TRATA DE PERSONAS: " EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LAS PERSONAS NO SE CONSIDERAN VÍCTIMAS

Cecilia Merchán y Melisa  Elberling son, respectivamente, coordinadora e integrante del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas. En esta nota hacen un balance de la actuación de ese organismo desde su creación a fines del 2012 y de las fortalezas y debilidades de las políticas públicas sobre trata de personas en Argentina: hay asistencia, protocolos de atención y programas de reinserción laboral, sin embargo no son suficientes o falta articulación, además de las particularidades de un país federal. Y por detrás, la violencia simbólica de un sistema social, político y cultural que sigue considerando a las mujeres objeto de consumo.

Cecilia " Checha" Merchán y Mónica Patricia Bersanelli

Argentina es uno de los países de América Latina con mayores avances en materia de políticas públicas  para la prevención y sanción de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La participación de diferentes organizaciones y actores sociales y políticos en la sanción de la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008) y su posterior modificación y ampliación a través de la Ley 26.842 (2012), evidencian la necesidad de ajustar el accionar legal a las necesidades y realidades de las víctimas.

En un complejo panorama donde las redes de trata modifican los mecanismos del delito, las mujeres explotadas sexualmente no se reconocen como víctimas y las instituciones del Estado se capacitan y organizan para asistir a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos y de género, Cecilia Merchán (coordinadora ) y Melisa Elberling (psicóloga e integrante) del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, analizan las políticas públicas existentes para la prevención del delito de trata, los logros alcanzados y el trabajo que queda por hacer. 

¿Qué es y cómo funciona el Comité Ejecutivo?

Melisa Elberling: El Comité Ejecutivo es una coordinación de cuatro ministerios: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los cuales son coordinados, a su vez, por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se crea en septiembre de 2012 a partir de las modificatorias de la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Funciona como espacio de articulación y coordinación entre esos cuatro ministerios, que tienen como tarea específica, la prevención, combate, y asistencia de las personas damnificadas por el delito de trata. Es un espacio que se reúne periódicamente con los equipos técnicos y las personas que representan a cada uno de los Ministerios; su función es intentar delinear políticas públicas en contra del delito de trata que apunten a la prevención, sensibilización y difusión de la problemática. El Comité tiene un equipo de coordinación que viaja por todo el país para realizar talleres de capacitación donde se construye conocimiento con la gente a partir de los materiales y metodologías que hemos elaborado. Es un trabajo territorial que hacemos de manera permanente, con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas que están presentes en los territorios. También realizamos una campaña nacional que se llamó “Paremos la trata”, compuesta por diferentes piezas comunicativas que proponen otros lenguajes para hablar de un tema tan complejo como la trata de personas.

¿Cómo evalúan la aplicación de los protocolos de actuación?

M.E: Las áreas que atienden el tema de trata de personas dentro de cada ministerio tienen un protocolo interno de actuación que está en sintonía con los principios de los protocolos de los otros ministerios, lo cual da cuenta de una línea de trabajo fluida que tiene como eje la perspectiva de derechos humanos y de género. En este momento estamos trabajando en un protocolo conjunto que pueda reflejar el accionar del Comité como un cuerpo y dar cuenta de todo el proceso: desde que se realiza la denuncia hasta que la persona decide terminar con la asistencia. Por otra parte, existen resoluciones que facilitan el acceso de las personas víctimas de trata a algunos programas del Estado, particularmente programas dirigidos al empleo y la capacitación que contribuyen al proceso de salir al mercado laboral. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a través de la Sub Secretaría de Relaciones Laborales, pone a disposición de la víctima de trata el andamiaje que existe para todas las personas con vulneraciones de derechos: asignación universal por hija e hijo, inclusión en programas de empleo, financiación y sostenimiento de un emprendimiento productivo. Lo que vemos es que hay un cambio significativo, son los programas que se pueden ofrecer y la suma que tienen asignados, la aceptación es buena, las personas quieren ser incluidas, pero muchas veces no resulta suficiente.

¿Cómo analizan la forma en la que se están llevando a cabo los rescates?

Cecilia Merchán: En comparación con otros países latinoamericanos, Argentina ha avanzado mucho en la consolidación de políticas públicas alrededor de la trata de personas. En el año 2008 tuvimos la primera ley y hasta la fecha se contabilizan más de 8.500 personas rescatadas, 50% víctima de explotación sexual y 50% de explotación laboral. Durante estos años, los organismos del Estado se han capacitado y preparado: las fuerzas de seguridad tienen oficinas específicas de trata, el Ministerio de Desarrollo articula con todas las provincias, hay una oficina de monitoreo de avisos sexuales… se ha avanzado mucho, lo cual  no quiere decir que sea perfecto; creo que lo más complejo es abordar la asistencia después de los rescates, en la mayoría de los casos, las personas no se consideran víctimas, una vez que fueron rescatadas, muchas no quieren saber nada, y vuelven a caer en otra situación de prostitución. El vínculo de las personas que han sido víctimas de trata con el Estado es complejo, no es fácil asociar a todas las personas con una política integral; nadie te obliga a que recibas un refugio, por eso es importante que la posibilidad de ser asistidos por el Estado permanezca vigente hasta que las personas decidan  acercarse. Hay aspectos que fallan, el tema de articulación de los protocolos es complicado, sobre todo en las provincias, donde no hay condiciones homogéneas: por un lado hay provincias con buena voluntad y pocos recursos, otras que funcionan muy bien y otras que manejan altos niveles de complicidad con las redes de trata… Lo cierto, es que todos estos aspectos, hacen parte de la realidad del delito y del proceso de cada persona para reconocerse como víctima, por eso es importante que el primer contacto del Estado con las personas rescatadas sea a través de una profesional en psicología, capacitada para ofrecer la asistencia. En otros países las víctimas son abordadas por la policía, en Argentina, el primer contacto de las víctimas con el Estado se da a través de un equipo interdisciplinario; esto no es secundario, se trata de abordar el delito con una perspectiva de derechos humanos.

¿Cómo se ha modificado el delito de trata en los últimos años?  

M.E: Las formas de captación se complejizaron, los mecanismos están más aceitados porque se ha avanzado más en el conocimiento del delito de trata, pero la realidad es que los cuerpos de las mujeres siguen tomándose como objetos y esa mercantilización permite que se sostengan las condiciones de explotación, es un claro ejemplo de la relación del patriarcado y el capitalismo en nuestra sociedad; existe un andamiaje social y cultural que sostiene la máxima de las mujeres como objetos que se pueden comprar y vender.

¿Qué le modificarías a la ley?

M.E: Creo que la trata es una de las violaciones a los derechos humanos más crudas que existen y es necesario poder garantizar un piso de asistencia que sea parejo en todo el territorio. También me parece importante que exista la posibilidad de garantizar un patrocinio gratuito en lo civil, a modo de resarcimiento del daño causado por el delito de trata.

Fuente: Comunicar Igualdad - Por  Natalia Castro Gómez.-