Marcha 24 de Marzo de 2014 - Asociación Argentina de Actores: A 38 AÑOS DE LA DICTADURA

PENSAR EN LA IGUALDAD DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA JUSTICIA

Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia de Buenos Aires, habló con Infojus Noticias sobre la equidad de hombres y mujeres. “De la misma manera que fue pensado el programa de roles de género que existe, podemos pensar uno diferente”, dice Diana Maffia, titular del observatorio.

Como presidenta del Observatorio de Género de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffía impulsa encuestas que ayudan a entender si en el ámbito judicial hay condiciones de igualdad en el trabajo. La última se hizo durante 2013 y participaron 1239 operadores y operadoras de todos los organismos de la Justicia de la CABA.

 El objetivo, según el Observatorio, fue “aportar a la identificación y erradicación de los sesgos de género” en el ámbito judicial.

“Cuando planeás encuestas es para conocer la situación de oportunidades en el Poder Judicial, además de asegurar un acceso equitativo a la Justicia”, dijo Maffía a Infojus Noticias. “¿Cómo sabemos si es equitativo o no, cómo sabemos cuál es la propia percepción? Preguntándolo. Los que queremos planificar una política lo primero que debemos saber es cuál es el diagnóstico, porque al planificar una política de igualdad de oportunidades y equidad de género por un lado tenés que tener una línea de base y por otro la aspiración del lugar al que querés llegar”.

Del análisis sobre el uso del tiempo libre de los trabajadores de la Justicia, se desprende que “la cantidad de horas destinadas por las mujeres de 30 a 45 años al trabajo doméstico y de cuidado (atención a niños y ancianos) duplican el número de horas que dedican al trabajo remunerado. Como consecuencia, ellas son también quienes menos tiempo dedican al ocio y a la formación y quienes declaran la jornada semanal más extendida (113 horas)”.

Para Maffía, hay dos cosas a diferenciar: “Una es la composición equitativa del Poder Judicial, las oportunidades para varones, mujeres y otras sexualidades, que tienen que ver con una justicia distributiva. Si hay una mitad de la población que son varones y otra mitad que son mujeres, las oportunidades en el mundo publico tendrían que ser equitativas. Otra asunto es si la existencia de la misma cantidad de hombres que de mujeres garantiza equidad en la producción de justicia. Eso no depende de las hormonas: depende de la ideología y de la política”.

Para las mujeres encuestadas el hecho de tener hijos conlleva un impacto mayor sobre el uso del tiempo que para los padres. Ellas destinan, en promedio, casi 16 horas semanales extra al trabajo de cuidado que los varones (52,8 y 37,1 horas respectivamente), lo que implica menos tiempo libre para formarse y competir por mejores puestos.

Según el informe, la justicia en la Ciudad se caracteriza por tener un nivel de educación muy alto, donde el 85 % de los magistrados encuestados alcanzó al nivel de posgrado, mientras que el 40 % de los funcionarios y el 15 de los empleados también los cursó. “A igualdad de cargo, las credenciales educativas de las mujeres son mayores. Esto sugiere que para ocupar el mismo cargo las exigencias educativas sobre varones y mujeres son diferentes: las mujeres necesitan mayores credenciales”, dice la encuesta.

“De la misma manera que fue pensado el programa de roles de género que existe, podemos pensar uno diferente. Hoy en día los hijos no son una pertenencia de los varones, de manera que cuando los maridos se separan no pagan más los ingresos porque ya no conviven. Este sedimento de los hábitos que tienen las sociedades para verse a sí mismas y los roles, y cómo desde la justicia se acompañan muchas veces esos estereotipos, debería ser modificado”, planteó Maffía.

Un dato es que la mitad de las personas encuestadas participó de algún tipo de capacitación de género en los últimos tres años: “Aproximadamente 4 de cada 10 varones y 5 de cada 10 mujeres”, dice el informe y especifica que “8 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres graduados manifestaron que la formación en género debería estar incluida en la currícula de Derecho”.

La intención de capacitarse es leída por Maffía como un algo positivo, ya que si bien algunas desigualdades persisten “la sociedad afortunadamente ha tenido una enorme apertura, primero social y luego legal, acerca de admitir muchas expresiones de la identidad y de prácticas sexuales y orientaciones”. Las estadísticas señalan que 8 de cada 10 operadores encuestados destinaría tiempo y energía a actividades de formación de género.

En la jornada de trabajo declarada por las mujeres, sin incluir las 35 horas semanales dedicadas al trabajo remunerado, se supera en 12 horas semanales la declarada por varones. “Si bien estamos hablando de la diferencia entre varones y mujeres, en realidad qué cosa es un varón y qué cosa es una mujer es algo bastante cuestionable. ¿Vamos a decir que ‘un varón es una persona que tiene cuerpo o genitales de varón’?, no alcanza con eso. Hay que poner en juego sus subjetividades, sus prácticas y su manera de percibirse, su manera de expresar su género”, concluyó Maffía.

El Observatorio de Género es un espacio que funciona dentro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y busca iniciativas para promover la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual, tanto hacia el interior del sistema de justicia como en su relación con la comunidad. De los diez puntos que incluyó la encuesta virtual realizada en 2013, “Educación y capacitación en género” y “Organización familiar y uso del tiempo” fueron los primeros datos que se procesaron.

Fuente: blog Diana maffia./ Infojus - Por: Matías Máximo/Foto: Sol Vazquez

GUATEMALA: MUJERES ORIGINARIAS SOLICITAN MÁS ATENCIÓN A SUS PROBLEMÁTICAS

Guatemala,  mar. 14.- Las mujeres indígenas pidieron a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), durante su 58º Periodo de Sesiones, que se preste más atención a los problemas derivados del impacto negativo del desarrollo industrial en sus comunidades, principalmente el causado por las empresas mineras.

De acuerdo con una nota de prensa del Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), Otilia Lux, ex diputada guatemalteca y Directora Ejecutiva del Foro Indígena de las Mujeres, dijo que es necesario poner más atención a problemas como la violencia sexual y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Lux, de la comunidad maya Quiché, señaló que el Estado debe desarrollar acciones para propiciar la participación de las mujeres indígenas en el ámbito de la política estatal, la oficial, la electoral y en los distintos espacios donde se toman decisiones que afectan su desarrollo.

La lideresa indígena expresó a la Comisión que las mujeres originarias cada vez se ven más afectadas por la instalación de megaproyectos, particularmente por los impactos ambientales negativos que genera la actividad minera, que merman las posibilidades de vivir dignamente.

La representante del Foro Indígena dijo a la CSW que recomiende a los gobiernos medir de mejor manera el impacto de los programas sociales, económicos y culturales, en la vida de las mujeres indígenas.

Lux destacó ante el Comité que en Guatemala poco se conoce sobre los efectos de la migración en la vida de las mujeres mayas, mientras que hay poca información sobre su acceso a la tenencia de la tierra, aspectos que deben ser abordados por los Estados.

Durante el 58º Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, se hizo un llamado a los países para que desarrollen un último impulso por cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), particularmente la meta que aborda lo relacionado con el logro de la igualdad entre los sexos.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo durante la apertura de la Sesión, que hay más niñas en las escuelas pero en general, la brecha de género en todos los niveles educativos se mantiene; además las mujeres continúan teniendo salarios inferiores a los de los hombres, por la realización del mismo trabajo.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Director Ejecutiva de ONU Mujeres, hizo un llamado a los Estados para que adopten medidas más ambiciosas para propiciar la igualdad de género lo más pronto posible.

Fuente: Amecopress

ESPAÑA: SER MUJER EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE)

Madrid. “Yo miraba todo, las cámaras, las rejas, era como una cárcel (…). Mu¬chos policías mirándome como si yo fuera una mierda (…). En 52 años de mi vida nunca había estado en ningún sitio parecido. Madre mía, entonces sólo pienso ¿pero qué ha pasado conmigo en España?”.

Así narra Olga su paso por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el informe “Violadas y expulsadas” de la Fundación Aspacia. Olga fue a comisaría a denunciar una violación y terminó encerrada en el CIE durante 48 días por encontrarse en situación administrativa irregular. Du¬rante esos 48 días y como consecuencia de la violación, Olga presentaba sangrado vaginal, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica o psicológica, más allá de calmantes y compresas.

El caso de Olga es tan sólo una de esas múltiples vulneraciones de derechos que se producen en los CIE Como afirma la Asociación para la Prevención de la Tortura, las mujeres se enfrentan a mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres. Si bien las “causas profundas” de esta vulnerabilidad con frecuencia son externas al entorno físico de la detención, se intensifican “significativamente en los lugares de privación de libertad”.

La propia Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW) define esta discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo” que dé como resultado la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres.

Estos derechos han de garantizarse, reconociendo las necesidades particulares de las mujeres, tanto las que están privadas de libertad como aquellas a las que se ha aplicado otras medidas no privativas de libertad, introduciendo las salvaguardas necesarias ante los malos tratos y situaciones de especial vulnerabilidad.

El caso de Olga es tan sólo una de esas múltiples vulneraciones de derechos que se producen en los CIE: desde la captura a la expulsión pasando por el internamiento, se ejerce contra las mujeres una red de abusos y violaciones sistemáticas de derechos en forma de violencia patriarcal e institucional.

Violencia sexual

La propia privación de libertad supone una mayor probabilidad de sufrir violencia, tanto por parte de los funcionarios encargados de su custodia como por parte de otros internos. Como afirma el informe del secretario general de Naciones Unidas: “La violencia sexual, en particular la violación, cometida contra las mujeres detenidas se considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de su derecho a la integridad física, y consiguientemente pueden constituir tortura”.

Entre las irregularidades documentadas se encuentran vulneraciones al derecho a la salud como la no asistencia en caso de embarazo o interrupción de éste y, por supuesto, la imposibilidad total de una interrupción voluntaria del embarazo, además de la interrupción de tratamientos médicos como el del VIH o tratamientos hormonales de personas trans. En este sentido, conviene recordar la muerte de Samba Martine en 2011, que, tras solicitar atención médica hasta en diez ocasiones, terminó muriendo sin ser adecuadamente diagnosticada y tratada.

La cadena de vulneraciones y tratos discriminatorios se traslada a los propios usos de los tiempos y los espacios. Por ejemplo, la Campaña por el Cierre de los CIE en su último informe, ¿Cuál es el delito?, denuncia la obligación de limpiar las instalaciones de su módulo (cuando el módulo de hombres es limpiado por empresas) o que las mujeres disfruten de menor tiempo de patio.

La situación es especialmente alarmante teniendo en cuenta que son las propias autoridades las encargadas de la detección de personas en situación de especial vulnerabilidad como son las solicitantes de asilo o protección humanitaria, o las mujeres sometidas a trata con fines de explotación sexual. Women’s Link, a través de la red de Ferrocarril Clan¬destino, denunció el caso de A.B.M, víctima de trata con fines de explotación sexual, que no recibió ninguna protección y fue objeto de intentos de deportación en varias ocasiones.

Finalmente, las organizaciones sociales consiguieron identificar el caso y poner en marcha el protocolo correspondiente para solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) las medidas cautelares para paralizar la deportación.

Casos como éstos dan muestra de cómo se incumple la obligación de que el personal encargado de la identificación esté adecuadamente formado y cualificado, ya que deben primar la no devolución en caso de peligro a la vida o la integridad de la persona.

Según afirma la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla, el 90% de las mujeres encarceladas en los CIE no han cometido ningún delito. Todas están sujetas a vejaciones y vulneraciones de derechos, aún cuando en muchos casos éstas deberían ser protegidas especialmente. La violación de los derechos de las mujeres se produce en una institución estatal de gestión policial, opaca y arbitraria que posibilita el abuso y la impunidad de forma estructural. La esperanza está en que, como dijo Angela Davis, “el camino hacia la libertad siempre ha sido acechado por la muerte”.

Violaciones que se taparon con las expulsiones

En 2006, Andalucía Acoge denunció a siete funcionarios policiales por presuntos abusos sexuales a internas. A pesar de que las mujeres que testificaron pidieron protección y se solicitó la suspensión de las órdenes de expulsión, finalmente fueron expulsadas. Un modus operandi que se repitió en el año 2010 con Noura, quien fue violada por un agente en el calabozo de la comisaría.

Vulneración de la libertad e indemnidad sexuales, amenazas de contenido sexual, penetraciones con miembros u objetos, revisiones sin ropa por hombres o en presencia de éstos, o la vigilancia inadecuada de baños y dormitorio. Existe una grave discriminación a la identidad y orientación sexual que se concreta en insultos, amenazas u otras agresiones verbales y sanciones como el aislamiento o la limitación en el acceso a servicios básicos.

Fuente: Amecopress - Foto de Olmo Calvo/Diagonal.

PROTOCOLO PARA LA JUSTICIA DE GÉNERO

 La expresión femicidio fue acuñada en los años 70 por la socióloga, feminista y escritora Diana Russell para hablar del “asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”. El término ha cobrado más circulación, sin embargo, a partir de la muerte sin explicación de más de 500 mujeres en Ciudad de Juárez, México. Al declinar con respecto a la forma ‘neutra’ homicidio, el neologismo pone en foco la violencia letal contra mujeres y cómo la misma es sesgada por la diferencia de género. Ciudad Juárez se ha convertido en emblema de estas manifestaciones extremas de la violencia contra las mujeres, que es una constante en toda América Latina y el Caribe. 

Por regla general estos crímenes permanecen impunes, ante la falta de instrumentos jurídicos, de políticas de seguridad que den respuesta a sus características estructurales. Esta forma de violencia letal está ausente no sólo en los códigos, sino que la falta de sensibilización y competencia por parte agentes judiciales y policiales la torna invisble en la práctica procesal. Con el objeto de erradicar la impunidad, en diferentes países desde 2007 se han gestado reformas jurídicas que tipifican al femicidio o feminicidio. No obstante, muchos Estados no lo definen específicamente en sus códigos penales. Este proceso de reforma se ha realizado mediante dos modalidades: países como El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Panamá y Bolivia han incluido la tipificación en leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres; Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y México, por su parte, han reformado normas penales existentes.

Como una forma de apoyar a estos países en la implementación de marcos procesales para la puesta en práctica de esas leyes, después de más de dos años de trabajo, consultas y validaciones, será publicado el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicido/feminicidio). Los impulsores y responsables del documento son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” que culmina en 2015.

Para ellos, femicidio/feminicidio se refiere generalmente a la “muerte violenta de mujeres, por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. Es esta la definición establecida en la Declaración sobre el Femicidio del Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

La peruana Carmen Rosa Villa, Representante Regional para América Central del ACNUDH, explica que el “protocolo es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales de América Latina directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, en conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados”. La idea de crear este Protocolo, recuerda la experta, comenzó hace dos años en El Salvador, país donde se registra la tasa de homicidios de mujeres más alta del mundo. Allí se realizó una compilación de recomendaciones sobre violencia de género. Durante ese trabajo, el Comité CEDAW, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño evidenciaron “un patrón” de los relatores sobre violencia que aludía a “la falta de respuesta de la administración de justicia a los casos de violencia de género y su expresión más extrema: el feminicidio”, llamando la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres. En México, ONU mujeres desarrollaba un protocolo para el femicidio y el documento se adaptó para que lo aplicara el Ministerio Público de El Salvador, y hoy es una política fiscal de ese país.

El protocolo de México, junto con otros 17 protocolos de investigación, sirvió como antecedente para un borrador de Modelo de Protocolo que además incluyó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém Do Pará de 1994, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellas destacan el caso de María da Penha (Brasil) y la sentencia sobre Campo Algodonero (México). En ambas se enfatiza que “la investigación judicial es especialmente relevante por el contexto de violencia en que viven las mujeres, y que el deber de debida diligencia es influenciado por actitudes discriminatorias por razones de género”.

El caso de la mujer brasileña Maria da Penha Fernandes es un ejemplo emblemático. En mayo de 1983, su esposo le disparó con un revólver mientras dormía. Maria no murió, pero quedó parapléjica. Dos semanas después de salir del hospital, su marido intentó electrocutarla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió la denuncia contra el Estado Brasileño por no tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia y por el “patrón de impunidad que reflejaba la respuesta del Poder Judicial frente a este tipo de agresiones”. La Corte estableció la existencia de un patrón general de tolerancia estatal e ineficacia judicial y aplicó, por primera vez desde su entrada en vigor, la Convención de Belém do Pará.

Aline Yamamoto, de la Secretaría de Políticas de la Mujer de la presidencia de Brasil, recuerda que este caso llevó a la promulgación, en el año 2006, de la Ley 11.340, conocida como Ley Maria da Penha. La misma establece sanciones penales por actos de violencia doméstica y familiar, e iniciativas de prevención. Sin embargo, no hay una ley específica que sancione el femicidio, pese a las 5.000 muertes referidas a ese motivo cada año. Yamamoto explica que, aunque es una cifra elocuente que representa un 10% del total, queda “escondida” entre los 50.000 homicidios notificados en Brasil. Comenta que el debate sobre feminicidio es reciente. El problema, afirma la profesional, se produce cuando en estos casos de muerte la aplicación de justicia es llevada por tribunales distintos a los que fueron creados por la ley de Maria da Penha. “Tanto la fiscalía como la defensa se preocupan más de investigar la vida afectiva de las personas involucradas que comprender la violencia de género en un contexto cultural machista y sexista”, observa. Explica que muchos jueces no saben lo que es género, usan varios estereotipos y culpabilizan a las mujeres por su vestimenta o su conducta. En ese contexto, el Modelo de Protocolo será vital, precisa.

En América Latina existen datos sobre muertes violentas de mujeres por razones de género, pero la comparación de las cifras entre los países es muy compleja puesto que el concepto de femicidio o feminicidio varía de un país al otro y describe realidades distintas. En algunos países sólo se considera cuando la muerte violenta de las mujeres ocurre en una relación de pareja; en otros países, la definición abarca también muertes ocurridas en otros contextos. En términos generales, según un informe del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2011 se registraron 1.139 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres en ocho países de la región. En 29.4% de los casos, la muerte fue ocasionada por novios, ex novios, esposos, ex esposos, convivientes o ex convivientes, es decir, personas que mantenían una relación de pareja a las víctimas. El informe de 2012 por la organización Small Arms Survey reveló que más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia de casos de femicidio están en la región de América Latina y el Caribe.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INSEGURIDAD CIUDADANA

En la investigación fueron identificadas deficiencias inexcusables, según relata la Representante Regional para América Central del ACNUDH: protocolos de necropsia deficientes, cadenas de custodia violadas, negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables. Sumados a los “estereotipos de quienes administran la justicia”, revela, en lugar de esclarecer los hechos, los procedimientos terminan por trasladar la carga de la prueba a la víctima. “Es como si fuera la víctima la que provoca el hecho y que finalmente todo es consecuencia de su mala actuación”, recalca Villa.

Además de la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores judiciales, la elaboración del Modelo de Protocolo atendió a evidencias de demora en el inicio en las investigaciones; lentitud de las mismas o la inactividad de los expedientes; gestión de las investigaciones por parte de autoridades sin imparcialidad ni competencia en el tema; escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus familiares; trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar en la investigación de los hechos; pérdida de información; así como una insuficiente participación de los representantes de las víctimas en el proceso.

Para diversos investigadores, en América Latina y el Caribe existe una brecha muy grande entre lo que es la institucionalidad, la legalidad y la transferencia cultural. En este contexto, indica Villa, el Modelo de Protocolo es una herramienta útil para que el investigador comprenda el fenómeno social del femicidio y garantice una sanción. Cuando eso se logra, se genera el proceso de transformación cultural. En resumen, el Modelo de Protocolo no será para determinar “única y exclusivamente un protocolo de medicina forense, o cómo deben actuar los médicos, la policía y los jueces, sino que será un elemento sustancial que incluirá la perspectiva de género a todos los que participen en las etapas de la investigación”, sentenció la representante del ACNUDH.

Soraya Hoyos, encargada interina de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, explica que esta herramienta será útil para quienes están encargados de hacer la investigación de muertes violentas, ya que el texto implica la comprensión del femicidio como “una consecuencia de la discriminación y la desigualdad que aún existe entre hombre y mujer”, en que hubo un debate social y cultural sobre cuál es la sociedad que se quiere construir en el siglo XXI, etapa en la que “las mujeres estamos mucho más presentes en la vida pública”, afirmó.

En representación de la Convención de Belém Do Pará, Patricia Mejía reflexiona respecto del aporte del Modelo de Protocolo. A su juicio, el documento ayudará a cambiar la “dinámica de entendimiento” de los profesionales que ejercen justicia. Explica que cuando el Modelo de Protocolo diga “muerte violenta de mujer por el hecho de ser mujer”, habrá una compresión mayor respecto del“componente que odio” que tiene un crimen de esta naturaleza, que está inserto en un “sistema de valores desigual y patriarcal”.

Cuando un hecho de esta naturaleza no se investiga, indican las y los especialistas, se transmite a la sociedad que estas conductas son permitidas y toleradas. El Modelo de Protocolo apuesta por la realización de investigaciones eficientes, contar con resultados tangibles e imponer sanciones y reparar a las víctimas. “Queremos que se pueda instalar un mecanismo para no estimular e incentivar la repetición de estos actos y generar lo que en derecho penal se llama prevención general”, afirma Villa. La experta enfatiza que el mensaje es claro: estas conductas no son toleradas porque la justicia interviene a tiempo y logra sentencias efectivas para los victimarios.

Así como frente al terrorismo, el lavado de dinero y el narcotráfico, se crearon estructuras especializadas para abordar esos graves delitos, este Modelo de Protocolo desea ser un aporte para la creación de una institucionalidad en la Región, un sistema de leyes, políticas públicas de control y protección de los derechos de las mujeres. “Estos hechos están contribuyendo a la inseguridad ciudadana de una manera muy fuerte”, aclara Villa. Afirma que esta crisis en la sociedad no se refleja sólo con el ladrón, o los delitos económicos o patrimoniales, o con el lavado de activos, sino que “también implica el crimen que atenta contra el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”, aseveró la representante de ACNUDH.

Entre las recomendaciones que se pueden hacer a los Estados en materia de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, aparece la “identificación de las conductas de quienes causaron la muerte”, “verificar la presencia o ausencia de los motivos de género”, establecer el “grado de responsabilidad de los sujetos activos del delito” y “promover la participación de las víctimas indirectas o sus familiares”. En concreto se pretende incorporar marcos normativos integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, tipificación de la muerte violenta de mujeres por razones de género, asignación de recursos humanos técnicos y financieros, acceso a los servicios de las mujeres sobrevivientes y sus familiares e intervención preventiva. También se incluye la capacitación y formación de funcionarios y funcionarias públicos, la coordinación interinstitucional, el monitoreo constante de las políticas de prevención y sanción, y un sistemas de información y planificación de las políticas públicas.

Además, el Modelo de Protocolo está concebido como una herramienta amplia para que también desde el derecho nacional se pueda tener un derecho comparado, con las legislaciones que sobre la materia tienen otros países. Por eso es un documento “flexible” y adaptable al contexto nacional con sujeción a las instituciones, leyes y cultura de cada país. En esta lógica, el texto incluye procedimientos para el “diseño de la investigación”, la actuación forense, “la construcción del caso”, el establecimiento de derechos para las víctimas directas e indirectas y “recomendaciones para la apropiación del protocolo”.

CAMPAÑA/ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

El Manual de Protocolo es uno de los resultados más importantes de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, afirma Soraya Hoyos, encargada interina de la Campaña, que lo califica como una herramienta real y una posibilidad concreta de traducir los compromisos de los Estados para proteger los derechos de las mujeres frente a la violencia, y llevar esa protección a la práctica, a la vida real de las personas. Parta sus gestores, se trata de una estrategia para la eliminación de violencia contra las mujeres, que pretende movilizar una variedad de sectores involucrados con el tema en su día a día. “Se ha logrado sembrar la idea que la violencia de género no es una cuestión de las mujeres, es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de la sociedad y el Estado”, afirma.

Se ha trabajado con libretistas y directores de telenovelas, comenta la profesional, para comenzar a “discutir culturalmente” cuál es la idea de mujer y hombre que se vende y transmite a través de los medios de comunicación y de los productos de altos consumos culturales como son las teleseries. “Una cosa es trabajar con el poder judicial y la fiscalía, y la otra es conquistar espacios nuevos”, precisa la encargada de la Campaña. En esa misma lógica, en Argentina están trabajando con una red de salones de belleza y peluquería, y junto al programa de televisión MTV de Latinoamérica ha desarrollado una iniciativa dirigida a los jóvenes de manera específica que se llama “El valiente no es violento”, que tiene como pretensión cuestionar esa masculinidad que está asociada con la violencia.

La revisión del borrador del Manual de Protocolo incluyó varios tipos de operadores jurpidicos, funcionarios públicos de fiscalías, así como representantes de organizaciones de derechos humanos y grupos activos en la defensa de los derechos de las mujeres. Según Soraya Hoyos, el proceso debe ser colectivo, como “una onda expansiva que realmente cambie nuestra mentalidad”, ya que los hombres también se sienten “atrapados” en un patrón de masculinidad que no les permite explorar su individualidad y colectivo de manera real. Hay que “romper los diques”, según afirma Hoyos, para convertir este tema en una preocupación real de todo el mundo y no sólo de entendidos y principales afectados. “Así como se eliminó el racismo como una cuestión que la sociedad aceptaba como normal, pese a que quedan resabios; hay que eliminar esta tolerancia social a la violencia de género, y el Modelo de Protocolo junto con la campaña, han avanzado en esa dirección”, aventuró.

Es un hecho que con el Modelo de Protocolo no se resolverá en su totalidad los problemas de inequidad de género y la violencia contra la mujer, o que los operadores de justicia entreguen respuestas 100% efectivas. Tampoco resolverá esta cuestión la Campaña Únete. A juicio de Villa, se requiere generar mayor conciencia y conocimiento de los derechos que tienen las mujeres; para ello, las ONGs debieran empoderarlas y crearles las condiciones para luchar y denunciar estos hechos. En la otra vereda se requiere la capacitación de policías e instituciones según cada país, y la apuesta está por la inclusión de la empresa privada.“Vincular a la empresa privada para generar incentivos y promover espacios de participación de mujeres que han sufrido violencia, es un deseo pendiente”, concluyó Villa.

FUENTE: CLAM 

PROSTITUCIÓN , PATRONES MORALES Y CONTROL SOCIAL

título original: " si la prostitución no fuera acompañada del rechazo social , podría resultar atractiva para más personas".

Dolores Juliano (Necochea, Argentina, 1932) ha investigado a fondo las estrategias culturales y de dominación de género contemporáneas y también los saberes y las prácticas de los colectivos oprimidos que les plantan cara. El juego de las astucias. Mujer y construcción de mensajes sociales alternativos (1992); La prostitución: el espejo oscuro (2002); o Excluidas y marginales: una aproximación antropológica (2004) dan buena cuenta de ello. Esta doctora en Antropología y profesora en la Universidad de Barcelona hasta su jubilación formó parte del proyecto ‘Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad (1930-1980)’, impulsado por Raquel Osborne. En él, Juliano analiza los modelos de sexualidad vigentes durante el franquismo y cómo la homosexualidad femenina estaba condenada al silencio y a la invisibilización.

¿Los modelos de sexualidad femenina han cambiado respecto a los de la época de la dictadura o son los mismos perros con distintos collares?

Se ha modificado la sociedad. La iglesia católica mantiene los modelos sexuales tradicionales. La idea de pecado o desviación está muy presente en ella y en las religiones monoteístas. En el protestantismo hay patrones puritanos absolutamente fundamentalistas. El enunciado de las leyes religiosas parece igualitario, pero en la práctica nunca es ni fue así.

¿Esas religiones son más permisivas con la sexualidad masculina?

Sí y tiene que ver con los modelos religiosos y con la organización social. Las sociedades patrilineales y patrilocales son muy restrictivas respecto a la sexualidad femenina.

¿Patrilineal y patrilocal?

Quiero decir que la herencia, los bienes, la pertenencia al grupo y el apellido se transmiten por línea masculina y la patrilocalidad, por su parte, significa que las nuevas parejas se establecen, trabajan o conviven con el grupo del hombre y no con el de la mujer. Es el modelo que se ha impuesto a través de conquistas y colonizaciones. El estatus sexual de la mujer siempre es sospechoso y está sujeto a control. De su fidelidad depende, por ejemplo, que el título nobiliario vaya a parar al hijo biológico del marido. A través de la mujer se transmiten los recursos y la pertenencia, pero es siempre una extranjera sospechosa, una mujer ajena que se ha incorporado a la familia del hombre. Se da un doble patrón de moralidad.

“Mantener la separación entre mujeres buenas y malas es un elemento de control social importante, de estabilidad al sistema.”

“Déjale hablar antes, recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos”, “Hazle sentir en el paraíso”, “Cuida a los niños”… El manual de la buena esposa ha cambiado poco más que la portada.

Ahora, lo importante es un estatus individual en vez de uno familiar, la cantidad de dinero que se acumula o que las personas se ubican socialmente no tanto por sus grupos familiares como por sus logros o sus conquistas personales. Factores de este tipo tienden a hacer menos vigentes los antiguos marcos. Sin embargo, estos no han sido cuestionados. Se mantienen explícitamente en algunos casos y de forma implícita en la mayoría de la sociedad.

¿Y a las lesbianas qué les deparaba el franquismo?

La homosexualidad estaba castigada legalmente y muchos gays eran encarcelados. Con las lesbianas, la estrategia social era negar su existencia. Se consideraba que la conducta violenta y delictiva era propia de los hombres, así que una mujer con caracterísiticas o aspecto masculino, o que no asumía sus roles tradicionales de género, era sospechosa de delinquir. Se castigaba a las lesbianas, no por la práctica sexual misma, sino por la atribución social de desajuste, por apartarse de la norma.

¿Cuál de los recursos para hacer buenas mujeres funciona mejor hoy?

El cine, la televisión o las revistas del corazón son muy significativas porque tienen mayor peso social que antes. Generan modelos de mujer y de hombre muy poco cuestionadores y, en ellos, los mensajes alternativos tienen un alcance escaso. Aunque haya algún ejemplo que escapa a la norma, es abrumador el bombardeo de imágenes e información que refuerzan los estereotipos tradicionales, tanto femeninos como masculinos.

Y esos canales contribuyen a construir “medias personas”, según tus palabras.

Carol Gilligan tiene una fundamentación muy bonita al respecto. Ella habla de cómo el sistema funciona a partir de mutilar a cada persona de la mitad de sus capacidades: a los hombres, de las empáticas y a las mujeres, de las de promoción. Así se crea un sistema jerárquico y complementario, que se llama una ‘sociedad normalmente construida’. Por ejemplo, el modelo característico de la masculinidad hegemónica es el guerrero, que se toma la vida como si fuera un combate. Lo vemos todo el tiempo en las películas de acción, donde gana quien más fuerza tiene, quien pega el último. También, en el fútbol, que ritualiza combates donde lo importante es ganar al adversario.

Y ganar dinero…

Porque sigue las pautas capitalistas, pero la masculinidad tradicional siempre se propone un logro a partir de la violencia.

“Vivimos con un modelo de masculinidad del siglo XIX cuando tenemos un modelo de feminidad del XX”

¡Menudo peligro!

¿Por qué se considera impropio del horario infantil el sexo y no una película que contenga violencia explícita? La sexualidad transmite valores como ternura, cooperación, entendimiento entre los seres humanos. La violencia, en cambio, no es una parte importante ni necesaria de la vida humana. Más aún; es un obstáculo para el desarrollo social y, en cierta manera, una aberración.

Hay mujeres buenas (madres, novias, esposas, hijas) y mujeres malas (putas, lesbianas). ¿A quién beneficia seguir haciendo estos dos grupos?

A la estabilidad del sistema. El estigma de la prostitución no tiene que ver con lo que las trabajadoras del sexo son o hacen, sino con que representa un potente elemento de control para las mujeres que no trabajan en la industria del sexo. El modelo de esposas y madres abnegadas exige mucha renuncia y sacrificio. Aunque se diga que la mujer es la reina del hogar, sabemos que no, que es una persona al servicio de todo el mundo. Es un modelo tan poco atractivo y con tan poca recompensa y reconocimiento que la única forma de conseguir que las mujeres se adecuen a él es asegurarse de que la otra posibilidad es peor.

No desde el punto de vista económico…

Cualquier posibilidad que implique ingresos es mucho mejor que la del ama de casa, que en la tercera edad genera importantes bolsas de pobreza. Como, según ese criterio, las actividades de las mujeres malas no resultan disuasorias, se estigmatiza la prostitución: “Podrán tener dinero, podrán vivir un poco mejor, pero nadie las quiere, nadie las respeta”. Mantener la separación entre mujeres buenas y malas es un elemento de control social importante, de estabilidad al sistema. ¿Por qué genera tanta animaversión y un repudio tan visceral la prostitución, que, aparentemente, funciona en los límites de la sociedad convencional y no entra demasiado en conflicto con ella? Porque ataca el modelo tradicional de género. Si no fuera acompañada del rechazo social, podría resultar una opción atractiva para más personas.

Aquí entra en juego la sexualidad de las mujeres, también perseguida.

Se persigue la sexualidad autónoma de las mujeres. Está bien visto que la mujer sea coqueta, que tenga interés por ser atractiva y deseable, que esté enamoradísima del marido y viviendo para servirle y procrear y se penaliza que sea consciente de que su sexualidad forma parte de sí misma y que la utilice como ella quiera. Es la autonomía lo que está mal visto, no solamente en materia de sexualidad, sino en otros muchos aspectos. La disidencia de las mujeres se castiga más que la de los hombres.

¿Para qué nos sirve saber que existen estos modelos y qué posibilidades emancipatorias ofrecen?

Para desmitificarlos y modificarlos. En muchos casos, la aceptación social no se relaciona con el acuerdo, sino con la ignorancia: “Yo de esto no sé, pero si la gente que sabe dice tal cosa, por algo será”. Operan convenciones sociales que sirven para mantener una estructura determinada. No dependen de la biología, ni del destino ni del mandato divino. Las podemos cambiar si contamos con los acuerdos sociales correspondientes.

Consideras que todas las mujeres son transgénero.

El modelo decimonónico implicaba una mujer no sólo femenina en su aspecto —pálida, con corsé, joyas y un peinado complicadísimo—, sino también alejada de las inquietudes intelectuales. Podía tener conocimientos sobre arte, música y pintura, pero justo para admirar las obras. Podía copiarlas, pero no crearlas. Esas capacidades intelectuales se reservaban al mundo masculino. La idea de especialización de las mujeres en los sentimientos y de los hombres en la intelectualidad ha hecho que durante bastante tiempo se privara a las mujeres del acceso a la enseñanza sistemática. Su ingreso en la universidad se dio a partir del siglo XX. En Inglaterra, en el XIX, cuando las primeras consiguieron entrar en Medicina, los compañeros se retiraban porque era una humillación estudiar con mujeres.

Eso ya está superado.

Ese tabú lo hemos roto. En el mundo en general, hay más mujeres que hombres en todos los niveles educativos, doctorados, maestrías, universidad para la tercera edad… En el siglo XIX, ese proceso se habría considerado masculinización. El protagonista de una novela rosa de esa época decía que prefería ver en las manos de una mujer una mancha de lepra antes que una de tinta. Hace 40 ó 50 años, las mujeres elegían sistemáticamente Magisterio o letras porque no era femenino escoger Biológicas, Física o Química. Tampoco debían practicar deporte. Tenemos interiorizadas conductas que valoramos y consideramos propias y habían sido asignadas al mundo de lo masculino. Ahí hay una cuestión transgénero, un claro desafío a los modelos de género tradicionales.

Y los hombres, ¿también son transgénero?

No. El modelo de género les podaba muchas cosas, pero les daba prestigio y riqueza. No se lo han cuestionado tanto. Han avanzado muchísimo menos en el camino de reacondicionar o de desmontar los roles de género. De hecho, vivimos con un modelo de masculinidad del siglo XIX y un modelo de feminidad del XX. Ese fue el siglo de la gran transformación de los roles femeninos, el del triunfo de las reivindicaciones de las mujeres. Tengo la esperanza de que el XXI sea el de la gran transformación de los roles masculinos, en el que los hombres se planteen qué tipo de seres humanos quieren ser, si les apetece seguir siendo guerreros desimplicados de los afectos o si, por el contrario, quieren acceder a desarrollarse como seres humanos completos. Si fuera así, cada persona sería lo que deseara, sin un condicionamiento exterior tan fuerte como hasta ahora.

¿Qué destacas de tu larga trayectoria de trabajo con los movimientos sociales, que empezó ya en tu Argentina natal?

El gran aprendizaje. Cuando las y los investigadores nos acercamos a un colectivo estigmatizado, solemos hacerlo a partir de una simpatía y de una documentación previa. Aun así, siempre nos sorprenden porque son más ricos, más creativos, más solidarios y más capaces de adaptarse a la realidad de lo que sospechábamos. Este aprendizaje desvictimiza, al mostrarnos personas activas, y cambia nuestra visión del mundo y nuestra manera de aproximarnos a los problemas. Hace unos días, una amiga antropóloga me contó que había empezado a trabajar en México con mujeres presas: “La primera vez que fui a la cárcel, me dio un poco de miedo porque pensaba que el ambiente sería violento. Sin embargo, me encontré con unas mujeres tan majas, se ayudan entre ellas, hacen valer los recursos mínimos de los que disponen… Viven en condiciones durísimas, pero sin perder lo que hace valioso a un ser humano”. ¡Pues claro! Mi amiga ya había leído sobre esto, pero una lo descubre por sí misma.

En pocas palabras

Lo sugerente: Que puede haber varias soluciones para un mismo problema

Lo deserotizante: Los modelos rígidos

Lo pendiente: El cambio de los modelos masculinos y el refuerzo de los cambios femeninos ya logrados

Un éxito: Llevar a la discusión pública temas que suelen mantenerse más o menos ocultos

Algo como para tirar la toalla: Trabajar diez años en un tema y encontrarte con que hay que volver a empezar desde el nivel cero

Una feminista: Muchas, según la época. En otro momento habría dicho Simone de Beauvoir o Virginia Woolf pero ahora, quizás, Judith Butler

Una época: La presente o un poquito más adelante

Un lugar en el mundo: Aquel en el que estoy

Fuente: Pikara Magazine

HISTORIA DE UNA MENTIRA

El sindrome de alineacion parental SAP es un invento del psicoanalista norteamericano Richard Gardner que no resistio el paso por las asociaciones profesionales. Fue rechazado como trastorno por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Americana de Psicología y no aparece en las listas de trastornos patológicos de los manuales utilizados en salud mental. En Argentina, recibio en el 2013 una resolucion contraria de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputadxs de la Nación y el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba lo declaro ilegal. Por que entonces hay juezas y jueces que lo siguen utilizando para obligar a niñas y niños a revincularse con padres que en la mayoría de los casos son maltratadores y a veces también abusadores?

El pretendido síndrome de alineación parental “SAP” (o “PAS” según sus siglas en inglés) es una teoría inventada en 1985 por el médico psicoanalista estadounidense Richard Gardner para utilizar como instrumento de defensa de padres acusados de incesto y/o abuso. Parte de la sospecha de la falsa denuncia de las madres y el falso testimonio de niñas y niños. En palabras de su propio mentor: “El SAP es un lavado de cerebro al cual uno de los padres —generalmente la madre— somete al hijo en contra del otro progenitor —generalmente el padre— logrando de este modo alienar, quitar a ese padre de la vida del hijo, para hacerlo desaparecer, pudiendo llegar el niño hasta a creer que su padre abusó sexualmente de él”.

Aunque ha intentado legitimarse como síndrome diagnóstico, fue siempre rechazado por la comunidad científica por no cumplir los mínimos necesarios para ser un síndrome y menos aún una entidad clínico-diagnóstica. Es decir, no se permitió su inclusión en los Manuales de Diagnóstico de enfermedades mentales, e instituciones internacionales como la Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud no reconocen su validez. Gardner nunca presentó los casos que dijo haber observado para su formulación, ni expuso a consideración de la comunidad médica o de psicología su revisión. En 2003, se suicidó.

En nuestro país, y a partir de la escandalosa historia de P. y sus tres hijas (Ver , ¿El Poder Judicial legitima el falso SAP?) en julio de 2013 la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación rechazó la aplicación del síndrome de alienación parental y su terapia como trastorno a ser diagnosticado en procesos judiciales de familia. En la misma línea, en enero de este año la Junta Ejecutiva del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba declaró públicamente la ilegalidad del SAP en el ámbito clínico-jurídico por ser violatorio de varias leyes de rango constitucional. Su aplicación constituiría mala praxis, con sus consecuentes sanciones éticas.

Sin embargo, haciendo oídos sordos la justicia sigue amparándose en el SAP para decidir revinculaciones forzosas y hasta para quitar la custodia y entregársela al progenitor denunciado de incesto o de violencia. Norma Chiapparrone, secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIFCJ) y de la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, remarca la gravedad del asunto: “Es perverso imponerle a un niño a revincularse con el agresor, anulando además su derecho básico a ser escuchado en el modo y en el tiempo que le sea posible denunciar el maltrato o el abuso. Esta teoría nos lleva a la pedofilia y a la pornografía infantil, grandes negocios en el mundo como la droga y la trata de personas”.

Fuente: Comunicar Igualdad - Por Mariana Fernández Camacho

ESPAÑA: CONCENTRACIÓN POR RECORTES EN LA PREVENCIÓN

FALLO FEMICIDIO EN CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ: 12 AÑOS

Título original: Mató a su ex esposa y pasará 12 años en la cárcel

La Justicia sentenció a 12 años de prisión, de cumplimiento efectivo, a Héctor Altamirano, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. Le disparó en la cabeza a su ex pareja Mirta Alejandra Rasgido, el 17 de noviembre de 2012.

Infografía: Voces y Apuntes

La Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia condenó a 12 años de prisión, de cumplimiento efectivo, a Héctor Altamirano, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.

Altamirano, un ex policía de la División Bomberos, le disparó en la cabeza a su ex pareja Mirta Alejandra Rasgido, en un hecho ocurrido el 17 de noviembre de 2012.

La sentencia se dio a conocer el martes y el Tribunal Oral no realizó audiencia y notificó la sentencia a las correspondientes partes.

El tribunal

El juicio se inició la semana pasada y conformaron el Tribunal Oral los doctores Cristina de los Angeles Lembeye a cargo de la presidencia, Laura Inés Vallebella y Oscar Alberto Santucci, como vocales, ambos en carácter de subrogantes legales.

Situación 

El hecho, que conmocionó a la comunidad caletense, según quedó probado ocurrió el 17 de noviembre del 2012 alrededor de las 11:30 de la mañana cuando Altamirano se dirigió en un rodado marca Chevrolet Corsa Classic a la vivienda donde residía su ex pareja, Mirta Alejandra Rasgido, en el barrio San Cayetano (casa 68).

Muerte inmediata 

En ese lugar, el ex policía retiró a su hija, que poseían en común, de 3 años de edad, y luego de mantener una discusión con Rasgido fuera de la propiedad (sobre calle Santiago del Estero detrás de la parroquia), subió al vehículo junto a la menor y desde el interior del mismo y encontrándose a pocos metros de la víctima le efectuó un disparo con una pistola Hi Power 9 milímetros.

El tiro impactó en el rostro de Rasgido causándole traumatismo de cráneo encefálico que le provocó la muerte en forma inmediata.

El agresor emprendió la huida en su automóvil y se retiró a su domicilio en el pasaje Toribio Rueda en el barrio Miramar, donde se procedió a su aprehensión.

Además, en el procedimiento se localizó debajo del asiento del conductor la pistola Hi Power, con su respectivo cargador con ocho cartuchos.

El juicio fue abreviado, debido a que el acusado confesó “lisa y llanamente” haber sido el autor del disparo.

También se decidió no trasladar a Altamirano desde su lugar de detención, en la Alcaidía de Pico Truncado, debido a la falta de movilidad de esa dependencia policial. (La Prensa de Santa Cruz)

Fuente: La Opinión Austral.

ART. 19 , UNA POLÉMICA CIVIL

Debate por el artículo 19 del Código Civil y Comercial unificado: Diputadas del Frente para la Victoria buscan cambiar el texto, que define el inicio de la vida a partir de la concepción y mantiene el status de la Iglesia a la par del Estado y de las provincias.

Diputadas del Frente para la Victoria se comprometieron a promover la modificación del polémico artículo 19 de la reforma y unificación del nuevo Código Civil y Comercial, que define el inicio de la vida en el momento de la concepción y que afectaría el acceso a técnicas de fertilización asistida. También apuntarán a quitarle a la Iglesia Católica el status privilegiado de persona jurídica pública, concedido históricamente –y respetado en el texto aprobado en noviembre en el Senado– que comparte con el Estado nacional, las provincias y los municipios. El tema fue debatido en un seminario organizado en el Anexo de la Cámara de Diputados, en el que expuso la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las integrantes de la comisión convocada por la presidenta Cristina Fernández, para redactar la histórica reforma, que ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados.

El encuentro fue convocado bajo el título “Puntos débiles en la reforma del Código Civil. La perspectiva de las mujeres” y se realizó en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Lo organizaron Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité Latinoamericano y del Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Expusieron las diputadas del oficialismo Mara Brawer y Araceli Ferreyra, la ex legisladora socialista e integrante de la comisión redactora del anteproyecto de Código Penal, María Elena Barbagelata; la reconocida especialista en Derecho de Familia y profesora universitaria, Nelly Minyersky, y la abogada de Amnistía Internacional-Argentina, Paola García Rey. Barbagelata consideró que algunos artículos del Código Civil aprobado en el Senado significan un “retroceso” igual que el anteproyecto de reforma del Código Penal, donde “también estamos retrocediendo al siglo XIX” en materia de derechos de las mujeres, advirtió. El cierre fue una conferencia magistral, de Kemelmajer, sobre el impacto del nuevo Código Civil en la vida de las mujeres. Participaron del seminario asesores de legisladores, abogadas, referentes de organizaciones de mujeres y de la diversidad.

El eje de las intervenciones estuvo centrado fundamentalmente en la necesidad de reformar el artículo 19 del proyecto por ser “inconstitucional” y contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La redacción que se aprobó en el Senado –distinta de la que contenía el anteproyecto elevado al Gobierno– fue una concesión a la Iglesia Católica y a los sectores más conservadores de la Cámara alta, y pone en riesgo la realización de tratamientos de fertilización asistida. Establece que la vida humana comienza desde la concepción. Impediría, por ejemplo, el congelamiento de embriones fecundados in vitro. El día de la votación del texto en el Senado, el presidente del bloque del kirchnerismo, Miguel Angel Pichetto, adelantó su oposición, aunque aclaró que lo votaba por disciplina partidaria, y planteó que debería ser modificado en su paso por Diputados, puntualmente el artículo 19.

A propuesta de la abogada Marisa Herrera, miembro del equipo que colaboró con Kemelmajer en la redacción de algunos capítulos del anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil, surgió durante el seminario la siguiente definición del artículo 19 referido al comienzo de la existencia. “A los efectos civiles, la existencia de la persona como titular de derechos y obligaciones comienza con el nacimiento con vida, sin perjuicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico durante el período de gestación”. Kemelmajer apoyó esa redacción. Las diputadas Brawer y Ferreyra se comprometieron a apropiarse de la propuesta para “militarla” hacia el interior de la bancada del Frente para la Victoria. Brawer comentó que habrá “libertad de acción” en el bloque, es decir, a la hora de votar el proyecto, a diferencia de lo que sucedió en el Senado, donde muchos legisladores lo votaron por “obligaciones políticas”, como sinceró Pichetto durante la maratónica sesión del 28 de noviembre. “Muchos diputados del Frente para la Victoria estamos dispuestos a dar este debate en el recinto”, agregó Brawer. “Algunos tienen que entender que si quieren retroceder (en términos de derechos de las mujeres), no lo van a lograr”, apuntó Ferreyra. También buscarán quitarle a la Iglesia Católica su status privilegiado de persona jurídica pública.

La reforma y unificación del Código Civil y Comercial fue aprobada, de madrugada, en una extensa sesión, con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados. La oposición cuestionó que el proyecto fuera tratado “a libro cerrado” y abandonó el recinto antes de la votación.

El proyecto consta de más de 2600 artículos e introduce cambios sustanciales, para la vida de las familias, con avances en los derechos de las mujeres. Se espera que la Cámara de Diputados la sancione este año. El anteproyecto fue elaborado por una comisión convocada por la Presidenta, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la ministra del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, y Kemelmajer de Carlucci.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal.