sábado, 1 de abril de 2017

VIOLENCIAS DE GÉNERO: VÍCTIMAS Y TESTIGOS BAJO SOSPECHA

Título original: En la mira

Las testigos –y víctimas– de violencia machista extrema enfrentan una vez que van a la Justicia otras victimizaciones: la falta de protección efectiva y una mirada social que las coloca bajo sospecha, dándole menos validez a su palabra. Es el Estado el que puede construir esa legitimidad.




Vieron -y al mismo tiempo sufrieron- la violencia machista más extrema. Aunque sus historias son distintas, viven la misma indefensión. Magalí tiene 16 años y recibió disparos en la pierna y en la cabeza, el 11 de febrero pasado en Florencio Varela. Declaró hace pocos días porque recién pudo recuperarse de las heridas y señaló sin dudar al autor de los disparos que mataron esa madrugada a Sabrina, de 15 y Denise, de 17. Otra amiga, Némesis, también de 15, resultó herida. Magalí es una testigo protegida pero al Estado le faltan estrategias para que esa protección sea eficaz. Mientras viva en su barrio, en su casa, y la trama de complicidades entre las economías delictivas y las fuerzas de seguridad se mantengan intactas,  los riesgos son patentes. Es lo que vivió Melody, la única testigo del asesinato de Melina Romero, en 2014. La joven enfrenta una denuncia por falso testimonio.

El 17 de marzo, el Frente de Mujeres de San Martín se movilizó hasta la fiscalía para denunciar, justamente, la revictimización que sufrió Melody. “Desde la muerte de Melina, Melody que podés ser vos, que podría ser Melina, vive en un estado de total abandono. En primer lugar porque la justicia definió que habría que ‘cuidarla’ cuando en realidad lo que quería era controlarla y para eso puso a la policía en la puerta de su casa que la obligó a estar en un régimen similar al de la prisión domiciliaria no pudiendo salir de su casa. Tuvo que abandonar la escuela, quedando marginada del sistema de salud. Soportó el asesinato de un policía en la puerta de la casa, de lo que poco se sabe, quedó expuesta a las internas de esta connivencia feroz que propone el entramado siniestro de la policía, la droga y la justicia”, enumeraron las mujeres de San Martín, que se movilizaron acompañadas de diputadxs nacionales y provinciales.

Justamente, por Melody, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentará un amicus curiae. Sin entrar en los casos particulares, la coordinadora del Observatorio,Laurana Malacalza, señala que


  “en el marco de definiciones de políticas públicas, lo que ocurre cuando pensamos en abordajes de la violencia contra las mujeres hay dos temas que no están definidos: uno tiene que ver con las instancias a reparación a víctimas de violencia de género y otras con las instancias de protección de testigos, que se ha asociado mucho en términos de terrorismo de estado, pero no se ha implementado en situaciones de violencia de género, a testigos que han formado parte de instancias de femicidio”.


 Justamente, Malacanza subraya que -con Melody- la indefensión provino de las mismas decisiones del Estado. “En San Martín, la medida de protección de testigo que a ella le ponen en ese momento, la expone frente a las violencias que hay en el barrio. Le pusieron a dos policías en la puerta, con lo que significa la policía en barrios cooptados por el narcotráfico. Por eso hace falta que esas políticas sean adecuadas al contexto y al hecho que se va a reparar”, explicó.


Y eso se engarza con la falta de validación social que tiene algunos testimonios. “Aparece como muy evidente la desconfianza hacia la persona que testifica que vio algo, y que estuvo en una escena. Ese testimonio que da una mujer, sobre todo cuando son jóvenes y pobres, tiene para la justicia mucho menos valor, no sólo que el testimonio de los hombres, sino de otras mujeres”, analizó Malacanza, para quien el estado debe abordar es “la posibilidad de la escucha de esos testimonios, donde aparece como una valoración de qué tipo de mujeres víctimas de qué tipos de delitos, porque tiene que ver con la construcción de una escucha social para determinados testimonios”. La especialista cree que hay un antecedente fecundo en cómo el estado puede tomar una política activa, y es el tratamiento a testigos-víctimas del terrorismo de estado.  “Todo lo que están diciendo es lo mismo que han dicho las mujeres que han declarado como testigos en los juicios por terrorismo de estado, se ha construido una legitimidad social sobre ese discurso de las víctimas de terrorismo de estado y el estado tiene mucho que ver en la construcción de esa legitimidad”, agregó. Claro que el paralelismo incluye, de manera urgente, la movilización social. “Las feministas tenemos mucho que hacer en eso, en ponerlo como un tema de agenda”, sostuvo Malacanza.

Desde el territorio, el Frente de Mujeres de San Martín le pone palabras a la cercanía con Melody, pero apunta a los mismos problemas. “Escuchando  sus relatos hay claros indicios de los abandonos y abusos que la  marcaron. Resulta más fácil y con menos costo para la justicia culpabilizar a las jóvenes”, dicen quienes llegaron hasta la fiscalía para pedir otro tratamiento. “A nadie le parece importante indagar a los varones implicados, ni el entramado de complicidades que terminaron con la vida de Melina. Ni asumir que esta situación es una más, de las muchas que ha diario someten a las mujeres  empobrecidas en red de violencia sexual. Es el Estado el responsable de la precarización de esas vidas y el cómplice de la falta de pruebas en el femicidio de Melina Romero”, expresaron desde su experiencia cotidiana. 

“Para que esto se sostenga y reproduzca es necesario de un entramado y una connivencia entre la policía, el narcotráfico y la justicia. Nosotras las mujeres jóvenes y pobres del conurbano somos un plato más del que se sirven los varones, somos una mercancía más en el negocio de la pobreza. Sobrevivir nos vuelve culpables porque esta sociedad solo se conmueve si aparecemos muertas en un basural, pero si sobrevivimos seguro “algo hicimos””, expresaron.

Fuente: La 12 - Por Sonia Tessa

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