La senadora entrerriana Kunath, del FpV, logró que el Senado apruebe la permanencia de la acusación de los casos contra chicos. También habrá inhabilitación perpetua para el que tenga un cargo público.
“La respuesta a la víctima de abuso sexual no puede ser negativa”, afirmó la senadora nacional por Entre Ríos Sigrid Kunath, del Frente para la Victoria, al participar en la ciudad de Resistencia de un debate en el que se analizó un proyecto de su autoría que establece “la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual” de menores de edad. Kunath valoró la apertura del debate para “visibilizar un tema complejo que por mucho tiempo fue tabú, pero en el que entendemos que el único camino es su incorporación en la agenda pública para lograr un involucramiento ciudadano y así construir mejores dispositivos de contención”.
El proyecto, aprobado en el Senado nacional, ya está en la Cámara de Diputados y propone la modificación de tres artículos del Código Penal de la Nación para pedir la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de “quienes valiéndose de un cargo perpetraran este tipos de abusos”, además del eje de la iniciativa que incorpora al artículo 62 bis la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de los menores de edad.
Las definiciones de la legisladora se dieron en el marco de una charla organizada en la capital chaqueña por el Espacio de Género de la Agrupación Colectivo Nacional junto con la asociación Justicia Legítima Nordeste, en la Casa de las Culturas. Kunath detalló los avances de la iniciativa, que ha sido respaldada por autoridades judiciales y referentes en temas de los derechos de la niñez.
La legisladora, además de explicar los fundamentos de su proyecto, recordó que el tema la preocupa muy especialmente desde su paso por la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, cuando tomó conocimiento de casos que tenían como víctimas a niñas y niños, lo que condujo a la necesidad de aunar esfuerzos entre el Estado y las organizaciones civiles para enfrentar el problema.
Ese trabajo lo hizo, desde la función pública, junto con la organización Con Los Gurises No, algunos de cuyos integrantes también participaron de la charla. Entre todos, desde aquel momento, avanzaron en la creación de un protocolo de intervención y en la creación de un consejo de acompañamiento para víctimas de estos delitos.
“Es un tema muy complejo, que tiene consecuencias brutales y nos parece que cuando la víctima puede asumir el proceso de acudir al servicio de justicia la respuesta del Estado no puede ser negativa con el solo argumento de la prescriptibilidad”, consideró la diputada nacional. Agregó que el proyecto de ley que ella propicia “implica continuar el camino iniciado con lo que se conoce como la ‘Ley Piazza’ (que amplía los plazos de prescripción cuando las víctimas son menores)”.
Por su parte, la defensora oficial e integrante de Justicia Legítima Nordeste, Lorena Padován, reflexionó sobre la forma de encarar la atención de quienes sufrieron esta vulneración de derechos y los avances normativos que se dieron en esta rama de la justicia penal. “La víctima debe ser acompañada en todo el proceso por un equipo interdisciplinario, porque si bien el acceso a la justicia es el asesoramiento técnico, esto no es suficiente porque el intento de reparación del daño causado por un abuso debe ser parte de un trabajo integral”, sostuvo Padován.
En un plano más amplio, consideró que el acceso a la justicia “es un derecho humano” que debe ser más ágil cuando se trata de menores porque “debemos generar esquemas que permitan vencer el obstáculo del temor a la burocracia judicial”.
También intervino en el debate la psicóloga Silvana Pérez, de vasta experiencia en la atención de casos de abuso sexual, quien señaló que para una víctima la condena del victimario implica la “posibilidad de generar un proceso de restitución de un orden de legalidad que fue alterado con el abuso”. Puntualizó que “un abuso significa un acto de disimetría que ataca la condición subjetiva de un niño, que alteró su orden de la legalidad y generó una situación traumática que puede prolongarse por el resto de la vida, por lo que nos parece importante contar con estas herramientas y garantías sociales y jurídicas que buscan la reparación del daño”.
Otros participantes en el debate fueron la psicóloga Carolina Fule y los miembros de la organización Con los Gurises No, quienes opinaron que el proyecto legislativo puede servir para ponerles límites a los delitos de pedofilia y pornografía infantil.
Fuente. Página 12
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