CONDENADAS POR DENUNCIAR

Celina Benítez, de 22 años, fue encarcelada esta semana, acusada de abandono de persona, porque su pareja abusó y mató a su beba de casi dos años mientras ella estaba trabajando. La responsable de la acusación es Carolina Carballido Calatayud, titular de una fiscalía especializada en violencia de género, quien ya tenía un antecedente grave en relación a la criminalización de las mujeres: Yanina González, otra joven vulnerable, estuvo detenida durante un año y medio bajo la misma sospecha, hasta que en marzo de este año fue absuelta en primera instancia. Ahora, mientras el ensañamiento contra Celina la mantiene en el penal de La Plata, la fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Daniela Bersi, desistió de tomar la apelación presentada por Carballido Calatayud contra González, lo que deja más en evidencia lo fuertes que son los prejuicios de la fiscal y lo endeble de sus argumentos jurídicos. Y es que el estereotipo de esa maternidad edulcorada y asfixiante que parece exigirles a dos chicas vulnerables, víctimas de violencia también por parte de sus parejas, es poderoso, se lo puede rastrear en los discursos mediáticos, en la publicidad, en las redes sociales y en las sentencias judiciales. Las madres tienen que darlo todo por los hijos e hijas, a ellas se les pide que encarnen el “instinto” que toda mujer debería tener bajo pena de sospecha, de demonización. Y sin embargo, cuando las mujeres denuncian abusos o violencia, sobre todo cuando esas mujeres son de clase media, también se las sospecha, se las acusa de locas, de ir en contra de los hombres y en muchos casos hasta pierden la tenencia y el contacto con sus hijos o hijas. Estas realidades son caras de la misma moneda: la cultura machista enquistada en quienes tienen que proteger a las víctimas y a la vez hacer justicia con los agresores.

Malas. Malditas. Malísimas. Las madres son malas si no ven, no escuchan, si salen a trabajar o si no les alcanza el sueldo para pagar la asistente social. Son malas si dicen que sus hijxs fueron abusados porque seguro que les llenaron la cabeza a sus hijxs en contra del padre. Son malas si tienen pareja porque necesitaban un hombre y no se dedicaban sólo a la crianza. Son malas si están separadas y solas porque ven violencia en todos lados porque se quedaron enganchadas de su ex y no consiguen nadie que las atienda. Son malas si están separadas y van a la Justicia a pedir que se suspendan las visitas con sus hijas porque vuelven y cuentan que las tocaron con un diccionario sexual insospechado para niñas muy niñas porque están despechadas porque él se fue con otra y seguro que lo quieren desvalijar hasta de la última lamparita de su nueva casa. Son peores si están casadas y se deciden separar la noche de ese día en que su hija contó que la frotaba en el cuerpo y dibujaba un pene en su boca porque están locas, son fabuladoras y odian a los hombres. Pero son más malas si nunca se pudieron imaginar que a una bebé la pueden tocar porque una mamá tiene que tener instinto y adivinar aunque no haya un sistema público de cuidados que la ayude a detectar –con letra y sin magia– los síntomas y alertas de un abuso sexual. Denunciar violencia contra ellas es un camino largo y difícil para las mujeres. Pero, sin duda, denunciar la violencia contra sus hijxs es aún más difícil porque gran parte del Poder Judicial cree que el padre es padre, aunque cometa delitos contra sus hijxs, y porque los agresores no bajan la cabeza sino que arremeten con una judicialización fuerte y más fuerte cuanto mayor poder económico, político y cultural tienen. Aunque, otro de los coletazos de la violencia es, también, la vendetta judicial contra las madres de hijos o hijas maltratadxs, asesinadxs o abusadxs, cuyas madres no detectaron la agresión o no pudieron denunciar. En casi todos los casos las malas son señaladas como malas madres por el Poder Judicial.

“El sistema judicial castiga por acción u omisión. Antes de que la madre entre al sistema ya es culpable. Si frente al abuso toma el camino de la acción y denuncia, en realidad lo hace para extorsionar o tomar represalia contra el perpetrador. Si tiene plata la motivación es obtener beneficios económicos; sino simplemente revancha o despecho. Si no denuncia también es culpable y cómplice. El agresor se ve eximido de su responsabilidad. Incluso la madre del agresor es la culpable por haberlo criado de esa forma y convertido en un monstruo”, señala P. W., una madre denunciante y coautora de la “Guía Abuso Sexual en la Infancia”, con el apoyo del Fondo Canadá.

A veces la venganza judicial es tan fuerte que se vuelve un boomerang. Hace nueve meses que Laura Amodeo no ve a sus hijxs. El 27 de noviembre del 2009 ella denunció violencia de género contra el padre de sus hijxs I. y M. (en ese momento de diez y nueve años). El 27 de diciembre del 2012 la policía los sacó de su casa a la fuerza. El año pasado M. estuvo internada en terapia intensiva más de cuarenta días y Laura se golpeó contra la desesperación más tajante. Al principio, ni siquiera pudo entrar a darle la mano a su hija en una pelea de vida o muerte. Ahora, después de un trasplante, hace 270 días que no teje, ni juega, ni habla con M. La burocracia obliga a que el encuentro sea supervisado con asistente social y la asistente social obstaculiza el encuentro urgido por el afecto y urgente por la salud de M. “Mi dolor está intensificado por el paso del tiempo y siento impotencia de no poder cuidarlxs. Pero lo que más me preocupa es que lxs chicxs pierdan su identidad y su confianza en los otros, dado que cada vez que expresan sus sentimientos en lugar de protección reciben más castigo e indiferencia”, se preocupa Laura. La jueza Miriam Cataldi tiene que definir la tenencia y motorizar que las visitas puedan concretarse sin obstáculos. La abogada Viviana Devoto, integrante de la Fundación Mujeres en Igualdad, analiza el ensañamiento con Laura: “El sistema la castiga por querer vivir una vida libre de violencia. Como si le dijeran: ‘¿Querés ser feliz? Bueno, como no te quedás soportando el seno familiar y, por ende, sos mala madre, como sanción vas a perder a tu hijxs’. Se siente mucha impotencia”.

La peor venganza contra las mujeres que denuncian es sacarles a sus hijxs. La peor campaña para que otras mujeres no se animen a denunciar violencia es que haya mujeres alejadas de sus hijxs por denunciar. La médica Andrea Vázquez dejó constancia de la violencia de su ex esposo, por primera vez, cuando su hijo más chico tenía seis meses, en septiembre del 2009. Ahora tiene seis años y desde hace tres que fue arrancado de su casa –el 2 de octubre del 2012– y no puede verlo ni a él ni a sus hermanos de trece y catorce años. Andrea está devastada. “La primera denuncia fue cuando le pateó una botella en la boca a F., mientras tomaba agua. Yo estaba amamantando a I. y lo vi (a F.) en el piso sangrando. Le advertí que no iba a volver a tocar a mis hijxs ni a mí. Al otro día fui a la comisaría de la mujer de Burzaco y firmé mi condena a pena de muerte sin horca, sin inyección letal, sin cámara de gas, muerte en vida, muerte legal”, impacta Andrea.

Los casos de reversión de tenencia de Andrea Vázquez y Laura Amodeo son emblemáticos –pero no los únicos– no sólo porque están separadas de sus hijos e hijas sino porque su historia es una amenaza latente para las mujeres que se animan a denunciar y, a la vez, sean judicializadas si no denuncian. La cárcel es un destino por maldición de maternidad. Andrea estuvo presa tres días por protestar frente a la Justicia por desesperación ante actas escolares que hablan de una fuerte angustia de sus hijxs. “Como castigo, además de meterme en un calabozo de un metro cuadrado, llevarme a la madrugada a un hospital neuropsiquiátrico para hacerme una pericia y golpearme contra un armario, estoy procesada y elevada a juicio por resistencia a la autoridad”, grafica Andrea.

Los jueces de su causa –Enrique Quiroga, María Silvia Villaverde y Roxana del Río, de Lomas de Zamora– fueron procesados, en septiembre del 2014, por un jurado de enjuiciamiento. Sin embargo, Andrea nunca volvió a vivir ni a ver, con intimidad, a sus hijxs. En uno de los pocos encuentros, en un shopping, la asistente social Miriam Rivero sacó los colmillos de los prejuicios. A veces son porque no caminan hasta la Justicia y, otras, como en el caso de Andrea, porque fue a ver a sus hijxs con sus propios zapatos. “Ella escribió que yo usaba taco alto para poder mirar desde arriba y convencer a ministros y senadores con mis mentiras”, describe. Nadie se pone en los zapatos de las mujeres –ahora en la causa no hay designado un juez de primera instancia– pero si una mujer denuncia pueden lastimarla en su talón de Aquiles: el vínculo con sus hijxs. “El mensaje que el Poder Judicial misógino y patriarcal envía con mi caso y el de Laura (Amodeo) es ‘no denuncies porque te vamos a sacar a tus hijxs, hacerte pasar por loca, torturarte, lograr que te suicides o sufras un infarto o ACV, como pasó con Marcela Filliol y con otras madres’. Necesitamos que los organismos controladores de la conducta de magistrados y funcionarios judiciales funcionen y que nos devuelvan a nuestros hijxs.”

No son casos aislados, sino historias que se repiten. K. P. se identifica con sus iniciales y detalla el calvario post calvario: “El día que formalicé la denuncia penal firmé mi propia sentencia. La persecución por parte del Poder Judicial fue atroz. Fui amenazada con perder la tenencia, me embargaron mi sueldo, me multaron con una suma de casi 700.000 pesos. Mis hijxs fueron obligados a revinculaciones forzadas con traslados en móviles policiales y fui denunciada penalmente por impedimento de contacto”.

No es un rejunte de historias, son mujeres que ya se reconocen por un nombre: madres protectoras. En el caso de A. –que ahora tiene 14 años– el progenitor pidió que sea sometida a una terapia de desintoxicación por “lavado de cerebro” y “embrujo realizado durante más de diez años”. La jueza escuchó a la adolescente –empoderada en su propia lengua filosa a borbotones– y no dio lugar a la reversión de tenencia. Tiene que terminar de decidir la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Su mamá (S.) también cuenta: “Como madre, una y otra vez fui tratada de mendaz, manipuladora y calculadora por haber denunciado el incesto. La Justicia castiga a las madres porque no pueden decir que una niña miente o es manipuladora, entonces para silenciar a la niña que devela el incesto y proteger al victimario, la manipuladora pasa a ser la madre. En lugar de investigar al denunciado se investiga a la denunciante”. No se trata de desalentar nuevas denuncias. Pero sí de desenmascarar la doble perversión. “La Justicia es una encerrona para las madres: para proteger a tu hija, no podés no denunciar y si denunciás sos atacada y amenazada con lo peor que te puede pasar después del incesto: que la Justicia te saque a tu hija y la entregue al padre abusador”, ejemplifica S.

Graciela M. González, directora del Departamento de Prevención de la Violencia de Género y el Abuso Sexual Infantil de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, interpela: “¿Qué hacer entonces? ¿No denunciar? No sólo no es la solución sino que, además, provoca que los mismos que tenían que proteger a mujeres y niños/as crean que la mujer no denunció porque no estaba en desacuerdo con la situación o por su propio masoquismo”. La psicóloga María Cecilia López, autora del libro Madres de hierro: las madres en el abuso sexual infantil, contextualiza: “Siempre es mucho más fácil echarle la culpa a la mujer y si es madre mejor. Nadie nunca tiene en cuenta que ella también es una víctima de una situación de violencia al igual que su hijo o hija abusados”.

Nora Schulman, directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, recalca: “La denuncia implica el comienzo de un largo peregrinar con el agravante del maltrato y el sufrimiento del Síndrome de Alienación Parental (SAP)”. Y se pregunta: “¿Qué clase de connivencia se produce entre la Justicia y los padres abusadores? ¿Es demostración de poder, de superioridad, de corrupción o simplemente la creencia de un concepto de familia arcaico y ya perimido? Por eso propone que avancen los juicios políticos a los magistrados que criminalizaron a las madres protectoras.

La marcha del 3 de junio con la consigna “Ni una menos” significó un gran avance. Pero todo avance genera también embestidas. El backlash es la reacción frente a los reclamos por más derechos. ¿Qué va a pasar después de Ni Una Menos? El abogado Juan Pablo Gallego analiza: “A partir de la visibilización del abuso sexual y la violencia de género en las capas media y altas de la sociedad se ha constituido un bloque de poder machista y misógino que incluye funcionarios y profesionales multidisciplinarios que, en defensa de su propia ideología patriarcal (y, sin perjuicio de casos en que uno puede percibir hasta situaciones de corrupción y cohecho), ajustician a la mujer”. La psicóloga Daniela Lezcano propone: “Después de Ni Una Menos hay que adelantarse a la posibilidad de gallos vengativos, aprovechar la fuerza y apoyo nacional de esta movida para que se brinden programas y se proclame la Ley de Protección a los Profesionales que trabajamos en abuso sexual porque el backlash no cesa”.

Fuente. Página 12 -  Por Luciana Peker