La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, junto con un grupo de organizaciones civiles y académicas, llevará ante el Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) –dependiente de Naciones Unidas– un informe sobre la violencia de género prevaleciente en las escuelas y en el ámbito político en México.
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| Gloría Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO | CIMACFoto: César Martínez López |
Gloría Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO, afirmó que en marzo pasado concluyeron el informe alternativo “Situación actual de los Derechos Humanos de las mujeres”, en el que se exhiben temas como el feminicidio y las desapariciones de mujeres, y además se explica que hay violencia en la academia y en la política.
En octubre próximo el Estado mexicano se someterá al EPU, un mecanismo de evaluación que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ello este grupo de académicas y feministas elaboraron un informe alternativo para señalar los temas donde persiste una falta de atención, prevención o sanción por parte de nuestro país.
En este reporte, en el que participaron círculos de estudios de género y asociaciones de mujeres universitarias como la Federación Mexicana de Universitarias, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, se hace énfasis en la violencia contra las mujeres en las escuelas.
Según el documento, en México existe la violencia de género en los espacios escolares, un fenómeno que se extiende y se reproduce. Reporta además que en la educación media y superior se carece de mecanismos de prevención, sanción o erradicación de la violencia vivida por las jóvenes.
Con esta premisa las agrupaciones señalan que es urgente generar diagnósticos, protocolos y mecanismos de atención para la violencia en los espacios escolares, y destacan que también es importante que el Estado mexicano cumpla con otras recomendaciones de organismos internacionales en la materia.
Datos del Observatorio de Violencia Social y de Género en la Educación Media Superior (OVSG-EMS) indican que el 40 por ciento de mujeres entrevistadas en 2011 sufrieron maltrato por parte de autoridades escolares.
Asimismo muestra que el 52 por ciento de las mujeres que participaron en la investigación dijeron ser ridiculizadas u ofendidas en el ámbito escolar; el 33 por ciento ha vivido intimidación o amenaza; el 21 por ciento descalificaciones; el 3 por ciento han sido amenazadas con objetos, y el 2 por ciento fueron celadas o amenazadas de muerte.
Derivado de esta investigación que incluyó solicitudes de información a la Secretaría de Educación Pública y a los institutos de Educación de los 31 estados del país, se encontró que las quejas presentadas en el sistema escolar son principalmente por acoso sexual, intento de abuso sexual y hostigamiento sexual.
Las agrupaciones también detectaron que la mayoría de las dependencias carecen de mecanismos o medidas para atender y dar seguimiento a los casos de hostigamiento, acoso sexual y violación en la Educación Media Superior. Esto agravado –dice el informe– porque pocas instituciones de educación llevan el registro de las quejas o denuncias presentadas.
El informe alternativo concluye, explicó Gloría Ramírez, que las escuelas se convierten en cómplices silenciosos del abuso y violencia de género.
Respecto a la violencia de género ejercida en los espacios políticos, el informe alternativo señala que a pesar de los avances en la legislación, las mujeres están subrepresentadas en el Poder Legislativo, en los puestos de la Administración Pública Federal y estatal, y en los Congresos de los estados.
En este tema las agrupaciones señalan que las mujeres han ido ganado derechos en el ámbito político, por ejemplo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) obliga a los partidos políticos a destinar el 2 por ciento de su presupuesto para la capacitación de sus militantes mujeres.
Sin embargo, el informe precisa que sólo 15 códigos electorales estatales obligan a los institutos políticos locales destinar recursos para la capacitación y desarrollo de los liderazgos políticos femeninos.
Las agrupaciones también mencionan que gracias a la sentencia 12624 emitida en 2011 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se aumentó el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado, sin embargo denuncian que en las entidades federativas no hubo este avance, si no que incluso se detectaron graves retrocesos.
Por ello piden que el EPU recomiende al Estado mexicano eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales, y elimine la disposición del artículo 219 del Cofipe que permite que no se cumpla la cuota de género del 60-40 en los casos donde las candidaturas sean resultado de un proceso democrático interno.
Asimismo en el informe se especifica que es urgente que el artículo 116 de la Constitución establezca la obligatoriedad de que todas las legislaciones estatales incluyan la cuota del 60-40.
Durante la presentación del informe, Ramírez lamentó que no se hayan cumplido las recomendaciones relativas a los derechos de las mujeres derivadas del EPU en 2009, y recalcó que es necesario crear un mecanismo para vigilar que estas observaciones se cumplan a cabalidad.
Alejandro Alday, de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que hay avances en el cumplimiento de las recomendaciones y que si en algunos puntos hubo retraso es porque las acciones están enfocadas a las entidades y no a la Federación.
FUENTE: CIMAC (MX) -Por: Anayeli García Martínez
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