La casa Refugio Amulén de Bariloche abrió en noviembre de 2010 tras la presión de organizaciones de mujeres y funcionarias que justificaron la necesidad imperiosa de contar con un espacio para la atención de víctimas de violencia. Hace unos días las mismas mujeres que pidieron por ella, denuncian que no funciona porque el Municipio no cumplió con su compromiso de asignar personal para su atención. El aporte que debía hacer el Municipio es mínimo, en vista a que el refugio es sostenido por financiamiento de la Unión Europea y fue equipado por Nación. Ayer se interpuso un Recurso de Amparo para que se garantice el servicio.
(Por Susana Yappert)
La casa refugio fue una conquista de mujeres involucradas en el camino crítico de la violencia. No fue una iniciativa del gabinete del intendente Cascón. Tampoco ha sido una política de Estado de la actual gestión de Miguel Saiz, pues en prácticamente todas las localidades de Río Negro, no hay refugios para las miles de mujeres golpeadas que lo necesitan.
Pero el dato novedosos de Bariloche es que, presión de colectivos femeninos mediante, se logró el sí del intendente para tener la casa refugio, el gobierno local firmó un Convenio para conseguir fondos internacionales para tal objetivo, se sumó a ellos el aporte de Nación para el equipamiento, pero la intendencia incumplió su parte que consistía en designar a 3 personas para que funcione. Dos de ellas están con licencia médica hace tiempo y niega el acceso a las víctimas.
Un absurdo. Un absurdo que lamentablemente requirió de tiempo y energías de quienes las últimas dos semanas exigen su reapertura, al tiempo que se movilizan para denunciar la situación que amenaza con escándalo, pues también se pedirá rendición de cuentas al propio intendente en relación a la utilización de los fondos internacionales asignados al Refugio y a la promoción de políticas de género desde la comuna.
La actual gestión local recibió un financiamiento externo de 97.000 euros para adquirir equipamiento y realizar campañas de concientización, capacitaciones y mecanismos de sensibilización sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres, al igual que localidades de Perú, Italia, Chile, Uruguay y Portugal. La apertura de la Casa Refugio hace 9 meses se logró luego de la firma de un Convenio celebrado entre el intendente Marcelo Cascón con la Asociación de Municipios del Valle do Ave, Portugal, con financiamiento de la Comisión Europea, en función de un proyecto de Equidad de Género, aprobado por Ordenanza n° 2072-CM-10. Al estampar su firma, el municipio se comprometió a aportar el 25% del proyecto en lo que respecta a espacios físicos, recurso humano y pago de servicios. Compromiso que hoy incumple al impedir el acceso de mujeres que lo necesitan, inclusive para salvar sus vidas.
“Nos enteramos de la situación por una emergencia”
La primera denuncia llegó hace unos 10 días. Hubo una emergencia y se negó la atención de una víctima. Según se expresó en el recurso de Amparo presentado el jueves 11 de agosto ante la justicia, la única persona que está dentro del Refugio rechazó en los últimos días varios pedidos urgentes de asistencia a víctimas:
“Según tenemos entendido, esta situación lleva varias semanas, pero recién tomamos conocimiento de la misma el pasado día 01 de agosto, cuando sobrevino la necesidad urgente, evaluada por la UEL y la OFAVI de alojar a una mujer que además de ser víctima reiterada de violencia por parte de su pareja, padece una patología severa, epilepsia, y está traqueotomizada, sin contar con una red familiar que la pueda contener y controlar el suministro de su medicación. La Coordinadora de la Casa nos informó que no era posible admitirla por carencia de personal, ante lo cual de inmediato presentamos una nota a la Secretaria de Desarrollo Social y al Intendente Municipal, la que fue recibida el día 2 de agosto, sin que hasta la fecha hayamos tenido una respuesta, manteniéndose idéntica situación de virtual cierre de la casa”.
El pasado 8 de agosto hubo otro caso urgente derivado por la Defensora Oficial. Una señora golpeada por su pareja, que había pernoctado en un pasillo de una dependencia oficial la noche anterior al pedido. Ante la severidad del caso, y por insistencia de las profesionales de la OFAVI, fue admitida en la Casa la noche del lunes pasado, debiendo irse al día siguiente. En los últimos días se produjeron dos rechazos más de derivaciones por el mismo argumento.
Ante la gravedad de la situación, los propios derivadores resolvieron acudir a la justicia. La Dra. Mirta Siedlecki, titular desde el año 2009 de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, se comunicó personalmente con el intendente Marcelo Cascón para pedir explicaciones, éste derivó la solución en su Secretaria de Desarrollo Social, Norma Gómez. Ahora es ella la que tiene el asunto entre manos. Hasta la fecha no tomó medidas para la reapertura de la casa Refugio, so pretexto de que la crisis del volcán no permite asignar más recursos en personal. Gómez informó que la casa está funcionando pero no se hacen nuevas admisiones porque las dos promotoras de planta permanente responsables del servicio están con licencia médica. Y del pasó la papa caliente a la Directora de Instituciones, encargada de la casa; quien tampoco respondió a los pedidos de los damnificados.
Son los propios derivadores, los profesionales que atienden y acompañan a las víctimas quienes firman el Amparo, entre ellos los que se desempeñan en la O.F.A.V.I., Defensorías, Juzgados, UEL, Centros de Salud, C.A.A.T. e INADI.
En la medida judicial, se recuerda a las autoridades que están violando la Ley provincial 3.205, y fundamentalmente la Ley Nacional 26.485 de PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLAN SUS RELACIONES INTERPERSONALES, en sus artículos 3° y 6° ( a la que adhirió esta provincia en el mes de mayo) y demás normativas internacionales.
El incumplimiento del Ejecutivo local es un claro caso de violencia institucional.
El día de ayer, 11 de agosto, este blog se comunicó con la legisladora María Inés García, quien para sorpresa de propios y ajenos se desempeña hace casi un año con claro bajo perfil al frente del Consejo de la Mujer de la provincia de Río Negro. García se comprometió a interceder ante Gómez para dar una solución al conflicto.
El Estado se desentiende de su responsabilidad
La ausencia de refugios se extiende a toda la provincia de Río Negro, organizaciones de mujeres de Roca manifestaron hace dos meses atrás su preocupación sobre el particular a funcionarios provinciales y locales, incluido al Juez del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini, quienes si bien toman nota del vacío al respecto delegan en el Poder Ejecutivo local y provincial la responsabilidad de financiar los refugios tal lo establece la constitución provincial y leyes nacionales e internacionales.
Cabe recordar que Balladini, por iniciativa de la Jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, firmó un convenio para la apertura de la Oficina de la Mujer en Río Negro, algo que en teoría se habilitó en marzo- más no en la práctica- pues Balladini no garantizó presupuesto para la apertura de lo que se considera una ventanilla a la que acudan mujeres víctimas de violencia revictimizadas dentro del propio sistema judicial en relación a la atención de su problemática.
Desde organizaciones de mujeres se sostiene que si bien es correcta la división de poderes y de responsabilidades, es crucial en la atención a víctimas de violencia la articulación entre las distintas esferas del Estado para aceitar mecanismos que frenen el maltrato y la revictimización de mujeres y sus hijos por parte de instituciones estatales.
Bariloche es la provincia de mayor cantidad de habitantes de la provincia, y se encuentra en una situación de catástrofe social tras la erupción del Volcán Puyehue. Sin dudas el panorama es complejo. Desde distintas oficinas públicas se reporta un número creciente de casos de violencia de género en la ciudad que se intuye se podría acrecentar debido a una crisis que todavía no emergió en toda su intensidad. Pero nada justifica, ni volcán ni campaña política, que el Estado eluda una responsabilidad adquirida.
La Unidad Fiscal de Atención Primaria, creada a fines de 2009 y conducida por Mirta Siedlecki, cuenta con el equipo profesional de la OFAVI para asistir a las mujeres y niños víctimas de abusos sexuales, violencia de género y violencia intrafamiliar. Las psicólogas y trabajadoras sociales de la Oficina trabajan en red con Salud, Promoción Familiar y el fuero de Familia, brindando contención y orientación a las víctimas. Sólo en 2010 hubo más de 560 denuncias de abusos sexuales. Las denuncia de violencia física se elevan muy por encima a esa cifra, y la expresión extrema de ella, los femicidios, aumentarán en la medida que no se proteja a mujeres que son gravemente golpeadas. Pero a la hora de reubicar a las denunciantes en riesgo para protegerlas del escenario de violencia en que viven carecen de recursos propios y dependen en forma directa de la casa refugio municipal que hoy no brinda la atención debida.
fuente:SUSANA YAPPERT - BLOG HIJAS DE EVA
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