El aborto y el matrimonio homosexual han abierto un tenso debate en el seno de la sociedad brasileña, una de las más religiosas del planeta, aunque también una de las más liberales en la concepción de la pareja y la sexualidad.
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| Marcha por la familia este miércoles en Brasilia. / BETO BARATA (AFP) |
Ayer se manifestaron en Brasilia alrededor de 40.000 personas contra la reforma del Código Penal que se tramita en el Senado y que contempla la legalización del aborto en cualquier hipótesis siempre que se practique dentro de los tres primeros meses de embarazo. Contra la interrupción del embarazo y el derecho a casarse por lo civil que reclaman los colectivos de gais y lesbianas se han unido las Iglesias evangélica y católica, ambas con una amplia penetración en la sociedad (casi el 90% de la población se declara cristiana) y en el Legislativo.
El Senado decide en este momento qué hacer con la propuesta de enterrar la antigua ley del aborto que únicamente permite la interrupción del embarazo en tres casos: que sea el resultado de una violación, que ponga en riesgo la vida de la madre o que el feto sufra de anencefalia (ausencia parcial o total del cerebro y del cráneo). Con la nueva ley, cualquier mujer tendría derecho a abortar en centros médicos públicos y privados al margen de las motivaciones que la lleven a tomar la decisión. La única condición sería que la interrupción se produzca en el primer trimestre de la gestación.
Para echarle más leña al fuego, el Consejo Federal de Medicina (CFM), que representa a 400.000 médicos brasileños de los 27 Estados, se pronunció el pasado 21 de marzo a favor de la apertura de la ley del aborto. “No estamos a favor del aborto, pero sí de la autonomía de la mujer y del médico a la hora de decidir”, comunicó al Senado. Como era de esperar, la opinión de los médicos cayó como una bomba en los sectores religiosos del Congreso y en el Frente Parlamentario en Defensa de la Familia.
Desde el mes pasado las parejas de gais y lesbianas pueden casarse ante notario en Brasil sin que ningún juez o notario pueda oponerse a ello. Es el resultado de una batalla larga y desabrida que en la práctica extiende el derecho al matrimonio civil, pero que aún carece del aval del Congreso, controlado tradicionalmente por grupos de amplia penetración católica y evangélica.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso debate la posibilidad de que los psicólogos traten la homosexualidad como una patología
Es un hecho que en los últimos años cualquier concesión a los derechos de la comunidad homosexual ha colisionado frontalmente con la bancada religiosa. Este bloque parlamentario de tintes homófobos ha ganado tanto protagonismo que durante estos días se discute en la Comisión de Derechos Humanos un rocambolesco decreto sobre la posibilidad de que los psicólogos puedan tratar la homosexualidad como una patología. El bloqueo a cualquier apertura también quedó patente en mayo de 2011, cuando la presidenta Dilma Rousseff, bajo presión de los sectores religiosos, vetó el denominado kit antihomofobia diseñado por el Ministerio de Educación con el propósito de fomentar entre los estudiantes de secundaria la aceptación de la diversidad sexual.
El gran avance llegó el 14 de mayo, cuando el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) aprobó por 14 votos contra uno la obligación de todas las notarías de celebrar bodas civiles entre personas del mismo sexo y de equiparar las uniones estables homoafectivas a los matrimonios civiles. La decisión de CNJ, celebrada por la comunidad homosexual como un avance histórico, supuso un paso más en la línea de lo dictaminado en 2011 por el Tribunal Supremo de Brasil, que equiparó los derechos de las parejas de hecho homosexuales y heterosexuales y se pronunció a favor de que las parejas gais pudiesen contraer matrimonio civil.
En una suerte de efecto dominó, jueces claramente progresistas de 12 Estados se apoyaron en la decisión del Supremo para dar luz verde a cientos de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. La ola de bodas homosexuales acabó precipitando el pronunciamiento del CNJ, que viene a acabar con la disparidad entre Estados y legitima aún más la legalidad el nuevo derecho. Sin embargo, los colectivos de gais y lesbianas siguen exigiendo que el Congreso se pronuncie de una vez en la misma dirección para acabar con la laguna legislativa. De momento, las bodas civiles permitirán a las parejas homosexuales beneficiarse de nuevos derechos, como el de herencia, reconocido automáticamente en cualquier matrimonio.
FUENTE: EL PAÍS
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