Los casos de abuso en los ámbitos académicos sirvieron para rever el estado de situación actual en cada una de las instituciones. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral funciona el protocolo ante situaciones de violencia de género, pero son las organizaciones las que suelen mover los hilos.
El movimiento feminista expone el abuso que viven mujeres y el colectivo LGBTTTIQ+, y el ámbito académico no es la excepción. Tal es el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral donde, públicamente, se conocen cuatro casos emblemáticos que dan lugar al debate sobre la situación actual.
El protocolo de activación institucional ante situaciones de violencia de género hacia las mujeres fue aprobado en la universidad en octubre de 2018. Se presentó el 8 de marzo de este año y actúa en los casos que recepciona la Comisión de Género del establecimiento.
Sucede que el Gobierno Nacional, durante 2018, realizó un recorte en el presupuesto para educación que impactó de lleno en las políticas de género que implementan algunas de las universidades que cuentan con el protocolo, como es el caso de la UNPA.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) expuso, en el informe publicado en febrero de este año, denominado “El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década”, que entre 2016 y 2018 se produjo una caída del 9% del presupuesto educativo nacional en términos reales.
En los casos de abuso en la institución, fueron las organizaciones las que motivaron a actuar de forma inmediata, pero, sin un presupuesto, la asistencia a sobrevivientes de violencia de género no está del todo garantizada.
Romina Behrens forma parte de la Comisión Asesora en Cuestiones de Género (CACG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral e indicó a La Opinión Austral cómo se trabaja en estos casos y habló de la necesidad de contar con un presupuesto acorde.
En principio, la CACG recepciona las denuncias y, a partir de ese instante, se activa el protocolo aprobado en octubre de 2018. “Hacemos una entrevista con la denunciante, que puede ser que esté viviendo una situación de violencia o bien conozca a alguien esa situación. Se hace la entrevista y, dependiendo la gravedad del caso, se hacen recomendaciones para que la autoridad de aplicación actúe”, detalló.
El objetivo es “ponerle fin a esa situación de violencia”, aseveró Behrens.
Posteriormente, la autoridad de aplicación inicia un proceso de sumario con la finalidad de aplicar los reglamentos que la UNPA ya tiene; por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo o el reglamento de alumnos, y con el protocolo se pueden realizar adecuaciones pedagógicas pensando en este tipo de casos, como lo es con la violencia de género que no está contemplada en la reglamentación.
Desde una adecuación pedagógica o de espacio, el objetivo final es tomar una medida hacia la persona denunciada, para que la víctima/sobreviviente de la situación no modifique su cotidianeidad, detalló la integrante de la Comisión de Género.
En todos los casos graves, la universidad tiene la obligación de hacer la denuncia en el ámbito de la Justicia. Asimismo, se contempla dentro del protocolo que la denunciante no necesita presentar una denuncia policial o judicial; basta con su testimonio. “El objetivo siempre es ponerle fin a la violencia; más allá de si la persona quiere denunciar o no a su agresor por fuera de la universidad”, explicó Behrens.
Hoy, la CACG acumula aproximadamente 18 casos. “No todos son de violencia de género, lo que ocurre es que como no hay herramientas para prevenir la violencia, caen dentro de ese protocolo. Pero, por ejemplo, no hay un espacio que atienda la violencia institucional”, resaltó la docente.
“Esto visibiliza otro tipo de violencias y la necesidad que hay de procurar herramientas para prevenir no sólo la violencia de género, sino todos los tipos de violencia, que son otros casos que no tienen dónde denunciarse”, agregó.
Por su parte, Celeste Alarcón, estudiante de la universidad e integrante de la organización La Caldera, realizó un repaso de los casos sucedidos en la institución y cómo trabajaron desde las organizaciones independientes para exponerlos y que se actuara sobre los mismos.
“Los casos de Cisneros y Subirá (NdR: ambos denunciados ante la Comisión de la UNPA) se denunciaron, pero no con el protocolo de actuación porque no existía en ese momento, entonces las organizaciones independientes de la universidad, como La Caldera o Juventud Socialista del MST, hicimos campaña individual para que los sacaran de la universidad”, resaltó a La Opinión Austral.
“En el 2018, el Gobierno Nacional recortó 3 mil millones de pesos a la universidades públicas y la UNPA decía que no había plata para garantizar que RS estudiara en contexto de encierro. Nos decían que no había plata. Acá lo que tenemos que pedir es presupuesto universitario para garantizar este tipo de casos”, afirmó la estudiante e integrante de La Caldera.
La cuarta es la vencida
Otros dos casos fueron los de Alberti y Caro. Con este último, la CACG actuó de inmediato y las autoridades lo sancionaron por tres meses, renunció a su cargo de consejero y le rescindieron el contrato de locación con la universidad.
“Las pibas organizadas pudimos lograr las sanciones; que hoy el protocolo y las autoridades actúen rápido es gracias a las organizaciones independientes de los estudiantes. Entonces, hoy se podría celebrar que las autoridades están actuando rápido ante los casos de violencia y que el protocolo está mostrando sus frutos, pero todavía hay cosas que saldar, como el presupuesto”, afirmó Alarcón.
Celebró la actuación inmediata luego de batallar contra el sistema en los dos primeros casos conocidos públicamente, “pero para mí es mérito de las pibas organizadas”, sintetizó.
En este contexto, la falta de presupuesto impacta de lleno en la falta de, por ejemplo, un gabinete psicológico que asista a víctimas/sobrevivientes de violencia de género. Hoy “una piba violentada tiene que pelear con uñas y dientes contra el Estado, depende pura y exclusivamente de vos, falta una asistencia integral y para ese protocolo tiene que aprobarse un presupuesto, para que haya profesionales”, concluyó Alarcón.
No existe la política, hay que crearla
Behrens indicó que el presupuesto para la Comisión de Género es mínimo: “es una lucha a nivel nacional, todas las universidades y áreas de género del país lo viven. Son aproximadamente 53 universidades y la mitad tiene protocolo. Todas peleamos por el aumento del presupuesto”.
“Hoy no contamos con las herramientas, no hay para las víctimas de violencia ni para nadie. No existe la política, hay que crearla”, concluyó.
La Comisión Asesora en Cuestiones de Género recepciona las denuncias en el mail a: genero@unpa.edu.ar.
Fuente: La Opinión Austral - Por Nazarena Malatesta
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