La Cámara de Representantes aprobó el pasado 2 de junio una de las grandes banderas del movimiento de mujeres, la Ley Rosa Elvira Celis que tipifica y condena los feminicidios con penas de 20 a 50 años de prisión sin derecho a rebaja de condenas. Con 104 votos a favor y 3 en contra la ley, cuyo nombre conmemora a una víctima de violencia de género, define el feminicido como “la muerte violenta a una mujer por su condición de ser mujer, ya sea en el ámbito público o privado” y lo tipifica como delito autónomo. Para que entre en vigor solo hace falta la firma del Presidente Juan Manuel Santos.
El hecho de que se apruebe en Colombia una ley que tipifica el feminicidio como un delito autónomo es un avance en la lucha que las mujeres venimos librando por el derecho a vivir una vida libre de violencias. En algunos momentos con éxitos parciales, en otros sin resultados visibles. La exsenadora Gloria Inés Ramírez del Polo Democrático Alternativo fue quien llevó al debate el proyecto de ley antecedido y acompañado por fuertes acciones públicas y el papel protágonico del movimiento de mujeres en el país; los territorios, las ciudades y los campos han sido testigos fehacientes de arduas jornadas de movilización, acciones de lobby, cabildeo por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres. Países cómo México, Bolivia, Ecuador, Brasil y Perú han venido tipificando el feminicidio como un delito autónomo.
Las violencias contra las mujeres se han venido exacerbando, lo que se evidencia más en estos días. La prensa anuncia que cada 3 días ocurre un feminicidio en Colombia y que este país tiene una de las cifras más altas de asesinatos de mujeres a manos de su pareja o expareja, lo que deja ver que estamos en un Estado y una sociedad netamente patriarcal.
Feminicidios, paramilitares y guerra
También es paradójico que, en momentos de aprobación de la ley del feminicidio, salgan en libertad criminales como los paramilitares, cuya organización ha tenido una política sistemática de asesinatos y violaciones de mujeres como parte de su estrategia de guerra. El 28 de mayo de este año Contagio Radio publicó que “Durante el gobierno Uribe aumentó en un 500% la desaparición forzada de mujeres”. Los feminicidios también se dan dentro la guerra cuando son prácticas sistemáticas de los actores dentro del conflicto armado con connotaciones políticas.
Por lo tanto, la aprobación de esta ley constituye un avance fundamental en la medida en que envía un mensaje claro a la sociedad colombiana: que no podemos permitir que a las mujeres se les siga agrediendo y asesinando. Ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de marzo cuando determinó que los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas son feminicidios, no son simples crímenes pasionales; no se trata de asuntos “absurdos”, se trata de relaciones de poder en las que los hombres consideran de su propiedad a las mujeres al punto de asesinarlas cuando ellas se niegan a permanecer bajo el sometimiento masculino. Ese es el punto y esa definición debe ayudarnos a no seguir diciendo que los feminicidios son producto de la celotipia.
En toda Latinoamérica, #NiUnaMenos
Es un deber de toda la sociedad, y en especial del movimiento de mujeres, ejercer de manera permanente veeduría y tribuna a esta ley, así como de la ley 1257, para exigir no más insuficiencia en materia de su ejecución, no más falta medidas de control y registro que impidan llevar estadísticas a tiempo real, no más negligencia por parte de los entes investigativos, las comisarías, la policía, y que no haya más revictimización.
Por todas ellas, por nosotras y por una sociedad realmente libre, exigimos paz, vida digna y justicia para las mujeres. Por esto nos unimos al clamor de las voces en Argentina y Latinoamérica diciendo: Por el Derecho a Existir, Pensar y Decidir, #NiUnaMenos. Por todas las mujeres asesinadas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha.
Fuente: Colombia Informa
Por Alejandra Quintero Díaz y July Otero son voceras de Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, www.confluenciademujeres.org
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