La sentencia deniega una indemnización a la madre, Ángela González, que llegó a denunciar más de 30 veces y a pedir protección.
Madrid. La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha exculpado al Estado de responsabilidad en el asesinato de la hija de Ángela González, asesinada por su progenitor, el ex marido maltratador, durante un régimen de visitas impuesto por un juez. Le niega la reparación que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió cuando condenó a España por este caso.
Así lo ha anunciado la organización Women’s Link, cuyas letradas se han hecho cargo de la representación de Ángela y que el pasado 2014, después de que la CEDAW condenase a España por entender que no se había protegido a la mujer y a su hija, acudieron al Ministerio de Justicia primero y a la Audiencia Nacional, después, reclamando una indemnización para la afectada. En ambos casos, le ha sido denegada.
El argumento principal que utiliza la Audiencia Nacional es que este proceso ya se juzgó en el año 2004, cuando negó la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la hija de Ángela. Con este argumento, el alto tribunal ignora que en el año 2014 el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas emitió un dictamen condenando a España y exponiendo todos los fallos cometidos por el sistema judicial en el examen del caso de Ángela. También declaró la obligación del Estado de revisar nuevamente el caso e indemnizar a Ángela adecuadamente.
La ONU reprobó a España por actuar de manera negligente en la protección tanto de la madre, víctima de violencia machista, como de su hija, de 7 años, que fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor. Ángela había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitó medidas de protección para ambas, que no le fueron concedidas.
“La firma y ratificación de convenios internacionales obliga al Estado español a proteger y garantizar derechos. España es parte de la CEDAW y no puede pretender que las decisiones del Comité no tienen ningún efecto sobre sus instituciones. Esto supone un déficit democrático muy grave que no podemos aceptar”, afirma Gema Fernández, abogada senior de Women’s Link Worldwide.
“Esta decisión supone una injusticia más para Ángela que lleva 16 años buscando justicia y que casos como el suyo no se vuelvan a repetir. La denegación de esta indemnización supone, en la práctica, no reconocer la responsabilidad del Estado español en este caso. Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del estado que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea”, señala Gema Fernández.
En octubre de 2014, después de que el Comité CEDAW de Naciones Unidas declarara la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la hija de Ángela, la organización Women’s Link Worldwide presentó una solicitud de indemnización ante el Ministerio de Justicia que lo desestimó. Siguiendo el procedimiento recurrió ante la Audiencia Nacional que emitió la sentencia que ahora le deniega a Ángela una reparación efectiva por los daños sufridos.
“Si el Estado acatara las decisiones del Comité CEDAW, mujeres como María Salmerón o Susana Guerrero no tendrían que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisión con los padres maltratadores. El Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables”, explica Gema Fernández
La víctima, defendida por Women’s Link Worldwide, va a recurrir la decisión de la Audiencia.
Cronograma de los hechos:
Abril 2003: asesinato de Andrea, hija de Ángela González.
Abril de 2004: solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia que terminó con el asesinato de Andrea.
Junio 2011: el Tribunal Constitucional inadmite esta reclamación de responsabilidad patrimonial, argumentando que no existió responsabilidad alguna de las autoridades en la muerte de su hija.
Agosto 2014: el Comité CEDAW condena al Estado español por no haber protegido de una manera efectiva a Ángela González ni a su hija.
Octubre 2014: recurso extraordinario de revisión de la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial (presentado en abril de 2004).
Mayo 2016: denegación del recurso.
Fuente y foto: archivo Amecopress. -Por Gloria lópez
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