La muerte de las 43 niñas y adolescentes en el incendio del denominado "Hogar Seguro" de Guatemala no es un accidente: es un feminicidio colectivo cuyo máximo responsable es el Estado. Su muerte es solo el punto y final de la larga cadena de violencias a las que eran sometidas por los operarios y las operarias del centro: continuo maltrato físico; abusos sexuales, embarazos y abortos forzados; vejaciones cotidianas, desde la obligación de desnudarse como medida coactiva hasta la alimentación con gusanos que mantenía a muchas en un estado de desnutrición crónica; además del hacinamiento —el centro duplicaba su capacidad de 400 personas internas— que hacía el lugar inhabitable.
Las víctimas, que un día antes habían tratado de escapar del centro y habían sido apresadas y devueltas por los monitores, fueron encerradas en una sala que nadie abrió mientras el fuego las calcinaba.
No es un caso aislado: es la consecuencia de la impunidad con la que el Estado sanciona las prácticas de "limpieza social", el asesinato selectivo de personas marginalizadas y marcadas como desechables, que solo en siete años (de 2006 a 2013) se llevó en Guatemala las vidas de más de 1400 adolescentes, según el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. CALDH también calcula que el Ministerio Público tiene una tasa de averiguación de la verdad del 0.32%. Impunidad, también, de los asesinatos de mujeres, de los que solo se esclarecen un 2% (ONU) pese a las atroces cifras: 6423 mujeres han sido asesinadas en Guatemala en los últimos ocho años, según informe del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), de las cuales 739 lo fueron en el primer año de administración de Jimmy Morales, el más cruento de las últimas tres legislaturas.
El Estado guatemalteco es responsable directo de estas muertes: de las torturas y vejaciones a las que las niñas del centro han sido sometidas diariamente por parte de los operarios y de la omisión flagrante de sus deberes, máxime cuando se ha hecho público por parte del comisario de la Policía Nacional Civil que el Presidente estaba al tanto de los hechos desde las 22 h del martes —según Publinews—, y siendo su esposa, la Primera Dama del país, la responsable de la Secretaría de Bienestar Social, autoridad encargada de la supervisión del centro "Hogar Seguro" Virgen de la Asunción.
Fuente y fotos AmecoPress
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