Marita Verón está desaparecida desde abril de 2002. Según testigos, fue víctima de una red que la explotó en prostíbulos de La Rioja. Su madre, Susana Trimarco, se convirtió en un símbolo de lucha contra la trata. El juicio durará tres meses.
Después de diez años de la incansable lucha impulsada por Susana Trimarco, comenzará el juicio por el secuestro y la desaparición de su hija, Marita Verón, en San Miguel de Tucumán. “Espero que estos delincuentes que me arrebataron a mi hija sean condenados de una vez. Y ojalá que Dios me ayude y alguno de ellos diga algo, que surjan abanicos de investigación para encontrarla”, se esperanza, en diálogo con Página/12, esta mujer tucumana, que a partir de su drama personal, contribuyó a imponer en la agenda pública y política el problema de la trata de mujeres para explotación sexual en la Argentina. El juicio estará a cargo de la Sala 2 de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán. Comenzará el 8 de febrero y se prevé que durará tres meses. Los imputados son trece, entre riojanos y tucumanos, siete hombres –uno de ellos ex policía, que habría sido a la vez empleado en un burdel– y seis mujeres, todos acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, promoción de la prostitución en concurso ideal y asociación ilícita. Ninguno de ellos está preso. De acuerdo con la investigación judicial –en la que participó incluso la SIDE–, la joven fue secuestrada el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años, por una red de tratantes y llevada a prostíbulos de La Rioja, explotados por miembros de una misma familia.
Entre los 150 testigos propuestos por la querella, hay una decena de jóvenes rescatadas de burdeles que declararon haber visto a Marita en los meses posteriores a su desaparición –e incluso durante 2003–. La describen en muy mal estado de salud, a veces drogada, con el cabello teñido de rubio, y afirman que era trasladada y escondida en otros sitios cada vez que los encargados de las whisquerías se enteraban de que se haría un allanamiento.
“Hago un llamado a toda la sociedad para que sirvan de veedores de este juicio tan importante no sólo para mí y mi familia, sino para todas las víctimas de trata de personas de la Argentina y entre todos luchemos porque se sepa la verdad y para que se haga justicia”, pidió Trimarco en una carta que difundió públicamente en los últimos días.
La querella aspira a que el tribunal, además de dictar las condenas respectivas, “recomiende profundizar algunas líneas que no se han investigado” y surjan elementos “que nos permitan saber qué pasó con Marita y dónde está”, señaló Carlos Garmendia, uno de los cuatro letrados que representan a la madre de Marita.
Los imputados no serán juzgados por la ley de trata porque recién se aprobó en 2008, seis años después de la desaparición de María de los Angeles Verón. La ardua búsqueda de Trimarco y su empeño por visibilizar el accionar de las redes mafiosas que explotan sexualmente chicas fue motor para la tipificación de la trata de personas como delito federal.
El debate oral y público, que concitará gran atención mediática, estará a cargo de los jueces Emilio Herrera Molina, Alberto César Piedrabuena y Eduardo Antonio Romero Lascano. Actuarán como fiscales de Cámara, Manuel López Rouges y Carlos Sale.
Marita desapareció en la mañana del 3 de abril de 2002. Le había dicho a su madre que iba a atenderse al hospital. Nunca más la encontraron. Tenía 23 años, una hija de 3 y era estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, la joven fue interceptada en la calle San Martín esquina Paso de los Andes, en la ciudad de Tucumán, por personas no identificadas, que procedieron a subirla contra su voluntad en un automóvil marca Fiat Duna, trasladándola a los domicilios de manzana B casa 7 del barrio Feput de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y de calle Remedios de Escalada Nº 50 de Yerba Buena, a unos 9 kilómetros de la capital provincial, donde Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González la tuvieron privada de su libertad. De allí la enviaron a la ciudad de La Rioja para que ejerza la prostitución en los cabarets llamados Candy, Candilejas y El Desafío, todos ubicados sobre la ruta 38, donde María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, José Fernando González (a) El Chenga, Carlos Alberto Luna, Humberto Juan Desobertis, Mariana Natalia Bustos, el policía riojano Domingo Pascual Andrada y Cynthia Paola Gaitán tuvieron a Marita privada de la libertad en contra de su voluntad obligándola a ejercer la prostitución.
La fiscal Adriana Reinoso Cuello pidió que esas diez personas fueran juzgadas por la desaparición de Marita y que otras 15 fueran sobreseídas. Pero el juez de Instrucción tucumano a cargo de la investigación, Víctor Manuel Pérez, discrepó y consideró que había prueba suficientes que incriminaban a tres personas más. El fiscal de Cámara Carlos Castellano le dio la razón al magistrado. En total, entonces, son 13 los imputados. Junto a los nombrados estarán sentados en el banquillo de los acusados María Jesús Rivero, Víctor Angel Rivero y Gonzalo José Gómez.
La acusación se basa en testigos que dijeron que Víctor Rivero fue el remisero que secuestró a Marita a pedido de su hermana María Rivero. Ese testigo –cuyo nombre se mantendrá en reserva– aseguró que el remisero le contó que a Marita “la golpeó con una nueve milímetros” y la introdujo dentro del Duna blanco, “y que la llevó a Yerba Buena a la casa de su hermana”. También dijo que cuando hubo una orden de allanamiento, información que “le habían soplado, la hicieron pirar a La Rioja a la Marita”.
Los burdeles por donde se la vio a Marita, según la acusación, eran propiedad de Medina y sus hijos José Fernando y Gonzalo Gómez. Gaitán, esposa de Gonzalo, regenteaba uno de los burdeles. Luna también. Desobertis era encargado de Desafío y según testigos, mano derecha de El Chenga. Márquez también regenteaba ese local. Pascual era empleado de Candy y policía por entonces en actividad, siempre según el auto de elevación a juicio.
En la causa hay un testimonio de una chica que se escapó y dijo que había visto a Marita en la casa de Milheim en mayo de 2002, y en diciembre de ese año en otra propiedad de la misma mujer. Cuando se allanó su casa se encontró un DNI de otra chica que después fue ubicada y contó cómo la había querido captar Milheim para que se prostituyera. De la causa surgen rutas de trata entre Tucumán y La Rioja, entre Tucumán y Río Gallegos, entre La Rioja y Santa Fe, entre La Rioja y Córdoba, y entre La Rioja y España. Pero llamativamente, según advierte el fiscal de Cámara, varias líneas de investigación que se fueron abriendo durante la instrucción a partir de testimonios, no se indagaron.
FUENTE: PÁGINA 12 / POR MARIANA CARBAJAL
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