MORIR POR SER MUJER

"Que las mujeres mueran por el hecho de ser mujeres es evitable. El Feminicidio es prevenible y puede desaparecer." 

Esa es la clara idea que transmite la mexicana Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, experta en litigio estratégico y abogada del caso conocido como ‘Campo Algodonero’. Vino a Madrid para participar en las jornadas ‘Feminicidio en Mesoamérica: crimen organizado, respuesta estatal e impunidad’, organizadas por la Asociación de Mujeres de Guatemala. 

Si analizamos los datos que tenemos sobre asesinatos de mujeres en países como México, El Salvador o Guatemala desde el enfoque defendido por Karla, se pueden extraer algunas consecuencias. La primera es que los Estados son responsables por no poner remedio para prevenir y castigar estas muertes. Desde 1999 hasta 2009, la tasa de feminicidios creció en El Salvador un 194 %. En Guatemala 2 mujeres son asesinadas cada día, habiendo sido en muchos de los casos previamente agredidas sexualmente y mutiladas. En 25 años se han asesinado en México 36. 600 mujeres. Tan solo el 1 % de estos asesinatos tiene condena.

“Lo que hemos documentado en este delito es que, a diferencia de otros donde el autor se esconde para no ser castigado, los asesinos no se ocultan, sino que exhiben su obra y la utilizan para enviar mensajes. Esto es reflejo de la impunidad existente”.

“Del 30 % de los feminicidios que se comenten en México, el Estado tiene identificados a los responsables. La impunidad entonces tendría que ser del 70 %. Sin embargo, el nivel de impunidad es del 99 %. Es decir, las autoridades, aún sabiendo quién fue el responsable, no investigan. Por tanto estamos hablando de una situación estructural de violencia y de impunidad muy grave”, ilustra Karla Michel Salas. “Y la impunidad propicia la repetición del crimen”.

El reconocimiento del fenómeno

Frente a esta impunidad, el reconocimiento de la existencia del fenómeno por la ley y su visibilización “tiene un potencial transformador”. Como dijo en 1996 Marcela Lagarde, antropóloga feminista mexicana, “es importante nombrar”. Lagarde señaló que los crímenes contra mujeres que se estaban produciendo en Ciudad Juárez (México) eran feminicidios. Fue la primera vez que se utilizó este término en América Latina. En 1993 la sociedad civil de Ciudad Juárez comienza a contabilizar y denunciar que hay un gran número de mujeres y niñas desaparecidas, muchas de las cuales se hallaban muertas, violadas o mutiladas, sin que el Estado hiciera nada para investigar y castigar estos delitos.

Las madres, las hermanas, las amigas, las abuelas –“casi siempre mujeres, señala Karla”- de las víctimas se empiezan a organizar para exigir justicia, y ante la negativa de ser escuchadas por la autoridad en México, alzaron la voz a nivel internacional. En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) imparte la primera y única sentencia emitida por este Tribunal sobre feminicidio. Sentó un precedente en términos jurídicos, porque señala la implicación que tienen que tener los Estados a la hora de la prevención, la investigación y la sanción de la violencia contra las mujeres.

“No existe una convención internacional que establezca cuáles son las obligaciones de los Estados para la prevención y la sanción de la violencia contra las mujeres, por lo que esta sentencia refleja este consenso, al menos discursivo, de que la violencia tiene que ser condenada”, explica la abogada. El Parlamento Europeo en el año 2010 emitió una resolución donde reconoce la sentencia de la Corte Interamericana e invita a los países de América Latina, e incluso europeos, a que utilicen esta resolución como una guía de buenas prácticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“La violencia contra las mujeres no sucede solo en Latinoamérica”, recuerda Karla, justo al día siguiente de conocerse los resultados de una macroencuesta sobre violencia de género realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE que ponen de manifiesto que 62 millones de europeas han sufrido violencia machista y tres de cada cuatro siguen sin denunciar.

“La sentencia del Campo Algodonero representa un logro histórico: sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados y decirle que es culpable por la muerte de estas mujeres y que pudo haberlo evitado, que debió haberlo prevenido, investigado y sancionado, es un avance y una satisfacción para las familias de las víctimas. A partir de esta sentencia en México logramos tipificar el feminicidio”.

Fuente y Fotografía: AmecoPress