lunes, 22 de febrero de 2016

SIETE CLAVES QUE REVELAN LAS INEQUIDADES DE GÉNERO AÚN VIGENTES EN MÉXICO




Ademas de  tener que responder a modelos estereotipados que imponen unas estéticas incomodas,las mujeres en México son victimas de otras inequidades indicadas en el interesante articulo de  Miguel Ángel Vargas V.


1. Brecha salarial

Las mujeres mexicanas registran una menor participación en el mercado laboral que los hombres: según datos censales, en 1990 las mexicanas solo representaban el 22% de la fuerza laboral del país, y en 2010 llegaron a representar el 40% de la población económicamente activa.

Cuando superan las dificultades que las alejan de un empleo remunerado, el salario que reciben las mujeres es menor que el obtenido por los hombres por actividades similares.

Un estudio de 2013 elaborado por El Colegio de México señala que la brecha salarial en México es, en promedio, de entre 6% y 8% en áreas urbanas.

2. Carencias alimentarias

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte que las condiciones de pobreza en el país agudizan la desigualdad de género en México.

En el estudio Pobreza y género en México, el Coneval indica que los hogares encabezados por mujeres presentan carencias alimentarias en una proporción mayor a los hogares que tienen a un varón como jefe de familia.

En 2012, el 24.3% de los hogares encabezados por mujeres presentaron carencias alimentarias, mientras que los que tienen a hombres como jefes de familia sólo 20.5% registraron esta situación.

3. Acceso a la educación

En nivel de primaria y secundaria, el porcentaje de matriculación es mayor para las mujeres mexicanas que para los hombres.

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que el 98% de las mujeres mexicanas cursan la primaria y el 96% de los hombres del país; de manera similar, en secundaria la matriculación femenina es de 87% y la masculina de 81%.

Sin embargo, la situación se revierte en el nivel de educación superior, al que llegan solo el 27% de las mujeres y el 28% de los hombres.

4. Agresiones de pareja

En las relaciones de pareja, las mexicanas enfrentan situaciones que afectan no solo la inequidad, sino que incluso ponen en riesgo su seguridad física y emocional.

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (realizada en 2011), el 46% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años reportan haber sufrido alguna agresión de pareja.

Asimismo, el 53% de las mujeres se consideran víctimas de violencia económica por parte de sus parejas; 29% reportan agresiones físicas y 16% se dicen víctimas de violencia sexual, según este estudio de opinión realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

5. Acceso al poder político

En las últimas décadas, se han ido implementando medidas legislativas para favorecer el acceso y la participación de las mujeres en la vida política del país.

Hasta el año pasado, la ley electoral imponía una cuota de género de 40% en las postulaciones al Congreso federal; y una reforma constitucional promulgada en enero pasado elevó este requerimiento hasta 50%. Estas medidas han permitido que las mujeres representen el 33.6% de los escaños en el Senado de la República y 38% de los asientos de la Cámara de Diputados, cuando una década atrás estas cifras no superaban el 20%.

Sin embargo, en otros niveles de gobierno y en otros poderes, la inequidad es mayor. En los 32 congresos estatales, la presencia femenina oscila entre 8% (Querétaro) y 33% (Distrito Federal), según cifras del Reporte Legislativo de la consultora Integralia.

Y en los diversos poderes ejecutivos, la participación de las mujeres es aún menor: actualmente ninguna de las 32 entidades del país es gobernada por una mujer; y en el gabinete federal solo tres de 21 dependencias tienen una cabeza femenina.

A nivel municipal, solo 5.5% de las alcaldías están presididas por mujeres, según datos de Fernanda Vidal, especialista de género en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el Poder Judicial las cosas no 'pintan' mejor para las mujeres: en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, solo ocupan dos de 11 asientos.

6. Trabajo en el hogar

Las mujeres no solo enfrentan inequidades en el ámbito público, también las viven en sus familias: trabajan más en el hogar que sus contrapartes hombres.

Las mujeres mexicanas dedican 373 minutos cada día a diversas actividades del hogar, más de tres veces que los 113 minutos destinados por los hombres, según cifras de la OCDE.

En algunas de las tareas realizadas en casa, las diferencias de género son mayores: en el cuidado de los hijos, las mujeres destinan 53 minutos al día y los hombres solo 15; ellos pasan 75 minutos diarios realizando actividades rutinarias como limpieza, preparación de alimentos o lavado de ropa, mientras que ellas le dedican 280 minutos al día, casi el cuádruple.

7. Tiempo para diversión

Y si las actividades del hogar que implican esfuerzo son asumidas mayoritariamente por las mexicanas, para las actividades recreativas las mujeres tienen menos tiempo que los hombres para realizarlas.

La OCDE señala que las mujeres mexicanas destinan 206 minutos al día a actividades recreativas, como ver la televisión o convivir con amigos, mientras que los hombres pasan 236 minutos diarios realizando este tipo de actividades.

Fuente: Mujer del mediterráneo.
Por Miguel Ángel Vargas V.

jueves, 18 de febrero de 2016

CURA ABUSABA DENTRO DEL CONFESIONARIO. SE SOLICITA REABRIR LA CAUSA

Título original: " Pruebas nuevas para reabrir la causa"


Julieta Añazco había denunciado al cura Héctor Ricardo Giménez de haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña. La causa fue archivada por el fiscal Marcelo Romero. Ahora encontró nuevos testimonios y pruebas, y pide reabrirla.






En el confesionario me obligaba a colocarme muy cerca de su cuerpo de forma tal que sus labios casi rozaban los míos y me tocaba el sexo. En su habitación me desnudaba, tocaba el sexo y sacaba fotografías que luego me exhibía en formato de diapositivas mediante un proyector”, relató una mujer, en una carta dirigida al arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, donde le pidió le informe sobre las medidas tomadas por la Iglesia Católica frente a las numerosas acusaciones que ya desde la década del 80 recaían sobre el cura Héctor Ricardo Giménez.( VICTIMARIO, PEDÓFILO,) La mujer, que prefiere preservar su identidad, está dispuesta a declarar en la Justicia. El fiscal de Cámara bonaerense Héctor Vigliolo acaba de ordenar desarchivar la causa iniciada en 2013 contra el sacerdote por abusos sexuales cometidos contra niños y niñas décadas atrás mientras estuvo ejerciendo como párroco en la iglesia Madre de la Divina Gracia, de Gonnet, y con posterioridad, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de City Bell. El expediente estuvo dos años en manos del fiscal de La Plata, Marcelo Romero, quien a pesar de los testimonios contundentes que señalan al sacerdote como pedófilo, dispuso su archivo, con argumentos que dan cuenta de su desconocimiento absoluto de los delitos contra la integridad sexual: alegó que no había testigos de los hechos cuando se sabe que los abusadores suelen actuar en el ámbito privado, sin la presencia de otras personas más que sus víctimas. Vigliolo ordenó además sacarle la causa a Romero y pasarla a la UFI N°3, a cargo de Marcelo Martini. Paradójicamente o no tanto, el religioso viene siendo protegido por Justicia platense y la propia Iglesia Católica desde que fue denunciado por primera vez a mediados de los 80. Mientras tanto, seguía abusando de niños y niñas, especialmente en campamentos de verano que él mismo organizaba. La última causa contra Giménez se abrió el 19 de setiembre de 2013 a partir de la denuncia de Julieta Añazco, una empleada municipal, de 43 años, que vive en La Plata y que, tal como informó oportunamente Página/12, durante más de 30 años anuló en su memoria aquellos episodios dolorosos de su infancia. Hasta que un día, dos años y medio atrás, al pasar frente a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad bonaerense de City Bell, algo se activó en sus recuerdos y sacó del olvido los abusos sexuales que había sufrido de parte del cura, en campamentos de verano. Desde entonces, Julieta emprendió una lucha comprometida para que el religioso, a quien encontró dando misa en la capilla del hospital San Juan de Dios, de La Plata, fuera juzgado. La acompaña el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, y particularmente la patrocina una de sus integrantes, Estefanía Gelso.

“Antes de recordar los abusos era muy introvertida, casi no hablaba y mucho menos en público, hoy me siento libre. Creo que volví a nacer. Pero tuve que recorrer el camino de sanar mis heridas, de aprender que no tuvimos la culpa, tuve que aprender a quererme y a perdonarme. Creo que es lo más difícil, pero hoy me siento viva”, dijo Julieta a Página/12. En su búsqueda de Justicia, contactó a otras mujeres, ya adultas, que como ella, en su infancia sufrieron abusos de parte del mismo cura. Algunas no quieren presentarse a declarar, para no remover historias dolorosas del pasado. Pero una de ellas, ahora aceptó. Como primer paso, esta otra víctima le envió un pedido de informes al Arzobispado de La Plata, donde les cuenta que ella fue abusada sistemáticamente desde que tenía 8 años hasta los 11 por Giménez. Tiene cuarenta y pico de años y trabaja en el ámbito universitario. “Las misas las pasaba censurada, recortaba una tela adhesiva y la pegaba en el sexo, los pechos y/o mis ojos, y luego sin censurar... En la carpa grande el sacerdote ubicaba a su alrededor las colchonetas de los niños por él abusados, una vez que todos los niños dormíamos, Héctor Ricardo Giménez me despertaba, desnudaba y colocaba sobre su cuerpo desnuda. Recuerdo vívidamente su pene apoyado en mi sexo. Cerraba los labios muy fuerte para que él no pueda introducir su lengua en mi boca y pese a que decía sistemáticamente que ‘no’, él continuaba con su abuso sexual. En la carpa destinada a enfermería recuerdo que cuando tenía oportunidad me desnudaba y tocaba mi sexo y acariciaba todo mi cuerpo pese a que sistemáticamente le pedía que se detuviera y, avergonzada, le decía que no, esto lo excitaba aún más continuando con su abuso. Allí recuerdo que me tomaba fotos y las proyectaba, sé que esto también lo ejerció con otros niños.” Su relato es escalofriante. Todavía no obtuvo respuesta del Arzobispado. Se animó a romper el silencio después de años de terapia. Ella y sus hermanos fueron abusados por el mismo cura. Pero sólo ella se animó a sacar aquellos actos delictivos a la luz.

La abogada Gelso cuestionó, en diálogo con este diario, que el fiscal Romero en los dos años que instruyó la causa no haya citado a declarar a Añazco para ampliar su declaración ni a Giménez, que ya pasó los 80 años. Tampoco pretendió corroborar la existencia de los campamentos de verano donde mayormente ocurrieron los abusos denunciados, agregó la letrada. Simplemente decidió archivar la causa por falta de testigos presenciales. Sin embargo, en el expediente brindó declaración testimonial Valeria Berta Regner, quien contó que “al momento del baño el padre Ricardo nos agrupaba, nos llevaba a una carpa donde nos bañábamos, allí él nos decía que nos debíamos desnudar y nos iba indicando cómo enjabonarnos los genitales, nos iba diciendo que nos diéramos vuelta y le mostremos como lo estábamos haciendo”. Agregó que “yo siempre recordé lo que pasaba en las duchas en los campamentos, luego cuando empezamos a contactarnos con otras víctimas que hablaron de los manoseos que sufrían por parte de Ricardo al momento de la confesión y en los exámenes de catequesis, recordé que cuando yo me iba a confesar en la Parroquia Madre de la Divina Gracia él me abrazaba y me acercaba a sus genitales, recuerdo que yo quedaba de espaldas a él o tres cuartos de perfil y él me arrimaba hacia su cuerpo...”.

También declaró el padre de Valeria, Juan Enrique Regner, que colaboraba en el traslado de los elementos para la realización de los campamentos en un campo que se llamaba La Unión, ubicado en la localidad de Bavio y detalló que el padre Ricardo se quedaba solo con los niños y las niñas y no quería que los padres se acerquen al campamento porque “molestaban”. Recordó que una tardecita se hizo presente en el campamento y observó cómo el sacerdote bañaba a los niños y “...le dije que no me parecía bien que bañara a los chicos, ya que ellos se bañaban solos, teniendo en cuenta que los más chiquitos tenían unos 9 años, pero el padre en ese momento me dijo que tenía que bañarlos porque los chicos se ensuciaban mucho y tenía que bañarlos bien (sic)...”.

Julieta encontró dos causas penales contra el cura, que datan del ‘85 y el 96, iniciadas por madres de otras chicas y chicos abusados, y que dejan en evidencia el amparo que la Justicia de La Plata y el Arzobispado de La Plata le brindaron a Giménez, como en otros casos de curas pedófilos. En una de las causas incluso fue detenido, pero se le concedió una excarcelación extraordinaria y el entonces Arzobispado platense le limitó el ejercicio sacerdotal. Fue absuelto el 28 de diciembre de 2001 por el juez Emir Caputo Tártara. En un informe que monseñor Aguer envió a la UFI N°6 ante una serie de preguntas, el arzobispo dijo que tras la absolución “yo mantuve la restricción impuesta por mi predecesor y le impuse el precepto penal de abstenerse de todo trato de menores de 18 años y le advertí que la no observancia de lo dispuesto implicaría la aplicación del entredicho ferendae sententiae”, que significa la excomunión, según el Código Canónico. Giménez interpuso recurso ante la Santa Sede, que lo rechazó, confirmando la actuación del Arzobispado, según informó Aguer en la Justicia. También dijo que “ante la reiterada súplica de Giménez ya anciano y enfermo en 2007 “yo mismo lo nombré asistente espiritual de las comunidades Camino Neocatecumena asegurándome de que no tratara con menores de edad”. Pero Julieta lo detectó en 2013 dando misa en la capilla del hospital San Juan de Dios, donde con organizaciones de mujeres le hicieron un escrache, dato que omitió Aguer en su declaración por escrito. El arzobispo aseguró que Giménez reside en La Plata y actualmente no desempeña ninguna labor sacerdotal. Julieta no tiene dudas: afirma que el religioso, “pudo hasta ahora esquivar condena y cárcel con la complicidad de la Iglesia Católica y la propia Justicia”.

FUENTE: Página 12 - Por Mariana Carbajal

miércoles, 17 de febrero de 2016

ESPAÑA: PATRIA POTESTAD Y GÉNERO, ¿ CAMBIO DE PARADIGMA?



El pasado 29 de septiembre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avaló la privación de la patria potestad por vía penal en un intento de asesinato de la pareja presenciado por la hija menor. La sentencia resulta significativa teniendo en cuenta la reacia tendencia jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a la pena de privación de la patria potestad – sin perjuicio de acudir a la vía civil – y todo ello pese a que desde el 2010 la reforma introducida en el art. 55 del Código Penal prevé – como potestativa y con naturaleza accesoria – tal imposición en penas de prisión igual o superior a diez años siempre y cuando exista una relación directa entre el delito cometido y la privación de este derecho. Significativas resultan – en estos sentido – las palabras del Supremo cuando en su fundamento jurídico quinto dice textualmente: 

“(…) repugna legal y moralmente, mantener al padre en la titularidad de unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su madre”.

 Se trata de una sentencia importante en tanto en cuanto se podría decir que marca un antes y un después en el ámbito de la violencia de género y en su afectación a las y los menores. 

La razón es obvia toda vez que cabe observar una ruptura con ese discurso jurisprudencial/patriarcal dominante que ha visto compatible ser un agresor por violencia de género a la par que un buen padre de familia. El propio Supremo – en la sentencia referenciada – habla de ‘resistencia’ a la aplicación en el proceso penal de la pena de privación de la patria potestad. Resistencia que cabe constatar tras un análisis de su jurisprudencia concretándose en la adopción del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de Sala de 26 de mayo de 2000. Ahora bien, ¿cuáles son los términos en los que se concreta esa ruptura discursiva dominante en sede jurisprudencial? ¿Habrán influido las últimas modificaciones normativas en materia de protección de menores, a saber; Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia? ¿Y el II Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016? ¿Y la condena de la ONU a España en el caso González Carreño? Pues bien, vayamos por parte y veamos en donde radican los cambios:

1 - Como reconoce la propia sentencia objeto de comentario la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del TS ha sido reacia a la adopción de la pena de privación de la patria potestad sin perjuicio de que fuera en la vía civil donde se acordara la medida.

2 - Los argumentos jurídicos aducidos para su no adopción pueden encontrarse en sentencias como la STS 780/2000, de 11 de septiembre o la STS 568/2001, de 6 de julio así como en la STS 750/2008, de 12 de noviembre.

3 - En líneas generales, las sentencias anteriormente mencionadas diferencian, por un lado, las sanciones civiles relacionadas con la patria potestad ante el incumplimiento de los deberes familiares (art. 170 CC) y, por otro, la privación de la patria potestad como pena principal o accesoria así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento para supuestos en los que estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido – así reza en la dicción literal del art. 55 del CP.

4 - Un aspecto clave – en el análisis – viene determinado por la separación que en sede jurisdiccional se ha venido haciendo cuando las lesiones y/o malos tratos, esto es, la conducta delictiva, no tenían como destinatarios directos a las y los menores pero sí presenciaban los hechos (algo habitual en violencia de género y que antes de las reformas recientemente aprobadas servían de justificación para no conceptuar a las y los menores como víctimas directas de este tipo de violencia). En este punto conviene reseñar cómo las sentencias anteriormente citadas argüían la falta de nexo causal entre los hechos y la pena impuesta en los tribunales de instancia.

5 - Al hilo de lo anterior, resulta significativo el fundamento jurídico cuarto de la STS 750/2008, de 12 de noviembre, cuando dispone textualmente: “(…) entendemos que la Sala de instancia incurrió en un evidente error ‘iuris’ al privar de un derecho tan importante (y sagrado) como es el de la patria potestad a un padre respecto a un hijo menor (cuatro años) que nada tenía que ver con la actividad delictiva por la que aquél fue juzgado …”.

6 - Tras la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del pasado 29 de septiembre de 2015 el hilo argumental sobre la falta de ese nexo causal cambia. Y es que la Sala de lo Penal no tiene dudas con respecto a señalar la existencia de un nexo causal entre el delito recogido en el factum de la sentencia de instancia (acuchillamiento de la madre por el recurrente efectuado en presencia de la hija menor) y el derecho al desarrollo integral de la menor.

7 - Es más, el Alto Tribunal precisa textualmente: “(…) no resulta acorde con el derecho ni muy especialmente con la protección que merecen los menores, pues es un dato incontestable que la presencia de la menor en el ataque a su madre efectuado por su padre, va a tener un prolongado efecto negativo en el desarrollo de la menor de mantener la patria potestad (…)”. Recordando que “(…) la patria potestad se integra, ex art. 154 CC por una serie de deberes de los padres para sus hijos menores, por lo que se trata de una institución tendente a velar por el interés de los menores que es el fin primordial de la misma, debiéndose acordar tal privación en el propio proceso penal evitando dilaciones que si siempre son perjudiciales, en casos como el presente pueden ocasionar un daño irreparable en el desarrollo del hijo menor”.

Llegados a este punto, se observa un cambio discursivo en el marco interpretativo del Alto Tribunal. Y es que frente al reconocimiento ‘sacro’ del ejercicio de la patria potestad – nótese las precisiones terminológicas de ‘sagrado’ en cuanto digno de veneración por su carácter divino – el foco de atención y la centralidad se trasladan ahora a la protección de las y los menores y a velar por el llamado del interés superior de éstos. Algo que no es nuevo – sin perjuicio de las concreciones normativas recientes – y que se erige (o debería haberse erigido) en principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico, específicamente, en materia de infancia y adolescencia.  El Tribunal Constitucional lo dejó claro en la STC 4/2001, de 15 de enero, cuando precisó que el ‘interés superior de las y los menores’ debe actuar como criterio básico y preferente en los procedimientos en materia de familia y constituye uno de sus elementos imperativos. Obviamente este posicionamiento supone apostar por una nueva dimensión de la patria potestad en materia de familia esencial para deconstruir ese discurso falsamente igualitario que entiende la igualdad únicamente como una igualdad normativa (y formal). No obstante, conviene precisar que apostar por el interés superior de las y los menores implica un cambio de paradigma con respecto a la lógica argumental dominante de análisis. Aspecto que no es menor si tenemos en cuenta los derechos susceptibles de afectación. Solo nos queda esperar y ver en qué términos se va consolidando esta nueva doctrina que se torna esencial en esa búsqueda de ruptura – desde ‘lo jurídico’ – con el pacto patriarcal.

Fuente: Agenda Pública.( España) - Por Dra. Concepción Torres- Abogada y Profesora Asociada de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante

LA AGENDA DE GÉNERO PARA EL PARLASUR

El jueves 11 se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación el primer encuentro por una agenda regional de género en el Parlasur (Parlamento del Mercosur). “Hay temas en los que estamos muy hermanadas, las mujeres estamos ganando el 35% menos por el mismo trabajo”, dijo Fernanda Gil Lozano, una de las convocantes.



El jueves 11 se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación el “Primer Encuentro por una Agenda Regional de Género en el Parlasur”, convocado por las Parlamentarias Fernanda Gil Lozano, Julia Perié y Ana Corradi

Con la presencia de las representantes de Uruguay y Paraguay y una asistencia de 300 personas entre las que se encontraban representantes de la política y de organizaciones de la sociedad civil, se puso énfasis en la necesidad de la equiparación legislativa, dado que a pesar de las diferencias, “todos los países integrantes del Parlasur estamos inmersos en un sistema de dominación masculina en el que el patriarcado se manifiesta más o menos agresivo,”, afirmó Gil Lozano.

La agenda

A través de temas como la falta de reconocimiento a las tareas de cuidado que pesan sobre las mujeres, la no representación femenina en la justicia, la escasa observancia de la ley de cupo en las listas de candidaturas políticas, la necesidad de visibilizar la problemática de la discpacidad, los dominios patriarcales en las universidades y la disparidad en cuanto a la mirada sobre el trabajo de casas particulares, se reconoció la importancia de que las normas del Mercosur sean ratificadas por las legislaturas de los países miembro.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la parlamentria Julia Argentina Periè y luego Fernanda Gil Lozano recordó a la militante travesti Lohana Berkins, que falleció el 5 de febrero, momento en el que no solo hizo referencia a la trayectoria y los antecedentes de la homenajeada sino que enfatizó la necesidad de avanzar en los derechos del mundo trans porque “siempre estuvo relegado a la marginalidad”.

Representatividad

Marcela Durrieu, del Frente Renovador, se refirió a la paridad en los cargos electivos y de la justicia en los ámbitos municipal, provincial, nacional y regional. De hecho, el órgano legislativo del Mercosur no es la excepción en cuanto a la falta de representatividad femenina, de 43 integrantes por Argentina, sólo 9 no son varones. “Las mujeres queremos estar donde se deciden y ejecutan las políticas públicas” expresó la parlamentaria representante de Uruguay.

Se habló también sobre la necesidad de una equiparación legislativa, única forma de luchar contra delitos comunes a los estados de la región, como la trata de personas, que se vehiculizan, además, a través de pasos fronterizos, y se mencionó la posibilidad de asesoramiento en cuanto a normativas según los avances de los distintos países en determinados temas en los que las legislaciones no se encuentran en sincronía, tales los ejemplos de predominio de Uruguay en cuanto al aborto y adicciones y Argentina en relación a las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género y Trata de Personas.

Derechos vulnerados

“Argentina es el único país abolicionista de todos los estados parte del Parlasur que son reglamentaristas, en todo caso tenemos que dejar libertad para no perseguir la prostitución y restituir los derechos vulnerados”, afirmó Fernanda Gil Lozano en diálogo con Marcha Noticias, a lo que agregó que “si queremos ir a una corte regional contra el crimen organizado, esta dificultad es regional” y subrayó que hay países que no cuentan con ley contra la trata de personas.

Con un recorrido histórico sobre los avances de la mujer en los campos sociales y de la política en Argentina, se repitió la frase “Si no hay mujeres en la justicia no va a haber justicia para las mujeres”, y se argumentó la necesidad de dejar de lado la “meritocracia” dado que hay mayores exigencias en cuanto al rendimiento académico de las mujeres y “los parlamentos deben ser una representación de las sociedades”.

“Quiénes somos”

 Se encontraban también presentes las parlamentarias María Luisa Storani y Teresa Parodi, quien hizo hincapié en la diversidad cultural y en la necesidad de preguntarnos “quiénes sómos”, al referirse a la agenda cultural del Parlasur.

Al finalizar las exposiciones se dio lugar a la palabra de las personas asistentes, entre los temas planteados se mencionó la necesidad de trabajar contra el abuso sexual infantil, delito muchas veces invisibilizado en la región; y en que los estados se hagan cargo de la salud sexual y reproductiva, dado que en situaciones como la del virus del Zica se traslada a las mujeres la responsabilidad de no embarazarse en lugar de enfatizar en las políticas sanitarias.

Desde la ONG Ratt Argentina (Red Alto al Tráfico y la Trata), Viviana Caminos expresó: “Celebramos que este encuentro proponga una agenda de género al interior del Mercosur, independiente de la posición política. En esa agenda la temática de trata es fundamental, el Mercosur debe comprometerse a investigar las posibles complicidades en cada país. No tendremos una verdadera politica de lucha contra la trata si no atacamos la corrupción que la permite”

Las representantes de Brasil y Venezuela no pudieron estar presentes por cuestiones de agenda, por lo que enviaron sus adhesiones al encuentro. Para el 14 de marzo, fecha en que se realizará la primera sesión del órgano legislativo del Mercosur, en la sede de Montevideo, Uruguay, las parlamentarias tienen proyectado un encuentro sobre problemáticas de género de similares características al realizado en Buenos Aires.

La reunión fue cerrada por Jorge Taiana, presidente del Parlasur, quien destacó la actividad como un punto de partida en el trabajo de la región para avanzar en los derechos de las mujeres y erradicar la violencia machista.



FUENTE: Marcha.org - Por Noor Jiménez Abraham *Doctora en Ciencias de la Comunicación Social

miércoles, 3 de febrero de 2016

EN LOS PROFESIONALES HAY MUCHO TEMOR A COMPROMETERSE



Socióloga Silvia Teodori. Fotografía: Pablo Piovano.

La investigadora estudió las trayectorias de mujeres que efectuaron consultas y denuncias en el Hospital Alvarez, de la Ciudad de Buenos Aires. El seguimiento abarcó en promedio unos diez años y muestra que los médicos tienen escasa capacidad para la detección de violencias, a la vez que, frente a los casos, actúan “psicologizando” o “medicalizando” el padecimiento.



Saltar la rayuela buscando el cielo, la salvación. La metáfora remite al camino de las mujeres que padecen violencia intrafamiliar. Una ruta muchas veces trágica que nunca es lineal, más bien está compuesta de avances, momentos de equilibrio, retrocesos y vuelta a saltar. “A los saltos buscando el cielo”: Claudia Teodori eligió titular con esa imagen su tesis de maestría en la que investigó sobre trayectorias de mujeres en situación de violencia familiar atendidas en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, el Alvarez. Según la investigación, el sector salud revela escasa capacidad para la detección de violencias, a la vez que, frente a los casos, actúa “psicologizando” o “medicalizando” el padecimiento.

–¿Aumentaron las consultas de hombres más que de mujeres entre 2008 y 2011?

–Sí y en 2013 los varones que entraron a la admisión del equipo de violencia superaron a las mujeres.

–¿Cómo llegaban?

–El 95 por ciento de estos consultantes varones son agresores, a diferencia de las mujeres, que casi todas son víctimas. Aparte, al reglamentarse la ley 26.485 en 2010 hay un cierto cambio de paradigma en el sistema de justicia y los varones también son objeto de derivación por parte de los juzgados.

–¿Las mujeres llegaron solas?

–En ese mismo año, un tercio llegó por recomendación judicial, por causa de ellas o de sus niños. Esto es lo que llamo en el libro “terapia por mandato”, que viene a complejizar la situación porque aparece una demanda que es externa a la propia persona que consulta.

El hospital es uno de los primeros lugares donde llegan las mujeres que sufrieron algún episodio de violencia, pero el 93 por ciento de las mujeres no lo comenta con los médicos y los médicos no suelen preguntar tampoco.

–Es complejo, porque no solo que las mujeres pueden llegar a un servicio de emergencia de un hospital por lesiones. Lo que vemos es que ellas muchas veces no pueden decir que fueron golpeadas. Los sistemas de registro de información que producen los servicios de salud tampoco pueden visibilizar eso. Se registra lesión y no se registra que esa situación es producto de violencia física. Hay varias cuestiones involucradas. Otra es que hay una escasa sensibilidad para la percepción de problemas que son no orgánicos. Hay un modelo, una racionalidad médico científica que está siempre prestando atención a lo orgánico, a los signos físicos. Ahí hablo del problema de la visibilidad de la violencia. Muchas veces las mujeres tienen signos y síntomas que no están claramente asociados con una agresión, que tienen que ver con años de deterioro de la autoestima, con estrés, hay muchos problemas gastrointestinales, musculares, nerviosos, amén de los psicológicos, que pueden claramente ser atribuidos a situaciones de violencia. Si hubiera mayor sensibilidad podría el equipo de salud pescar algo de esto y abrir una pregunta. En la mayoría de las experiencias que se han estudiado, cuando a las mujeres se les pregunta en un clima ameno, directamente, si ellas están siendo víctimas de violencia, ellas responden que sí. Hay un video muy lindo de un ginecólogo colombiano en que describe esto: “yo tenía mucho miedo de preguntar pero cuando pregunté la paciente me agradeció esa pregunta que yo hice: doctor, yo hace muchos años que esperaba que usted me pregunte eso”. Sobre todo cuando son ginecólogos de atención primaria de las mujeres.

–¿Es solo falta de sensibilidad o de formación también?

–Son las dos cosas. Yo creo que hay una falta de incorporación de las cuestiones sociales a la formación médica. Se privilegia lo biomédico, la especialización pero poco se trabaja cuestiones culturales, subjetivas, y obviamente, falta toda perspectiva de género y de derecho en la formación de los profesionales, no solo los médicos, también en el campo de la salud mental. Los que mejor preparados están son los trabajadores sociales.

–En el libro usted dice que no hay categorías asociadas a la violencia en el registro de la emergencia.

–Aparece la lesión pero no hay posibilidad de documentar que eso corresponde a una situación de violencia.

–Y eso que el Hospital Alvarez es uno de los que más trabaja en el tema.

–Claramente es el hospital que más trabajo, programas y dispositivos tiene vinculados a cuestiones de género y acceso a la salud de las mujeres.

–Aun así no se llega a detectar a todas las víctimas que llegan al hospital.

–No se llega a detectarlas un poco porque pasan desapercibidas. En parte porque ellas buscan a veces no exponerse, se culpabilizan, hay una cuestión de la propia problemática, el hacerse difícil de ser miradas. Pero a la vez hay mucho temor a comprometerse de parte de los profesionales, mucho temor a la frustración porque muchos de esos casos de mujeres a veces recaen.

–¿Cuál sería la ruta crítica de las mujeres que padecen violencia?

–Es el camino que emprenden las mujeres a partir de que reconocen la situación de violencia y se la comunican a alguien. La búsqueda que ellas hacen en distintos ámbitos y sectores; en el ámbito de la propia familia, comunitario, puede ser con una denuncia policial. Se va armando así ese camino.

–Y en esa ruta las burocracias de los sistemas son muy grandes.

–Esos periplos en general son bastante largos y bastante tortuosos. Se van modelando esos caminos en función de las respuestas de las mujeres.

Muchas veces las mujeres se pierden en el camino porque no llegan al otro punto de derivación.

–Y no lo sabemos tampoco. Lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires hay múltiples recursos para atender la problemática. Tenemos la información de todos los prestadores estatales, de ONG, de salud, de desarrollo social, sin conocer bien qué producen, qué mujeres atienden, qué trayectorias tienen.

–El factor tiempo es muy fuerte. Una de las mujeres entrevistadas llega hasta los 28 años de sufrir violencia y circular en esa ruta crítica.

–Sí, una mujer joven que desde su noviazgo temprano intentó diferentes caminos para salir de su situación de violencia, y al momento que yo la entrevisté habían pasado 28 años. Eso no quiere decir que lo haya resuelto.

–¿A qué se debe? ¿Qué lugar tiene la desarticulación entre organismos?

–Ese sería un factor determinante. La escasa articulación y la poca capacidad de seguimiento. Porque las mujeres consultan, son activas, en general habían consultado a cinco instancias cada una de ellas. Tal vez no fueron al lugar adecuado. Lo cierto es que no conocemos que haya tradición de hacer un seguimiento, un monitoreo de la propia práctica y del destino de esas mujeres. Las organizaciones intervenimos cuando ellas se acercan y hasta ahí podemos decir algo.

–¿Encontró un protocolo unificado?

–No. Y hay un paso anterior que sería un plan nacional para enfrentar la violencia que está pendiente todavía y de ahí se desprenderían varias líneas. Entre ellas un protocolo de articulación entre los distintos efectores. Por ejemplo, entre Salud y Justicia hay contactos informales.

–La suerte depende de quién la atienda...

–Depende del secretario del juzgado, del terapeuta, del equipo. Entonces, hay un diálogo de sordos entre Salud y Justicia. Justicia envía a Salud a un proceso terapéutico y pide que se documente que el tratamiento se cumplió pero en definitiva que la mujer concurra al tratamiento tampoco garantiza y pareciera que estos actores no conocen las expectativas uno del otro.

–En la investigación usted dice que la violencia no está jerarquizada como un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir eso?

–No tiene jerarquía en el sentido de que por ahí hay otras problemáticas que tienen mayor protagonismo. Es muy escaso el interés de los miembros del equipo de salud en formarse para conocer más de la problemática. Hay un campo muy interesante que se podría abordar desde la investigación que es cuáles son esos puentes que hay entre ciertos signos y síntomas muy habituales con situaciones de violencia. Y eso es un nicho de investigación que está muy verde todavía, muy vacante.

–Propone hablar de la violencia no como enfermedad pero sí como “carga oculta” para la salud, ¿puede explicar ese concepto?

–Sí, porque la violencia no es una patología pero trae múltiples consecuencias en el plano social, en entornos familiares, a nivel emocional y también a nivel orgánico y psicológico. Tiene una carga de enfermedad que está escasamente estudiada y que se podría hacer muy bien prevención en eso.

–Dice que hay una “psicologización” del problema, ¿cómo es eso?

–En los equipos de salud hay una tendencia a delegar el problema a otro servicio, actor o sector. Uno podría pensar que eso es parte del proceso de psicologización. Pero además uno podría pensar que al psicologizar el proceso, lo que se está haciendo es reducir el problema a una dimensión individual, personal, subjetivo de esa mujer, sin pensar que hay un contexto que probablemente la esté presionando, que puede ser mandato familiar pero también pueden ser cuestiones concretas de la sobrevivencia de ella y de sus hijos. No por elección, no porque hay un goce en mantener ese vínculo sino porque hay un contexto muy desfavorable.

También habla de “medicalización”. Hay un testimonio muy fuerte de una mujer que dice que sentía que la estaban “dopando” y que eso no la ayudaba.

Ese es uno de los hallazgos menos esperados de la investigación. Varias de las mujeres que entrevisté habían tenido un tratamiento con psicofármacos. El modo en que llegaron también es muy singular a ese tratamiento. Una crisis emocional frente a una situación de violencia con la pareja, llegan a un servicio de emergencias y lo primero que ocurre es que para calmarla la medican y ese es el inicio de un camino que después es muy difícil de revertir. En otros casos también son dramáticas las situaciones en que ellas describen que quieren dejar de la medicación y hay crisis de abstinencia muy riesgosas también. Entonces hay allí todo un campo para seguir viendo, que es parte de lo que voy a profundizar en una investigación que estoy encarando ahora, ingresando un poco más en eso.

Otro aspecto que aparece son los intentos de suicidios de las mujeres que sufren violencia.

–Está vinculado. Me pareció altamente significativo que las mujeres que habían intentado quitarse la vida, que tenían alguna idea suicida, que me contaban en el contexto de la investigación, todas habían estado vinculadas con el uso de psicofármacos. En realidad hay también investigaciones que las mujeres en general consumen sustancias legales, no buscan drogas ilegales. Y que en muchos casos este consumo está vinculado con poder sostener la cuestión familiar, medicarse para poder aguantar. Pero a veces está vinculado a la respuesta que da el sistema de salud: medicarse para salir de la violencia. Medicarlas para que puedan ordenarse y entrar en un tratamiento. Y esto trae un riesgo muy grande. En principio la estigmatización, se les pone la etiqueta: “la loca sos vos”. Y por otro lado, el consumo de cierto tipo de medicación las lentifica. Ellas hablan de “embobada”, “empastillada”, “dopada”, con eso se pierden los reflejos.

–Hay también un testimonio que habla de cierta complicidad de un psiquiatra con el agresor.

–Sí, porque parece ser que en esos casos el responsable de llevar al tratamiento a la mujer para hacer una consulta ambulatoria es la pareja. Entonces ahí se produce una alianza de género, de poder, y por otro lado, me quedó algo en relación a los suicidios. Es difícil saber si usan los fármacos para aplacar sus síntomas o si se quieren matar.

–¿O sea que la metodología que usaron fue tomar pastillas?

–Sí, y aparte la relación entre ideación suicida y psicofármacos la encuentro en que todas habían estado consumiendo psicofármacos. Las que no habían pasado por tratamientos psiquiátricos no refirieron. Es una relación a explorar.

–¿Propuestas para mejorar? Algo ya planteó.

En el plano más social y cultural hay mucho para hacer. Menciono allí el tratamiento que hacen los medios de comunicación. En términos generales, me parece que hay todavía un tratamiento que coloca una y otra vez a la mujer o en el lugar de objeto para vender algo en un lugar subordinado.

Algo que me parece sustantivo es el papel de cada uno de nosotros, de la familia, de la comunidad. Las mujeres muchas veces tampoco encuentran un respaldo en el propio entorno. En lugar de contar con apoyos muchas veces lo que le dicen la familia, las amistades, es “bueno, sé más tolerante”. Y la verdad es que es un mensaje muy riesgoso y me parece que habría que apelar a cada uno de nosotros, de ponerse en el lugar del otro, de acompañar, de comprometerse.

Fuente. Página 12 - Por Sonia Santoro

martes, 5 de enero de 2016

NUEVA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LA MUJER ( CSJN)

Ante la difusión pública de las resoluciones que trasladaron a Flora Alcselrad y Nidia Marsero desde la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema hacia otras áreas del Poder Judicial, la Corte manifestó, en un comunicado del día de hoy, que Flora Acselrad -secretaria a cargo de la OM- será reemplazada en el cargo por Delia Castañares, integrante del equipo de capacitación del organismo. 



Este nombramiento, si bien intenta aquietar las aguas en relación a la continuidad de la OM y de sus políticas públicas, no explica por qué fueron desplazadas dos funcionarias de irreprochable trayectoria.
El pasado fin de semana se supo a través de redes sociales que Flora Alcselrad y Nidia Marsero – secretaria a cargo y responsable de Gestión Administrativa y Articulación, respectivamente, de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)- habían sido desplazadas de sus cargos por dos resoluciones de lxs tres jueces/zas de la Corte.

Si bien en el día de la fecha, el juez de la CSJN a cargo de la guardia durante la feria judicial, Juan Carlos Maqueda, no respondió consultas sobre el tema, durante la tarde fue publicado en la web del Centro de Información Judicial (CIJ) un comunicado informando que el cargo de Flora Acselrad será ocupado a partir de febrero por Delia Castañares, integrante del Área de Capacitación de la OM.

Castañares es egresada de la Universidad de Buenos Aires, ejerció como mediadora en el Ministerio de Justicia de la Nación (2003-2007) y participó en distintas organizaciones sociales en materia de violencia familiar, en proyectos de atención, difusión y, capacitación. 

En el organigrama de la OM que regía hasta el pasado 30 de diciembre, Castañares era parte del personal de la oficina pero no tenía un cargo jerárquico. Si bien su nombramiento intenta traer tranquilidad sobre la continuidad del organismo y de sus políticas públicas; no resuelve la ausencia de explicación, por parte de la CSJN, sobre el desplazamiento de Marsero y Acselrad, dos funcionarias de excelente trayectoria que han sostenido junto a Gabriela Pastorino y la facellida jueza Carmen Argibay, la OM desde sus inicios.

Fuente: comunicar Igualdad - Por Sandra Chaher

lunes, 4 de enero de 2016

OFICINA DE LA MUJER ( Corte Suprema de Justicia) ¿ Disolución?



Según las resoluciones 3990 y 3989 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se transfiere a la Dra. Flora Acselrad Titular de la Oficina de la Mujer de la Corte y Dra. Nidia Marsero, en virtud de esta publicación vemos con preocupación el desmantelamiento de la OM organismo que ha llevado adelante una importante labor y concluyó este año con la publicación del Informe de Femicidios 2014. 
Esta instancia de la Corte fue creada por la fallecida Dra. Carmen Argibay, este espacio no sólo ha contado con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, sino que también ha tenido una articulación constante con la sociedad civil.
Manifestamos nuestra preocupación por estas resoluciones con fecha 30 de Diciembre de 2015, que no explicita si el Organismo continúa o quedaría disuelto.

¿Qué pasará con los Informes oficiales de Femicidios en Argentina, imprescindibles para generar políticas públicas para la erradicación de la violencia de género?

¿Qué pasará con todas las actividades desarrolladas por la OM, todos estos años?

¿Qué pasará con el espacio de articulación y diálogo con la sociedad civil que se desarrolló desde el Organismo? 

Queremos manifestar nuestro reclamo sobre la continuidad de la OM, con profesionales que tengan perspectiva de género como lo fue desde su creación.

Fuente: la casa del encuentro - Ong

ESTUDIAN SECUELAS NEUROLÓGICAS DE LA VIOLENCIA FÍSICA

Título original: " Rastros del matrato"


Especialistas en neuropsicología de la Universidad de Granada investigan los daños cognitivos que padecen las víctimas de violencia de género, para rehabilitarlas.



En España, especialistas en neuropsicología de la Universidad de Granada llevan adelante una investigación para determinar las secuelas cognitivas que la violencia machista deja en sus víctimas. El estudio, realizado en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de esa casa de altos estudios, busca avanzar en un campo que registra pocos antecedentes y posibilitar, en un futuro, el diseño y la aplicación de tratamientos de rehabilitación adecuados para apoyar a esas víctimas.

El proyecto está en marcha en el Centro de Investigación donde ya funciona un programa pionero en España que ofrece, también, atención psicosocial a niños y madres víctimas de violencia de género y en el que están implicados la Diputación y el Ayuntamiento de Granada. El equipo de científicos está investigando el daño cerebral vinculado a los golpes en la cabeza y el estrangulamiento, entre otras lesiones, según detalló Miguel Pérez, especialista en Neuropsicología y uno de los responsables del estudio.

Hasta el momento, las ciencias han dedicado pocas investigaciones al campo, pero sí ha establecido que las víctimas de violencia de género suelen padecer dificultades cognitivas graves, que tienen impacto sobre su funcionamiento cotidiano. Los trastornos de memoria, de atención y de concentración, y también dificultades para la toma de decisiones e inhibición de respuesta son usuales tras las situaciones de maltrato físico, de acuerdo con los registros.

En la actualidad, las mujeres maltratadas no son rutinariamente evaluadas para el diagnóstico del posible deterioro neuropsicológico. Los profesionales abocados al estudio sostienen que las lesiones que provocan esos comportamientos podrían ser motivo de reclamo de indemnización –como sucede en casos de accidentes–, pero que en casos de violencia de género “están pasando desapercibidas”, señaló el neuropsicólogo Pérez.

La investigación, que todavía está en etapa piloto, estudia los casos de más de 40 mujeres víctimas de violencia de género y un número equivalente de mujeres que no han padecido esos maltratos. Ambos grupos han sido sometidos a diversas pruebas de medición de memoria, de atención y de razonamiento. Pérez señaló que procuran determinar cuántas mujeres están sufriendo este tipo de secuelas y en qué consisten para propiciar programas de rehabilitación.

Fuente: Página 12 

SUECIA: CUANDO LA IGUALDAD ES PRIORIDAD DE ESTADO

En el gobierno sueco, liderado por un socialdemócrata, reina la paridad absoluta: 50 por ciento de los ministerios están a cargo de mujeres, al igual que los cargos de segunda y tercera línea. Una ministra explica cómo trabaja esa gestión.




Podría ser el argumento de una novela de Gioconda Belli. Pero no. Hay un país, lejano a nuestras latitudes y tradiciones, que tiene el primer gobierno que se declara feminista en el mundo y cuya principal política es la igualdad de género. Puertas adentro y fronteras afuera. Se trata de Suecia, donde en 2014 asumió como primer ministro Stefan Löfvén, un ex soldador, de 54 años, líder del Partido Socialdemócrata, y que antes encabezó el poderoso sindicato metalúrgico, como Lula, con quien tiene otros puntos en común en su historia personal, como el hecho de no haber conocido a su padre. Löfvén asumió después de ocho años de conservadurismo, y aunque ninguna ley lo obligaba, nombró un gabinete de ministros, con un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de varones. Paridad absoluta: no solo en la primera línea; también entre los viceministros, los secretarios de Estado, y en los gabinetes de cada ministro. En una entrevista con Página/12, su ministra de Infancia, Ancianidad e Igualdad de género, Asa Regnér, detalló los principales ejes de la gestión. “Somos un gobierno feminista y eso significa que la política tiene que ser otra. Tiene que haber una diferencia entre nuestro gobierno y otro. Vemos la igualdad como una cuestión de derechos humanos, justicia y derechos de las mujeres. Es también un vehículo para cambiar toda la sociedad”, afirmó en una charla con este diario. Entre las medidas que implementó el gobierno, figura una línea telefónica para brindar ayuda a hombres que ejercen violencia contra su pareja o ex pareja.

El calor porteño la enamora. Prefiere que la entrevista sea al aire libre, cerca de la pileta del hotel donde se aloja, en el barrio de Retiro, antes que en el lobby con aire acondicionado. En Suecia el invierno le regala, en esta época, apenas cuatro horas de luz natural por día, y las temperaturas suelen estar por debajo de los cero grados. Regnér estuvo en Buenos Aires para participar de los actos de asunción del nuevo presidente argentino, en representación de su país. Y aprovechó su visita para reunirse con referentes de Unicef, y de ONG vinculadas a los movimientos de mujeres y LGBT, además de conocer a la nueva titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez.



Antes de sumarse al gobierno sueco –surgido de una coalición entre el Partido Socialdemócrata y el verde–, Ragnér fue titular de ONU Mujeres en Bolivia entre 2013 y 2014, un territorio que conocía porque más de dos décadas atrás había estado viviendo en un barrio de la ciudad de La Paz, donde cooperaba con un grupo de mujeres aymaras. También fue directora general de la Federación de Suecia de Educación Sexual (RFSU).


“Si tuviéramos una sociedad igualitaria en relación al género, tendríamos niños con acceso a ambos padres, padre y madre, si los tuvieran. Tendríamos una sociedad con gran crecimiento económico, porque podríamos aprovechar la formación de todos, hombres y mujeres, en la fuerza laboral, tendríamos una base de impuestos que permitiría pagar servicios de cuidados, de personas de tercera edad, de niños. Ese es el modelo sueco. Hemos llegado a cierto punto, pero hay que mejorarlo”, explicó la ministra.

–¿Qué significa en los hechos que el gobierno se defina como feminista?

–El gobierno feminista ha presentado dos presupuestos, con líneas claras para fortalecer más que nada la economía de mujeres. Las mujeres suecas tienen una situación económica peor que los hombres. Las diferencias no son grandes en comparación con otros países, pero sí hay diferencias, y tienen que ver con género. Hemos ya propuesto medidas que fortalecen la situación económica de las mujeres. El cuidado de personas de tercera edad es pago y lo hacen mayormente las mujeres. Hemos dedicado bastante dinero para incluir más plazas, para que haya menos estrés, que haya posibilidades de formarse en el trabajo y organizar el trabajo de mejor manera. También hay apoyo a mujeres que viven solas con sus hijos.

–La violencia machista es la otra cara de la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad. ¿Cuál es el panorama en relación a este problema en un país con niveles tan altos de igualdad?

–En Suecia también hay violencia de género. Tenemos una población de 9 millones de habitantes. Y cada año tenemos 17 femicidios. Entre 16 y 18 en los últimos diez años. Debería ser cero, en Argentina, en Suecia, donde sea. Los diferentes gobiernos, socialdemócratas y conservadores, han invertido en los últimos 15 años para mejorar la infraestructura en relación a las respuestas que se ofrecen a las víctimas, mujeres y niños, afectadas por la violencia. También hemos revisado bastante la legislación, y hecho programas de formación para el sistema judicial y policial. Sin embargo, los niveles de violencia parecen mantenerse. Un enfoque que yo tengo será implementar programas nacionales para prevenir la violencia en municipios y escuelas. Pero también medidas más específicas: hemos abierto una línea nacional para hombres que saben que podrían hacer daño, sexualmente o físicamente.

–¿Llaman?

–Sí, llaman.

–¿Qué tipo de ayuda se les brinda?

–Hay psicólogos muy expertos. Tienen que ser profesionales especializados porque tenemos que pensar que hay personas en riesgo, así que los que contestan el teléfono están muy preparados. Y si la persona dice dónde vive, le indican a qué lugar puede ir cerca de su domicilio. Los que llaman son un grupo de gente que es consciente de sus problemas y de las consecuencias para las víctimas y para ellos mismos. En nuestra sociedad es muy mal visto pegar a una mujer, o violarla. Entonces es una pérdida social también. Esta línea no sustituye al sistema judicial. Es una medida más.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal

domingo, 3 de enero de 2016

EL ABUSO DE LAS ABSOLUCIONES EN LOS CASOS DE INCESTO

El abuso sexual en la infancia forma parte de una realidad que está emergiendo y visibilizándose con fuerza. La palabra puesta en acción devela lo siniestro de este crimen, y cada vez son más las demandas de justicia para las víctimas.




En respuesta a ello persiste la recurrencia de echar mano al expediente de la mentira orquestada por la madre, que va en busca de un mayor provecho o ventaja económica contra el padre de sus hijos.

Lo único verdaderamente cierto de este imaginario –que genera muy buenos dividendos a sus cultores– es que la justicia argentina no se ha hecho cargo del rol que le incumbe en tanto guardiana de los derechos humanos de los niños consagrados en la Convención de los Derechos del Niño.

Quienes han roto el silencio son perseguidos, desacreditados, y acosados y –en el caso de las madres denunciantes–, como mínimo, son tildadas de locas, despechadas, ambiciosas y manipuladoras.

El feminismo ha puesto en la agenda pública el reclamo de las víctimas y, desde luego, también es blanco de la ira de los progenitores incestuosos y sus acólitos.

Hace un par de décadas se instaló la acientífica teoría de un médico de ideas pre pedófilos convirtiendo estos juicios en una probada industria en manos de un grupo de profesionales de diversas ciencias, que han minado la confiabilidad y la credibilidad de la justicia argentina en esta materia.

La realidad tribunalicia muestra que excepcionalmente se condenan los casos de incesto y, por el contrario, proliferan las absoluciones o sobreseimientos a favor de los progenitores que han arremetido contra su cría para satisfacer sus deseos sexuales a sabiendas de la existencia de un sistema judicial que silencia y condena a las madres que gritan el dolor de sus hijos dejando impune estos crímenes.

A pesar de las dificultades, los avances alcanzados en el campo del derecho durante estos años de democracia animan a pensar de un modo crítico sobre estructuras y mecanismos de juzgamiento para ciertos delitos dejando al descubierto el huevo de la serpiente escondido en los recovecos de la retórica del pasado. Nada es para siempre, y ni el miedo ni el dolor, podrán silenciar el reclamo de justicia que los niños merecen en nuestro país.

Fuente: Página 12 -  Por Norma G. Chiapparrone (*)

(*) Abogada, feminista y coautora de la Guía “Abuso Sexual en la Infancia. Guía para orientación y recursos disponibles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires”, junto a Paula Wachter, Mabel Bianco y Maria Beatriz Muller.