Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués están en el ojo de la tormenta por la sentencia que se conoció días pasados. Pero ya venían cuestionados por un fallo que en 2011 benefició a otro violador. Por ese caso ya se abrió el jury de enjuiciamiento en la provincia.
El juicio político contra los cuestionados jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués ya está en curso. El presidente de la Corte Suprema bonaerense firmó la apertura del jury el 7 de abril, por un fallo anterior, del 15 de marzo de 2011, por el cual los dos magistrados anularon una condena por corrupción de menores a un pastor de un culto no reconocido –que abusó sexualmente de dos niñas y las dejó embarazadas– con el argumento de que vivían en “comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que además “poseían experiencia sexual”. De esa forma, dispusieron reducir la pena de 18 años a nueve años y seis meses de prisión. Ayer, el titular de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados –órgano que pertenece al Senado bonaerense y recibe los pedidos de jury–, Ulises Giménez, informó a Página/12 que pidió que se acumulen las nuevas denuncias presentadas en los últimos días contra Piombo y Sal Llargués, por la sentencia que dejó en libertad a un dirigente de un club de Loma Hermosa acusado de abusar de un niño de seis años, con el argumento de que el nene tenía supuestas inclinaciones “homosexuales” y que el acusado no había sido el primero en ultrajarlo, porque el padre del menor estaba preso por ese delito, dato que nunca se comprobó en la causa judicial.
Giménez explicó que la decisión de convocar a la audiencia para evaluar si se acepta o se rechaza un pedido de juicio político contra un magistrado depende del presidente de la Suprema Corte de la provincia, según la normativa vigente. En el máximo tribunal bonaerense, el titular rota cada año. En este caso, la apertura del jury la firmó el saliente presidente, Daniel Fernando Soria. Pero pasaron cuatro años desde que Piombo y Sal Llargués fueron denunciados por la sentencia que benefició al pastor Francisco Avalos y que en su momento fue revelada por Página/12. Aquel pedido de juicio político fue presentado por dos ex diputados provinciales, el entonces jefe de la bancada kirchnerista de la Cámara baja bonaerense, Raúl Pérez, y Juan Carlos Piriz.
Actualmente encabeza la Corte provincial Juan Carlos Hitters, quien será el presidente del jurado de enjuiciamiento. Giménez indicó que ya fueron sorteados los otros diez integrantes de ese cuerpo –que se eligen para cada caso–, cinco entre los legisladores que son abogados, y los otros cinco, entre los abogados de la matrícula de la provincia. Y también precisó que tanto Pérez como Piriz ratificaron la denuncia, paso necesario para continuar con el proceso. “El presidente de la Corte lleva los tiempos de los juicios políticos. Es quien debe citar a la próxima reunión”, señaló Giménez.
El pedido de jury se fundamenta en dos cuestionamientos. Por un lado, el argumento usado para descartar la condena por corrupción de menores contra el pastor Francisco Avalos, que esgrimió Piombo y a cuyo votó adhirió Sal Llargués. “La categórica y general afirmación de que las niñas de condición social más vulnerable no pueden ser víctimas del delito de corrupción de menores –señaló Pérez en su presentación– resulta de inusitada gravedad, presentándose como violatoria de principios constitucionales y de tratados de derechos humanos”, al “conculcar el principio de igualdad”. Pero éste no es el único elemento del pedido de enjuiciamiento contra los magistrados. El segundo aspecto que se cuestiona de su desempeño es “la injustificada e inaudita demora en el trámite de la causa” que terminó beneficiando al imputado. La Sala I de Casación, que integran Piombo y Sal Llargués, se tomó siete años para pronunciarse, después de que el defensor de Avalos, en ese entonces el abogado Luis Sergio González, recurriera la sentencia de primera instancia, dictada el 8 de septiembre de 2004. Esa demora trajo “un beneficio adicional” al imputado, evaluó Pérez, porque además de reducirle la pena, se le podrá computar la llamada ley del 2 x 1 por haber estado sin sentencia firme ese lapso, con lo cual se le terminaría licuando la condena.
Avalos había sido condenado por el TOC 4 de Morón a 18 años de prisión por “cuádruple abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado un ministro de culto” en perjuicio de dos chicas de 14 y 16 años. Las dos niñas concurrían a la Iglesia Evangélica Jesús es el Camino de la localidad de Merlo, donde Avalos sometía sexualmente a feligresas.
Finalmente, el 12 de diciembre de 2012, la Corte bonaerense anuló el fallo al considerar que se basó en prejuicios discriminatorios. Hizo así lugar al recurso extraordinario “de inaplicabilidad de la ley” presentado por el fiscal adjunto ante Casación, Jorge Armando Roldán, y le remitió nuevamente el expediente al Tribunal para que otros jueces dicten una nueva sentencia ajustada a derecho.
El primer voto correspondió a la jueza Hilda Kogan, quien consideró que la Sala I de Casación, “incurrió en arbitrariedad para modificar la calificación legal de dos de los hechos acusados, incurriendo en errores graves y manifiestos de fundamentación, que lo descalifican como acto jurisdiccional válido”. A lo largo de su voto, Kogan cuestionó extensamente las apreciaciones de los magistrados. Uno de los puntos centrales de las críticas es la anulación de la acusación por corrupción de menores con el argumento de que se trató de relaciones con chicas pobres y que “además, poseían experiencia sexual, incluso en yacer con otros hombres”. Piombo llegó a afirmar: “No lo veo como algo moralmente edificante, pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual o que constituya, como se ha dicho, ‘la pompa de la deshonestidad’, marcando –claro está– al concepto de honestidad con el variable contenido actual”. Nunca se probó, por otra parte, en el juicio, que las víctimas tuvieran experiencia sexual, aunque ése no era el punto en debate, obviamente.
El jurado de enjuiciamiento estará conformado por los abogados Roberto Gabriel Mateo, Jorge López Moreno, Marcelo Víctor Abal, Horacio Pablo Garaguso y Jorge Alberto Alvarez, y por los diputados Eduardo Buil, Guillermo Alejandro Britos, Lleonel Omar Zacca y Lorenzino Matta, y el senador Roberto Raúl Costa.
Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal
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