La Justicia Federal avanza en la investigación de dos casos de trata de personas con fines de explotación laboral. En una de las causas la víctima fue una chica peruana de 18 años y en la otra resultaron afectados 30 hombres de Chaco. Por ambos hechos se procesaron a tres personas.
En la primera causa, el Juzgado Federal Nº2 procesó a una mujer como autora de trata de personas con fines de explotación laboral. La mujer, además, junto a sus dos hijos fueron procesados por reducción a la servidumbre y promoción de permanencia ilegal de extranjeros en el país.
“El juez evaluó todos los elementos que se recogieron en la investigación y consideró que hay mérito para que las personas estén vinculadas a la causa de trata", aseguró a La Mañana de Neuquén la fiscal federal María Cristina Beute, a cargo de la investigación.
La resolución fue apelada por la defensa y ahora se espera el fallo de la Cámara de Apelaciones de General Roca. La víctima, una adolescente de 18 años, ya fue restituida a su lugar de origen.
“Fue traída con un ofrecimiento de trabajo y de que iba a progresar en la vida y poder estudiar. Pero cuando llegó a Neuquén la tenían prácticamente en un estado de esclavitud”, señaló Beute.
La mujer procesada, también de origen peruano y radicada en Argentina, tenía locales de venta de ropa en Añelo y Plottier, donde trabajó la víctima.
De acuerdo a la investigación de la fiscal, la adolescente inició su tarea en el local de Añelo, donde también vivía. En el lugar no tenía baño ni agua corriente (la sacaba de una canilla de la vereda). Tampoco le daban comida y para dormir debía correr unos muebles y tirar un colchón al piso.
En la investigación se detalla que a la víctima no le pagaban por su trabajo porque le decían que le ahorraban su sueldo (400 pesos mensuales) para cuando volviera a Perú.
“No tenía plata para comprar comida y la tenía que sacar del negocio. Entonces la mujer le recriminaba que gastaba mucho, que comía mucho y que tenía que comer cosas más baratas”, amplió Beute.
Cuando la chica comenzó a trabajar en Plottier regresaba cada día a Neuquén a dormir en la casa de la empleadora. Después de una fuerte discusión por teléfono donde le dijeron que le iban a pegar decidió bajarse del colectivo y no volver a esta ciudad. La joven recurrió a unas personas de una iglesia que ya la habían intentado ayudar. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con el Centro de Atención a la Víctima de Delito y así llegó el caso a la Justicia (ver aparte).
Imputados
Por la causa de los treinta trabajadores de Chaco están imputados el reclutador y el encargado de la reconocida empresa que los contrató. El delito es por trata de personas con fines de explotación laboral. La investigación la realizó la fiscal federal a raíz de una denuncia realizada por el gremio UATRE. La causa tramita el Juzgado Federal Nº2.
Las personas, todos mayores de edad, fueron reclutados en sus lugares de origen de forma engañosa y trasladados en enero para trabajar en la cosecha de fruta en Vista Alegre. El nombre de la empresa no trascendió porque todavía no hay una condena en su contra.
La fiscal Beute contó que a las personas les prometieron que le iban a dar casa y un anticipo para comprar alimentos como parte de la oferta laboral. Y que cuando realizaron la investigación encontraron a las personas con hambre porque no les dieron el adelanto para comprar la comida. “Hacía una semana que estaban viviendo en una condición espantosa”, manifestó la fiscal. Luego agregó que “otra situación de engaño fue cuando le dijeron que la empresa iba a pagar el pasaje de colectivo y cuando ya estaban arriba del micro les hicieron firmar un papel donde las víctimas reconocían una deuda por el transporte”.
La fiscalía tomó declaraciones a los involucrados en los primeros quince días de investigación. Por esta circunstancia la empresa cambió las condiciones de la vivienda, le dieron el anticipo y se comprometieron a pagar el pasaje. Las negociaciones por conseguir mejores condiciones de trabajo las realizó UATRE.
Ahora se investiga el nivel de responsabilidad de los integrantes de la empresa. La fiscal supone que alguien tuvo que pagar el transporte.
“Este tema lo estamos determinando. Tal vez el presidente de la empresa no tiene responsabilidad. Pero alguien por debajo de su jerarquía tiene que haber pagado el colectivo”, concluyó Beute.
FUENTE: LA MAÑANA (NEUQUÉN)
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