POR FB LIVE : ABUSO SEXUAL CONTRA LAS INFANCIAS, ¡DE ESTO SÍ SE HABLA!

SÁBADO 25 DE JULIO - 18 HS ( ARGENTINA) en directo podrás escuchar a estas excelentes profesionales expertas en la temática por FB live: https://www.facebook.com/DesafiosycompromisosLaPampa

CÓMO VIVEN LA PANDEMIA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Sin internet y, en muchos casos, sin DNI se les hace imposible acceder a los beneficios del Estado.  El aislamiento impide la venta o el trueque de lo que producen. Plantean la necesidad urgente de asumir el mandato ancestral de “la construcción de otra normalidad”.

El acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la imposibilidad de desplazarse, y por lo tanto de trabajar, está en el centro de las preocupaciones que tienen las comunidades indígenas del noroeste argentino (NOA) que cumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

En algunas regiones del NOA, los problemas se agudizan: es el caso de los guaraníes, que viven en el ramal jujeño –en la zona este de la provincia– donde "ocupan zonas urbanas o periurbanas en situaciones de marginalidad terribles", indicó a Télam Raquel Analía Tolaba del Consejo Nacional de la Mujer Indígena (Conami).

"El pueblo guaraní tiene una realidad diferente a la de los kollas de la quebrada y la puna, que tienen ganadería y agricultura. La mayoría trabaja en los tabacales por temporada y la cuarentena los perjudica porque, si no trabajan, no comen. A eso hay que sumar que muchísimos no tienen DNI porque nacieron en fincas o lotes y no están inscriptos así que no acceden al IFE", agregó para graficar la "gravedad" de esa situación.

En el caso de los quilmes y amaichas, es decir diaguitas cuyas comunidades se extienden por los valles calchaquíes y tienen presencia en las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y hasta Santiago del Estero, resolver el acceso al IFE está al tope de las actividades que, aún en cuarentena, sus líderes motorizan.

Así lo remarcó el integrante del Consejo de Delegados de los Quilmes, Delfin Gerónimo: "Las comunidades en conjunto con nuestro equipo regional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) estamos abocados a colaborar para que el IFE le llegue a la mayor cantidad posible de personas aunque el acceso a Internet y los requisitos sean una limitante para nuestros hermanos".

Gerónimo también hizo hincapié en la cuestión económica: "No es fácil para quienes viven de su producción para sustentarse porque la prohibición de circulación impide la venta o trueque de los productos que justo para estas fechas están maduros", y se refirió a los "ficticios limites interprovinciales" como "un problema".

"Hay pueblos cuya vida transcurre sin tener en cuenta esos límites, por trámites, compras, gestiones en el banco o salud. Las provincias cierran sus fronteras sin previsiones para salvedades del caso", añadió el técnico territorial del INAI al referir la intensa relación que existe entre las comunidades de Amaicha y Quilmes, ubicadas en Tucumán y Santa María, que está en Catamarca.

En otro plano, para los pueblos indígenas está la cuestión del "sumak kawsay" o "buen vivir" que es una filosofía de existencia que plantea el equilibrio con la naturaleza como forma de vida y que, ante la pandemia, se reinstala como debate necesario.

"Esta crisis mundial debe, de manera excluyente, llevarnos a pensar otros mundos posibles que restablezcan el equilibrio que enuncia el sumak kawsay. Una cuestión que desde los pueblos indígenas venimos planteando desde que emergimos en la escena global", dijo a Télam Mario Quinteros, miembro de la comunidad indígena de amaicha, docente y "comunero activo" según él mismo se define.

Y agregó: "Debiéramos preguntamos ¿qué hacer ante la pandemia y luego de esta? Es necesario más que nunca el fortalecimiento de nuestras economías en los territorios y de la autonomía tan necesaria en esta crisis sistémica, que en la práctica cotidiana de la agricultura, la ganadería, la elaboración de textiles y gastronomía hogareña es un modo de resistencia en territorios indígenas de la alta montaña tucumana y en los valles".

Para finalizar, subrayó la necesidad "imperiosa de que dirigentes originarios y dirigentas originarias asuman como mandato ancestral la construcción de otra normalidad, plural y diversa que convoque a las sociedades del mundo a recuperar el equilibrio perdido detrás de la homogeneización, el derroche y expropiación de energía que provoca el extractivismo".

Fuente: Tiempo Argentino

FEMICIDIO DE CAMILA TAROCCO. " LA MATÉ PORQUE ERA MÍA

Título original: "La maté a Camila": la confesión de la ex pareja de la joven asesinada en Moreno

El cuerpo de la joven de 26 años aparecieron a dos cuadras de la casa de su ex marido y padre de sus dos hijos, detenido hace una semana por falso testimonio.

"La maté a Camila". Ariel González, ex pareja de la joven de 26 años hallada muerta en un descampado, le habría dicho esto a su familia el mismo desapareció la chica.

En ese momento, los familiares de González no actuaron, pero en las las últimas horas, fueron ellos los que se quebraron e informaron a la fiscal del caso, Luisa Pontecorvo, lo que el hombre había hecho.

Casi en simultáneo, un llamado al 911 orientó los rastrillajes anoche hasta la parte de atrás del predio que tiene el Sindicato del Seguro en Moreno. Allí, en un lugar donde la tierra estaba removida entre unos pastizales, encontraron semienterrado el cuerpo de Camila Aldana Tarocco. Estaba envuelto en una bolsa negra o un mantel de nylon oscuro.

Los tatuajes que tenía el cuerpo facilitaron una primera identificación del cuerpo de la joven a la que buscaban desde el sábado 4 de abril pasado. De esta manera, la angustia por la incertidumbre sobre su paradero se convirtió esta mañana en un dolor irreversible.

Camila, que era madre de dos hijos de 5 y 7 años, había sido vista por última vez el sábado 4 de abril pasado cuando salió de su casa para tomar un colectivo hacia una sucursal bancaria en el centro de Moreno, donde debía retirar plata de un cajero automático al que nunca llegó.

Claudia Sánchez, la madre de la joven, había hecho la denuncia por la desaparición de su hija ante la Comisaría 1° de Moreno e indicó que las últimas personas que habían estado con ella fueron una vecina, su actual pareja y el ex marido.

La fiscal dispuso el arresto de González, quien declaró en esa oportunidad que habían pasado la noche juntos y que cerca de las 6 la había acompañado hasta una parada de colectivo.

Camila tenía que ir a un cajero automático a cobrar los 10.000 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno Nacional otorga a los trabajadores del sector informal mientras está vigente la cuarentena por el coronavirus.

Sin embargo, la Justicia confirmó que no hubo movimientos en la cuenta. Ella nunca llegó al cajero automático, y las cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto que deberían haber hecho según el relato de González tampoco registraron su paso.

En las próximas horas está previsto que la fiscal Luisa Pontecorvo vuelva a indagar a González, ya en calidad de imputado por “Homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. Femicidio, un delito cuya única pena posible es prisión perpetua.

fuente: Minuto Uno 

LAS OTRAS. ABORTO CLANDESTINO Y MATERNIDAD INFANTIL

En Catamarca una joven falleció por un aborto clandestino, en Chaco una adolescente de 14 años parió un bebé resultado de una violación. ¿Quiénes son las Otras que aún en este siglo siguen viviendo en la precariedad absoluta?

I

Dicen los titulares en los diarios:

“Otra víctima de la clandestinidad”

“Otra nena violada”

“Otra persona obligada a parir”

“Otra muerte anunciada”

Otra vez la misma nota que se parece tanto a otra nota, que se parece tanto a aquella otra piba que también 

se murió.

En la clandestinidad la puesta en escena de la tragedia es un loop.

8M intervención del grupo “Impacto teatral”

Fotos: Irina Lavallena

II

Esta semana se cumplieron siete años del fallo FAL, a partir del cual la Corte Suprema de Justicia exhortó al Estado Nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a implementar y hacer que se cumplan protocolos hospitalarios para quitar los obstáculos que limitan o impiden que las personas accedan a su derecho a la interrupción legal del embarazo.

Sin embargo, la realidad no es tal: al día de hoy, 4 provincias argentinas no tienen protocolos ni adhieren al del Estado Nacional. Día a día el sistema de salud argentino, nos llena de noticias y de nombres de mujeres y niñas que deben elegir entre ser obligadas a parir o morir en el intento.

En Chaco una adolescente de 14 años dio a luz un bebé resultado de una violación. Ambos debieron someterse a un tratamiento de Mal de Chagas. A los 11 años ella había sido entregada a un hombre de 59 a cambio de una moto. Luego de tener al bebé, pidió no quedar a cargo de su padre alcohólico.

En Catamarca, una joven de 30 años falleció por una infección generalizada que se inició a partir de un intento de aborto clandestino. Vivía en un pequeño pueblo de 300 habitantes, tenía dos hijes. Sus amigas sabían que intentó abortar, pero no lo sabía su familia.

En Tucumán, una niña de 11 años violada y embarazada solicitó la interrupción legal de su embarazo. El Estado dilató la intervención para finalmente decidir realizarle una cesárea a la semana 23 de gestación. A los pocos días, la bebé muere.

Aparece entonces -entre la rabia- la pregunta por esas personas cuyas vidas están expuestas a la máxima vulnerabilidad posible. Sus cuerpos son forzados a atravesar cualquier límite y optar por meterse una rama de perejil en sus vientres, aunque las lleve a la muerte con tal de haber decidido en su vida por lo menos algo.

Nos preguntamos por esas “Otras” que aún en este siglo siguen viviendo en la precariedad absoluta y sufren a diario la imposibilidad de pensar siquiera en exigir su legítimo derecho a la vida.

¿Quiénes son las Otras? ¿Dónde están? ¿Qué lugar ocupan en nuestros medios, en nuestras notas, en nuestras organizaciones, en nuestras movilizaciones? ¿En qué se parecen las Otras a las pibas que posan con glitter verde en la cara para las fotos que llenan nuestras redes sociales? ¿En qué se parecen las Otras a nosotras?

III

Simone De Beauvoir plantea en El segundo sexo que las mujeres somos lo Otro en la Historia; que toda la historia de la humanidad está escrita y protagonizada por varones. Y las mujeres quedamos por fuera, en los márgenes, en las sombras de los relatos, de las grandes hazañas, de la guerra, el arte y la ciencia. Las cosas cambiaron mucho desde 1949. Ahora hay mujeres y (en menor medida) identidades disidentes en la ciencia, en las artes, en las fuerzas coercitivas del Estado. Sus historias comienzan a tomar protagonismo e incluso los discursos sobre equidad de género son un ítem obligado en la agenda política actual. Sin embargo, sigue quedando lugar para sombras. Siguen invisibilizándose relatos. Ahora, las Otras son las pobres.

IV

El intelectual italiano Giorgio Agamben habla del homo sacer: la figura del derecho por la cual, aunque sea ilegal quitarle la vida a las personas, hay veces que cuando esto sucede, no hay pena para quien comete el acto.

Es decir, vidas cuyos asesinatos son legítimos. Por su parte, Judith Butler refiere a la distribución desigual del derecho a duelo, da cuenta de  “aquellxs cuyas vidas no se ‘consideran’ susceptibles de ser lloradas, y por ende de ser valiosas, están hechxs para soportar la carga del hambre, del infraempleo, de la desenmancipacion jurídica y de la exposición diferencial a la violencia y la muerte”.

Bajo este paradigma: ¿Qué hace que una vida sea valiosa? ¿Qué hace que una vida no sea una cosa? Quizás la imposibilidad de vender ese cuerpo a cambio de una moto, la imposibilidad de violar ese cuerpo, la imposibilidad de forzar a ese cuerpo a gestar y parir… Esas atribuciones podrían servirnos como primer esbozo para pensar qué hace la diferencia entre lo humano y lo inhumano.

Las pibas pobres, trans, negras, niñas y originarias, quedan -sin dudas y con dolor- del otro lado de la frontera. Del lado de la violencia sistemática. Del lado de la compra y venta de cuerpos. Del lado de la hipocresía política y la vulneración estatal. Del lado de lo invisible. Son las Otras y se acumulan, se apilan sus iniciales en los titulares de los diarios. 

Las pibas pobres, negras, trans, travas y originarias quedan del lado del genocidio silencioso.

Fuente: El grito del Sur - Por Roma Barrientos.

MUJERES SIN HOGAR: INVISIBILIZADAS Y EXCLUÍDAS

Tras la última crisis económica, uno de cada 6 hogares de clase media entró en situación de pobreza, y muchos de ellos no se han recuperado hasta la fecha. Ello implica que cada vez hay un número mayor de familias que se intervienen desde los Servicios Sociales, creando una compleja y preocupante radiografía de la pobreza en España.

Pero si analizamos los datos exhaustivamente, vemos que la pobreza es predominantemente femenina. En este 2019, por primera vez la tasa de pobreza femenina supera a la de los hombres: 6,4 millones de mujeres en riesgo de pobreza frente al 5,9 millones de varones.

¿Cuáles son los factores que explican esta situación?

Son varias las causas que explican ese sesgo de género. Los profesionales que intervienen con familias en riesgo de exclusión social cada vez se encuentran con un mayor número de familias monomarentales a las que atienden individualmente. El 83% de ellas se encuentra en riesgo de exclusión social, lo que hace que la intervención social con familias sea clave como factor de prevención para evitar que sus integrantes puedan terminar viviendo en las calles.

Pero si además atendemos a otros factores que influyen en los procesos de exclusión de estas mujeres, vemos que en cualquier metodología de intervención social con ellas es clave entender el peso de la violencia de género, que sufren o que han sufrido muchas de ellas, además de que entendemos que la violencia económica es una forma más de violencia de género:

– Porque ejercer tareas de cuidados y que no sean reconocidas, es una manifestación de violencia de género sobre las mujeres que empeñan su tiempo, su trabajo y su dedicación, en esos cuidados (cuidar de sus hijos, cuidar de sus mayores, cuidar de sus hogares)

– Porque la existencia de una brecha salarial, de una división sexual del trabajo y la falta de una mejora en los derechos laborales en el terreno de la maternidad es una manifestación más, de la violencia de género.

– Y porque, por todo ello, las mujeres nos volvemos cada vez más precarias y más pobres; por el simple hecho de ser mujer; es decir, por procesos específicos derivados de nuestro género.

Por lo tanto, la violencia de género influye en los procesos de exclusión social y más concretamente, en los de las mujeres, de ahí que la intervención individual con ellas que se pueda llevar a cabo desde el trabajo social siempre tenga que tener presente un enfoque de género específico.

¿Y qué sucede con las mujeres que sufren más exclusión, las mujeres sin hogar?

Cuando hablamos de mujeres sin hogar hablamos de aquellas que pernoctan en la calle y también de las que tienen una vivienda inadecuada o insegura (chabola, pisos con orden de desahucio, pisos okupas…).

Y no, no podemos hablar de un perfil específico, pues son de todo tipo: mujeres que han sufrido violencia de género, jóvenes, estudiantes, con familias de origen de clase media, alta y baja, con adicciones, con discapacidad, trabajadoras, en paro, con formación universitaria…

Sin embargo, el común denominador que tienen todas ellas es que su “sinhogarismo” es mucho más sombrío y oculto que el de los hombres. Son mujeres invisibles e invisibilizadas. Sobre ellas se ejerce una doble violencia: la de su condición de mujer y la derivada de su situación de exclusión.

Las mujeres sin hogar en España solo representan el 11% sobre el total, pero los datos no son reales, porque las estadísticas generalmente las ofrecen los recuentos nocturnos o la red asistencial de personas sin hogar, y muchas de estas mujeres ni se encuentran durmiendo en la calle ni acceden a estos recursos de la red. Por tanto, la cifra real podría ser notablemente superior.

¿A qué se debe la poca presencia de las mujeres sin hogar en los recursos?

Hay una clara falta de feminización de estos recursos, y por tanto, las mujeres no se encuentran cómodas en ellas y a menudo deciden no emplearlos. Los albergues y los recursos residenciales están masculinizados y no están pensados para la atención integral de ellas.

Por eso, es necesario incluir la perspectiva de género desde todas las áreas de acompañamiento social. Ya no solo es preciso repensar los espacios incluyendo la mirada feminista, sino que la atención integral, se lea, se piense y se actúe con perspectiva de género y de cuidado.

fuente: Periféricas - Por Marina Granizo.

FEMINISMO ANTIPUNITIVISTA

La impunidad frente a las violencias machistas ha sido enorme en estos años, y en buena parte se ha debido a la existencia de una normativa y una judicatura patriarcal carente de formación y sensibilidad en perspectiva de género. Una carencia que se cultiva desde las mismas Facultades de Derecho en las que se imparte Derecho Eclesiástico, pero se desprecia abiertamente las aportaciones del feminismo jurídico.

En las Facultades de Derecho se sigue insistiendo en la neutralidad de la ley, en la idea de que el Derecho es ciencia o, cuando menos, una técnica eficaz y adecuada de resolución de conflictos, pero las mujeres somos conscientes de que no estamos a salvo ni frente al Derecho, ni frente a las decisiones judiciales, supuestamente imparciales, que se ocupan de ejecutarlo. No podemos asumir que la ley es orden ni la justicia es ciega, si la vivencia que tenemos del Derecho, su encarnación en nuestros cuerpos concretos, resulta tan distante de semejantes equivalencias.

Entre las mujeres el Derecho vence, pero no convence. Y, ojo, porque no se trata tanto de defender la objetividad del Derecho, que no es más que una profesión de fe, cuanto de exigir que sirva a los intereses de todos y todas, y no solo a los intereses de una parte. El Derecho es patriarcal porque cuando habla de violencia invisibiliza e inferioriza, con frecuencia, a las mujeres.

No es extraño, por tanto, que ante las agresiones sexuales que sufrimos, y animadas por un temor más que justificado, sean muchas las mujeres que pidan sanciones más severas, incremento de las penas, prisiones preventivas, prisión permanente revisable, castración química… en suma, restricción de derechos, también penitenciarios, a los varones que nos atacan. Los casos son múltiples, lamentablemente, y el goteo es tan constante que es lógico empatizar con este tipo de demandas. Sin embargo, hay que tener claro que esta pulsión punitivista no solo no soluciona nada, sino que empeora, por lo general, la situación de las mujeres.

La reacción punitivista, por más comprensible que sea, individualiza un problema estructural reduciendo la violencia sexual al estricto ámbito del consentimiento propio; el énfasis en el consentimiento, ejecutado desde una lógica patriarcal, acaba debilitando el énfasis en la coerción social a la que las mujeres estamos sometidas.

Como cuenta muy bien S. Watkins, en las campañas antiviolación que se protagonizaron en los campus universitarios de EEUU, en la época de Obama, “la idea del trauma personal reemplazaba a las nociones estructurales del dominio masculino y de la subordinación femenina” que había defendido el feminismo radical. Para la jurisprudencia feminista radical estadounidense la violencia sexual era el epítome de la desigualdad de género, la erotización del dominio y la sumisión, pero cuando lo único que se busca es criminalizar y castigar al agresor concreto, la referencia deja de ser la mujer “como clase” y pasa a ser, simplemente, el “yo”, la mujer “como víctima”.

Por lo demás, el punitivismo sobredetermina institucionalmente al movimiento de mujeres. Cuando las mujeres claman contra las violencias machistas constituyen una trama política que, como dice María Pía López, se lanza desde la corporalidad sintiente, desde la experiencia de la fragilidad común. Y es, precisamente, el reconocimiento de esa común vulnerabilidad el que nos permite evitar su captura securitaria. Cuando el Derecho nos protege solo mediante el uso de sanciones, nos fragmenta, nos despolitiza, y nos deja sin protección como grupo.

Finalmente, un proyecto legal desligado de un programa político-económico redistributivo, de una agenda social más amplia en torno a las violencias, y centrado únicamente en la justicia penal, tiene un alcance muy limitado, confirma el statu quo y alimenta las dinámicas utilitaristas del sistema. Dinámicas que pueden llevar a castigos espectaculares para los agresores señalados mediáticamente, represalias individualizadas de enorme calado para disuadir a terceros, pero que resultan inútiles, una vez eliminadas unas cuantas manzanas podridas.

El punitivismo es, además, un acicate para una extrema derecha sanguinaria que clama en favor de la cadena perpetua y la prisión permanente revisable, y que ha hecho del antifeminismo uno de sus ejes vertebradores.

Vaya, es cierto que, frente a un Derecho patriarcal, la protección de las mujeres requiere de un trato especial, pero ese trato no puede reducirse a una criminalización más vasta. Se requiere de un plan social y se requiere, además, de un sistema penal y penitenciario que incorpore, sin reservas, políticas preventivas. Un sistema en el que el poder judicial no trabaje desconectado de su entorno, solo y aislado, ninguneando a quienes pueden ofrecerle una visión más poliédrica de los problemas. Por eso, es esencial el papel de los psicólogos de vigilancia penitenciaria que evalúan el riesgo de reincidencia, por ejemplo.

En la sentencia del caso de La Manada, se dieron por probados unos hechos constitutivos de violación que fueron después calificados de abuso con prevalimiento, con el voto particular de uno de los magistrados, que pedía la absolución. La sentencia y las apreciaciones del voto particular generaron una gran oleada de indignación, pero lo que se buscaba no era tanto un incremento de la pena cuanto una tipificación adecuada; que se llamara a las cosas por su nombre y que se hablara de violación si era una violación lo que mostraban los hechos.

Frente a las mujeres, el Consejo General del Poder Judicial reaccionó apelando a la moderación, la prudencia, la mesura y la responsabilidad institucional «para evitar la utilización política de la justicia»; lo prioritario era salvaguardar la impunidad de las togas. Y una buena parte de las asociaciones de jueces y fiscales se comportaron también de manera corporativista, criminalizando, sin más, el activismo social, como si no fuera posible criticar las actuaciones judiciales sin incurrir en el más burdo retribucionismo; como si la «turba» de mujeres representara, por definición, un peligro que hubiera que contener, cuando esa «turba» era el fruto de una inteligencia colectiva atesorada gracias a la impresionante distancia que se ha abierto entre lo que los jueces reconocen como violencia y lo que nosotras experimentamos como tal.

En este tipo de casos de poco vale incrementar la pena. Se trata, más bien, de dar la batalla semántica para que la calificación y la valoración de las conductas se acomode a las vivencias y los testimonios de las mujeres, consideradas en su conjunto, y esto solo puede lograrse educando a los agentes jurídicos implicados e incorporando la prevención al sistema penal.

El Derecho es una extraña combinación de persuasión, burocracia y violencia, pero para funcionar, para generar orden, seguridad y justicia, esa combinación ha de ser equilibrada. No sirve de nada castigar si no se entiende el sentido del castigo. Si la violencia machista es un problema estructural, su abordaje no puede concentrarse únicamente en la figura del delincuente, ni en la de la víctima. No digo que no haya que castigar, digo que el castigo ha de aplicarse considerando que el delito no es el fruto de una patología individual (que también puede existir) sino de una red de relaciones profundamente patriarcales, y es esta red la que se tiene que erradicar.

FUENTE: la penúltima 

LEY MICAELA: UN SENADO UNÁNIME

Título original: un senado unánime

Los oradores opositores denunciaron “la hipocresía del Gobierno”, que recorta los presupuestos del área y declama la defensa de las mujeres.

Muchxs senadorxs mostraron uno de los carteles de las campañas feministas. 

Imagen: Leandro Teysseire

Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó ayer por unanimidad la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos (en Diputados, el miércoles a la noche, se aprobó por 171 votos a favor y uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo). En medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia, el oficialismo debió ceder a la presión social incorporar el proyecto en la orden del día de la sesión extraordinaria. Senadores y senadoras de todos los bloques opositores criticaron la “hipocresía del Gobierno” al asegurar la defensa de las mujeres y recortar en un 18 por ciento el presupuesto del área. Nancy González (FpV, Chubut) denunció que “desde hace un año y medio está cajoneada la ley de emergencia en materia de género”. María Magdalena Odarda (Frente UNEN, Río Negro), reprochó que no se había construido ni uno de los refugios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que empezarían a hacerse en febrero y que tampoco se organizó el cuerpo de asesores letrados gratuitos. 

La ley propone la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

La norma estipula la obligatoriedad de la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados.

El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INAM), que dirige Fabiana Tuñez, y el Ministerio de Modernización. En su artículo 4º, la ley establece: “Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, las que comienzan a impartirse dentro del año de la entrada en vigor de la presente ley. Para tal fin se podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres firmadas por el país”.

Consultados por este diario, desde el INAM (que es el organismo de monitoreo de la Convención de Belém do Pará y de otras sobre violencia de género) aseguraron que a la brevedad difundirán los detalles acerca de cómo serán los cursos, cómo se organizarán y quiénes van a dictarlos y evaluarlos. 

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género. El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardin contra Juan Darthes fue otra de las variantes que empujaron el proyecto, que se había presentado en 2017, tenía dictamen de comisión (consensuado entre diputados de todos los bloques) desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario por no ser tratado en el recinto.

Fuente: Página 12 

EL ACOSO COMIENZA EN LA INFANCIA

Título original: Un estudio de la UVigo constata que la violencia sexual empieza en la infancia.

-La autora del informe, María Lameiras, alerta de la impunidad de los agresores y de la cronificación de esta lacra -Concluye que las víctimas desarrollan sentimientos de miedo, culpa y vergüenza "porque son educadas para ello"

Cerca de 2.924 tuits y unos 326 comentarios en Facebook centraron el balance de participación en la campaña #PrimAcoso iniciada en noviembre de 2016 por el Concello de Pontevedra para denunciar a través de las redes sociales las experiencias vividas por mujeres desde la infancia. El hashtag hacía referencia a las palabras "primeiro acoso" o "primer acoso".

Los datos fueron analizados por el grupo de investigación Salud, Sexualidad y Género de la Univesidade de Vigo dirigido por María Lameiras, junto a Yolanda Rodríguez y María Victoria Carreira y que presentó junto a la concejala de Igualdade Carmen Fouces y la directora del CIM, Rosa Campos.

Entre las conclusiones destaca que el 76% de los casos relatados en esta campaña corresponden a la infancia, y su gran mayoría, un 65%, refieren abusos y agresiones sexuales. El 90% de los casos sitúan antes de los 16 años su primer recuerdo de acoso.

"La violencia contra las mujeres es un fenómeno generalizado y va a tener impacto en su vida. Se trata de una violencia interiorizada en la sociedad y por las propias niñas y mujeres que en muchos casos frente a la agresión sienten culpa y vergüenza", esta es una de las conclusiones del estudio, según indicó María Lameiras.

Añadió que estos sentimientos surgen porque las mujeres son educadas para pensar que ellas tienen "algún tipo de responsabilidad si son víctimas de alguna situación vinculada con el acoso".

Destacó el papel "sanador y terapéutico" que tiene para una víctima el poder compartir y "liberarse" de una experiencia de estas características, de ahí el respaldo a una campaña que alcanzó 1,5 millones de cuentas y tuvo más de 4 millones de impactos en las redes sociales.

Familiares o personas cercanas a las menores son los responsables de estos acosos. Entre los ejemplos de relatos compartidos a través de twitter destacan los que se refieren a profesores que aprovecharon su situación de poder para realizar tocamientos a alumnas, o los de adultos anónimos que utilizaron la indefensión de las menores para ejercer una actitud de violencia sexista.

Estudio a nivel europeo

Para la coordinadora del estudio, María Lameiras, los datos reflejan una concordancia con las conclusiones recientes de un estudio de la Comunidad Económica Europea, que sitúa los casos de acoso en una de cada dos mujeres, lo que supone el 50% de la población femenina.

"El acoso es una forma de frenar el avance de las mujeres; unha forma de deixarnos claro que estamos nun lugar que non nos corresponde", apunta María Lameiras. Por ello, hizo un llamamiento social a que no se consienta la impunidad de los agresores y a impedir la cronificación de la violencia de género.

María Lameiras divide el estudio #PrimAcoso en tres grandes categorías: las violencias múltiples que sufren a las niñas (abusos y agresioes sexuales, bullying y violencia en las relaciones de pareja adolescentes); las violencias múltiples que sufren las mujeres y la acogida de los micro-relatos compartidos en las redes (por parte mujeres y hombres).

El 76% de los casos denunciados a través de twitter son violencias múltiples contra menores.

Las situaciones de abusos y agresión sexuales a menores aglutina el 65 % de los casos, el bullying de tipo sexual el 10 % de las situaciones denunciadas y el 1 % corresponde con la violencia en las relaciones de pareja de adolescentes.

Fuente: Faro de Vigo

UN FALLO QUE NO CONSIDERA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los acusados en el caso de Lucía Pérez fueron absueltos del abuso sexual y condenados por comerciar drogas

En un fallo polémico, la justicia marplatense absolvió a los tres hombres que llegaron a juicio oral acusados del abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que murió en esa ciudad balnearia el 8 de octubre de 2016 tras ser drogada, aunque dos de ellos fueron condenados a ocho años de prisión por “tenencia de estupefaciente con fines de comercialización” y a pagar una multa de 135.000 pesos. El tercer implicado, fue absuelto y excarcelado. La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, de la que aún se desconocen los fundamentos, desoyó el reclamo de los familiares y del movimiento de mujeres que acompañó el pedido de Justicia por el caso de la joven que conmocionó a todo el país y derivó en el primer Paro Nacional de Mujeres. Marta Montero, mamá de Lucía, dijo tras escuchar la lectura del veredicto que era un momento “horrible”, y “doloroso”. “Los condenaron por la droga que tenían y no por la muerte de Lucía, Es una vergüenza”, afirmó, y remarcó que “vamos a ir a Casación, no bajaremos los brazos”.

Mientras cientos de personas aguardaban la sentencia fuera de los tribunales, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, condenaron por unanimidad a Matías Farías (25), Pablo Offidani (43), por tenencia de drogas con fines de comercialización agravado “por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Y los absolvió por el “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio” porque, según los magistrados, no hubo elementos suficientes durante el debate oral, al que los dos hombres llegaron detenidos en el penal de Batán con prisión preventiva, que probaran que la joven fue violada y asesinada. En tanto Alejandro Maciel (61), que había llegado al juicio con arresto domiciliario, acusado de encubrimiento agravado, fue absuelto y excarcelado bajo caución juratoria.

Los integrantes del Tribunal pidieron a la Procuración que investigue la actuación de la primera fiscal que intervino en la causa, María Isabel Sánchez –que luego se apartó del caso– quien en los inicios de la investigación sostuvo que la joven había sido violada y empalada, y que habría muerto producto de un reflejo vasovagal por el empalamiento.

En el juicio, por la muerte de la joven que fue abandonada sin vida en el hospital de Playa Serena por los acusados, esa hipótesis fue descartada. El  debate estuvo marcado por las diferencias entre los peritos acerca de la causa de la muerte, algunos sostuvieron que la adolescente falleció por “asfixia tóxica”.

Habrá que esperar los fundamentos del Tribunal para desentrañar un fallo que parece no hablar de la muerte de la menor, y ver cómo valoraron el hecho de que estuviera en manos de adultos que la drogaron hasta que perdió la vida.

El abogado de la familia Pérez, Gustavo Marceillac, aseguró que apelarán el fallo “cuestionando la visión que evidentemente ha tenido el tribunal en relación a la existencia del hecho que afectó a Lucía”. “En principio, el tribunal no ha tenido por acreditado un hecho que para nosotros estaba acreditado, y sobre esto va a girar el recurso que interpongamos”, explicó el letrado, quien había pedido en la audiencia de alegatos la pena de prisión perpetua para Farías y Offidani, y cuatro años y medio de prisión para Maciel.

Para el abogado querellante, Offidani fue cómplice de Farías en la venta de droga y partícipe necesario en lo referido al abuso sexual y la muerte de Lucía. Respecto a Maciel, Marcelliac aseguró que ayudó a “a borrar rastros del delito”.

En el mismo sentido apuntó el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien consideró que el fallo “naturaliza la violencia contra las mujeres”. “La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal”. Para Lorenzino, “pareciera que el asesinato es sólo un daño colateral de la compra y venta de drogas. La Justicia dejó pasar una oportunidad de reprochar conductas graves contra el cuerpo, la integridad sexual y la vida de una joven que sufrió una muerte terrible”. Y remarcó que “la impunidad, además de negarle justicia a la víctima y a sus familiares, refuerza las relaciones de género reinantes y la reproducción de desigualdades estructurales de dominación”.

Fuente: Página 12 

ACOSO CALLEJERO: EN MADRID 3 DE 4 MUJERES LO SUFREN

Título original: Tres de cada cuatro mujeres jóvenes en Madrid sufren acoso callejero verbal en lugares públicos muy concurridos.

Gran Vía, Sol o Atocha son los lugares donde las mujeres jóvenes sufren más acoso callejero en la capital, según el informe de la ONG Plan Internacional

En el 11% de los casos, haber presenciado una masturbación en público era la causa de sensación de intimidación

Plan International ha llevado a cabo un informe en Madrid, Lima, Sidney, Kampala y Nueva Delhi con 21.200 jóvenes entre 16 y 30 años

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hacía este lunes una afirmación que es cierta: la capital española está "entre las cinco ciudades más seguras del mundo. Es una ciudad absolutamente segura", aseguraba la regidora. Aún así, las mujeres no se libran del acoso callejero.

La ONG Plan Internacional ha hecho público este martes el informe 'Inseguras en Madrid'. Con la iniciativa Free to Be, Plan Internacional ha recogido 951 testimonios y experiencias de mujeres jóvenes de Madrid de entre 16 y 30 años. A través de una plataforma web, estas mujeres han señalado en mapas online los lugares dónde se sentían más o menos inseguras en su ciudad a la vez que explicaban el por qué. 

"El informe pone de relieve que el acoso callejero es algo habitual y normalizado: las chicas lo viven con resignación. Sin embargo, tiene su origen en relaciones desiguales de poder y afecta directamente a sus derechos: limita su libertad e impide que puedan vivir la ciudad en condiciones de igualdad", ha explicado Emilia Sánchez, directora de Incidencia Política de Plan International, en II Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz que se celebra esta semana en Madrid.

Las adolescentes y jóvenes, en su mayoría estudiantes señala la organización sin ánimo de lucro, indicaron unos 800 lugares de la capital donde habían sufrido algún tipo de acoso callejero, de los que tres de cada cuatro, el 72%, corresponden a acoso verbal callejero, es decir, sin contacto físico, como pueden ser piropos no deseados, miradas insistentes, silbidos o acercamientos.

"Esta fue la principal causa de preocupación de niñas y jóvenes en Madrid, puesto que crea sensación de inseguridad y vulnerabilidad y conlleva el constante miedo de escalada a formas más evidentes de violencia", señala la ONG en su informe al que ha tenido acceso eldiario.es. En el 11% de los casos, haber presenciado una masturbación en público era la causa de sensación de intimidación. 

Llama especialmente la atención de los responsables del informe que los puntos negativos en la capital española se encuentran en torno a sitios centrales e importantes". La mayoría de las experiencias desagradables se concentran en los espacios de "la calle" y el "transporte público", señala Plan Internacional, "lo que en algunas ocasiones condicionó sus actividades cotidianas".

En el caso de la calle, los puntos positivos supusieron el 52% y los negativos el 67%, concentrados sobre todo en zonas de aglomeración de gente, como la Puerta del Sol, la estación de tren de Atocha, las calles Gran Vía y Hortaleza y las calles Argumosa, Ave María y Tribulete en Lavapiés.

"Uno de los principales y más preocupantes resultados del informe es la normalización del acoso por parte de la sociedad", señala la organización. "Las jóvenes sienten que es un problema minimizado, y que, especialmente el verbal, no es considerado como una agresión".

El 48% de las chicas señaló que sucede con tanta frecuencia que ya están acostumbradas. Como resultado las jóvenes tuvieron que adoptar sus mecanismos de defensa: tras una situación de acoso el 39% evitó volver a pasar sola por el lugar, el 10% nunca volvió al sitio y, un 1% llegó a dejar los estudios o el trabajo a raíz de una experiencia de acoso, recoge el informe de Plan Internacional.

En general, el acoso no se denuncia. "Apenas el 8% de las jóvenes participantes se animaron a acudir a las autoridades y cuando esto ocurre la respuesta es mínima o nula: en el 73% de los casos señalaron que las autoridades no actuaron como ellas esperaban. Muchas formas de acoso no están tipificadas como delito en la mayoría de los países.

Fuente: ElDiario.es - 

LA "CRUZADA" DE LA INEXISTENTE IDEOLOGÍA DEL GÉNERO

TÍTULO ORIGINAL: Del género como ideología

El pánico moral desatado ante la “ideología del género” se expande como una celeridad que va del púlpito a un hashtag.

En Perú, un movimiento reaccionario se alzó con el objetivo de frenar la implementación de la educación sexual. En Chile y México, el autobús naranja “Por la libertad” circuló por las principales centros urbanos, invirtiendo el famoso resabio de Simone de Beauvoir, “Si eres mujer, seguirás siéndolo”. En Colombia, el intento de Acuerdo de Paz con la FARC fue impugnado por facilitar el “homosexualismo”. En Brasil, una efigie prostibularia de Judith Butler fue quemada, acusada de brujería. En Guatemala, la iniciativa 52/72 se propone la penalización del aborto y un régimen de conyugalidad heterosexual. Rodeado de un séquito militar, su presidente enfatizó que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer”, al momento de expulsar un organismo de la ONU, encargado de visar casos de corrupción en su gobierno. En España, el Foro de la Familia movilizó un millón de personas en contra del matrimonio igualitario en 2005. Pero cuando quisieron replicar lo propio en Argentina, cinco años después, no obtuvieron la misma capacidad de convocatoria. Recientemente, por vez primera, la Ley de Educación Sexual Integral está pronta a introducir el género y la diversidad sexual en su texto normativo, iniciativa que fue acusada de estar viciada de “ideología”. Un peligro inminente.

Pedagogía del opresor

En los últimos años, ha cobrado fuerza la aparición de un movimiento organizado transnacionalmente, tal como ha demostrado David Paternotte, interesado en realizar una cruzada moral contra la “ideología del género”. Esta política reaccionaria se organiza en defensa de un orden presentado como natural, que se vería comprometido por buena parte de la protesta sexual activada por feminismos y movimientos LGBT, a saber, derechos sexuales y (no) reproductivos (legalización del aborto), educación sexual, matrimonio igualitario, reconocimiento a la identidad de género y adopción de infantes, por mencionar lo mínimo.

Retóricamente, la “ideología de género” alimenta la vuelta a un origen reparador para garantizar un futuro admisible y lo hace operando no solo mediante un fundamentalismo religioso, sino también, dicho con Juan Marco Vaggione, a través de un “secularismo estratégico”, una operación argumentativa que no escatima en beber de saberes presentados como científicos y jurídicos para organizar su contienda.

Dos momentos históricos signan el montaje reaccionario ante la apropiación feminista-trans de la categoría género. La IV Conferencia de la Mujer en Beijing (1995), que en su plataforma introdujo un llamado hacia políticas públicas con enfoque de género. La declaración de los Principios de Yogyakarta (2007), que estableció estándares legales para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Mientras en el primer caso primó una versión estructural-funcionalista de subyugación de las mujeres cis, el segundo abrió una concepción fluida de modos de vivir y experimentar el género que no necesariamente se ajustan a la bicategorización moderna-colonial implantada por Occidente.

En 1997, Dale O´Leary, una reportera cercana al Opus Dei que asistió a Beijing, introdujo la categoría “ideología del género” en The gender agenda. Redefining equality. En 1998, Alzamora Revoredo, de la Conferencia Episcopal Peruana, publicó La Ideología de Género. Sus Peligros y Alcances.

 Los preceptos generales quedaron establecidos y, desde entonces, existen innumerables publicaciones que se caracterizan por su reiteración. En 2016, Agustín Laje y Nicolás Márquez publicaron El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural, un libro de dudosa fiabilidad intelectual en la que tergiversan múltiples líneas de pensamiento feminista, trans y queer, elaborando una suerte de “patchwork” que les permite descontextualizar un conjunto de experiencias socio-históricas diversas y discontinuas. En todos los casos, la sororidad feminista, las prácticas sexuales no-reproductivas y la afirmación de género fueron asociadas a la caída de la nación, la enfermedad, los tiempos finales.

Sin embargo, desde los años setenta, fue la propia teoría feminista la que identificó al género como una ideología con el objetivo de trazar una plataforma de acción política. Las lecturas feministas de Louis Althusser -filósofo marxista y femicida- fueron cruciales al comprender que el género, en tanto organización imaginaria de relaciones sociales entre los sexos, opera como una ideología. También al poner el acento en la necesidad de un funcionamiento subjetivo de la ideología, esto es, una interpelación primaria que convoca a los sujetos a devenir “varones” o “mujeres” bajo una mutua exclusión entre identificación y deseo (a un sexo-un género-un deseo). El análisis del género como ideología otorgó rigor teórico a una comprensión de lo personal como efecto de una organización político-sexual. Mejor aún, dicho por Teresa de Lauretis, si lo personal es político, entonces, no hay distinción entre tales esferas. Los agenciamientos sexodisidentes -incluidos los feministas- encontraron aquí su terreno de contestación.

¿Alguien quiere pensar en los niños?

Si bien es cierto que estos grupos provienen y simpatizan con iglesias católicas, evangélicas, pentecostales; ni el extendido mote de fundamentalismo ni de “anti-derechos” permite comprender los alcances de este movimiento, que suele recurrir a canales institucionales de agonización del conflicto político-sexual así como ofrecer veridicción científica absoluta. Calificarlos de grupos “anti-género”, como es frecuente en Europa, es privilegiar su artefacto discursivo que, al negar el género, actualiza su operación ideológica. Este movimiento no es anti-género, es un movimiento restaurador de un ordenamiento del género. Tales restauradores del orden no esconden su nostalgia por un paraíso perdido, un estado de naturaleza que, paradójicamente, revela toda su artificialidad en el propio conflicto social, tanto por las resistencias sexuales personales y colectivas como en las cruzadas que intentan volver a religar el orden de las cosas autoevidentes.

Pocos hashtag como el generado en Perú, #ConMisHijosNoTeMetas, guardan la cualidad de tensionar las transformaciones en el gobierno de la sexualidad y la producción socio-histórica de la infancia, incluidas sus formas jurídicas y clínicas (desde el “derecho del niño a la identidad”, pasando por la categoría de “incongruencia de género” del actual CIE-11).

 En primer lugar, porque el sintagma se arroga un patronato y patria potestad del menor, en Argentina ya derogados, que desconoce los términos de la Convención de los Derechos del Niño, cuya reglamentación normativa, en países como el nuestro, subió sus estándares de protección al prevalecer el derecho de éste cuando medie un conflicto con un tercero. Sean estos los embajadores de la heterosexualidad compulsiva, la profilaxis o la gestación forzada.

En segundo lugar, porque la defensa de una inocencia original de “mis hijos”, vínculo definido por jerarquización, es el efecto de un acabado ideológico por excelencia. Como figura a disciplinar y normalizar el niño convoca a una comunidad educativa, tanto la familia como a la escuela. Conviene recordar que, durante largo tiempo, la cultura escolar se sostuvo bajo el ideal naturalizado de familia nuclear heterosexual, auspiciando la utopía civilizatoria del progreso a través de la escolarización. La materialización espacial del clóset, del secreto que organiza lo decible, necesitó históricamente de la escuela. La sexualidad atrapada de la señorita maestra depende de una versión aséptica, garantizada en la cancelación del cuerpo sexuado a través del uniforme escolar y su mutua correspondencia al infante, objeto de cuidado, de extensión protésica de las dotes maternales. La nuestra es una disputa por la desterritorialización de un histórico currículum oculto, el de la incitación jerarquizada de la diferencia sexual y la heterosexualidad obligatoria.

Presente extendido: educación sexual para decidir

Luego de que, en agosto de 2018, una mayoría circunstancial del Senado optó por sostener una ley centenaria de penalización del aborto, el Congreso argentino avanzó hacia un dictamen de reforma de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral. El impulso dado por los Frentes de Educación Sexual Integral y Frentes de docentes por el derecho a decidir fue contundente. De aprobarse, la normativa a tratar está pronta a reconocer el respeto a la identidad de género y la orientación sexual, un arreglo curricular conforme a saberes científico y laicos de importancia pública que, al mismo tiempo, reconoce los saberes de las culturas de pueblos originarios. Esto supone una expansión de la frontera de saberes pedagógicos hacia una comprensión pluriversal de la autodeterminación corporal.

Sin embargo, los restauradores del orden, de momento, impidieron la incorporación del fallo FAL y el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo al proyecto de reforma. En cada uno de estos embates, no se trata tanto de lograr una versión armónica de la “sexualidad enseñable” como de asumir la conflictiva movilidad y parcialidad de lo que contará como contenido curricular. ¿No fue esto lo que aprendimos de la fisura curricular que provocaron cientxs de jóvenes portando pañuelos verdes en sus mochilas escolares?

Fuente: La Tinta - Por Emmanuel Theumer. Fotgrafías: M.A.F.I.A