SIN LÍMITES PARA LA PRÁCTICA DE LA VIOLENCIA

Título original: Una niña invisible

No es casual que el fallo que otorgó una adopción prenatal, por fuera del marco jurídico argentino, lo haya firmado una jueza de Corrientes. De esa provincia es la diputada nacional por Cambiemos, Estela Mercedes Regidor, la que comparó fetos con perritos en el debate por la legalización del aborto: ella presentó en setiembre de 2018 un proyecto de ley para incorporar al no nacido al Código Civil argentino, para promover así la adopción pre natal y convertir a mujeres gestantes en incubadoras. No es la única propuesta con ese objetivo: también senadores antiderechos impulsan una iniciativa similar.

Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador Ricardo Colombi, radical como Regidor, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia". Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese compromiso “pro vida”.

La provincia no implementó un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con excepción de un caso que se hizo en marzo con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud públicos. Es más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en violaciones -o a sus madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y Ausentes Nº 1 del Poder Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de una niña de 10 años: “Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la bebé´”, contó un año atrás en Radio Sudamericana, una radio local.

En ese contexto, una adolescente de 18 años le dice a la jueza de Familia de Paso de los Libres que quiere abortar: “No quiero tener de nuevo otro bebe a la fuerza, producto de una violación”. Le cuenta que ¡desde los 13 años! su padrastro la abusa sexualmente y consecuencia de esas sesiones de tortura en su propio hogar, ya concibió una niña que tienen dos años. Y no quiere tener una criatura más así.

Es una adolescente que lleva cuatro años siendo violada por la pareja de su madre. ¿Nadie supo en su entorno, en la escuela, en el hospital cuando fue a parir dos años atrás el calvario que estaba viviendo? ¿Dónde estuvo el Estado para protegerla? Después del primer parto tenía que haber intervenido el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y hacer un seguimiento de su situación: garantizarle asistencia psicológica y lo que ella necesitara, asistentes sociales deberían haber ido a su domicilio para ver cómo estaba, algo que evidentemente no ocurrió porque si no se hubiera podido detectar tempranamente el segundo embarazo producto de los abusos a los que fue sometida sistemáticamente. Esa niña fue invisible.

La jueza de Paso de los Libres avaló su pedido de aborto, aunque no es requisito esa autorización. Pero en el Hospital San José, de Paso de los Libres, le dijeron a la adolescente que el embarazado ya estaba muy avanzado (¿según, qué criterio?) porque rondaba las 23 semanas (¿será cierto?) y que era riesgoso interrumpirlo. Mentira. Hay formas seguras de hacerlo, aun en ese momento de la gestación. El interés superior de esa adolescente fue vulnerado. La objeción de conciencia encubierta en centros de salud hace estragos: puede manipular, con falsa información, la decisión de una adolescente en estado de vulnerabilidad asfixiante, como la de esta piba, que se tuvo que escapar de su casa, como le contó a la jueza, y refugiarse en lo de una tía. ¿Dónde están las voces de la política para poner en el debate público el extendido problema de los abusos sexuales intrafamiliares hacia niñes y adolescentes y analizar en profundidad cómo actuar efectivamente para proteger a tantas chicas que son víctimas de este aberrante delito? ¿Es que no quieren buscar cómo poner fin a esa avalancha de maternidades forzadas que cuentan las estadísticas oficiales y que rondan cada año alrededor de 2500?

La adopción prenatal es ilegal. No está contemplada en nuestro ordenamiento legal. Convalidarla no tiene otro objetivo que construir el sentido de que la vida fetal, un no nacido, es una persona, un sujeto de derecho a ser adoptado. Abona a la cruzada antiderechos que pretende convertir en “criadas”, meras incubadoras, a pibas pobres que son abusadas ante el silencio cómplice y ensordecedor de una sociedad que prefiere mirar para otro lado. Duele.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal

DEL ABUSADOR NO SE HABLA

Título original: Infancia robada 

La nena llora acurrucada en los brazos de una mujer extraña, que conoció apenas el día anterior. Pero que la abraza. La abraza fuerte, como queriendo espantar fantasmas. Esa mujer y otra compañera del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, mujeres de corazón feminista, se acercaron a su casa, en un barrio pobre de la capital salteña, para poder ofrecerles a ella y a su familia lo que necesiten, y especialmente, contención e información. No es fácil la escena. Sienten impotencia. También ellas lloran. 

La nena tiene un embarazo que nunca buscó. Y que es consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometía la pareja de su mamá. Ese hombre, que seguramente se excitaba con el sometimiento y la humillación de la pequeña, está preso. Pero su mamá ahora que él no está, no tiene con qué parar la olla. No tiene nada. No pudo cumplir con las casas a las que iba a planchar y limpiar. Pide ayuda, lo que sea, dice. Tiene la mirada perdida, y en brazos un bebé de un año y medio, que seguramente tuvo con quien torturaba hasta hace poco a su nena, la segunda de sus hijas, la que cumplió 11 años en febrero. La mayor tiene 13. Pero de ese hombre no se habla. No es momento.

En la misma casa vive la abuela, que tiene unos 45 años, y que cuenta que ella también fue abusada por su propio hermano. Dice que no le creyeron, ni sus padres. Ni nadie. Y a los 11 años, producto de esos abusos, tuvo a la mamá de la nena, esa nieta que ahora, a esa misma edad, vive una historia repetida. ¿Cómo romper con esa cadena de abusos perpetrados por varones que se consideran con derecho a apropiarse de cuerpos de niñas vulnerables? Por eso, entre otras razones, queremos que caiga el patriarcado. 

La nena tiene el cuerpo esmirriado, flaquito, y ya se le empieza a notar eso que tiene ahí, que va creciendo y deformando su vientre, que nunca deseó y que tal vez, todavía no termine de comprender de qué se trata. 

En febrero la mamá la llevó al Hospital Papa Francisco, del barrio Solidaridad, en la capital salteña, porque le dolía la panza. Le hicieron análisis de sangre y orina, buscando un problema en el hígado o gastrointestinal. La mamá los muestra. Tienen fecha del 17 de febrero. En ese momento, la gestación llevaba 8 semanas aproximadamente. Pero le dijeron que la nena estaba constipada, que tenía materia fecal atascada, recuerda. Si en ese momento la hubiera atendido un equipo interdisciplinario atento, preparado, para ver más allá, quizás podría haber sospechado, captado algún otro síntoma –que seguramente exhibía– de los abusos y pensar en la posibilidad de un embarazo forzado. Pero nada de eso pasó y la mandaron a la casa. 

La nena tenía otra mierda atascada: las palabras, la posibilidad de contar, de romper el silencio y decir que eso que le venía haciendo la pareja de su mamá, no le gustaba. Es probable que la tuviera amenazada para callar. Como suelen hacer los perpetradores de abuso sexual a niñas. La mayoría de estos episodios ocurren en el ámbito intrafamiliar. La nena ahora juega con su hermanita más pequeña. Su mamá muestra que también le indicaron otros análisis de sangre y orina en marzo: tienen fecha del 15 de marzo. Tampoco ahí se buscó constatar un embarazo. Ya rondaba las diez semanas. 

El aborto en esa instancia hubiera sido más sencillo. Incluso, con el marco normativo restrictivo que impuso hace seis años el gobernador peronista Juan Manuel Urtubey, hubiera podido interrumpir esa gestación en un hospital salteño, siempre y cuando, claro, no le pusieran algún otro obstáculo arbitrario e ilegal. ¿Le habrían informado sobre el derecho a un aborto en casos de violación en el mismo hospital? 

La asesora de Incapaces, Patricia González, le hizo firmar a la madre, su beneplácito para continuar con la gestación. Lo hizo antes de que Urtubey derogara, el jueves, el protocolo restrictivo que establecía un límite de 12 semanas para el aborto en casos de violación. Es probable que también le haya dicho que en Salta no tenía derecho a un aborto porque superaba ese plazo. Después del escarnio público que forzó al gobernador a adherir al Protocolo Nacional, que sigue los lineamientos de la Corte Suprema para casos de abortos legales, la mamá recibe insistentes llamados de funcionarios públicos del gobierno salteño, para preguntarle si ahora la nena va a abortar. ¿Se puede ser tan perverso?

Apenas unos días antes, a la mamá le dijeron que con un aborto “van a morir los dos”, en referencia a la nena y el producto de la violación. ¿Se lo dijeron funcionarios públicos del hospital Materno Infantil de Salta, donde le detectaron finalmente la gestación el 9 de mayo, a la semana 19 o de Tribunales? Qué importa a esta altura. La mujer, claro, está aterrada. No quiere que su hija corra riesgos. Pero los corre. 

Primero la violó un varón. Después, el Estado, con sus tentáculos patriarcales. 

La nena pesa alrededor de 32 o 35 kilos, según estimaron quienes la vieron. Con ese peso va a cursar un embarazo de alto riesgo. El aborto, con casi 22 semanas de gestación, tampoco sería un procedimiento sencillo, aunque no imposible. ¿Quién está en condiciones de tomar la mejor decisión, poniendo por delante el interés superior de la niña, que sin dudas es su salud, física y psíquica? 

Pienso en esa madre, en esa nena, en su abuela y en tantas otras nenas abusadas, embarazadas, despojadas de sus derechos, con un Estado que les da la espalda, que las ignora. Y lloro. 

Fuente. Página 12 - Por Mariana Carbajal