La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó de una reunión en la que se analizó el caso de Sandra Cháves y de su padre, Marcos. Ambos fueron condenados a perpetua. El fallo "se basó en prejuicios y estereotipos de género" y se violaron "garantías judiciales", señaló la funcionaria.
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington donde se analizó el caso de una mujer salteña condenada a prisión perpetua por jueces que, en su fallo, utilizaron "prejuicios y estereotipos" de género, "violando garantías judiciales".
Sandra Cháves tiene 46 años y hace 14 que está en la cárcel. Su padre Marcos Gilberto Cháves, de 72, no está en prisión por tener más de 70 años. Ambos fueron condenados a prisión perpetua por la Cámara Tercera en lo Criminal de Salta por el homicidio del marido de la mujer, José Antonio González, que habría sido asesinado el 19 de agosto de 1995, mientras se encontraba durmiendo junto a su esposa.
El fallo "se basó en prejuicios y estereotipos de género, al haber utilizado, para fundar la condena, referencias al color de la ropa interior de la mujer, a sus hábitos alimentarios, ya que sostuvo que por padecer anorexia nerviosa tenía una natural inclinación a cometer homicidios o lesiones gravísimas", explicó la defensora.
La Defensoría acompaña la petición de la familia Cháves ante la CIDH que analiza si el Estado no garantizó los derechos de las personas condenadas.
El tribunal salteño que sentenció a Cháves y su hija se preocupó en señalar en la condena que la mujer "mostró una pretendida ‘frialdad’, a la que aludieron los jueces al calificarla con el apelativo de ‘viuda alegre’", resaltó en su presentación Martínez.
La defensora también expuso en base a "la vulneración del principio de inocencia, en violación a las garantías y a la protección judicial" ya que la condena a prisión perpetua se dictó "sin pruebas de cargo".
Martínez agregó que la hija y su padre fueron condenados "a partir de supuestos indicios y eventuales hechos que, aún si hubieran sido ciertos, tampoco permitían construir una conclusión condenatoria".
Durante la audiencia, la ministra de Justicia de la provincia de Salta, Cintia Calletti, representó al Estado argentino. Allí, la funcionaria habló sobre "los avances legislativos en materia procesal penal posteriores a los hechos del caso" y ofreció una solución amistosa que "será analizada por la Defensoría General de la Nación", informó el organismo.
Fuente: Infojus noticias
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