La psiquiatra Virginia Berlinerblau explica el backlash, la reacción violenta de los acusados para con los profesionales que trabajan sobre la temática de la violación en niños y maltrato familiar. El riesgo de perder la matricula y el desmantelamiento de los servicios públicos que ayudan a las víctimas.
En la Argentina, a fines de los 90, la protección de los niños comenzó a ser cuestionada, luego de un período casi exclusivamente favorable de reconocimiento del Abuso Sexual Infantil –ASI– en la comunidad como un problema común de la infancia. A través de amplias campañas, padres que han sido alejados de sus hijos por causas judiciales –en algunos casos por denuncias de incesto paterno filial–, con el apoyo de algunos abogados y supuestos “testigos expertos”, han desplegado una fuerte ofensiva para desprestigiar a profesionales que trabajan en la temática, invalidar las denuncias en su contra y finalmente, desmantelar los servicios públicos que brindan atención a las víctimas. La reacción negativa violenta o backlash, ha surgido en la Argentina como un fuerte movimiento de oposición contra los profesionales que trabajan en Maltrato de Niños, poniendo en riesgo la protección infantil.
En 2000, el backlash tuvo un fuerte impulso con el artículo del ex juez Eduardo Cárdenas publicado en el periódico jurídico La Ley. Cárdenas, abogado con gran influencia en Tribunales, habló de la existencia de una “verdadera ´industria´ de denuncias de abuso sexual, promovidas con el fin de aislar al hijo del otro progenitor”. Su escrito parece ser una “pantalla” para atacar a determinados profesionales que le molestan, tras una supuesta defensa de la unidad familiar. Despliega una furibunda diatriba, atacando la credibilidad de quienes trabajan en instituciones públicas, además con información falsa. El artículo de Cárdenas generó un enérgico repudio a nivel local y nacional por parte de profesionales e instituciones públicas que trabajan en la temática de la Violencia Familiar. En marzo de 2001, en una carta dirigida a la subsecretaria de Derechos Humanos, firmada por casi un centenar de profesionales de todo el país, se advierte sobre una “escalada que pone obstáculos al proceso de visualización de la violencia doméstica”.
El backlash incluye a progenitores de los que se sospechó y sienten que sus reputaciones han sido comprometidas. Algunos están muy enojados y dañados (algunas veces con buenos motivos). Los profesionales han provisto las energías principales detrás de grupos de padres, haciendo lobby en las legislaturas para que aprueben leyes que protejan a los progenitores y restrinjan a los servicios de protección y asistencia de la infancia. Además, los grupos de progenitores agraviados incluyen algunos padres divorciados –que nunca sufrieron investigaciones ni fueron objetos de sospechas–, pero al haber experimentado conflictos familiares devastadores, se sienten vulnerables a ellos.
El segundo gran grupo involucrado en el backlash son los abogados y algunos “testigos expertos”. Cuando las sospechas de ASI llegaron a la clase media, más y más abogados se encontraron defendiendo a gente pudiente acusada de abuso de niños. Como resultado, ha devenido un campo de trabajo más especializado y definido. Una red de letrados experimentados ha reunido un cuerpo de literatura, argumentos estandarizados y razonamientos en los que basan la defensa, y un grupo de expertos y partidarios que pueden ser tenidos en cuenta para construir estos razonamientos. Estos incluyen la idea de que los trabajadores del área de protección infantil obran con celo excesivo al identificar el abuso, que los niños pueden ser manipulados para efectuar o consentir denuncias falsas y que una mentalidad de caza de brujas e histeria ciega a los profesionales. Los abogados han reconocido que para ganar los casos de abuso, ayuda si sus argumentos tienen mayor legitimidad entre el público, los jueces y la comunidad profesional. Han hecho públicos estos argumentos y han dado soporte financiero a otros individuos activos en el backlash. Algunos profesionales simplemente no están de acuerdo con las concepciones que rodean el abuso sexual y otros, quizás, han optado de manera oportunista por las ganancias y notoriedad cobrada como “testigos expertos”.
Fuente: Especial para Diario Z - Por Virginia Berlinerblau (Psiquiatra, Cuerpo Médico Forense)
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