración de un protocolo de actuación dirigido a profesionales del ámbito educativo, sanitario y social que están en contacto con la población inmigrante para “prevenir y luchar” contra la mutilación femenina. “Estos protocolos no tienen por qué ser específicos sino que pueden incluirse en los que ya están diseñados para luchar contra la violencia de género. Con todo, deben contener de forma clara qué actuaciones preventivas y asistenciales deben llevarse a cabo”, afirman las investigadoras.
Sus demandas también se centran en la formación de los profesionales, que consideran “imprescindible” en competencias y comunicación intercultural, además de formación sanitaria específica para atender a las mujeres mutiladas en el parto.
AmecoPress.FUENTE. Fotos archivo AmecoPress
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