- Mujeres de todo el país, 28 organizaciones, entre ellas la Red Intercultural de Refugios, colectivos de las zonas rurales y citadinas repudian en más de 12 pronunciamientos la decisión del Presidente mexicano de cortar los recursos para los Refugios y advierten que muchas mujeres serán asesinadas y miles de niños y niñas irán al desamparo.
Señalan que cegar las políticas a favor de las mujeres violentadas es un error y recordaron al Gobierno que los programas que intenta desaparecer están en las leyes, en los acuerdos internacionales firmados y en las recomendaciones de 2018 de la Convención contra Todas las Formas de Discriminación de la Mujer.
La decisión de desaparecer las estancias infantiles, los refugios en los que se salvan vidas de mujeres violentadas, el programa MICAELA de atención al cáncer de cuello uterino, los recortes al Instituto de Desarrollo Social INDESOL y el Programa Pro equidad del Inmujeres, contraviene 40 años de políticas institucionales y civiles en favor del avance de las mujeres, condena a las mujeres violentadas -nueve feminicidios al día- y deja en la intemperie a miles de niños y niñas.
Al mismo tiempo el Senador del partido Movimiento Ciudadana (MC), Samuel García, interpuso un amparo colectivo en Nuevo León, al que se sumó la sede de MC en Aguascalientes y esta semana lo hará Tamaulipas. Se trata de una batalla jurídica para defender a las estancias infantiles, los refugios y contra el recorte de los presupuestos para las políticas públicas de género.
El objeto del amparo es que el Gobierno Federal les regrese el presupuesto a las 211 estancias de Nuevo León, donde se perjudicarán a más de 5.500 niños y reconsidere no afectar los recursos para los refugios.
Las cartas y peticiones, muchas firmadas por las feministas que preparan el próximo encuentro nacional feminista, también reclaman que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconsidere y respete los acuerdos que el Gobierno Mexicano ha firmado. Anunciaron movilizaciones y protestas, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En menos de 48 horas suman más de 25 colectivos y grupos y 18.000 personas que han suscrito cartas, peticiones y pronunciamientos.
Igualmente, 21 de las 32 consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres advirtieron en un pronunciamiento difundido en redes sociales que la línea presidencial de cortar, sin mirar, los recursos para la política de género pronto se verán afectados "el PROEQUIDAD, el de Co-inversión Social, así como el PAIMEF, -este para prevenir la violencia de género- lo que tendrá implicaciones para los Institutos Estatales y Municipales de las Mujeres.
Una solicitada en Change.org que al cierre de esta edición tenía 15.000 firmas, mujeres de todos los partidos políticos, asociaciones y grupos de mujeres de base expresaron que la decisión del gobierno federal de suspender la Convocatoria para los recursos a los Refugios para mujeres en situación de violencia, atenta directamente los derechos de estas, sus hijas e hijos y que el Gobierno Federal omite el mandato del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
Un documento firmado por Académicas en Acción Crítica señala que se viola la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia vigente desde 2007, donde se establecen obligaciones del Estado para garantizar el derecho de las mexicanas a no ser violentadas; la Constitución que incluyó en 2011 lo establecido en la Convención contra todas las formas de discriminación de la Mujer a CEDAW que en su artículo ocho y en su recomendación general 19 menciona que los refugios y la atención especializada, son servicios que los Estados deben establecer, así como los apoyos para garantizar el derecho a una vida sin violencia.
Igualmente, contraviene la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belem do Pará), cuyo artículo tres subraya el derecho de toda mujer a "vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". Obligados a garantizar estos derechos, los Estados deben "suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios".
Las integrantes de los consejos Consultivo y Social de Inmujeres, órganos auxiliares de ese Instituto, encargado de la política nacional de género, señalaron que todos esos programas en riesgo cuentan con reglas de operación, rendición de cuentas y entrega de resultados que analizan y miden su alcance.
Esas reglas atienden asuntos como: la construcción de ciudadanía, la prevención del embarazo en adolescentes, la democracia, la mitigación del cambio climático, la atención a las discapacidades, la prevención y atención a la violencia y el acceso a la justicia, entre muchos otros temas y en el caso particular de los refugios, para atender a mujeres que son víctimas de violencia extrema y que están en riesgo de violencia feminicida, con sus hijas e hijos.
Ellas también recuerdan las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado Mexicano, emitidas en 2018, relacionadas con el combate a la violencia de género contra las mujeres, que son de carácter vinculatorio - que obligan al Estado Mexicano- y agregan que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGA-MVLV) establece en su Artículo 52 que las mujeres deberán contar entre sus derechos con un refugio mientras lo necesiten. No brindar esos mecanismos a las víctimas, representa el riesgo de que el Estado incurra en una omisión.
Advierten que el gobierno tiene que reflexionar sobre el impacto negativo que estas medidas tendrán para las mujeres, las niñas y los niños, al ser menoscabado el ejercicio pleno de sus derechos. Admiten que dichos programas tienen que revisarse, que nuestro país necesita reconstruirse ante la violencia y corrupción, pero es su reestructuración con el fin de hacerlos efectivos, sí, pero "no la suspensión, lo que se requiere".
Opinan feministas de 32 entidades
Respecto al boletín de la Secretaría de Salud que anuncia que los recursos para los refugios están protegidos, que esos 17 millones de dólares son para esos refugios y que el texto oficial no aclara cómo se van a usar: "se los van a dar a las mujeres", como dice el Presidente, cuando están en riesgo ellas y sus hijos y no funcionan la medidas de protección previstas en la ley y luego de esa vida violenta, muchas han sido asesinadas. De 22 entidades y 27 organizaciones afirman que "no está claro el discurso".
Y se suman grupos como Madres Solteras AC; las redes de Mujeres Líderes, de SLP; la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil, la Red de Apoyo a Mujeres Políticas, AC; la Coalición de Nacional de Mujeres Rurales, A. C., el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia AC; la Consultoría Jurídica y Estrategia Política; AMAM AC Asociación de Mujeres Abrazando México; la Red Mujeres Violeta A C, Ayuda Interpersonal A C; Labris Colectiva Feminista; Mujeres Indígenas Triqui Popoluca; Mujeres de Izquierda.
También Soy Humano A.C., CESOAMA AMEALCO, La CAMNAYA A. C.; Colectiva Mueran Mujeres Tlalpenses; Red Mujeres Violeta; El Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río; "HUITZITZILIN", Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C.
Se preguntan por qué no se aclara lo que hará el gobierno y si los recursos se entregarán solamente a los refugios manejados por entidades públicas. No explican las autoridades el procedimiento para que las mujeres afectadas puedan acceder a ellos y advierten que muchas de ellas no pueden salir del refugio por el grave riesgo que corren y en muchas ocasiones llegan sin un solo documento que las identifique.
Están de acuerdo que se revisen todos los programas, pero se oponen al cierre sin análisis y sin explicar qué está pasando. No se trata de cerrar los refugios, las estancias y los programas, si quieren que "nos fiscalicen".
Documentos completos de algunas protestas
El que circula en Change.org fue una petición lanzada por Rogelia González Luis, dirigente de las mujeres del Partido de la Revolución Democrática, con más de 15.000 firmas y está dirigida al presidente Manuel López Obrador.
A la letra dice: En México, las mujeres y menores tienen que enfrentar situaciones de violencia constantes, en muchas ocasiones estas no sólo ponen en riesgo su salud mental, sino que las y los pone en riesgo de muerte frente a la violencia física que sufren. Los refugios proporcionan alojamiento seguro para estas personas donde puedan tener las condiciones necesarias para poder tener una vida digna, reconstruir su autoestima, y encontrar mecanismos que las ayuden a independizarse.
Además, estos refugios y centros de atención externa, proveen acompañamiento jurídico, atención médica y psicológica, programas reeducativos, e incluso, bolsas de trabajo; que ayudan a las mujeres y a sus hijos e hijas, para poder mejorar su calidad de vida.
Es por ello que repudiamos la decisión del gobierno federal de suspender la Convocatoria señalada al título de este documento, que atenta directamente contra los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos; que necesitan mantener la atención que hoy se les brinda a través de las instancias de refugio y centros de atención externa a nivel nacional. Además de la omisión que hace del presupuesto de egresos 2019 destinado para esta causa.
La Red Intercultural de Refugios presente en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Baja California; hace un llamado al gobierno para que las más de 20.000 mujeres, niños y niñas, que hoy viven en los refugios, no queden en desamparo y expuestos a la ola de violencia que ya han sufrido; así como las más de 5.000 mujeres y menores que reciben atención integral en los diversos Centros de Atención Externa, que verían interrumpido su proceso. Unamos nuestras voces para exigir que se respeten los derechos de las mujeres y niñ@s. ¡Alto a la violencia en contra de las mujeres! ¡Ni Una más, ni una menos!
Académicas en Acción Crítica, el Centro de atención a la Violencia Doméstica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC (CAVIDA-ILEF) y el grupo Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C., dicen: La vida y los derechos de las mujeres no pueden ponerse en riesgo. Los refugios protegen vidas.
Es un agravio inaceptable para las mujeres la suspensión de la convocatoria de la Secretaría de Salud para asignar subsidios de prestación de servicios de refugio para las mujeres, sus hijos e hijas que viven violencia extrema.
Los refugios son un recurso imprescindible para evitar asesinatos de mujeres en un país donde la cifra de estos es de nueve mujeres al día y donde las tasas de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial son excesivamente elevadas. Muchas mujeres requieren de un refugio como último recurso para salvar su vida y con frecuencia la de sus hijos e hijas.
Los refugios existentes en México son de por sí insuficientes. La mayoría depende para su funcionamiento de recursos públicos pues no bastan los fondos que reciben de otras fuentes, como asociaciones civiles, IAP, dinero privado, organismos internacionales, rifas, trabajo de las usuarias (Inmujeres, 2015). Suspender los recursos para estas instituciones es poner en riesgo de muerte y lesiones a miles de mujeres.
La violencia contra las mujeres, en la casa o en la calle, no es un asunto privado, es un asunto de salud pública. El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con las leyes y tratados internacionales que ha firmado, así como con la jurisprudencia de la SCJN. En este caso, debe cumplir con:
. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que desde el 2007 reconoce las obligaciones del Estado para garantizar este derecho.
. Convención de la CEDAW que en su artículo ocho y en su recomendación general 19 menciona los refugios y la atención especializada, como parte de los servicios que los Estados deben establecer, y los apoyos para garantizar el derecho a una vida sin violencia.
. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belem do Pará), cuyo artículo tres subraya el derecho de toda mujer a "vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". Obligados a garantizar estos derechos, los Estados deben "suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios".
El Estado mexicano debe respetar también la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 35/2019 (10a.), del 15 de febrero de 2019, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se reafirma el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Esta implica que los derechos humanos "siempre deben mejorar" y que son graduales, es decir, que se garantizan mediante un proceso con metas a corto, mediano y largo plazo. Por tanto, cualquier medida que suponga la regresión de estos derechos es inconstitucional.
Sumada a la decisión de reducir y luego suspender subsidios a las estancias infantiles de las que dependen cientos de miles de madres trabajadoras para el cuidado de sus hijos e hijas, la suspensión de la convocatoria para acceder a recursos para los refugios limita gravemente los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva.
Por ello, manifestamos nuestro total rechazo a estas medidas y exigimos al gobierno que respete los derechos de las mujeres y cumpla con sus obligaciones hacia ellas mediante una política que reconozca las graves desigualdades y la violencia que las afectan y no sólo mantenga, sino también refuerce y amplíe las medidas necesarias para garantizar su derecho a vivir sin violencia y en igualdad.
Exhortamos a la Secretaría de Salud a reconsiderar esta decisión.
Exhortamos a las comisiones de igualdad de género de las cámaras del Congreso a pronunciarse y a tomar las medidas necesarias para garantizar, con presupuestos etiquetados, los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia y de las mujeres trabajadoras, así sea mediante una modificación del presupuesto aprobado para 2019.
Hacemos un llamado a la recién nombrada titular de Inmujeres, Nadine Gasman, para que intervenga a favor de las mexicanas.
Hacemos un llamado también a ONU Mujeres y el Comité de la CEDAW para que se pronuncien contra esta medida que atenta contra la vida de las mujeres.
La lucha contra la corrupción no puede ser un pretexto para acentuar la desigualdad de género y agravar la indefensión de las mujeres ante la violencia machista. Estancias infantiles y refugios están regulados por el Estado y este tiene la obligación de hacer cumplir sus lineamientos. De abandonar sus obligaciones para con las sobrevivientes de violencia, el Estado será cómplice y co-responsable de su muerte.
Académicas en Acción Crítica, ¡NiUnoNiUnaMás! Centro de atención a la Violencia Doméstica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC (CAVIDA-ILEF), Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C.
En las redes de feministas, organizadas virtualmente por el Pacto Nacional de Mujeres, se recordó un documento de 2018 sobre el presupuesto.
Sin las mujeres, el presupuesto no va.
Desde 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene un anexo transversal que refleja las erogaciones que el Gobierno Federal, a través de diferentes dependencias, destina para la Igualdad entre mujeres y hombres.
Por ley, este es un anexo que no admite recortes y que debe ser progresivo, ya que el artículo 58 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Así pues, durante 10 años, este presupuesto ha pasado de 481 millones de dólares en 2008 a dos millones 395 de dólares para 2018. Aunque el anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres nunca ha rebasado el uno por ciento del total del Presupuesto de Egresos, los esfuerzos sostenidos en cada legislatura han permitido que su incremento no sea solo nominal, e incida en la disminución de las brechas de desigualdad, como son las violencias de género, el acceso a la justicia, el empoderamiento económico, trabajo no remunerado y las dobles jornadas, y muchos otros.
Si bien, aún falta mucho por hacer y los presupuestos sensibles al género requieren una evaluación de fondo, la disminución o eliminación de programas, como se propone en el proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2019, en los hechos significa dejar sin posibilidad de que opere a nivel estatal y municipal la política de igualdad que se ha venido diseñando desde hace décadas en nuestro país.
Nominalmente, el Anexo 13 del PEF 2019 representa un incremento de aproximadamente 15.000 millones de pesos, esto se debe a la incorporación en el anexo de programas prioritarios para la presente administración, pero significan un recorte o eliminación de programas prioritarios para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.
Hacemos un llamado a las diputadas y diputados del Congreso de la Unión en la Legislatura de la Paridad, a que actúen en congruencia y no permitan:
. La eliminación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), ni el de Coinversión Social (dirigido a organizaciones sociales)
. Las disminuciones al Fondo de Transversalidad (que llega a instancias municipales de mujeres), programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (CONAVIM), programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, y el programa de Salud materna, sexual y reproductiva.
La apuesta a los presupuestos sensibles al género es que sean transversales, y que en algún momento todos los programas y acciones contenidos en el presupuesto de egresos se diseñen como una política pública que considere los impactos diferenciados que tienen en la vida de mujeres y hombres, y con ello atender de una manera más eficaz e integral los retos que enfrenta nuestro país, para construir una sociedad más justa e igualitaria.
Informa la Secretaría de Salud
Los recursos para la asignación de subsidios a refugios que atienden a mujeres e infantes víctimas de violencia extrema están garantizados, sólo se revisan las medidas para optimizar más ese dinero, aclaró el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
El funcionario precisó en conferencia de prensa que los recursos fueron aprobados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y ascienden a 346 millones 482.708 pesos.
Se revisarán las medidas para optimizar más ese dinero, "o inclusive, si es necesario, a través de otros programas y acciones para consolidar la atención a este grupo de población", detalló.
A su vez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que lo que se suspendió es la convocatoria emitida por la dependencia a finales de enero, y es una suspensión provisional mientras se analizan las estrategias para garantizar que los recursos lleguen a quien los requiere.
"No queremos cometer ningún acto de irresponsabilidad administrativa. La Secretaría está comprometida con el buen uso de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, y también con la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres, niños y niñas que sufren violencia de género", sostuvo.
De la misma manera reiteró el compromiso del Gobierno Federal con los derechos humanos, la equidad de género y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad.
Ciudad de México, a 22 de febrero de 2019.
Comunicado desde Inmujeres
Integrantes de los Consejos Social y Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) manifestaron su consternación por la decisión de suspender los subsidios de diversos programas dirigidos a promover los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, como el de estancias infantiles y refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.
"De continuar en esta línea, otros programas que se verán afectados muy pronto serán el PROEQUIDAD, el de Co-inversión Social, así como el PAIMEF, que tiene implicaciones para los Institutos Estatales y Municipales de las Mujeres", suscriben en el documento.
El documento recuerda que las recomendaciones hechas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado Mexicano, emitidas en 2018, relacionadas con el combate a la violencia de género contra las mujeres, son de carácter vinculatorio.
También que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGA-MVLV) establece en su Artículo 52 que las mujeres deberán contar entre sus derechos con un refugio mientras lo necesiten.
"No brindar esos mecanismos a las víctimas, representa el riesgo de que el Estado incurra en una omisión", señalan.
"Hacemos un llamado a la reflexión sobre el impacto negativo que estas medidas tendrán para las mujeres, las niñas y los niños, al ser menoscabado el ejercicio pleno de sus derechos", agrega el comunicado, que exhorta al presidente mexicano a reconsiderar su decisión.
FUENTE: SemLac _ Por Sara Lovera
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