LOS GOLPES QUE PRECEDEN AL FEMICIDIO

El feminicidio es la cara más visible del machismo en América Latina, pero no la única. La violencia de género es un mal endémico, enraizado en la sociedad latina y, sobre todo, en la educación y en las familias.(1)

Las cifras son abrumadoras.
Por ejemplo, en un país como Nicaragua el 40% de los delitos denunciados tienen que ver con la violencia machista, según señaló esta semana la presidenta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, Alba Luz Ramos.

Además, los expertos critican que algunos gobiernos latinoamericanos no ayudan a terminar con la lacra del maltrato. Rashida Manjoo, relatora especial de Naciones Unidas para la Violencia de Género, denunció recientemente que ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con el Gobierno de El Salvador para hablar sobre maltrato, sin obtener respuesta.

La estadística no da tregua en ningún país latinoamericano. La Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua ha contabilizado este año la muerte de 51 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 19 más que en el mismo periodo del año anterior. En todo 2010 murieron 89 mujeres. En Guatemala, la impunidad alcanza al 96% de los homicidios por violencia de género, según la Comisión Internacional contra la Impunidad de dicho país y México, el país de la región con la tasa más alta de violencia machista, fue el primer estado en ser condenado por feminicidio por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia de abril de 2009.


Sin seguimiento

"La jueza aplica sanciones, pero no hay vigilancia policial, no hay un seguimiento del caso", se queja esta mujer, que a pesar de que su última pareja tiene una orden de alejamiento aún puede verle merodeando por el colegio. La ONG Intervida, que tiene en el país un programa contra la violencia de género, ayudó a Maura en el proceso de recuperación y de puesta de la denuncia. "El sistema judicial adolece, no protege a las víctimas, y con ellas hay que hacer un enorme trabajo para que recuperen la autoestima", señala Margarita Gutiérrez, delegada de la organización en Nicaragua.

El Instituto de Medicina Legal de Nicaragua atiende al año a unas 25.000 víctimas de violencia intrafamiliar, pero luego apenas hay recursos para ellas. En Managua, por ejemplo, sólo hay una casa de acogida con apenas 20 plazas. "Pero sí que empieza a haber cierta conciencia de que hay un problema social y de que tenemos que atajarlo, sobre todo a través de la educación de los más pequeños", agrega Gutiérrez.

Precisamente esta semana se ha puesto en marcha la campaña "Acceso de las mujeres a la justicia en materia de familia y violencia" en la que colabora, entre otros, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid).

Asistencia psicológica

Alyson Herrera trabaja en la comisaría del distrito VI de Mujer y de Niñez de Managua, un lugar específico donde las mujeres pueden ir a presentar denuncia por maltrato. "Aquí les tomamos declaración, y luego remitimos el expediente al Ministerio Público; buscamos al maltratador y a ella le damos asistencia psicológica", afirma Herrera. "El goteo de mujeres que acuden a esta comisaría a poner denuncias es continuo", agrega Mabel Moreil, una de las policías encargadas de las investigaciones de los casos. La mayoría de los hombres argumentan en su defensa que habían bebido, señala esta agente, que incide en otro componente muy común: la mayoría de las mujeres soporta el maltrato porque no puede independizarse económicamente de su pareja.

Los expertos señalan que educar a los más pequeños en igualdad es fundamental. "Educación, educación y educación. Esa es la clave. Pero no sólo en los colegios, sino a través de las familias, los medios de comunicación o, para el que tenga creencias, el ámbito religioso", señaló en una reciente entrevista con este diario Rashida Manjoo, la relatora especial de Naciones Unidas para la Violencia de Género.

"Muchos hombres, si ven que ella es la que triunfa, la que estudia, a la que le salen las cosas bien, crecen en ese grado de frustración de que ella es mucho mejor que él. Y es entonces cuando tienen que hacer uso del poder para afianzarse", concluye Gutiérrez.

(1) - EL FEMICIDIO NO ES PRIVATIVO DE AMÉRICA LATINA., LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES CONSIDERADA POR LA OMS UNA PANDEMIA/ ONG DESAFIOS Y COMPROMISOS

FUENTE: OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO / MADRID

SE CREA FISCALÍA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Debido al incremento en la cantidad de mujeres que son víctimas de maltrato, de los cuales un gran porcentaje culmina en asesinato, tal como el renombrado caso de Carolina Aló o el más reciente donde una joven fue degollada y tirada a la basura dentro de una bolsa, la Justicia bonaerense determinó la creación de la “Fiscalía de violencia de género”.

Esta nueva área dentro del ámbito judicial recibirá únicamente denuncias penales por maltrato. Además asistirá y brindará contención a las denunciantes.
La nueva Fiscalía funcionará en San Isidro, provincia de Buenos Aires y marca un precedente a seguir por el resto de las jurisdicciones judiciales del país.
Será inaugurada el miércoles próximo y en la ocasión el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y el intendente local, Gustavo Posse, firmarán el convenio para la implementación de la Oficina Fiscal Especializada en Violencia de Género, Delitos Contra la Integridad Sexual y Violencia Familiar, que funcionará dentro del edificio, de la nueva Fiscalía.
En el marco de esta iniciativa se elaboraron protocolos de actuación en los que se priorizan “el principio de asistencia a la víctima, que implica que junto al esfuerzo por la investigación aparezca en paridad de objetivos el especial cuidado de la misma, aportando con la gestión a la orientación y al fortalecimiento de la mujer», dijo el fiscal Novo.
En tanto que con estas nuevas maneras de atender a las víctimas, se trata de evitar la revictimización y que independientemente de las áreas que intervengan, del Estado o no todas deben trabajar coordinadamente para dar una respuesta integrada. Un aporte al respecto lo plasman psicólogas especialista en el tema, entre ellas Verónica Figueroa, quien asegura que es necesario cambiar la dirección de las investigaciones después de que un hecho como este sucede, puesto que es habitual que la primera en ser investigada sea la víctima y no el victimario, porque “nunca una mujer avala un hecho de violencia”. Es necesario desmitificar a quien sufre de los hechos de violencia ya sea física, mental o emocional, porque cuando se anima a denunciar debe recordarse los riesgos que corre y la exposición a la que se somete, si el agresor la descubre, señala este informe.
Los delitos ocurridos dentro de las paredes de una casa no son los únicos a los que las mujeres se ven expuestas, puesto que se deben considerar desde los “arrebatos sexuales hasta los acosos sufridos muchas veces dentro del ámbito laboral”.
Sin embargo es fundamental recordar, como ya lo señalara nuestro diario en un informe, que los matrimonios violentos se inician en noviazgos violentos y es allí donde se debe actuar para evitar consecuencias mayores.
La Justicia Penal de La Plata dictó esta pena a Lucas Carrieri, de 29 años, quien en 2006 mató a su novia tras discutir con ella.
La joven de tan sólo 19 años, era diez años menor que el asesino y tenía un hijo de 4 años.
La tarde del crimen, Paula Polichella fue de visita a la casa de su novio y nunca más apareció con vida. Los familiares de Paula preocupados por su ausencia fueron a la vivienda de Carrieri, y éste les dijo que ella estuvo sólo unos minutos y que prosiguió camino para visitar a un amigo en Berisso.
Pero finalmente, la verdad se conoció cuando el cuerpo de la joven fue hallado a la vera de una ruta cerca de San Miguel del Monte, dentro de una bolsa de basura y degollada. Tras el hallazgo, el criminal confesó que lo hizo por celos.

FUENTE: PRENSA LIBRE

Mujeres extranjeras podrán pedir asilo si su país no las protege del maltrato

El Tribunal Supremo (TS) ha concedido el asilo a una mujer argelina, víctima de violencia machista en Argelia, en una sentencia en la que establece que las extranjeras maltratadas tienen derecho a acceder a la condición de refugiadas si su país de origen no las protege de forma adecuada.

La sentencia, que la razón a la mujer después de que el Ministerio del Interior le negara el asilo, considera que las víctimas extranjeras de violencia machista merecen protección cuando sea evidente que la tutela dispensada por las autoridades de su país se revela “inútil o ilusoria”.

El Supremo considera acreditado que la mujer fue forzada a casarse con su esposo por un acuerdo familiar y que fue objeto de “continuas agresiones y vejaciones” así como a “continuos malos tratos físicos y psíquicos”.

El fallo recuerda que la última reforma de la Ley de Asilo ampara a las mujeres que no gozan de protección jurídica eficaz frente a actos de violencia sexual o de violencia doméstica o que padecen una grave discriminación por razón de género.

La mujer argelina a la que se le ha concedido el asilo se divorció en el año 1993 pero los maltratos, para ella y su descendencia, continuaron. Abandonó Argelia y pidió asilo en España, solicitud que le fue denegada en 2007 por el Ministerio del Interior que, no obstante, le concedió un permiso de residencia por razones humanitarias.

La víctima decidió entonces recurrir la resolución ante la Audiencia Nacional, que corrigió a Interior y le reconoció en 2007 el derecho de asilo, al entender que había sido objeto de una “grave persecución por motivos de género”, situación que se enmarca en los motivos contemplados en la legislación en materia de asilo.

A su vez, la Abogacía del Estado recurrió ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, argumentando que la sala había hecho una “interpretación indebida” de la ley reguladora del derecho de asilo y refugio de 1984 y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Estos argumentos han sido ahora rechazados por la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TS, abriendo la puerta al amparo de mujeres que en sus países no encuentran protección frente al maltrato.

Fuente: Ameco Press

BIBIANA AÍDO NOMBRADA ASESORA DE ONU MUJERES

Bibiana Aído se va. Tras ocho meses al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad, ha sido nombrada asesora especial de la oficina para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU. Así lo hizo público este sábado en su página web esta entidad, conocida como ONU-Mujeres, que se creó el 2 de julio de 2010 y que dirige la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Aído formará parte del área de Organización y Administración, una de las tres patas en las que se sustenta este organismo. ONU-Mujeres destaca de Aído "su empeño de desarrollar políticas de género transversales y por la igualdad entre géneros". Además, hace hincapié en el protagonismo de Aído en la promoción de la estrategia europea y en la creación del Observatorio Europeo contra la Violencia de Género.

Bachelet ha escogido a otras cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, para que la asesoren. España es el mayor contribuyente económico mundial a los organismos de género de la ONU y de ONU-Mujeres. Cuando se fundó esta entidad, España fue el primer país en contribuir, con 50 millones de euros.

Incorporación en 15 días

Los nombramientos aún no son oficiales y Bibiana Aído desconoce cuándo empezará a trabajar con Bachelet. Mañana participará en Nueva York en una junta ejecutiva ordinaria de ONU-Mujeres, de la que España forma parte, aunque todavía asiste como secretaria de Estado de Igualdad. Está previsto que Aído se incorpore a su nuevo cargo en unas dos semanas.

Su marcha deja el interrogante de quién le sustituirá al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad, e incluso de si esta cartera se mantendrá. "Es pronto para saberlo", explican en el Ministerio.

Bibiana Aído fue nombrada ministra de Igualdad en abril de 2008, cuando se formó el gobierno de la segunda legislatura de José Luís Rodríguez Zapatero. Con la última reestructuración del Ejecutivo, en octubre de 2010, el Ministerio de Igualdad se integró en el de Sanidad y Política Social, y Aído fue nombrada secretaria de Estado de Igualdad.

Esta reconversión fue duramente criticada por las asociaciones de mujeres y de homosexuales, que consideraron la desaparición del Ministerio de Igualdad como una amenaza a las políticas por la Igualdad y contra la Violencia de Género, que el ejecutivo socialista había impulsado desde su llegada al poder en 2004. La Ley contra la Violencia de Género, de diciembre de 2004, fue el primer paso. En 2005, se aprobó la ley que permitió a las personas homosexuales contraer matrimonio. Y dos años más tarde, el Gobierno aprobó la Ley de Igualdad de Género.

A su llegada a Igualdad, Aído impulsó el desarrollo de estas normas y promovió la Ley de Igualdad de Trato, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. En 2009, ya durante su mandato, se aprobó el Plan Integral contra la Trata. Y, en julio de 2010, la Ley del Aborto, impulsada con el Ministerio de Sanidad.

Queda por definir la eliminación de los anuncios de prostitución de los medios de comunicación. El Consejo de Estado emitió hace unos meses un informe favorable a la supresión.

Contento de las asociaciones

Las asociaciones de mujeres más representativas aplaudieron el nombramiento de Aído. "Es una muy buena noticia que una española vuelva a los órganos internacionales [el pasado enero, Inés Alberdi dejó el Fondo de Desarrollo para la Mujer de la ONU]", destaca la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos.

De la misma opinión es la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que recuerda a Aído que su función en la ONU es "la lucha contra la violencia de género". Además, le insta a convocar un congreso internacional sobre la lacra machista en España. Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, se muestra convencida de que la llegada de Aído a la ONU supondrá un avance en políticas de igualdad.

FUENTE: PÚBLICO

MÉXICO : POR UNANIMIDAD PENAS DE HASTA 60 AÑOS POR FEMICIDIO EN DF

Por unanimidad, la Asamblea Legislativa agregó al Código Penal la tipificación de esos homicidios. Más de 1.700 mujeres fueron asesinadas en México desde 2009. Esperan que la medida se imite en todo el país

Entre los "elementos objetivos" que probarán un feminicidio, se enumera "la existencia de lazos de cualquier tipo entre el presunto asesino y la víctima", detalló Leticia Bonifaz, consejera jurídica del Distrito Federal.

Otro de los aspectos para tener en cuenta será si la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones. También tendrá relevancia el hecho de que el cuerpo aparezca en un lugar público o si la víctima estuvo incomunicada, pero además se considerará si existen antecedentes de violencia familiar.

Así, la Justicia del Distrito Federal podrá condenar a 60 años de prisión al agresor que "haya sostenido con la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, parentesco, laboral o cualquiera que implique subordinación o superioridad".

Las reformas al código Penal y al de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la obligatoriedad de que la Procuraduría General de Justicia del DF elabore un protocolo específico para proceder en las investigaciones de este tipo. Y el Tribunal Superior de Justicia deberá seguir esas mismas reglas en las autopsias, investigaciones periciales y ministeriales.

El Instituto de las Mujeres del DF celebró la aprobación de las reformas. "Representa un gran adelanto en el combate a la impunidad de estos asesinatos y en la reparación del daño a las víctimas indirectas", declaró en un comunicado. Las organizaciones civiles esperan que estas reformas se imiten en el resto de los estados del país.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio contabilizó un total de 1.728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados de México. Si bien no ocupa el primer puesto, el Distrito Federal forma parte del triste ranking de seis estados en los que más mujeres mueren a causa de la violencia de género. En Jalisco es donde se registran más feminicidios; siguen Tabasco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Distrito Federal y Guerrero, según el primer Índice para Alerta de Violencia de Género (IAVG) de 2010, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
FUENTE:INFOBAE.COM

LA VEJEZ AMENAZADA

Hay que decirlo ya y levantando la voz, que de bajezas e infamias, ninguna como la que se configura cuando se trata de la violencia física o Psicológica ejercida por un hijo contra su padre.

Con todo y que ya contamos en Colombia con una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, hace poco, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia en contra del Abuso y Maltrato de la Vejez, se denunciaba la vejación y el abuso contra los ancianos como algo cada vez más común en nuestra sociedad y se mencionaban 1.781 casos de violencia intrafamiliar física y Psicológica contra personas mayores de 60 años ocurridos todos ellos en el 2010, con un incremento respecto del año anterior cercano al 20 por ciento, y con el agravante de que de cada diez casos, cuatro de ellos eran provocados por sus propios hijos.

Gracias a la lectura que he hecho de diversos estudios, he podido deducir que las cinco principales quejas de los viejos -eufemísticamente llamados adultos mayores-, son: la despreocupación social por su salud, el abandono, la escases de centros asistenciales, el desamparo estatal y, con gran énfasis por su impacto emocional, el maltrato familiar.

En Cuba, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), los más relevantes victimarios son "sus propios hijos adultos con el 44.4%, los cónyuges 14.6%, pareja actual (afectivo y/o sexual) 9.7%, u otros familiares (nuera, yerno, etc.) 17%... las edades de los hijos/as agresores fluctúan entre 26 y 45 años."

Es necesario resaltar que Colombia está en un proceso de envejecimiento, acorde con una de las previsiones socio-demográficas proyectadas para los próximos años que señala un forzoso e irreversible envejecimiento de la población mundial.

Por ejemplo, han venido apareciendo cifras preocupantes como las entregadas por el DANE en donde se advierte que cerca del 10 por ciento de la población de nuestro país sobrepasa los 60 años sugiriéndose la posibilidad de que en el 2050, por cada adolescente, habrá tres mayores, y estimándose que en los próximos 20 años -merced a los adelantos de la ciencia médica que ha ido reduciendo las tasas de mortalidad, ¡los mayores de 80 años crecerán a un ritmo del 400 por ciento!

Pero sirva este abordaje a un tema de tan señalada importancia global, como lo es el de la vejez, para poner por algún momento el dedo en la llaga de una de las más salvajes injusticias originada por la enferma naturaleza humana contra este particularmente vulnerable sector de la sociedad.

Nadie puede argumentar que desconoce al menos algunos de los innumerables sufrimientos a que el irremediable destino y la implacable naturaleza conducen al hombre cuando este tiene la intrepidez, la obligación o el estoicismo de alcanzar la vejez. A ésta, su última edad, llegan en tropel toda clase de males que van desde la pérdida de control sobre lo económico, hasta su reducción a la impotencia cuando debe someterse sin opción de defensa alguna a los caprichos arbitrarios o las violencias físicas y Psicológicas de quienes los rodean.

Alguien hacía esta conmovedora lista de lo que con tanta frecuencia ocurre: "Apropiarse de su jubilación, sacarle créditos sin permiso, adueñarse de sus bienes, menospreciarlos, tratarlos como niños, ignorarlos, gritarles, empujarlos y hasta golpearlos y abandonarlos… y (los ancianos) callan por vergüenza o miedo".

El hijo que amenaza a uno de sus padres con cortarle la ayuda económica, con no visitarlo más, o con la depravada y abominable notificación de una demanda judicial, lo hace porque se siente ya habilitado y con la suficiente sangre fría para infligirle a su progenitor cualquier otro tipo de monstruosidad.

A los dos conflictos más sobresalientes en la supervivencia de numerosos hombres y mujeres de la tercera edad, cuales son el abandono y el maltrato, habría que agregársele esta nueva variante, disfrazada ella, impúdicamente, de sólo verbo, "una mera expresión", pero con nombre cierto de artefacto explosivo, amenaza, con lo cual no se está haciendo nada específico, pero se está cumpliendo el objetivo de derrumbar la moral y la tranquilidad del anciano a través del terror que le ocasiona lo que puede llegar a sucederle cuando se concrete.

La vejez, pues, amenazada por todos los flancos, y tantas y tantas veces desde sus propias entrañas.


FUENTE: SEMANA.COM / GERMÁN URIBE

EEUU: LA VISA "U" PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

La primera cuota de visas tipo U se entregó a finales de 2007, casi ocho años después de que el Congreso creara este beneficio migratorio para víctimas de crimen y violencia doméstica.

Con esta visa se benefician inmigrantes indocumentados quienes pueden permanecer y trabajar en Estados Unidos con un permiso temporal de tres años. Luego de esa fecha tienen derecho a solicitar la residencia permanente.

Mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica y defensores de los inmigrantes indican que la visa ‘U’ es una esperanza para las víctimas de delitos. El Congreso aprobó una cuota de 10 mil por cada año fiscal

De qué se trata

La visa tipo ‘U’ de no inmigrante fue creada por el Congreso en octubre de 2000 y beneficia a extranjeros víctimas de crímenes y que quieran colaborar con las autoridades estadounidenses en el esclarecimiento de estos hechos delictivos.

La lista de crímenes involucra violaciones de leyes criminales federales, estatales o locales. Y van desde asesinatos, violaciones, tortura, explotación sexual y chantaje, hasta manipulación de un testigo, obstrucción de la justicia y detención ilegal/injustificada.

Después de tres años el beneficiario puede pedir la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).

¿Cómo se reúnen los requisitos para la clasificación U No Inmigrante?

Hay cuatro requisitos que satisfacer según los reglamentos:

La persona debe haber sufrido abuso físico o mental sustancial como resultado de ser víctima de una actividad criminal calificada;
La persona tiene información concerniente a la actividad criminal;
La persona fue útil o está siendo útil en la investigación o proceso del crimen, o existe la posibilidad de que lo sea; y,
La actividad criminal debe haber violado las leyes estadounidenses o haber ocurrido en los Estados Unidos.

¿Qué constituye una actividad criminal?

Por ley, una actividad criminal calificada se define como aquella que involucra a una o más de una lista larga de actividades que violan las leyes criminales federales, estatales o locales, y que van desde asesinatos, violaciones, tortura, explotación sexual y chantaje, hasta manipulación de un testigo, obstrucción de la justicia, detención ilegal/injustificada, etc. Esta lista no es exclusiva; de hecho, la lista de crímenes calificados representa una gama amplia de los tipos de comportamientos que pueden constituir los crímenes de la violencia doméstica, el abuso sexual, el tráfico de personas y otros de los cuales a menudo son objeto los inmigrantes vulnerables.

Pasos obligatorios

¿Cuáles son los procedimientos para solicitar la clasificación U No Inmigrante?

Los extranjeros víctimas de un crimen deben someter una petición para Clasificación ‘U’ No Inmigrante (Petition for U Nonimmigrant Status / Formulario I-918). El formulario pide información para determinar si el solicitante reúne los requisitos de tal clasificación, así como información sobre su capacidad para ser admitido en los Estados Unidos. La USCIS asignó el Centro de Servicio en Vermont como sede central actual para recibir todas las peticiones de la clasificación U No Inmigrante. Tal centralización permitirá que los oficiales del USCIS desarrollen experiencia para manejar las peticiones de la clasificación.

¿Cualquier extranjero puede decir que fue víctima de un crimen y solicitar esta clasificación especial?


No. El extranjero víctima debe llenar una petición para estado ‘U’ No Inmigrante y también contar con una certificación como "ayudante" de una agencia autorizada para otorgarla. Eso significa que la víctima debe proporcionar una Certificación para Estado U No Inmigrante (U Nonimmigrant Status Certification (Formulario I-918, Suplemento B) de parte de un oficial federal, estatal o local del orden público que demuestre que el solicitante "ha ayudado, está ayudando, o tiene la posibilidad de ayudar" en la investigación o proceso de la actividad criminal. Asimismo, la certificación debe ir firmada por el director de tal agencia o por un supervisor asignado con la autoridad para expedir certificaciones en nombre de tal agencia.

¿Cómo se determinan las "agencias autorizadas" para dar certificaciones?

Las agencias autorizadas para expedir certificaciones incluyen agencias federales, estatales o locales del orden público, un procurador o juez, o bien, alguna otra autoridad a cargo de la investigación o proceso de la actividad criminal. La regla también incluye otras agencias tales como las de protección de menores, la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo y el Departamento del Trabajo, ya que estas tienen jurisdicción para investigar crímenes dentro de sus respectivas áreas de experiencia.

¿Qué hace que esta clasificación de no inmigrante sea distinta a otras, tales como el estado ‘T’ Inmigrante?

Otras clasificaciones de no inmigrante, tales como la visa ‘T’, requieren que un extranjero esté presente físicamente en Estados Unidos como condición para reunir los requisitos. La USCIS determinó que el marco reglamentario del estado U No Inmigrante permite que los extranjeros víctimas de un crimen calificado soliciten tal clasificación dentro o fuera de Estados Unidos.

¿Pueden solicitar la clasificación U No Inmigrante los familiares del solicitante?

Aún cuando los familiares que acompañan al solicitante pueden obtener la clasificación de "U" No Inmigrante, bajo ciertas circunstancias; ellos no pueden someter una solicitud por su propia cuenta. El solicitante principal (el extranjero víctima) debe presentar la petición a nombre de los familiares que reúnan los requisitos. Si el solicitante principal es menor de 21 años de edad, los familiares calificados incluyen el cónyuge, hijos, hermanos solteros menores de 18 años y los padres del solicitante. Si el solicitante tiene 21 años de edad o es mayor, los familiares calificados incluyen su cónyuge y sus hijos. Para que un familiar obtenga el estado migratorio "U" No Inmigrante, este debe:

Ser un familiar calificado (según se describe arriba) y,
Poder ser admitido a los Estados Unidos.
El solicitante principal puede someter el Formulario I-918, Suplemento A, a nombre de los familiares que reúnan los requisitos.

¿Existe un límite de Visas U No Inmigrante expedidas, que pueda aprobar la agencia?

La USCIS podrá otorgar el estado de ‘U’ No Inmigrante a no más de 10 mil extranjeros principales dentro de cualquier año fiscal (del 1 de octubre al 30 de septiembre del a;o siguiente). No obstante, el límite no corresponde a cónyuges, hijos, padres y hermanos solteros que acompañen al extranjero víctima o que lo seguirán para reunirse con él (o ella). Si se llegase al límite en un año fiscal antes de adjudicar todas las solicitudes, USCIS creará una lista de espera con la que la agencia considera que creará un mecanismo estable por medio del cual podrán estabilizar su calidad migratoria las víctimas que estén cooperando con las agencias del orden público. Además, se otorgará acción diferida a los solicitantes asignados a la lista de espera, (lo que significa que podrán solicitar autorización para trabajar o viajar) hasta que puedan adjudicarse sus peticiones al comenzar el siguiente año fiscal.

¿Cuánto tiempo podrá una persona mantener la clasificación "U" No inmigrante?

La clasificación ‘U’ No Inmigrante no puede exceder cuatro años; se permitirán las extensiones si se presenta la certificación de alguna agencia autorizada para tal fin, la cual indique que se requiere la presencia del extranjero en los Estados Unidos para ayudar en la investigación o proceso de una actividad criminal calificada.

Camino a la residencia

¿Puede eventualmente solicitar el estado de residente permanente una persona que haya tenido la clasificación de ‘U’ No Inmigrante?

Sí. Tal persona debe haber estado presente física y continuamente en los Estados Unidos por un periodo de por lo menos tres años a partir de su fecha de admisión como No Inmigrante ‘U’; y, la agencia debe determinar que la presencia continua de tal persona en el país se justifica por motivos humanitarios para asegurar que exista una familia unida, o bien, si esta situación es lo mejor para el interés público.


¿Existe una fecha límite para someter las peticiones de la clasificación "U" No Inmigrante?


No. Sin embargo, la USCIS alienta a los solicitantes que ya hayan recibido amparo provisional (ver la siguiente respuesta para una explicación de "amparo provisional") a someter el Formulario I-918 dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta regla. Sencillamente, después de tal fecha, el proceso de amparo provisional ya no tendrá efecto y la agencia no seguirá tomando en cuenta las solicitudes iniciales del mismo. Sin embargo, si un solicitante sometió debidamente un Formulario I-918 y la agencia aún no ha dictaminado una decisión al respecto, se extenderá el amparo provisional hasta que la USCIS adjudique la petición.

¿Existen cuotas en relación con esta clasificación nueva?

Este programa tiene que ver con el bienestar de algunos solicitantes y peticionarios y la decisión de la USCIS de anular la cuota de solicitud refleja el objetivo humanitario de los estatutos. Por lo tanto, no se cobrará ninguna cuota por someter el Formulario I-918 ni por la clasificación derivativa "U" No Inmigrante para familiares que reúnan los requisitos. No obstante, los solicitantes sí deberán pagar las cuotas establecidas de los servicios biométricos de cada persona de entre 14 y 79 años de edad que se incluya en cada petición. La cuota actual de servicios biométricos es de $80 por persona. Los solicitantes que no puedan sufragar la cuota de los servicios biométricos podrán someter una solicitud de exención de la misma.

FUENTE:UNIVISIÓN NOTICIAS.COM

PROHIBIR LA PUBLICIDAD DEL COMERCIO SEXUAL AJENO

El año pasado se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que establece la prohibición de la oferta, la promoción y/o la publicidad del comercio sexual ajeno por cualquier medio de difusión. El segundo determina una multa en dinero aplicable a quienes transgredan tal prohibición. Ambas medidas están dirigidas a quienes sostengan, administren o utilicen medios gráficos, audiovisuales o red de telecomunicaciones. Por lo tanto, la prohibición de publicitar el comercio sexual ajeno tiene como destinatario un amplio abanico, que comprende desde la persona individual que acerque un aviso con este tipo de contenido, por ejemplo, hasta el o los propietarios de los medios que acepten difundirlo.

El espíritu de este proyecto, que tiene giro a las comisiones de Legislación Penal y Comunicaciones e Informática y que lamentablemente aún no ha recibido tratamiento, se fundamenta en un reconocimiento básico: el alcance y el poder de los medios de comunicación.

Ese poder es beneficioso en tanto difunde información a las y los ciudadanos sobre lo que sucede a nuestro alrededor, sobre los actos de gobierno o las actividades de las distintas instituciones públicas. Pero no está exento ni de transmitir estereotipos sexistas (y con ello, además, contribuir a naturalizarlos y legitimarlos) ni de dar espacio a la propaganda de actos que provienen de conductas delictivas. Y es justamente en esto en lo que se incurre con la mayoría de los avisos clasificados que promocionan el comercio sexual ajeno. En la Argentina la prostitución no está prohibida, pero sí lo está el proxenetismo, es decir, la explotación del ejercicio de la prostitución ajena. No es otra cosa que el apoyo a esta actividad ilegal lo que los medios de comunicación realizan cuando publican avisos que refieren a esta conducta.

Y más aún: ya no podemos, como sociedad, hacernos los distraídos con la problemática de la trata de personas en nuestro país. Ya no hay ni lugar ni tiempo, ante la magnitud de las dimensiones de este aberrante negocio en la Argentina, para caer en ingenuidades. No quiero decir que los medios de comunicación o las empresas de servicios de Internet avalen la trata de personas, pero pretendo señalar que nadie es ajeno o ignora lo que se publicita en los avisos clasificados conocidos bajo el rubro 59 o el rubro “acompañantes”. Tampoco lo es a las propuestas audiovisuales que convocan, por ejemplo, a enviar la palabra “colegiala”, “vecina” o “carita” a tal o cual número de móvil. Por lo tanto, si el proxenetismo y la trata, además de ser delitos, constituyen actos opresivos y de profunda violencia, el circuito que los promueve, también lo es.

FUENTE: PÁGINA 12

MADRID: RTVA adopta código de autorregulación sobre la violencia machista

Elaborado por el Consejo Profesional de Canal Sur Televisión y Canal Sur 2 en colaboración con especialistas jurídicos, en sociología y seguridad, así como con miembros de asociaciones por la igualdad y la protección de la mujer, RTVA ha adoptado una guía de autorregulación que pretende reafirmar las políticas públicas en contra del machismo y de su arraigo cultural y social.
El documento constituye 'el conjunto de principios, modelos de conducta y normas que deben observar los profesionales', según Pilar Vergara, directora de Informativos. El director general de RTVA, Pablo Carrasco, ha valorado el esfuerzo realizado 'en aras de la televisión de utilidad que siempre he defendido'.


Según Pilar Vergara, este documento reafirma el compromiso de la cadena con la lucha contra la violencia de género y ha sido elaborado por los propios profesionales de la televisión andaluza para garantizar lo que la sociedad espera de un medio público. 'El apoyo y respeto de las normas y principios de conducta ética contenidos en este documento sustentan y fortalecen la búsqueda de la excelencia profesional. El documento constituye el conjunto de principios, modelos de conducta y normas que deben observar los profesionales', ha subrayado Vergara.

En 2010 murieron 73 personas víctimas de la violencia de género y hubo más de 134.000 denuncias en toda España. Por ello, el director general de RTVA, Pablo Carrasco, ha señalado que 'la violencia machista, pese al rechazo social que tiene en gran parte gracias a los medios, no está ni mucho menos erradicada, como vemos con las cifras de 2011. 29 víctimas en España y 9 en Andalucía solo en este año. Seguro que este código, en la medida que cale entre los profesionales, nos ayudará a todos a hacer mejor las cosas en este terreno'.


El morbo no es noticia

Los redactores de la televisión pública andaluza han recabado el apoyo de diversos especialistas en sociología, derecho y seguridad, así como de miembros de asociaciones por la igualdad y la protección de la mujer, en aras de formalizar la noticia en las redacciones, y reafirmar las políticas públicas en contra del machismo y de su arraigo cultural y social en el ámbito de la comunidad autónoma. Canal Sur se convierte así en una de las primeras televisiones autonómicas en adoptar un código deontológico que regule el tratamiento de la información relacionada con la violencia machista, de género, sexista o contra la mujer.

El documento se articula en torno a las siguientes claves, que responden a las dudas que pudieran surgir sobre los términos, el tratamiento informativo y las imágenes empleadas: 'la violencia machista no es un suceso convencional, el morbo no es noticia ni información, la urgencia sobra; el rigor es imprescindible. Debe servir para arrinconar a autores, encubridores y personas que justifican y disculpan estos hechos. La igualdad, la libertad y la integridad de las personas son valores irrenunciables y cualificadamente protegidos'.


Terminología

El código recomienda el uso de expresiones como ‘violencia machista, sexista, contra las mujeres’ o ‘violencia de género’, en detrimento de ‘violencia doméstica, familiar, de pareja’ o, por su imprecisión e inexactitud, ‘violencia masculina contra las mujeres’.

Se rechazan también aquellos términos, coartadas, excusas y estereotipos que puedan justificar el hecho violento o distorsionen el acto criminal: ‘crimen pasional’, ‘consumo de alcohol o drogas’, ‘celos’, ‘discusiones de pareja’, ‘era una persona normal’, ‘tenía un amante’, o ‘coqueteaba con todo el mundo’.

Cuando la violencia contra la mujer tenga como resultado la muerte, se hablará de ‘crimen’, ‘atentado’, ‘homicidio’ o ‘asesinato’.

Hasta que no haya una sentencia firme, los términos más apropiados son ‘presunto agresor, homicida, criminal, autor, culpable o reo’, ‘supuesto autor’, ‘sospechoso’, ‘arrestado’, ‘detenido’, ‘imputado’, ‘acusado’ o ‘procesado’. Si en el transcurso de los hechos, de la investigación o del proceso judicial confesara su culpabilidad, el agresor también será ‘autor confeso’.

El código de autorregulación recomienda también, para referirse a la víctima, la utilización de los términos ‘mujer’, ‘víctima’, ‘víctima mortal’, ‘maltratada’, ‘agredida’, ‘fallecida’ y ‘muerta’, o bien el empleo de su nombre propio sin apellidos.

Los hechos son igualmente presumibles, supuestos o conjeturables hasta que haya una sentencia firme. Su descripción parte de una fuente. Los adjetivos, sobran.


Tratamiento informativo

En cuanto al tratamiento informativo, el Consejo Profesional parte del rechazo a considerar las noticias relacionadas con este tipo de agresiones como ‘sucesos’ convencionales. El interés informativo de un acto cometido contra la integridad física, psíquica y moral de las personas subyugadas, en este caso la mujer, debe estar revestido de lógicas cautelas que contribuyan a acabar con este grave problema social que atenta contra los principios de igualdad, la dignidad de la mujer, y en muchos casos contra el derecho a la vida, según recoge el código.

En el documento se dan recomendaciones como preservar la intimidad, el honor y la dignidad de la víctima; no extenderse en detalles en la descripción de la muerte -'mejor noticia breve que noticia inflada'-; respetar la presunción de inocencia del agresor hasta que se demuestre lo contrario, cuando haya una sentencia firme condenatoria o nunca prescindir de las fuentes oficiales -Policía, Guardia Civil, Servicios Sociales, etc-. También se pide a los profesionales que cuiden las imágenes y desestimen el material audiovisual que induzca al morbo, al sensacionalismo y al espectáculo.


FUENTE: OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO /MADRID

MEXICO: INTEGRA SALUD COMITÉ PARA ATENDER VIOLENCIA FAMILIAR EN TLACOLULA

OAXACA, OAX., junio 30.- Ante el firme compromiso de dar certidumbre y acceso universal, respecto a la atención médica de manera efectiva y segura a las víctimas por algún tipo de agresión, así como establecer mecanismos para su prevención, se conformó en el distrito de Tlacolula de Matamoros, el Comité interinstitucional para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.


Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número seis “Sierra”, Hermenegildo López Cruz, quien señaló que en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, es indispensable que la población conozca y sea consciente de las afectaciones que derivan de esta problemática.

Detalló que en dicho comité participan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Hospital Rural Oportunidades número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cruz Roja Mexicana, así como personal de Tránsito del Estado y autoridades municipales de esta cabecera distrital.

Precisó que existen muchos factores sociales tales como el machismo, la educación, la cultura, que provocan que una de cinco mujeres sufra algún tipo de violencia en esta región del estado, en este sentido comentó que mensualmente la institución reporta 30 casos de denuncia en este rubro.

Recordó que a partir de 1999, surgió el programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual Contra las Mujeres y a través de la norma oficial 046-SSA2-2005, todas las unidades médicas del sector, incluso privadas, atienden este problema que es considerado de salud pública.

En su oportunidad, la Jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva, María Teresa Gutiérrez Cruz, refirió que mediante el trabajo coordinado entre las autoridades sanitarias, de procuración de justicia y los organismos no gubernamentales ha permitido que se intensifiquen las acciones conjuntas contra la violencia de género en todos los ámbitos.

Y es que en la actualidad más del 88 por ciento de las mujeres en general ha tenido o vivido alguna situación de violencia en alguna etapa de su vida, en este contexto dijo que los costos sociales que genera la violencia son la generación de niños de la calle en la cual los padres son violentos, por lo que se vuelve un círculo vicioso de pobreza y enfermedad.

Reiteró que en la actual administración del gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo y del titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Germán Tenorio Vasconcelos, se fortalece la red de Centros Especializados en la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), para beneficio de las y los oaxaqueños, los cuales brindan servicios especializados de manera confidencial y gratuita.

Agregó que tras identificar alguna afectación en las pacientes, se les ofrece atención médica calificada, orientación legal y si es necesario se canalizan a las instituciones pertinentes para seguimiento del caso.

Sostuvo que con el propósito de contribuir a la erradicación de la agresión al sector femenil, se capacita constantemente al personal médico, de enfermería y áreas afines, así como directivos para unificar criterios y conceptos sobre este problema que aqueja a la sociedad, además se ofrece orientación a estudiantes de nivel básico.

Por su parte la responsable jurisdiccional del Programa de Violencia, Edith Yescas Arellanes, dijo que es necesario fomentar una cultura de respeto a través del fortalecimiento de programas que protejan a las víctimas por maltrato.

Finalmente hizo un llamado a las mujeres que viven o sufren una situación de violencia que acudan a las unidades médicas, donde se les orientará y dará todo el apoyo necesario para su atención y canalización a las unidades especializadas más cercanas.
FUENTE: E-OAXACA MX