lunes, 30 de mayo de 2016

NIÑXS TESTIGOS DE VIOLENCIA, LA CARA INVISIBLE

Título original: Menores: la cara invisible de la violencia de género

Madrid, España. La infancia también es víctima de la violencia de género. En los últimos 16 años, 92 personas menores han sido asesinadas por parejas o ex parejas de sus madres. El régimen de visitas es, en estas ocasiones, otra forma más de violencia contra las mujeres. Los y las menores pueden ser utilizadas como un medio para chantajes, reproches y violencia indirecta.

En 2013, España se sumó a una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Desde este plan, se considera que una de las características de las víctimas es la invisibilización y la dificultad a la hora de hablar de cantidades. Y es que los números de menores asesinados solo pueden encontrarse en asociaciones privadas, como la de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que lleva una estadística propia desde hace 17 años.





La Ley de Violencia de Género está incompleta, especialmente en el caso de menores. Numerosos colectivos feministas exigen que el régimen de visitas se rompa siempre que haya un maltratador de por medio. Y es que a día de hoy, esta decisión depende de un juez. “Una denuncia por malos tratos no tiene ninguna repercusión de cara al régimen de visitas”, informa a AmecoPress Ángeles Álvarez, política socialista y activista feminista.

El juez –según la ley- “podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus descendientes”. Y ese “podrá” es demasiado subjetivo. “Frente a este hecho, no puede establecerse que ‘podrán’ suspenderse las visitas, deberían estar privados de este derecho por la propia realidad del delito”. Es la opinión de Alicia García, graduada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e interesada en temas de infancia.

“Los jueces no consideran esos temas en la práctica, a pesar de todas las estadísticas… Ya no solo una denuncia, ni siquiera una condena firme tiene efectos en el régimen de visitas”, advierte Ángeles. Las estadísticas de la ya mencionada Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas dicen que, desde 1999, 92 menores han sido asesinados por parejas o ex parejas de sus madres, como víctimas de violencia de género.

Caso Ángela González

“Hay casos preocupantes y, en ocasiones, cuestan la vida”, comenta la política socialista. Ángela González Carreño es un claro ejemplo en toda esta problemática. El asesinato de su hija a manos del padre durante el régimen de visitas convierte a madre e hija en víctimas de violencia de género. Ángela, que presentó más de 40 denuncias en distintos municipios, exige una responsabilidad por parte de la Administración. La obligación para cumplir el régimen de visitas provocó la muerte de su hija a manos de su padre que, acto seguido, se suicidó.

El terrible acontecimiento que rodea a Ángela, le lleva a afirmar que “un padre maltratador siempre manipulará a los hijos y tratará como una moneda de cambio con el único objetivo de hacer daño a su propia madre”. Es cierto: los menores pueden ser también utilizados como instrumentos de violencia contra las mujeres. Todo es más sencillo cuando hay hijos o hijas de por medio. Más aun cuando se trata de menores, que tienen la obligación de cumplir el régimen y no pueden decidir con quién permanecer. Y es que, ocurre con frecuencia, según confirma Ángeles Álvarez, que “sus hijos o hijas son un medio por el cual siguen controlando, acosando y chantajeando a las víctimas”.

Problemas de todo tipo: no solo es lo que se ve

El asesinato es el caso más extremo de violencia de género ejercida sobre el o la menor. Pero bajo esa superficie reside una violencia diferente: la exposición a la violencia contra las madres y el maltrato directo. Y es que es más probable que un menor sea objeto de violencia si su madre también lo es. “La ley misma reconoce que menores testigos, o que la sufren, también son víctimas de la violencia de género”, indica Ángeles, pues en 2015 se incluyó dicha reforma en la Ley de la Infancia y la Adolescencia. Ambas formas de violencia pueden ser equivalentes porque provocan daños semejantes.



Además de que la violencia de género deja en situación de orfandad a muchas y muchos menores, también pueden ser quienes sufran la violencia hasta el asesinato. La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas afirma que “en 2013 hubo 42 nuevos huérfanos; 41 en 2014 y 20 en 2015. En el mismo periodo, los maltratadores de mujeres también asesinaron a 14 niños”.

“Cuando el juez establece visitas sin garantías, se genera una relación de violencia –informa Álvarez-, y se refuerza un vínculo que los profesionales piensan que hay que romper”. Desde fundaciones por los derechos de menores, como Save The Children, se entiende que los niños y niñas de las mujeres son también víctimas, especialmente “por su dependencia y porque la violencia tiene consecuencias en su desarrollo”.

Las secuelas de los y las menores pueden ser enormes si son víctimas de la violencia de género. Según un Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, pueden verse afectados en cualquier área del desarrollo: desde trastornos emocionales y de conducta hasta físicos o cognitivos. De entre una larga lista, podemos destacar la ansiedad, la depresión, los trastornos traumáticos, los retrasos en el aprendizaje y desarrollo, las conductas autodestructivas o la violencia hacia los demás.

El síndrome inventado: SAP

En numerosas ocasiones se utiliza un “síndrome” totalmente inventado, “con un fondo ideológico, que afecta a la dignidad de las mujeres”, según confirman colectivos feministas como la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán. Además de carecer de validez para instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) afirma que “términos tales como alienación parental pueden ser usados para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento”. En ningún caso este supuesto “síndrome” debe tener validez ante un proceso judicial.

Datos alarmantes

Una macroencuesta de Violencia Contra La Mujer realizada en 2015 y dirigida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presenta unos alarmantes datos. Las mujeres víctimas de violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas admiten en el 63,6 por ciento de los casos que sus hijos e hijas presenciaron esas situaciones de violencia. Muchos de ellos, además, eran menores de 18 años cuando tuvieron lugar los hechos. “Sería importante estar alerta todos los datos y casos, tan preocupantes”, cuenta Álvarez.




La violencia no solo se dirige a las mujeres; los hijos e hijas son también víctimas de esas situaciones. En casi la mitad de estos casos, los menores han sido las víctimas directas de los agresores de sus madres. La infancia es especialmente vulnerable y, por ello, se han de tener en cuenta todos estos problemas. “La mejor manera de proteger a un menor es protegiendo a sus madres”, concluye Ángeles Álvarez.

A pesar de todo, el barómetro del CIS de febrero de 2016 confirma que la violencia contra las mujeres –que, hemos comprobado, también afecta a menores- solo es señalada como un gran problema nacional por el 1,6 por ciento de la población. Porque siempre se consideran otros grandes problemas por encima de las mujeres.

Fuente. AmecoPress 











¿ POR QUÉ HABLAMOS DE FEMICIDIOS?

Se acerca un nuevo 3 de junio y volveremos a salir a las calles exigiendo #NiUnaMenos y #BastaDeFemicidios. Luego de la multitudinaria marcha del año pasado, ya más seguras de la voluntad colectiva que acompaña estos reclamos, nos preparamos organizando, discutiendo y evaluando qué avances logramos y qué demandas pendientes nos quedan para alcanzar una sociedad paritaria y sin violencia de género.




Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de femicidios? Los medios de comunicación están más receptivos con el tema y los conceptos, pero a veces se transmiten sentidos equivocados o se hacen visibles situaciones de violencia de una manera regresiva en cuanto a derechos. La mayor presencia en los medios de comunicación asegura la difusión, pero no siempre la corrección de las ideas.

Escuché periodistas respetables hablar de “violencia de género” cuando un hombre es víctima de violencia por parte de una mujer, y eso no es correcto. Porque la violencia de género se define por las relaciones desiguales de poder que subordinan a las mujeres, y las relaciones patriarcales que hacen de las mujeres (y los hijos e hijas) propiedad de los varones y responsables del cuidado y los trabajos domésticos. Cuando una mujer se rebela a ese lugar, la respuesta es la amenaza, la violencia y la muerte. Un varón puede sufrir violencia e incluso ser asesinado, pero esto no ocurre en una cultura que legitima relaciones desiguales de poder, sino todo lo contrario. Es violencia, pero no es violencia de género.

El concepto de “Femicidio” es el tenebroso final de esa escalada de violencia. No se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional (como todavía se insiste en caracterizarlo). Aunque ocurra en el seno de una pareja o ex pareja, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades. Por eso le reclamamos al Estado su intervención, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios.

Hablamos de femicidios porque sabemos que en el largo camino que recorremos las mujeres tropezando con múltiples formas de violencia, muchas de las cuales están tipificadas en la ley correspondiente, instituciones y funcionarios inclumplen por omisión las obligaciones a las que se han comprometido. Porque nos tomamos en serio los derechos humanos y estamos convencidas de ser parte de su universalidad. No banalicemos los conceptos. Esto no es una avanzada de las mujeres sobre los varones, sino sobre el patriarcado como un sistema cruel que también los oprime aunque parece darles privilegios. Es imposible construir igualdad en un sistema que naturaliza sobre las diferencias sexuales la desigualdad política y de derechos.

Y si ya hemos aprendido a usar la palabra “femicidio” avancemos sobre otras formas de crímenes de género subordinados, hablemos de “travesticidios” y de “transfemicidios” con palabras que iluminen sus específicas relaciones de opresión, respetando sus propias voces. Nombremos juntas al poder que asesina, y gritemos alto #NuncaMas.

Fuente: Página 12 - Por Diana Maffía - * Directora del Observatorio de Género en la Justicia.

domingo, 29 de mayo de 2016

BAHIA BLANCA: DEL GROOMING AL FEMICIDIO. MICAELA,35 DÍAS Y EL PEOR FINAL

TÍTULO original: Cronología de los 35 días de angustia que terminó de la peor forma

la nena de 12 años desapareció de su casa en Bahía Blanca el 23 de abril pasado y este sábado 28 de mayo apareció asesinada. Angustia, esperanza y dolor, fueron los sentimientos que se mezclaron entre familiares y amigos durante la búsqueda.



Las primeras marchas pidiendo por Micaela



Manifestación espontánea luego de conocerse el desenlace. Foto: Emiliano Rozas


Micaela Ortega desapareció de su casa el pasado 23 de abril y este 28 de mayo, luego de 35 días, apareció asesinada.

El diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca realizó una cronología día a día con los detalles de su búsqueda y el peor de los finales.

Este es el detalle:

Sábado 23 de abril: desaparece Micaela Ortega.
Domingo 24 de abril: con la denuncia hecha, la familia pide su aparición.
Lunes 25 de abril: "Para mí la tienen retenida", dice su mamá.
Martes 26 de abril: primera marcha para pedir por la aparición de la nena de 12 años.
Miércoles 27 de abril: hacen rastrillajes y suman un dron a la búsqueda; un vecino dice que la vio y se le escapó.
Jueves 28 de abril: la mamá no cree que esté protegida por el padre de algún amigo.
Viernes 29 de abril: "Siento que mi hija está muy triste", indica Mónica Cid.
Sábado 30 de abril: intensifican la búsqueda con perros.
Domingo 1 de mayo: "no recibí llamados", dice la mamá.
Lunes 2 de mayo: no encuentran indicios en la PC de Micaela.
Martes 3 de mayo: los padres se reúnen con el intendente de Bahía Blanca.
Miércoles 4 de mayo: sigue la incertidumbre y no hay pistas.
Jueves 5 de mayo: secuestran una computadora desde donde entraron a unv Facebook de Micaela; una nena dijo que estaba con Micaela, pero era mentira.
Viernes 6 de mayo: difunden un video en el que se ve a Micaela con otra persona y la mamá habla con la gobernadora.
Sábado 7 de mayo: ofrecen 200.000 pesos a quien aporte datos útiles.
Domingo 8 de mayo: se cumplen 15 días sin novedades.
Lunes 9 de mayo: secuestran móviles y computadoras de conocidos.
Martes 10 de mayo: no descartan un caso de trata; una persona declara que vio una nena como Micaela.
Miércoles 11 de mayo: se realiza la quinta marcha, mientras piden ayuda a Nación.
Jueves 12 de mayo: sigue la búsqueda sin novedades.
Viernes 13 de mayo: la mamá confirma que los perros detectaron rastros en vagones y en una casa.
Sábado 14 de mayo: la búsqueda llega a Pedro Luro; una pericia clave en un perfil de Facebook depende de un juez de EE.UU.
Domingo 15 de mayo: el fiscal de la causa se muestra preocupado.
Lunes 16 de mayo: "Pienso en lo peor", dice el abuelo, mientras se hace la séptima marcha.
Martes 17 de mayo: "Tengo miedo de que no la busquen más", sostuvo el hermano de la nena.
Miércoles 18 de mayo: "No hay un solo indicio", lamentó el intendente Héctor Gay.
Jueves 19 de mayo: la mamá confiesa que recibió llamados extorsivos; Red Solidaria dice que la información de Micaela circula en 455 ciudades.
Viernes 20 de mayo: más de 200 personas marchan por Micaela; habla el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo.
Sábado 21 de mayo: se difunde la foto de la nena en el recital de Los Nocheros.
Domingo 22 de mayo: "Siento que Micaela está vivo", dice la mamá.
Lunes 23 de mayo: "Deben renunciar los que no pueden con la bu´squeda", pide el papá.
Martes 24 de mayo: buscan datos en Puerto Madryn, pero no hallan nada.
Miércoles 25 de mayo: los padres quieren enterevistarse con la gobernadora.
Jueves 26 de mayo: a más de un mes, es un misterio el paradero de la nena.
Viernes 27 de mayo: familiares y amigos realizan la décima marcha.
Sábado 28 de mayo: apareció muerta Micaela y un sujeto quedó detenido tras confesar el crimen.



Jonathan Luna.( 26 años) Femicida. Asesino

Fuente: Minuto uno.

viernes, 27 de mayo de 2016

ROSARIO: FEMICIDIO TEÑIDO DE DESPROTECCIÓN

La mamá de la chica que se había creído era la víctima fue ayer al Instituto Médico Legal a decir que su hija estaba bien. Enseguida llegaron la madre y la tía de Guadalupe y la reconocieron. Hace tiempo habían pedido ayuda al Estado.




Dos niñas desamparadas. En conflicto con sus familias, sin contención familiar ni social. Una se llama A.V. La otra se llamaba Guadalupe Medina. Sólo en los confines de la desprotección se puede entender que el cuerpo de una niña de doce años asesinada y violada se haya podido confundir con otro cuerpo, de otra niña de la misma edad. A la intemperie, en una noche fría, un testigo la ve discutir con dos integrantes de la llamada "banda de Pandu", que aterroriza al barrio. ¿A quién ve, a Guadalupe o a A.V.? El mismo miércoles la mamá de A.V. reconoció el cuerpo de su hija en el Instituto Médico Legal pero ayer a la siesta, la mujer, Mirta Alejandra V., le dijo al fiscal que se había confundido, que su hija estaba bien, en la casa de una tía. Un rato después, dos mujeres -sin relación con la anterior- llegaron al lugar para reconocer a la víctima: Guadalupe Medina, de 12 años. Eran la mamá y la tía. Guadalupe sí vivía en villa Banana.

Ante este dato, el fiscal Florentino Malaponte retuvo los documentos de identidad de las dos niñas, y requirió a A.V., que anoche llegó a la comisaría 13. Tal como estipula la ley, interviene la Dirección provincial de Niñez. La misma a la que recurrió la mamá de Guadalupe para pedir ayuda porque no podía manejar a su hija de 12 años, rebelde, con "mala junta". Le dijeron que no podían hacer nada si no había peligro. Y vaya si lo había: una muerte horrenda.

La sordidez escala: el fiscal confirmó ayer que la niña muerta sufrió penetración vaginal y anal, y que fue estrangulada. A una semana de una nueva movilización "Ni una menos", el femicidio de Guadalupe interpela al estado en la urgencia de impedir que otras Guadalupes sean truncadas a la edad de empezar a vivir.

Los de Guadalupe y A.V. ¿son cuerpos intercambiables, descartables? Niñas de 12 años sin protección de adultos, ni del Estado que debe ser el garante de sus derechos. Niñas que pueden ser violadas, y sus cuerpos tirados. Y cuyas muertes indignarán menos, porque un ¿amplio? sector de la sociedad las encajona en el adjetivo "villeras" y así les deniega, también en lo simbólico, sus derechos a una vida digna y sin violencia.

Guadalupe está muerta, y sufrió lo indecible.

La escena duele: en Lima al 2900 la urbanización es una quimera. La calle es tan angosta que si un auto se queda parado, no puede pasar otro. En un pasillo dentro de la villa, en medio de la manzana, a raíz de unos perros que ladran, un vecino entra a una casilla desocupada hace un año y encuentra a una nena de 12 años que fue violada y asesinada. Tras el hallazgo, un grupo de personas demuele la casilla, lo único que pueden hacer con su bronca contra la violencia que es ley en su barrio, y que tiene nombre y apellido, tanto como protección policial.

Después, el error de identidad, que hasta podría pasar por un detalle pero, bien visto, es otra cara de la misma desprotección. ¿Cómo pudo equivocarse la madre al reconocerla? Fuentes judiciales aseguran que hay un parecido físico, y también que el momento de ingresar al Instituto Médico Legal es traumático para cualquier familiar, muchas veces se soporta apenas un vistazo.

Lo que sí llamó la atención en Fiscalía es que poco tiempo después aparecieran -sin aparente relación- la mamá y la tía de la niña que efectivamente fue asesinada. Creen que puede haber alguien en el barrio que sepa más de lo que le dice a los operadores judiciales. No sería raro. Un testigo declaró que la niña estuvo discutiendo, a medianoche, con dos integrantes de la banda de Pandu, que siembran el terror y manejan buena parte de Villa Banana. Esta banda fue denunciada públicamente en febrero de 2015 por Comunidad Rebelde, tras el asesinato de Javier Barquilla. El joven integraba el Centro Comunitario construido por vecinos tras demoler un bunker. El 2 de febrero de 2015, Nelson Aguirre, alias Pandu, mató al joven militante. Después de distintas movilizaciones, Pandu fue detenido en abril del año pasado por el crimen. La organización social denunció la complicidad policial, que incluso se hizo patente en audiencias policiales. La banda sigue activa: sus integrantes acusados en marzo de este año de una violenta entradera cerca de villa Banana.

Fuente: ROSARIO/12 - Por Sonia Tessa


CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS A LA INFANCIA
Campaña: " Sé testigo, NO cómplice"
ong Movimento per l'infanzia ( Italia)
la traducción: vas a configuración y elegís idioma 

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jueves, 19 de mayo de 2016

MÁS DE LA MITAD DE LAS MUJERES FUE VÍCTIMA DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA

La violencia de género también se sufre en la sala de partos. Más del 50 por ciento de las mujeres no están informadas acerca de lo que los médicos harán en su cuerpo y en el de sus hijos durante y después de dar a luz. Luego de encuestar a casi 3 mil mujeres, el Observatorio de Violencia Obstétrica aseguró que los resultados son alarmantes. “Si no empezábamos a revelar los números seguíamos siendo anécdotas”, dijo Julieta Saulo, una de las fundadoras.




Más de la mitad de las madres se sintió en peligro, padeció el trato deshumanizado y fue criticada por sus actitudes: como por ejemplo llorar o gritar de dolor. El 70 por ciento no pudo elegir una posición para parir que le fuera cómoda. Las acostaron en camillas, las conectaron a sueros y cables, sin siquiera poder moverse. Los bebés apenas tuvieron un primer contacto con sus mamás al nacer, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que separarlos. Pero ellas desconocían esa información y no preguntaban. Decían “el médico sabe lo que hace” y entregaban toda su confianza a quienes traerían a sus hijos al mundo. “Hay un cortocircuito entre conocer nuestros derechos y hacerlos valer”, dijo Violeta Osorio, integrante de la agrupación “Las Casildas” durante la presentación de los resultados en el Museo del Cabildo.

Uno de los datos en los que se hizo más hincapié en la charla fue que el 46 por ciento de los nacimientos son por cesáreas: la OMS cree conveniente que la cifra no exceda el 15 por ciento de los casos. Según los resultados del Observatorio, los institutos privados son los que más realizan esas práctica. “Hay una intervención sistemática en el parto fisiológico que es negocio redondo para los profesionales de la salud”, explicó Ester Azzola, miembro del Observatorio. Las cesáreas tienen consecuencias: condiciona a las mujeres para sus próximos embarazos, influencian su vida sexual y reproductiva.

El sistema médico tiene una manera más perversa de lucrar: el servicio de neonatología. La semana media de gestación es demasiado temprana. Muchas de las encuestadas marcaron el nacimiento en la semana 36. Esos bebés necesitaron asistencia médica porque no estaban listos para enfrentar la vida fuera del útero materno. “Son obligados a nacer antes de tiempo por el modelo médico mercantilista”, dijo Osorio. Pero eso no es todo: algunos son revisados por neonatólogos aunque no lo necesiten.

Los altos niveles de medicación con oxitocina sintética o la anestesia, administrados sin pedir consentimiento; los tactos vaginales hechos por más de dos personas; las prácticas prohibidas que ponen en riesgo la vida como la Maniobra de Kristeller (en la que se empuja la panza para apurar la salida del bebé) o el uso de fórceps (donde el médico utiliza pinzas para ayudarse); la inducción del parto a través de la rotura de bolsa artificial que puede ocasionar complicaciones; el corte del cordón umbilical antes de tiempo y el “tratamiento” inmediato que recibe el bebé. Para el Observatorio, la dignidad, la autonomía y los Derechos Humanos están siendo violentados. “El relato siempre es el mismo, sólo cambian el escenario y los actores”, explicó Saulo.

Según el Observatorio, Argentina está muy avanzada en las leyes que protegen a las mujeres de la violencia obstétrica como la 26.485 -de protección integral a las mujeres- lo cataloga del mismo modo que especifica la física, sexual, psicológica, económica y laboral y la 25.929 de protección del embarazo y del recién nacido.

En octubre, a un año de la inauguración del OVO, presentarán un informe más detallado. En la jornada de ayer -que coincidió con la semana del parto respetado-, mostraron dos nuevos instrumentos que serán implementados a partir de ahora: una guía para el plan de parto y nacimiento y otra de mecanismos de denuncia. Además, armaron un protocolo que ampara a las mujeres que denuncian los malos tratos en el momento. Saulo dijo: “Si hay algo que pudimos constatar con estos resultados es que todas fueron víctimas, algunas más y otras menos”.

***

¿Alguna vez pensaste cómo naciste?
¿Alguna vez pensaste cómo nació tu madre, tu vecino, o tu amiga?
¿Alguna vez pensaste cómo fue tu parto? ¿O cómo te gustaría que fuera?
En Argentina cada 60 segundos una persona nace y otra persona pare. Parir, el documental, nos invita a transitar el mundo de los partos y los nacimientos, invitándonos a que si alguna vez no te preguntaste sobre estos hechos, empieces a hacerlo.

Después de cuatro años de trabajo, las integrantes de Las Casildas presentaron el avance del documental Parir. Mirá el adelanto:

https://youtu.be/C7pnackYLGw
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Fuente: Cosecha Roja ( Red de Periodistas Judiciales de latinoamérica) - Por Agustina Lanza.

martes, 17 de mayo de 2016

UN FALLO QUE ATRASA MEDIO SIGLO

El tribunal consideró que si bien el acceso carnal comenzó con “la apariencia de la fuerza”, la víctima finalmente dio su consentimiento. Se basó en un texto escrito en 1952. El fallo fue calificado de “retrógado” y “misógino”. Fue apelado y ahora decide Casación.

El fallo muestra cómo operan los estereotipos en perjuicio de los derechos de las mujeres.
Fotografía: Télam

En un fallo atravesado por prejuicios machistas, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal consideró que una adolescente de 15 años que había sido violada en varias oportunidades, en realidad dio su consentimiento para ser ultrajada “aunque pueda haber comenzado (cada hecho) con la apariencia de fuerza”. La sentencia fue firmada por los jueces Luis María Rizzi, en su carácter de presidente (ver aparte), y Javier Anzoátegui y Marcela Rodríguez. Y se refiere a un juicio contra un hombre de 29 años, de nacionalidad boliviana, acusado de abusar sexualmente de dos hermanas, una de 13 y la otra de 15 años, cuando las llevaba a la escuela en su camioneta, a pedido de sus padres, a quienes conocía. El fallo fue apelado y se encuentra en la Cámara de Casación. Desde la Alianza Nacional de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres expresaron su “máximo repudio” a la sentencia, a la que calificaron de “misógina” y advirtieron que “desconoce por completo los estándares vigentes que protegen los derechos fundamentales de niñas y adolescentes”.

El fallo muestra la forma en que operan los estereotipos en perjuicio de los derechos de las mujeres. Se descree de la palabra de la adolescente, cuando describe cómo fue sometida cada vez por el acusado. Incluso, a pesar de que el perito del Cuerpo Médico Forense Pablo María Legaspi señaló en su informe –y lo corroboró luego en el juicio– que el testimonio de ella como el de su hermanita era “verosímil” y en ningún momento puso en duda sus dichos.

Respecto de la niña de 15, el TOC dice que existe una “situación de duda que no es posible despejar sobre la existencia de violencia”. Alega:

1) Existencia de contradicciones en el relato de la víctima; y seguidamente afirma: “La doctrina ha advertido siempre la necesidad de la suma cautela con que deben analizarse las circunstancias en que este tipo de actos se produce. Así, dice Ernesto Ure con indiscutible elegancia que ‘no hay delito cuando el acto acaece merced a los esfuerzos del hombre, dirigidos a despertar el instinto y a vencer la oscilante resistencia, pues más que devastar una plaza sitiada, es apoderarse de una plaza rendida’. El concepto se refiere a aquellos casos en que la mujer por un acto voluntario termina por consentir los deseos del sujeto activo, aunque haya sido éste el que provocó ese consentimiento por una conducta que pudo haber comenzado con la apariencia de fuerza, pero en el que la fuerza deja de ser el factor decisivo, y es reemplazada por el instinto sexual”.

2) Luego menciona los siguientes elementos: el agresor acompañó a la víctima a hacerse un aborto para interrumpir un embarazo producto de los ultrajes. En relación a este episodio, el TOC sostiene: “Comúnmente no es a su violador a quien recurre una mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de un abuso”. Teniendo en cuenta que se le imputan más de 10 hechos al acusado, duda de que la víctima “no haya tenido oportunidad de ejercer una resistencia más eficaz o que no lo haya comentado con nadie o que nadie haya sospechado nada, ni escuchado nada, ni visto nada”. Valora que la víctima y el agresor participaran de un entorno común y que, según surge del relato de distintos testigos, parecía una relación consentida.

El TOC concluye que no puede aseverar que la relación haya sido consentida, pero afirma que existe una duda insalvable respecto al acceso carnal violento. “Pero claro está, queda el remanente de la ilicitud del acto seductor, que como se explicó, pudo haber comenzado con engaños, con violencia aparente, o con promesas hasta llegar a la excitación del instinto y a la concreción del concúbito”, argumenta.

Es decir, para el Tribunal, la mayor de las hermanas abusadas no superó la prueba de credibilidad, porque no actuó de la manera en que “debía actuar”, ni durante, ni luego de los hechos.

La abogada Felicitas Rossi, de la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres, subrayó a Páginal12 que la cita mencionada es de 1952 y “no sólo es retrógrada y prejuiciosa sino que es una afrenta a la autonomía sexual de las mujeres”. “Estos jueces siguen dictando este tipo de sentencias amparados en un sistema patriarcal que no los sanciona como corresponde. Mientras tanto, las mujeres y niñas seguimos padeciendo las consecuencias de la justicia machista que reproduce impunemente estereotipos y nos culpabiliza por las violencias que sufrimos”, agregó Rossi.

El imputado, Víctor Alejandro Solís Chambi, empresario textil, fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual mediante violencias y amenas con acceso carnal, en el caso de la hermana de 13 años, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal de una menor de 16 años y mayor de 13, aprovechándose de su inmadurez sexual y en razón de la mayoría de edad, es decir, por estupro, en relación a la adolescente de 15 años. Pero no tuvo en cuenta la violencia ejercida sobre la chica.

Los hechos que padecieron las hermanas son tremendos. La de 13 años quedó embarazada por los abusos y dio a luz un bebé. Su mamá y su papá se enteraron de la situación sufrida por sus hijas cuando la menor de las dos se descompuso y fue internada de urgencia el 3 de abril de 2014 en un hospital, donde constataron que estaba embarazada de 8 meses. Su vida corrió riesgo. Dio a luz el 22 de abril de 2014. Ambas chicas habían mantenido silencio por las violencias sufridas, porque Solís Chambi las mantenía amenazadas con que mataría a sus padres si hablaban. El hombre está casado con una prima de la mamá de las chicas, con quien tuvo una hijita. Las hermanas lo conocían desde pequeñas. La mayor de las chicas también quedó embarazada por las violaciones y el hombre la obligó a abortar.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron a mediados de 2013. Para ultrajarlas, la llevó a un albergue transitorio. Después las dejó en la escuela. “Después me llevó a mi colegio, me dijo que no me sorprendiera, que esto iba ser cada vez que él quiera…”, declaró la mayor en Cámara Gesell. Y afirmó: “Me llevó varias veces a ese hotel”(sic).

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal

domingo, 15 de mayo de 2016

FEMICIDIOS CON ARMA REGLAMENTARIA

El fenómeno revela otra cara de la violencia machista: los agresores que son miembros de fuerzas armadas o de seguridad y matan a su pareja con el arma que les provee el Estado. Ya hay 222 efectivos que no pueden llevarse el arma a su casa porque están denunciados como violentos.



ENTRE 2009 Y 2015, AL MENOS 116 ASESINATOS DE MUJERES FUERON COMETIDOS POR UNIFORMADOS, ACTIVOS O RETIRADOS


En diez días, dos policías salteños quedaron detenidos acusados de matar a sus parejas con el arma reglamentaria. El 27 de abril, en Isidro Casanova, partido de La Matanza, Axel Riquelme, un efectivo de la bonaerense del Comando de Patrullas Norte, asesinó a su esposa embarazada y también policía, Natalia Liva, y luego intentó suicidarse. Riquelme le disparó con su arma reglamentaria. Dos días después, otro policía, en Santiago del Estero, quedó preso luego de amenazar de muerte, con el arma reglamentaria, a su pareja y madre de sus tres hijos, y golpearla brutalmente, en su casa del barrio de Villa del Carmen. Un mes antes, el 21 de marzo, el policía de La Rioja Luis Alba, de 27 años, fue detenido por un hecho similar en el barrio Cochangasta, en la capital provincial, tras agredir a su esposa, Jesica Dubany, de 26. En Rosario, un suboficial de la policía asesinó a su esposa y luego se suicidó: a pesar de que tenía licencia psiquiátrica, nunca le habían retirado el arma, con la que terminó ejecutando el femicidio. Los casos se repiten y ponen en primer plano otra cara de la problemática de la violencia contra las mujeres: cuando los agresores son miembros de fuerzas armadas o de seguridad y ejercen violencia machista y hasta asesinan a su pareja, con el arma que les provee el propio Estado. Entre 2009 y 2015, al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados, de acuerdo con los registros que lleva La Casa del Encuentro. En la amplia mayoría de los hechos, los asesinatos fueron ejecutados con armas de fuego. Actualmente hay 222 efectivos de fuerzas nacionales que deben dejar a sus superiores su arma reglamentaria al finalizar su horario de servicio por estar denunciados por violencia contra sus parejas o ex. Pero en la mayoría de las provincias no hay ninguna reglamentación que les restrinja el uso del arma cuando regresan a su hogar.

“En los casos de violencia de género al interior de sus familias, el arma reglamentaria juega un rol importante. Sirve como elemento de amenaza y luego como herramienta de ejecución. El arma está ahí, al alcance de la mano, en la mesa de luz”, destacó en diálogo con Página/12, la abogada Susana Chiarotti Boero, fundadora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar).

El tema plantea otra arista del problema del uso del arma reglamentaria por parte de policías fuera de servicio, una práctica que deja como saldo la muerte de civiles en distintas situaciones en la vía pública, particularmente, y en el ámbito privado, esposas o ex parejas víctimas de violencia machista. “Las fuerzas de seguridad no están exentas de una cultura patriarcal en cuyo extremo se ejerce una violencia expresiva, con efectos disciplinadores. Sin embargo el propio carácter jerárquico de la fuerza, la permanente portación de armas de fuego, los altos niveles de impunidad político-jurídica del accionar policial, el privilegio de la fuerza física y determinadas destrezas por sobre otra forma de resolución de conflictos, los hechos de violencia laboral y sexual de los que fueron víctimas funcionarias policiales, los casos de femicidios en los que fueron policías los ejecutores, requieren de políticas específicas y comprometidas que tengan en cuenta los elementos institucionales que contribuyen a su prevención o a su incremento”, advierte y reclama el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su informe anual 2016, próximo a publicarse, en el capítulo en el que aborda la violencia institucional desde una perspectiva de género. “Es necesario, por otra parte, que se registren y hagan públicos los casos de femicidios, lesiones y acoso por parte de agentes de seguridad”, señala el reporte del CELS.

La situación en Salta

A comienzos de abril, el policía salteño Víctor Leonardo Sánchez, mató a su pareja Leticia Sarapura de un disparo. Fue el segundo caso en esa provincial en menos de diez días. A comienzos de 2016 ya se había registrado otro femicidio a manos de un uniformado salteño. Y el 7 de abril, otro efectivo policial de Salta, Julio César Carrizo, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por amenazar a su pareja con el arma reglamentaria.

La sucesión de hechos puso el tema en agenda en la provincia. Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que encabeza la especialista en estudios de género Alicia Ramos, emitieron el 5 de abril una recomendación al gobierno de Juan Manuel Urtubey, en la que piden que se implemente el retiro del arma reglamentaria “cuando el agente protagonice algún evento que configure violencia de género, con pase a funciones administrativas para no desproteger económicamente al grupo familiar, a excepción de los que se encuentren comprendidos en inhabilitación judicial”. Se trata de la primera recomendación del organismo, creado por la Ley provincial 6873, e integrado formalmente 25 de noviembre de 2015.

Lo que agrava esta situación para la víctima es que el victimario tenga tan próxima el arma legitimada y que sea como parte de su cuerpo. Esto aumenta muchísimo las probabilidades de muerte. Se supone que un agente de policía tiene que cumplir con requisitos para poder ingresar a la fuerza y es una persona que puede controlarse y usar el arma en la persecución del delito y no con sus familiares”, agregó Ramos. Además, el Observatorio recomendó que los efectivos cumplan con capacitaciones sobre la temática, especialmente aquellos que reciben denuncias de las víctimas en las comisarías. “Tuvimos varias reuniones directamente con el ministro de Seguridad, luego de entregarle la recomendación. Y de allí surgieron acciones conjuntas como una capacitación a la cúpula policial y la incorporación de contenidos de género en la escuela de cadetes. Para la capacitación elaboramos contenidos mínimos y lo interesante es que se trabaja con el director de la Escuela de Formación que tiene la repartición. Está en implementación”, detalló Ramos a Página/12. Todavía no recibieron respuesta en relación a la cuestión del arma.

Según el último informe de La Casa del Encuentro, realizado en base a las noticias publicadas en medios de comunicación, Salta es la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de femicidios durante 2015: con 19 hechos, detrás de la provincia de Buenos Aires, con 111 y Santa Fe, con 23. Sin embargo, si se toma en cuenta la tasa de femicidios cada 100 mil habitantes, surge que los pagos de Urtubey encabezan el triste ranking, seguidos por Formosa y Santa Cruz. En 2015, se contabilizaron al menos 286 femicidios en todo el país, de los cuales 17 fueron cometidos por integrantes o ex miembros de fuerzas armadas o de seguridad. En 2014, fueron 18. Si se toma el número registrado entre 2009 y 2015, 116, representan un 5,5 por ciento del total, que en ese lapso fue de 2094 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres en la Argentina.

Fuente: Página 12 - Por Mariana Carbajal

HUBO 28 FEMICIDIOS DE ADULTAS MAYORES EN 2015

La mayoría fue asesinada a golpes. En el 39% de los casos el principal sospechoso es el esposo, la pareja o el novio; el 14%, un hijo; y el 10%, ex esposos o ex parejas. En dos casos simularon caídas.




Unos 28 femicidios de adultas mayores de 60 años se registraron en Argentina, durante el año pasado. Casi la mitad de las mujeres fueron asesinadas a golpes. En el 39% de los casos el principal sospechoso es el esposo, la pareja o el novio; el 14%, un hijo; y el 10%, ex esposos o ex parejas. Los crímenes por violencia de género ocurrieron casi en su totalidad en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el femicida.
Estos dolorosos hechos se destacan en un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

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Los datos de la investigación fueron recopilados de las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, como el seguimiento de cada caso en los medios.
Tema invisibilizado

Consultada por este diario, la presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, destacó que los femicidios en adultas mayores es un tema "invisibilizado" socialmente, "hay poco material periodístico, no se publican casos de mujeres mayores" y hay "poco seguimiento" de lo que ocurre en la causa judicial.
Respecto a la modalidad de los crímenes por violencia de género, Rico indicó que, sin hacer distinciones de edad, en la mayoría de los casos las mujeres son baleadas; en segundo lugar apuñaladas; tercer lugar, asesinadas a golpes. Sin embargo, en los femicidios de adultas mayores, la principal modalidad son los golpes. "La mayoría de los femicidas no usaron un arma externa como un revólver o un cuchillo. Utilizaron sus propias manos como un arma mortal, (por lo que) hay un grado extremo de vulnerabilidad", afirmó.
En dos de los hechos registrados en el informe, los presuntos asesinos argumentaron que las víctimas se habían accidentado producto de una caída.
Uno de los casos ocurrió en la provincia de Salta, cuando una mujer, de 81 años, fue asesinada por su sobrino, de 72, quien "en un primer momento había dicho que la mujer se cayó la cama", indicaron medios locales. "Pero para la policía, no había relación entre el relato y lo que había encontrado. Luego el sujeto se quebró y dijo que la había asesinado", se señaló.


Otro caso sucedió en la ciudad de Mar del Plata, cuando una mujer, de 81 años, falleció a horas de ingresar golpeada a una clínica. La pareja, de 63 años, dio la versión que la mujer había sufrido una caída. Sin embargo, "el médico de turno se negó a firmar el acta de defunción por muerte natural y se labró una causa judicial que motivó una autopsia que determinó que murió a causa de golpes recibidos en la cabeza y en el tórax", informaron medios locales.
En este marco, Rico señaló que esta es una "característica" de los femicidios en adultas mayores. "Simulan que la mujer se cayó. Si una joven se cae no le pasa nada. Pero a una mujer mayor le puede pasar algo grave porque no tiene la misma estabilidad. Y esto es muy común en el maltrato hacia las personas mayores -tanto en mujeres como en hombres- y el personal de la salud se fija mucho, hace una mirada especial porque se dan cuenta si los golpes fueron productos de una caída o si la persona fue golpeada", remarcó.




Presuntos abusos sexuales

En tanto, en el informe se encuentran dos femicidios (uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Chaco) en los cuales las adultas mayores fueron golpeadas y habrían sido abusadas sexualmente por presuntos delincuentes. Rico advirtió que "no hay mucha información de abuso sexual en mujeres mayores e incluso muchas veces la familia pide que no se difundan esos datos". Siendo otro de los tantos temas invisibilizados en la tercera edad, silenciados, negados socialmente.



"Tienen naturalizado el maltrato"

La presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Ada Rico, advirtió que "las mujeres mayores tienen naturalizado el maltrato".
"(En el modelo machista familiar) El trato hacia la mujer era ese. Ellas tenían que quedarse en la casa, había que obedecer, incluso hasta permitirle a la pareja alguna infidelidad. Y lo justifican diciendo 'él es bueno', 'es buen padre', 'nunca me faltó nada', 'siempre fue así', 'mi vida ya está hecha'. Y hay que trabajar para desnaturalizar el maltrato", afirmó.

 Se va visibilizando la violencia contra la mujer. Y ellas empiezan a preguntarse por su situación, lo cual es muy bueno. Más allá de la edad que tengan siempre hay que trabajar para salgan de ese vínculo, para que haya cambios en la vida cotidiana".

Fuente: Diario Popular - Por Natalia Muñiz

sábado, 14 de mayo de 2016

ESPAÑA: AUDIENCIA NACIONAL DESOYE A LA ONU

La sentencia deniega una indemnización a la madre, Ángela González, que llegó a denunciar más de 30 veces y a pedir protección.



Madrid. La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha exculpado al Estado de responsabilidad en el asesinato de la hija de Ángela González, asesinada por su progenitor, el ex marido maltratador, durante un régimen de visitas impuesto por un juez. Le niega la reparación que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió cuando condenó a España por este caso.



Así lo ha anunciado la organización Women’s Link, cuyas letradas se han hecho cargo de la representación de Ángela y que el pasado 2014, después de que la CEDAW condenase a España por entender que no se había protegido a la mujer y a su hija, acudieron al Ministerio de Justicia primero y a la Audiencia Nacional, después, reclamando una indemnización para la afectada. En ambos casos, le ha sido denegada.


El argumento principal que utiliza la Audiencia Nacional es que este proceso ya se juzgó en el año 2004, cuando negó la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la hija de Ángela. Con este argumento, el alto tribunal ignora que en el año 2014 el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas emitió un dictamen condenando a España y exponiendo todos los fallos cometidos por el sistema judicial en el examen del caso de Ángela. También declaró la obligación del Estado de revisar nuevamente el caso e indemnizar a Ángela adecuadamente.

La ONU reprobó a España por actuar de manera negligente en la protección tanto de la madre, víctima de violencia machista, como de su hija, de 7 años, que fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor. Ángela había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitó medidas de protección para ambas, que no le fueron concedidas.

“La firma y ratificación de convenios internacionales obliga al Estado español a proteger y garantizar derechos. España es parte de la CEDAW y no puede pretender que las decisiones del Comité no tienen ningún efecto sobre sus instituciones. Esto supone un déficit democrático muy grave que no podemos aceptar”, afirma Gema Fernández, abogada senior de Women’s Link Worldwide.

“Esta decisión supone una injusticia más para Ángela que lleva 16 años buscando justicia y que casos como el suyo no se vuelvan a repetir. La denegación de esta indemnización supone, en la práctica, no reconocer la responsabilidad del Estado español en este caso. Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del estado que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea”, señala Gema Fernández.

En octubre de 2014, después de que el Comité CEDAW de Naciones Unidas declarara la responsabilidad de las autoridades en el asesinato de la hija de Ángela, la organización Women’s Link Worldwide presentó una solicitud de indemnización ante el Ministerio de Justicia que lo desestimó. Siguiendo el procedimiento recurrió ante la Audiencia Nacional que emitió la sentencia que ahora le deniega a Ángela una reparación efectiva por los daños sufridos.

“Si el Estado acatara las decisiones del Comité CEDAW, mujeres como María Salmerón o Susana Guerrero no tendrían que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisión con los padres maltratadores. El Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables”, explica Gema Fernández

La víctima, defendida por Women’s Link Worldwide, va a recurrir la decisión de la Audiencia.

Cronograma de los hechos:

Abril 2003: asesinato de Andrea, hija de Ángela González. 
Abril de 2004: solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia que terminó con el asesinato de Andrea. 
Junio 2011: el Tribunal Constitucional inadmite esta reclamación de responsabilidad patrimonial, argumentando que no existió responsabilidad alguna de las autoridades en la muerte de su hija. 
Agosto 2014: el Comité CEDAW condena al Estado español por no haber protegido de una manera efectiva a Ángela González ni a su hija. 
Octubre 2014: recurso extraordinario de revisión de la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial (presentado en abril de 2004). 
Mayo 2016: denegación del recurso.

Fuente y foto: archivo Amecopress. -Por Gloria lópez


PORTUGAL Y LA VIOLENCIA MACHISTA

La lucha contra la violencia machista es uno de los grandes desafíos para Portugal, donde se registran cifras alarmantes de mujeres asesinadas, a pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, como la creación de una legislación específica o de asociaciones de apoyo a las víctimas.




El pasado 6 de enero, una mujer fue encontrada muerta en Santa Marinha do Zêzere, en el norte del país, supuestamente asesinada a manos de su compañero sentimental. Dos días después, otra fallecía en Porto Santo, en el archipiélago de Madeira, tras ser apuñalada por su exnovio.

Dos mujeres asesinadas en apenas ocho días, lo que evoca las cifras de violencia machista registradas en Portugal el año anterior, que cerró con una media de 2,4 mujeres asesinadas al mes.

En total fueron 29 las mujeres que perdieron la vida en suelo luso en 2015 por un crimen de violencia de género, según datos del Observatorio de Mujeres Asesinadas (OMA), promovido por la organización feminista Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR).

La cifra es alarmante si se compara con la del país vecino, ya que en España se registraron 57 asesinatos con una población cuatro veces mayor que la portuguesa.

"Hemos detectado que, comparativamente, Portugal tiene una tasa de incidencia superior a la que existe en España, pero no hemos encontrado una explicación para ello", señaló en declaraciones a Efe la portavoz de UMAR Elisabete Brasil.

Según esta portavoz, en Portugal apenas existen estudios científicos sobre la violencia machista, lo que dificulta "profundizar en su análisis y realizar comparaciones con otros países europeos".

Las 29 mujeres que murieron en Portugal en 2015 representan la cifra más baja de los últimos cuatro años, aunque los expertos no creen que signifique que el problema ha disminuido.

"En los 11 años de trabajo del OMA hemos identificado una oscilación en la incidencia del feminicidio, con años en los que se registran números más bajos y el año siguiente un aumento significativo", explicó Elisabete Brasil.

En 2014, por ejemplo, se registraron 43 muertes, una de las cifras más altas de la última década. En total, los datos de los últimos 11 años arrojan una media de 39 mujeres asesinadas por año.

De ahí que la violencia machista siga siendo uno de los grandes retos para Portugal, donde se ha avanzado en el marco jurídico que protege a las víctimas pero aún resta un largo camino por recorrer.

"Además de la ley, necesitamos que los actores judiciales, policiales, sociales y políticos la apliquen en toda su plenitud y que traten la violencia doméstica como un delito grave y potencialmente letal, una realidad que todavía estamos lejos de alcanzar", señaló la portavoz de UMAR.

Para ello, sería "determinante" introducir la perspectiva de género en la legislación lusa y crear mecanismos que aseguren que el agresor será alejado de inmediato de la víctima cuando se identifique una situación de violencia doméstica.

El proceso para incluir este tipo de violencia en la legislación lusa fue iniciado tímidamente en 1982 con la introducción del crimen de "malos tratos" en el Código Penal, pero hasta 2007 no se incorporó en esta norma la designación penal de "violencia doméstica".

Dos años más tarde se promulgó una ley específica sobre este tipo de violencia y sobre la protección de sus víctimas que ha sido actualizada sucesivas veces desde entonces.

La última revisión se produjo en septiembre de 2015 y dicta la constitución de un equipo especial para analizar los casos de violencia machista, la agilización del cobro de las indemnizaciones y la creación de una base de datos sobre violencia doméstica, ya que no existían cifras oficiales sobre estos crímenes.

Los únicos recuentos disponibles hasta entonces eran los que realiza la UMAR a partir de los asesinatos divulgados en la prensa, por lo que todos los casos que no se conocieron públicamente se quedaron fuera de las cifras de víctimas.

A partir de los datos recabados los últimos años, la UMAR elaboró un perfil de las víctimas lusas de violencia machista, que suelen ser mujeres de más de 36 años, asesinadas por un hombre con el que mantienen o mantenían en el pasado una relación de intimidad.

La mayoría de los homicidios ocurren en la propia residencia de las víctimas y sólo en alrededor del 30 % de los casos existían denuncias o procesos judiciales previos por violencia doméstica. 

Fuente. EFE - Por  Paula Fernández