En 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) mandató al Estado mexicano a homologar sus leyes locales en materia de aborto legal, así como a crear un registro nacional de desaparición de mujeres, y volver operables los protocolos Alba y Amber de desaparición de mujeres y niñas, pero ninguna de las recomendaciones fue acatada.
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| CIMACFoto: César Martínez López |
Como parte de su trabajo académico, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM hizo un seguimiento de las recomendaciones que el Comité de la CEDAW emitió al Estado mexicano, especialmente en aquellas en las que el gobierno debía emitir un informe en 2014, que de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ya fue enviado pero se desconoce su contenido.
En ese contexto, Tania de la Palma, integrante de la Cátedra UNESCO, presentó la información que hasta el momento se ha generado desde la academia sobre el cumplimiento de tales recomendaciones.
Vía recurso de transparencia, la Cátedra UNESCO detectó que para cumplir con la observación de crear un registro único, el Estado mexicano cuenta con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el Programa de Mujeres y Niñas Desaparecidas “Dar Contigo”, pero ninguno de los dos desarrolla estadísticas, y en sus portales sólo se encuentra la información de mujeres desaparecidas, pero no hay panorama por entidad federativa, ni sobre las características de las personas.
Además las cifras de los dos sitios no coinciden, pues mientras el programa “Dar Contigo” registra 535 mujeres desaparecidas de 2012 a 2014, el Registro Nacional señala 4 mil 14 mujeres desaparecidas en el mismo periodo.
Al mismo tiempo que México sigue sin contar con un registro único que dé cuenta de la situación real del número de mujeres y niñas desaparecidas, 17 entidades federativas no tienen penalizada la desaparición forzada.
Por otro lado, la armonización de las normas federales para legalizar el aborto no se han llevado a cabo, e incluso existe un retroceso, pues diferentes estados modificaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción”.
A la par, sólo un tercio de las entidades reporta haber informado a su personal de atención hospitalaria sobre las causales para la interrupción legal del embarazo, y aunque el presupuesto destinado a capacitaciones para informar al personal de salud sobre la materia se incrementó, las mujeres siguen sin tener orientación sobre las causales de aborto en sus estados, “por lo que se siguen violando los Derechos Humanos (DH) de estas mujeres.
La información generada por la Cátedra UNESCO será enviada al Comité de la CEDAW para que cuente con elementos suficientes para contrarrestar la información que haya presentado el Estado mexicano.
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