Entre las iniciativas están la apertura de comisarías de la mujer, el reconocimiento de licencia médica para las víctimas en la administración pública y la creación del Observatorio para el monitoreo, registro y sistematización de datos sobre violencia machista.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un paquete de cuatro leyes para prevenir la violencia contra las mujeres y acompañar a las víctimas. Entre las iniciativas están la apertura de comisarías de la mujer, el reconocimiento de licencia médica para las víctimas en la administración pública y la creación del Observatorio para el monitoreo, registro y sistematización de datos sobre violencia machista, que funcionará en el ámbito del ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia. También obtuvo media sanción el “Programa Dispositivo de Alerta por Violencia”.
La mayoría de los proyectos hacía tiempo que estaban en la legislatura pero tuvieron un nuevo impulso tras el 3 de junio y la multitudinaria convocatoria Ni una menos. La propuesta inicial del Observatorio había sido promovida por la senadora Wanda Paredes, del Frente para la Victoria, en 2012. En la discusión legislativa se sumó el proyecto del radical Luis Petri para dar forma a la norma.
Su objetivo es la creación de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia machista. Busca impulsar estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencias; sus consecuencias y efectos -identificando factores sociales, culturales, económicos y políticos- y recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente.
Otra de las funciones del Observatorio será evaluar la adecuación de los protocolos de actuación de las distintas instituciones implicadas y proponer la elaboración o modificación de los mismos, brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los registros y protocolos.
La propuesta de la creación de un sistema de licencias para trabajadoras de la administración pública que hayan sido víctimas de violencia de género fue de la diputada del Frente para la Victoria, Lorena Saponara. A esta iniciativa se sumó otro proyecto de la senadora radical Claudia Najul.
La idea es que en las víctimas tengan derecho a la reducción de la jornada; a la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de prestación del servicio; a la justificación de inasistencias o faltas de puntualidad; y al otorgamiento de una licencia remunerada por un organismo competente. La licencia será de 30 días de corrido y si el organismo estima la necesidad de ampliarla, de manera fundada, podrá ser otorgada hasta por 60 días corridos más.
El proyecto de la creación de Comisarías de la Mujer en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial mendocina fue del senador Samuel Barcudi (FPV-PJ). Busca que estas dependencias brinden atención especializada, profesionalizada y direccionada de las problemáticas derivadas por denuncias a la violación de las normas vigentes, y que se dicten en el futuro, en materia de violencia de género y discriminación de la mujer. Las Comisarías estarán bajo el gobierno y competencia funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio de Seguridad del Gobierno y será una dependencia de la Policía de Mendoza.
En la misma jornada de debate obtuvo media sanción una iniciativa de la diputada Beatriz Varela (UCR) para crear el “Programa Dispositivo de Alerta por Violencia” (DAV), que proverá de pulseras electrónicas a las víctimas que acrediten la existencia de medidas cautelares dispuestas judicialmente. Varela había presentado el año pasado esta propuesta. Se trata de un sistema gerorreferencial de monitoreo, supervisión, rastreo y alerta electrónico para las mujeres que cuenten con una cautelar de prohibición de acercamiento por parte de su pareja. El monitoreo es para las víctimas pero también apunta a controlar a los victimarios.
Fuente. Infojus
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