En todas las organizaciones laborales se dan constantes tensiones, en algunos casos en clave de exterioridad y que tienen que ver con dos clases de amenazas: 1) las socioeconómicas: crisis políticas, económicas y sociales; y 2) de la naturaleza: desastres por pandemias, epidemias y por el clima.
Las presiones exógenas, como la actual pandemia del Coronavirus (Covid-19) producen en el seno de las entidades laborales fragilidades en las relaciones horizontales entre trabajadores/as y de fuerte presión vertical de la dominancia laboral hacia el/la trabajador/a. La actual tensión entre trabajadores/as es producida por la incertidumbre que toda crisis sanitaria trae aparejada por el empleo. Es muy difícil para las empleadas y los empleados administrar la incertidumbre en situación en que los cuerpos de cada uno y de los demás está en juego respecto a su futuro. También, gestionar los riesgos del hecho certero de la desocupación que golpea la puerta de cada vida de los dependientes vuelve aún más vulnerable sus vidas. La desocupación que produciría la actual crisis del Covid-19 haría que los procesos de impotentización individual proliferen, se expandan y se desarrollen geométricamente.
Es muy compleja la situación que tiene que conjugar el trabajador y la trabajadora ahora en circunstancias de pandemia. Pues, a la inseguridad de salud se le suma la inseguridad económica. Es demasiado para un solo cuerpo.
La violencia de mercado en el trabajo se caracterizará por el descarte del empleado, la de generar competencia salvaje entre pares, también la obsecuencia depredadora, sumisión, amenazas, intimidación, relaciones deshumanizantes y de suyo, como ya podemos saber, la pérdida fáctica de conquistas laborales históricas. Por ejemplo, la reducción del salario, no obstante que en el recibo de sueldo figurará que cobra un monto superior a lo que en realidad percibe. O hacer trabajar horas que nunca serán abonadas. Peor que la esclavitud. La violencia del mercado laboral cosificará aún más al empleado/a en una alienación absoluta. Y también lo que es grave, es que el miedo o el terror a la miseria de la desocupación harán que las/los trabajadores repliquen la violencia percibida entre compañeros.
La dinámica del acoso estará a la orden del día, la forma que cruelmente se relacionará será con la disposición de quitar del paso a su compañero/a para no quedar fuera del lugar, el desambiente laboral se transformará en una cotidianeidad, el contexto, las condiciones de trabajo, la relaciones entre trabajadores, las obligaciones, los requerimientos, generarán respuestas de actuaciones destructivas y sañosas, donde enmascaradamente las insidiosas agresiones serán las ganadoras.
El acoso psicológico laboral o mobbing o proceso de victimización o asesinato psicológico, o también llamado la persecución en el trabajo, lo definiremos como: “toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo”. Es un abuso de poder, una violencia donde el objetivo es desterrar al compañero/a de trabajo; en varias organizaciones laborales se sostiene y desmesuradamente crece.
Los riesgos laborales psicosociales y como bien, lo son: el mobbing, el acoso sexual, la discriminación, el estrés laboral, el burnout, serán algunas de las consecuencias. Estos riesgos laborales son las posibilidades que un/a trabajador/a sufra un daño a partir de la desarticulada organización de las empresas-lugares de trabajo, o por las inadaptaciones a los puestos de trabajo. El impacto psicológico-laboral de la cuarentena -necesidad de protección y cuidado- ante esta pandemia del Covid-19 puede ser más duradera de lo estimado, y los efectos serán el de una población con miedo, terror, desesperanza, realidad de cercanía de probable muerte, traumatizada, indefensa ante lo desconocido o fantasmal, y emprenderá distintas formas de supervivencia.
Debemos saber que no siempre hay respuestas esperadas para situaciones inesperadas.
La garantía de prevención y reducción de violencia laboral de mercado en los lugares de trabajo debe ser el Estado nacional. El Covid-19 traerá aparejada recesión, más desocupación con salarios y dignidad a la baja. La valla de contención al barbarismo debe ser el Estado del Bien Común. Es decir, el Estado nacional con el apoyo de los Estados provinciales, municipales y comunales. Solo así se podrá mitigar o erradicar la violencia laboral exógena, para evitar que se internalice en las organizaciones laborales.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 3.300 millones de trabajadores en el mundo, y muchos tienen empleo precario y de gran incertidumbre. De ellos, 700 millones de trabajadores ocupados viven en la pobreza o pobreza extrema. Son puestos laborales de malas condiciones. Y la tendencia en ese sentido no disminuye. Los desocupados en el mundo ascienden a 192 millones de personas según datos de organismos de la ONU. En Argentina, la cantidad de trabajadores llega a 12,14 millones, el nivel de desempleo es del 10.6%, es decir cerca de 2 millones de personas que no tienen trabajo.
Todo nos indica que a la recesión de los últimos cuatro años se le va a sumar la que genere la pandemia del Coronavirus. La violencia laboral de mercado que describimos va a presionar desde afuera sobre las instituciones laborales, generando conflictos extraordinarios a los conflictos endógenos que generalmente se producen –valga la redundancia– internamente en las instituciones laborales.
El camino que actualmente ha tomado el gobierno nacional para reducir, prevenir y erradicar la violencia laboral de mercado en los lugares de trabajo, son positivas y hay que profundizarlas. Así, en el contexto de la pandemia del Coronavirus y por ende de la Emergencia Sanitaria, se han dictado un conjunto de normas importante, a saber: el decreto de necesidad y urgencia 311/2020 que prohíbe el corte del servicio de agua, electricidad, gas, internet y telefonía celular por deudas en el lapso de 180 días; el decreto de necesidad y urgencia 320/2020 que suspende los desalojos y congela alquileres hasta el 30-09-2020; el decreto 329/2020 que prohíbe los despidos sin causa, por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor a partir del 01-04-2020 por sesenta días. Todas estas normas de políticas públicas coadyuvan a disminuir la violencia laboral de mercado que desde la exógena incide en la vincularización laboral interna generando malestar.
Esta crisis sanitaria demanda que se aplique en todos los países el Convenio 190 del 10-06-2019 de la OIT sobre la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Y, desde ya, que sea ratificado y puesto en vigencia en Argentina. La incidencia del Covid-19 también tendrá su incidencia en las enfermedades y accidentes de trabajo en el mundo y evidentemente en la Argentina. En ese sentido tenemos que lograr que bajen o se extingan los niveles de accidentología en los trabajos en el planeta, que generan 250 millones de infortunios laborales por año, 160 millones por enfermedades del trabajo y 3.000 fallecidos por accidentes laborales por día, a razón de 2 muertes por minuto. La violencia de mercado laboral en esta época del Coronavirus lo que hace es profundizar la cantidad de infortunios.
En esta etapa de la crisis de pandemia, el trabajo tiene que ser fuente de vida y no de dolor, persecución y patologización, donde se generan 1 millón de suicidios anuales de personas depresivas. La prevención y contención del Estado son prioritarias en este momento para evitar otras epidemias marcadas por la violencia laboral de mercado.
Se deberán generar nuevos métodos de organizaciones laborales, donde todos tengan un lugar, donde haya conciencia que la situación económica pandémica afectará especialmente al trabajo y resultará necesario generar actividades laborales en equipo, en solidaridad, generando un ambiente de trabajo con un compromiso compartido y relaciones de trabajo saludables; esas serán las variables de un avance, de un progreso, de un estado de sanidad. Será una prioridad imperiosa. El trabajo es un derecho humano y es justicia social lograr esa dignidad.
Por ello, es necesario más que nunca un Estado protector, interventor, contenedor y de bienestar. Así, la solidaridad laboral también se va a generar desde el Estado hacia el empleado y la empleada y será de este modo que se va a replicar horizontalmente entre pares; haciendo cesar las presiones de la recesión económica. Es el Estado benefactor el que tendrá que poner límites y erradicar la violencia laboral de mercado en el seno de los lugares de trabajo.
Fuente: CLACSO
[1] Liliana E. Bucci. Magister en Salud Mental. Psicóloga. Miembra del Observatorio de Derechos Humanos Universidad Nacional de Rosario. Integrante del Comité Académico del Ciehmge UNR.
Aníbal I. Faccendini. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Cientista Social. Licenciado en Ciencias Sociales. Abogado Laboralista. Docente UNR. Mediador. Asesor Jurídico de ONGs. sobre derechos sociales y laborales.
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