martes, 24 de enero de 2012

CONTRA LOS RECORTES EN POLÍTICAS DE IGUALDAD: MAREA VIOLETA


Madrid. Comenzó en Málaga y se ha extendido a todo el territorio español. Asociaciones feministas y de mujeres y otros colectivos sociales han organizado un movimiento social con el nombre de ‘Marea Violeta’ contra los recortes económicos y sociales que están padeciendo todas las políticas de igualdad.

Bajo el título “Una marea violeta contra la ofensiva patriarcal de los gobiernos conservadores”, este movimiento ha elaborado un manifiesto que circula ya por las redes y al que están adhiriendo distintas agrupaciones.

En el manifiesto se quejan de las “decisiones tomadas unilateralmente por los gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores de derechas” que califican de “una violenta agresión a los avances logrados durante toda la democracia en la lucha por los derechos para las mujeres”.

Las organizaciones denuncian la reducción de los presupuestos destinados a Políticas de Igualdad, la Ley de Autonomía Personal y la Ley de derechos sexuales y reproductivos por parte de estos gobiernos autonómicos conservadores, a quienes también acusan de “romper los acuerdos con las organizaciones de mujeres” mediante los que se venían prestando servicios tales como Centros de Orientación a la Mujer, Asesoría Jurídica, Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia, etc.

Además, estos gobiernos “eliminan las subvenciones destinadas a los Ayuntamientos para el mantenimiento de los Centros Municipales de Atención a las Mujeres; desmantelan los Institutos de la Mujer, utilizando su estructura para promover estereotipos sexistas patriarcales y modelos de familia tradicionales e incumplen las leyes de igualdad en cuanto al uso del lenguaje no sexista y a la obligación de los poderes públicos de integrar la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus políticas”.

Según se expone en el Manifiesto, estas medidas están teniendo como consecuencia directa el despido de profesionales cualificadas que venían desarrollando durante años su trabajo en los diferentes recursos de igualdad, prestando un servicio de calidad y compromiso con la igualdad.

Las organizaciones que suscriben el documento manifiestan su “repulsa” y exigen “el cumplimiento de las leyes de Igualdad en todas las comunidades del territorio español”. Con este objetivo han convocado una movilización y manifestación a nivel estatal para el próximo 10 de febrero a las 19:30 horas en las plazas principales de las diferentes localidades.

FUENTE Y FOTOS: AmecoPress

viernes, 20 de enero de 2012

jueves, 19 de enero de 2012

CRECE EL NÚMERO DE LLAMADAS DE ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO


Galicia
Durante el año 2011, 61 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas en España. Tres de ellas residían en Galicia y nunca habían denunciado a su agresor. El impactante dato fue dado a conocer ayer por la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, en la presentación del balance de violencia machista referido al pasado año.
Entre las cifras más salientables, caben destacar también las 1.323 órdenes de protección que los juzgados gallegos concedieron y que se mantienen en la línea de las adoptadas en años anteriores.

Más preocupante es la estadística de llamadas de alerta realizadas al teléfono de la mujer ( 900 400 273 ), que creció un 12 por ciento con respecto al 2010, rozando las cinco mil consultas. En la mayoría de los casos (el 94 por ciento), fueron las propias mujeres víctimas de malos tratos las que dieron el paso para dar a conocer su situación. Sólo detrás de un 4,96 por ciento de esas llamadas se encontraba un familiar o un allegado de la víctima. «Es necesario que el entorno ayude a la mujer y denuncia para que podamos actuar desde las administraciones», explicó la secretaria xeral balance en mano.

Atención asegurada

López Abella también tocó de lleno el tema de los presupuestos en materia de igualdad, unas partidas que, según comentó, «se mantendrán iguales en el 2012». Con respecto a las ayudas mensuales que reciben algunas víctimas de la violencia machista, la secretaria explicó que la mayor parte de las receptoras son de origen español (un 74,5 por ciento) mientras que el resto se reparte entre brasileñas (4,3), colombianas (2,8) y marroquíes (2,4). «La finalidad de estos pagos es darles independencia respecto del agresor y la duración», apuntó. La duración de este respaldo económico es de un año como máximo.

La red de casas de acogida con la que cuenta la Comunidad gallega recibió en 2011 a 131 mujeres y 101 menores de edad. La mayor ocupación media la registró el centro ubicado en Ferrol, con un 67 por ciento mientras que el de La Coruña estuvo al 65 por ciento y el de Ourense al 60. Al perfilar el mapa de centros de ayuda para maltratadas, López Abella anunció que a la red de 78 centros de información actual se sumarán en breve otros tres.

fuente: Observatorio de la Violencia de Género /Madrid

LOS AVISOS DE PROSTITUCIÓN COMO EXPRESIÓN DE UNA SOCIEDAD PATRIARCAL


La política argentina de prohibición de los avisos de prostitución acaba de recibir un empuje internacional con una recomendación del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de las Naciones Unidas en la misma línea para todos los países. A menos de cuatro meses de la sanción del decreto 936, la Oficina de Monitoreo ya levantó actas a 9 diarios infractores, de los cuales solo uno, Clarín, no acató la intimación.

El pasado 5 de julio, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 936, de prohibición de los avisos que promueven la prostitución en los medios de comunicación de todo el país. La medida fue creada en el marco del cumplimiento de la ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y la 26485 De Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales, es decir que, a la vez que se pretende enfrentar el delito de la trata de personas se busca también combatir la violencia simbólica que estos avisos transmiten.

Menos de cuatro meses después, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, encargada de implementar las medidas sancionatorias del decreto en todo el territorio nacional, está monitoreando 47 diarios de todo el país y sobre 9 de ellos ya labró infracciones. Para los próximos meses se espera la incorporación de revistas y de otros soportes en la medición (radio, televisión e internet).

Esta medida del Poder Ejecutivo –que junto a la combinación de las Leyes de Violencia de Género y a la Ley de Medios constituye un bagaje de implementación de políticas públicas de comunicación y género- acaba de recibir un fuerte impulso internacional por parte del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de las Naciones Unidas que, la semana pasada en Austria y como iniciativa de la delegación argentina, sugirió que los países integrantes de la ONU adopten políticas similares como herramienta en la lucha contra la trata de personas.

Primeros resultados

La evaluación que hacen en la Oficina de Monitoreo sobre el funcionamiento del decreto en estos primeros meses es muy buena. Consideran que el primer impacto fue positivo, con medios que dejaron de publicar avisos después de la firma del decreto. Y también valoran positivamente algo que apareció casi como una burla al decreto: la mudanza de los avisos a nuevos rubros y la utilización de un lenguaje más sutil que en vez de hablar del ofrecimiento de relaciones sexuales se refiere eufemísticamente a masajes. Si bien estos avisos, llamados 'lícitos engañosos' en la jerga de la Oficina, presentan más dificultades a la hora de comprobar que estén promocionando la prostitución, son menos lescivos de la imagen pública de las mujeres, uno de los aspectos que trata de resguardar el decreto.

El decreto prohíbe tres tipos de avisos: los que promueven la oferta sexual; los que solicitan, tácita o explícitamente, mujeres para el comercio sexual; y los que, promoviendo actividades lícitas, en verdad sirvan a los fines de promoción del comercio sexual, es decir los 'lícitos engañosos', la variante en la que se transformaron la mayoría de los avisos de los otros dos rubros a partir del decreto. La Oficina de Monitoreo actualmente está labrando infracciones sobre los dos primeros rubros, que serían los más explícitos.

De los 47 diarios nacionales y provinciales monitoreados en esta primera etapa, se halló que la mitad no publica por ahora este tipo de avisos, algunos lo habían dejado de hacer desde antes por políticas de autorregulación y muchos dejaron de hacerlo a partir del decreto. Y de la otra mitad, la mayoría tiene 'lícitos engañosos', sobre los cuales la Oficina aún no realizó intimaciones. Sí recibieron notificaciones en cambio 9 medios cuyos avisos se encuadran en el rubro uno y dos. Seis de esos medios dejaron de publicar luego de la primera notificación y dos -El Tribuno de Salta y El Litoral de Santa Fe- después de que se les hubiera realizado el acta infractora. El diario Clarín es el único de los notificados hasta ahora que no suspendió la publicación y cuya próxima notificación implicará la aplicación de sanciones monetarias.

Sobre los avisos en si mismos, si bien no hay estudios cuantitativos, en la Oficina calculan que entre el 85% y 90% promocionan a mujeres, entre el 5% y el 10% a travestis, y hay un porcentaje pequeñísimo de varones que se ofrecen sexualmente. La mayor cantidad de publica entre martes y miércoles, lo cual podría relacionarse con hábitos de rutinas sexuales patriarcales arraigados por los cuales en el ámbito familiar se tienen relaciones los fines de semana y a mitad de semana el varón debería descargar el 'deseo irrefrenable' y lo hace con una mujer que se prostituye. También en el tono de los avisos se detectan hábitos sexuales que responden a la misma concepción de la sexualidad: textos como 'tu nena obediente' o 'nena tucumana instalada en Salta' dan cuenta de hábitos de dominación y sujeción por parte de los varones hacia las mujeres.

Los rebeldes

Además del diario Clarín, que se resiste a dejar de publicar los avisos, el diario Río Negro –que también los sigue publicando y recién acaba de ser notificado por la Oficina- presentó un amparo judicial por considerar que el decreto es 'inconstitucional, lesivo de la libertad de expresión y discriminatorio del libre ejercicio de una actividad lícita' tres días después de la firma del decreto 936.

El amparo fue rechazado en septiembre por la jueza María Alejandra Biotti y actualmente está en la justicia ordinaria porque la jueza no dirimió la cuestión de fondo planteada por el diario.

El Río Negro también apeló en septiembre la resolución dictada por la Secretaria de Comunicación Pública en la que establece que para la contratación de publicidad oficial es requisito cumplir con el decreto 936.

Fuente: Artemisa Noticias- por SANDRA CHAHER

GUATEMALA:GOBIERNO ANUNCIA CREACIÓN FUERZA ESPECIAL PARA COMBATIR EL FEMICIDIO


Guatemala, 19 ene. 12. Cerigua.- Después de que tres mujeres murieron de forma violenta en Quetzaltenango, Escuintla y la ciudad de Guatemala, en menos de tres horas, el 17 de enero, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunció la creación de una fuerza de tareas especial para resolver los femicidios y asesinatos de mujeres que se registren a partir del nuevo gobierno.

El primer caso se registró en Escuintla, al sur del país, donde una maestra fue asesinada en las inmediaciones de la escuela donde trabajaba; luego en Santa Catarina Pinula, la propietaria de una tienda fue atacada con arma de fuego en su local; el último caso fue el de una lideresa asesinada en Quetzaltenango.

La principal función de la fuerza especializada es la de esclarecer los últimos asesinatos de mujeres y los femicidios, afirmó el Ministro del Interior; en el 2011 se registraron 706 casos, mientras que el año anterior, 668, sólo el 40 por ciento cuenta con información suficiente para saber si se trató de un femicidio, según un análisis de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Conaprevi).

Guatemala es un país con diversidad de legislación a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres, sin embargo presenta la tasa de femicidios más elevada del mundo, un fenómeno que según Ana Güezmes, Directora General de ONU-Mujeres para Centroamérica, México y el Caribe, arrasa con los valores democráticos, la cohesión familiar, rompe el tejido social en las comunidades y merma el trabajo en la lucha por consolidar la paz.

Se rebasa el plazo estipulado por la ley para resolver la acción de inconstitucionalidad

El 4 de octubre de 2011, la Corte de Constitucionalidad realizó una audiencia pública para que los movimientos de mujeres y la respectiva institucionalidad del Estado, argumentaran ante la magistratura porqué deben dejar vigentes todos los artículos de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres.

Un grupo de abogados de Quetzaltenango, liderados por Romeo González, interpusieron un amparo contra esa norma por considerar que falta al principio de igualdad establecido en la Constitución Política de la República; el profesional también argumentó la violencia contra la mujer debe continuar siendo de carácter privado y asumirla como un asunto de la familia.

A partir de esa fecha, la Corte de Constitucionalidad tenía 20 días para resolver, según lo estipulado en la Ley de Amparos, Exhibición Personal e Inconstitucionalidades, pero las y los magistrados aún no han dado una respuesta.

En diciembre del año pasado, Conaprevi ingresó un memorial a la Corte Constitucional, para exigir una respuesta favorable para que todos los artículos de la Ley contra el Femicidio, un logro de las organizaciones de mujeres, queden vigentes y en los próximos días volverán a presentar otro memorial.

Fuente: Archivo AmecoPress

miércoles, 18 de enero de 2012

SECRETARÍA GRAL DE IGUALDAD DE GALICIA CONCEDIÓ AYUDAS ECONÓMICAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO


Madrid, 18 enero 2012. La Secretaría General de Igualdad resolvió favorablemente la concesión de ayudas económicas a 299 mujeres residentes en Galicia víctimas de la violencia de género al largo del pasado año. De ellas, 251 fueron beneficiarias de ayudas mediante pagos periódicos durante doce mensualidades y otras 48 fueron perceptoras de otra modalidad de ayudas que se efectúan mediante un pago único, para casos en los que se acredita insuficiencia de recursos y especiales dificultades para encontrar un empleo.

Estos datos fueron dados a conocer esta mañana, en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en Santiago por la titular del departamento, Susana López Abella, acompañada por la subdirectora general para el Tratamiento de la Violencia de Género, Belén Liste, para hacer balance de las ayudas y recursos puestos a disposición de las víctimas en 2011.


Estas ayudas tienen una duración máxima de un año y son pagadas en mensualidades por importes que oscilan entre los 300 y los 800 euros, en función de la situación laboral y familiar de la víctima. En la modalidad de pago único, la mayoría de las receptoras proceden de la provincia de Pontevedra, 24, seguidas de 13 mujeres residentes en la provincia de la Coruña, 6 de Lugo y 5 de Ourense. El 92 por ciento de ellas son mujeres de nacionalidad española.

Susana López Abella señaló que el análisis de los datos pone de manifiesto que las mujeres recaban cada vez más información, a través de todos aquellos recursos que tienen su disposición, citando cómo ejemplo las consultas al Teléfono de Información a la Mujer que se incremento en un 12,9 por ciento, registrando el pasado año 4.490 consultas. Como respuesta a esta mayor demanda, la Secretaría General de Igualdad puso en marcha en 2011 dos nuevos servicios, un servicio jurídico online y un sistema de tele traducción a 51 idiomas, para mejorar la atención a las mujeres extranjeras.

FUENTE Y FOTOS: AMECO PRESS

DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS, CINCO DESAFÍOS DE NUESTRO TIEMPO


El 10 de diciembre de 1948, después del trauma de la II Guerra Mundial, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un acuerdo entre países de todo el mundo para garantizar los derechos fundamentales de toda persona. No obstante, sesenta y tres años de vigencia no han sido suficientes para proteger y asegurar los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB).

Aunque no es nueva, la incorporación de los derechos sexuales en la agenda y el discurso de los derechos humanos es una realidad tímida y reciente. Hasta la Conferencia de Viena (1993), la ONU prácticamente no había abordado en sus documentos cuestiones relativas a la sexualidad. En este caso lo hizo refiriéndose sólo a la “violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales” (art. 18) ejercidas contra las personas, de manera particular contra mujeres y niñas. La Conferencia Internacional de El Cairo (1994) significó un paso adelante al considerar la salud sexual y reproductiva un derecho humano a proteger. Esta incipiente línea de acción se vio respaldada por la Conferencia de Beijing (1995), que en su párrafo 96 establece que: “Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”.

A pesar de estos importantes avances, en las declaraciones e informes de la ONU todavía prevalece un enfoque parcial, limitado e insuficiente de los derechos sexuales. Según la red internacional HERA [1], además del derecho de toda persona a la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales comprenden todo un amplio catálogo de potestades cuyo reconocimiento formal y efectivo se relaciona directamente con la defensa de la “dignidad humana” y los “igualdad de derechos” que el Preámbulo de la Declaración de 1948 menciona. Así, los derechos sexuales incluyen, entre otros, la libre expresión de la propia sexualidad sin ser víctima de discriminación, violencia o coerción por motivo de orientación sexual o identidad de género; el derecho de cada uno a explorar su sexualidad y su cuerpo, sin sufrir la inculcación de miedo, culpa, prejuicios, vergüenza o falsas creencias; el derecho a disfrutar del placer y la sexualidad independientemente de la reproducción y el estado civil; el derecho a tener o no, dentro de un marco de consentimiento y respeto muto, relaciones afectivas y/o sexuales con la persona que se quiera. De este modo, los derechos sexuales pueden definirse, en pocas palabras, como aquel conjunto inalienable de derechos que permiten a las personas tomar decisiones libre y autónomamente sobre la sexualidad de cada quien en cualquiera de sus aspectos (emocionales, corporales, sociales, culturales, etc.).

La batalla por dotar de fuerza y sentido a los derechos sexuales debe enmarcarse en el campo de las luchas pacíficas y emancipadoras por la dignidad, la democracia y los derechos humanos en el siglo XXI. Luchar por el reconocimiento de los derechos sexuales es luchar para que la diversidad sexual y afectiva no se traduzca en desigualdad social. Es luchar para evidenciar y erradicar la violencia y discriminación que en el mundo sufren las personas LGTB, una violencia que no sólo es sangrienta, sino también simbólica, verbal, psicológica e institucional.

El heterosexismo, el sistema de códigos, valores y creencias que rechaza, inferioriza y estigmatiza toda forma de comportamiento o relación no heterosexual, impregna la realidad cotidiana. Alrededor del mundo predomina un modelo de sociedad patriarcal, androcéntrica y heterosexista cuyas expresiones más violentas son el sexismo y la lgtbfobia. El heterosexismo está institucionalizado, entre otros ámbitos de la vida individual y colectiva, en el trabajo, la educación, la política, el derecho, el lenguaje, el deporte, la cultura y la religión. Este clima general heterosexista propicia los discursos condenatorios, refuerza las actitudes represivas y legitima los comportamientos discriminatorios (individuales e institucionales) que invisibilizan, prohíben, subordinan, excluyen o degradan a las personas LGTB, revelando la situación de desigualdad estructural en que se encuentran.

Al igual que racismo y el machismo, la lgtbfobia constituye una violación de los derechos humanos que debe ser prevenida y combatida con firmeza.

Considero que, a tal efecto, la inclusión de los derechos sexuales en la agenda de los derechos humanos nos plantea una serie de retos que hay que afrontar. Está claro que los desafíos pueden variar según el país y el contexto de referencia, pero hablo aquí de desafíos generales que sirven para definir los grandes temas y problemas a los que hoy se enfrentan los derechos sexuales en clave LGTB.

El primero es la lucha por la despenalización mundial de la diversidad sexual y afectiva. Según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), de los más de 190 países que actualmente reconoce la ONU, en al menos 80 de ellos los comportamientos no heterosexuales están perseguidos y castigados. La homosexualidad, por ejemplo, es tratada como un acto delictivo punible con torturas físicas, penas de prisión e incluso, en una decena de estos países (Arabia Saudí, Sudán, Pakistán, Mauritania, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Irán y algunas zonas de Somalia y Nigeria), con la pena de muerte.

En este contexto de violaciones sistemáticas amparadas por legislaciones atroces o regresivas, es urgente que los organismos internacionales (organizaciones supraestatales, conferencias internacionales y organizaciones no gubernamentales) que trabajan en la protección internacional de los derechos humanos) adopten y exijan adoptar medidas de promoción y antidiscriminación.

El segundo reto, no menos imperioso, es la lucha por la despatologización de la transexualidad para facilitar a este sector de la población el ejercicio de sus derechos sexuales y ciudadanos. Es necesario acabar con la tendencia, alentada por la medicina decimonónica, que equipara diversidad sexual con enfermedad, anormalidad y antinaturalidad y desacreditar, en consecuencia, los modelos “terapéuticos” que afirman curar los desórdenes que padecen las sexualidades desviadas de la norma imperante. Por lo general, los discursos patologizantes se apoyan más en el prejuicio que en la realidad y suelen tomar como criterios “científicos” la moralidad dominante. En el caso de la transexualidad, la idea que subyace a su patologización es el presupuesto esencialista de que el género está determinado por el sexo biológico.

El reto de la despatologización pasa, como están haciendo colectivos de todo el mundo, por exigir la retirada inmediata de la transexualidad del CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la incluye en el capítulo relativo a los “trastornos mentales y del comportamiento”, concretamente en el apartado dedicado a los “trastornos de la identidad de género”.

El tercer desafío consiste en potenciar una epistemología emancipadora del cuerpo que reivindique su valor como fuente de (auto)conocimiento, placer y comunicación. Uno de los principales rasgos que marca la historia del pensamiento sexual occidental es el predominio de la epistemología represora y culpabilizadora legada por la tradición platónico-cristiana. En ella, el alma es concebida como la esencia inmortal del ser humano, mientras que el cuerpo, “cárcel del alma” (Platón), es repudiado porque se lo relaciona con la mortalidad, la temporalidad, la instintividad, la emotividad y, en definitiva, con todas las imperfecciones de lo sensible. Esta epistemología lleva aparejada una moral sexual puritana y represiva que desprecia aspectos íntimamente humanos, como los deseos, los sentimientos o las pasiones, entre otras disposiciones afectivas.

En contraste, la epistemología emancipadora aprovecha su potencial liberador para cuestionar y desnaturalizar las normas, conductas, estereotipos y creencias incrustadas en nuestro sentido común por la ideología sexual dominante, que castiga el ser y el amar de otro modo que no sea el heterosexual.

Entre sus principales enseñanzas, y recogiendo muchas de las reivindicaciones contenidas en los derechos sexuales LGTB, se encuentran:

Frente a la sexofobia y la repugnancia del cuerpo, el reconocimiento positivo del ser humano como un ser sexual y corporal.

Frente a la ubicación de lo sexual en el ámbito de lo patológico, lo prohibido, lo diabólico o lo pecaminoso, el disfrute de la sexualidad como una experiencia gratificante, siempre que se realice en un contexto libre de coerciones y opresiones.

Frente a la culpa y la represión, la desculpabilización y dignificación del placer corporal y sexual. Con relación al cuerpo, la epistemología emancipadora se aleja del cuerpo-cárcel y se acerca a la idea del cuerpo “eléctrico” soñado por Whitman [2], donde cuerpo y alma están armónicamente unidos y cada parte del cuerpo, sin excepción, merece ser objeto de cuidado y cariño: “El seno, los pechos, los pezones, la leche del pezón, las lágrimas, la risa, el llanto, las miradas de amor, la amorosa inquietud, las erecciones. […] Afirmo que estas cosas no sólo son los poemas del cuerpo, sino también del alma”. Respecto al placer, un poco más tarde, a principios del siglo XX, Freud, que dio énfasis al estudio de la sexualidad en la psicología, nos enseñó la importancia que tiene la satisfacción de los impulsos sexuales y recordó las consecuencias de reprimirlos (conflictos psicológicos, ansiedad, neurosis…)

Frente a la valoración de la sexualidad exclusivamente en su vertiente reproductora, su reconocimiento como vía de maduración, goce y conocimiento interpersonal.

Frente a la exclusividad heterosexual, el reconocimiento y respeto por las diversas maneras de vivir y expresar la sexualidad. No hay sexualidades ilegítimas, prohibidas o heréticas obligadas a recluirse en la soledad y oscuridad del armario, porque el armario es una imposición del heterosexismo, no una elección.

El cuarto reto, estrechamente vinculado al anterior, es la construcción de nuevas masculinidades, puesto que tampoco hay una única y legítima forma de experimentar la masculinidad y la feminidad. Ello implica demoler el canon de la masculinidad hegemónica, que en términos generales refuerza la heterosexualidad masculina y sus privilegios, relacionándola con el espacio público, el poder político y económico, la fuerza física, la racionalidad calculadora, la competitividad y la neutralidad emocional, entre otras características. La reproducción social de la masculinidad tradicional es un caldo de cultivo para conductas contrarias a la igualdad, como el machismo, la misoginia, la violencia de género y la lgtbfobia. La construcción de masculinidades alternativas pasa necesariamente por generar y adoptar estrategias reflexivas, políticas y educativas de apoyo a la antidiscriminación y a los derechos sexuales LGTB.

El quinto y último desafío es la promoción de nuevas alianzas entre las redes, plataformas y movimientos que luchan por la emancipación sexual femenina y LGTB, pero también entre los diferentes movimientos que comparten luchas emancipadoras. Vivimos en la época de la globalización neoliberal, que mercantiliza la vida y globaliza el poder patriarcal-heterosexista, un hecho que exige pasar de una política de movimientos a una de intermovimientos.

La idea de los derechos sexuales es lo suficientemente potente como para reforzar las conexiones entre grupos (feministas, por los derechos las personas LGTB, varones defensores de la igualdad, grupos por la salud sexual, entre otros) y evitar que trabajen de manera fragmentada. Además, las nuestras son identidades múltiples y entrecruzadas (mujer trabajadora, madre y lesbiana, por ejemplo), de manera que las coaliciones de movimientos sociales que colaboren y dialoguen entre sí son fundamentales. Ya nos lo enseñó La bola de cristal, el emblemático programa televisivo: “Solo no puedes, con amigos sí”.

Queda un largo camino por recorrer para alcanzar la transformación mental y social sin la cual la igualdad efectiva de las personas LGTB seguirá siendo una utopía. Sin embargo, muchos de estos retos ya están en marcha. Pensemos en los logros que en los últimos años se han producido en distintos países del mundo en materia de legislación pública sobre diversidad afectiva y sexual. Ahora se trata de no recular y seguir avanzando, lo que abre espacio para imaginar y trabajar por futuros alternativos en los que, como dice Boaventura de Sousa Santos, la diversidad no signifique desigualdad.

Notas
[1] Siglas de Health, Empowerment , Rights and Accountability.
[2] “Yo canto al cuerpo eléctrico”, en Hojas de hierba.


Artículo original del 9 de enero de 2012.

Fuente:http://ateneuperemascaro.org/documentacio/informes/papers-de-l-ateneu-numero-1.html


Antoni Jesús Aguiló es investigador del Núcleo de Estudios sobre Democracia, Ciudadanía y Derecho (DECIDe) del Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra (Portugal).

Fuente: Rebelión

ANALIZAN INCIATIVAS DE LEY SOBRE FEMICIDIO Y VIOLENCIA


Oaxaca, México.- Diputadas de las Comisiones Permanentes Unidas de Equidad y Género, y de Administración de Justicia se reunieron con magistrados del TSJE para continuar con el análisis del paquete de iniciativas de ley sobre feminicidio, violencia familiar y obstétrica.

La presidenta de la Comisión Permanente de Equidad y Género, diputada Ivonne Gallegos Carreño, del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció la disposición de los magistrados para discutir los temas relacionados con el feminicidio, violencia familiar y obstétrica, problemas que aquejan a gran parte de las mujeres oaxaqueñas.

La legisladora señaló que es necesario concientizar a las mujeres que sufren algún tipo de violencia para evitar que se sigan registrando más situaciones de feminicidio.

Ante los magistrados y asesores en la materia, congregados en el palacio legislativo de San Raymundo Jalpan, Gallegos Carreño expuso que la violencia familiar empieza con gritos, agresiones verbales y psicológicas, pequeños empujones, golpes y termina en homicidio.

Dijo que para prevenir esta situación es importante que las instancias correspondientes capaciten a las mujeres para que éstas aprendan a defender sus derechos como ciudadanas.

Por su parte, la legisladora Florencia Carolina Aparicio Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que es alarmante la cifra de mujeres maltratadas y asesinadas por sus parejas sentimentales.

Refirió que durante el año 2011, en Oaxaca se registraron 88 homicidios de mujeres, 14 provocados por sus compañeros sentimentales, tres por sus ex parejas, seis por sus familiares, dos por vecinos y 61 casos por desconocidos.

A su vez, la diputada Delfina Prieto Desgarennes, también del PRI, pidió a las instancias de administración de justicia que atiendan con prontitud las denuncias de las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar.

Dijo que es importante que los magistrados del TSJE continúen aportando por escrito sus observaciones y propuestas para enriquecer el contenido de la iniciativa enviada por el gobernador Cué Monteagudo.

La Legisladora priista resaltó el hecho de que la mayoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres indígenas que viven en zonas marginadas y que por temor o desconocimiento de sus derechos no se atreven a denunciar lo que les ocurre.

En este sentido, Prieto Desgarennes consideró primordial concientizar a este sector de la población para que adquiera la cultura de la denuncia.

En la reunión estuvieron la legisladora Leticia Álvarez Martínez, del PRD, así como los magistrados José Luis Reyes Hernández, integrante de la Cuarta Sala Familiar; Alejandro Magno González, de la Cuarta Sala Penal, y Jaciel Reyes Loaeza, juez de Juicio Oral.

FUENTE:PERIODISMO DE PAZ , CIUDADANÍA EXPRESS. MX

EN PRISIÓN QUEDA FORMALIZADO POR FEMICIDIO FRUSTRADO ESTE AÑO



Entre enero y septiembre de 2011 se presentaron 916 denuncias de violencia intrafamiliar en Chillán.

Tal como lo solicitó la Fiscalía, en prisión preventiva mientras dura la investigación, quedó el autor del primer caso de femicidio frustrado que se registra en lo que va del 2012 en la Provincia de Ñuble, específicamente en la comuna de Chillán Viejo. Se acogió así la petición del Ministerio Público, decretándose un período de dos meses para que se formalice la denuncia.
El imputado, Bernardo Paredes Lagos, de 34 años, registra dos casos anteriores que hacen presumir su personalidad agresiva: En el año 2009, por porte ilegal de arma de fuego, y durante el 2010 por porte ilegal de arma blanca. La víctima, María Inés Aedo Vergara, se encuentra internada en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, en donde debió ser intervenida quirúrgicamente por las heridas de mediana gravedad causadas por su cónyuge con una botella rota en el cuello y en el rostro.
El domingo 15 de enero el matrimonio, junto a un primo del victimario, consumieron alcohol durante toda la tarde, en el domicilio de la pareja en el sector rural de Quillay. Una vez que el invitado se retiró del lugar, a eso de las 23 horas, ambos cónyuges comenzaron una discusión que terminó con la mujer siendo golpeada y posteriormente el hombre quebró una botella de cerveza y con esos vidrios procedió a degollar a su esposa atacándola por la espalda mientras ésta se encontraba sentada.
Al verse mal herida la mujer escapó del inmueble dirigiéndose hasta casa de familiares, quienes la auxiliaron y llamaron a carabineros, siendo finalmente traslada hasta el servicio asistencial de Urgencia en Chillán, lugar al que llegó en muy malas condiciones temiéndose en un primer momento por su vida pues presentaba una herida cervical anterior extensa complicada y labio superior, de carácter grave.
Sernam se hizo parte

El Servicio Nacional de la Mujer de Ñuble se hizo parte en la causa y durante la audiencia de formalización ayer en la Segunda Sala del Juzgado de Garantía, la abogada del Sernam, Carol Vera, participó bajo la figura de “agencia oficiosa” ante la imposibilidad de la víctima de estar presente.
“Hemos estado desde el primer minuto, en contacto con la señora María Inés, para ofrecerle toda la ayuda psicosocial y judicial con que cuenta el Sernam. Nosotros le hemos ofrecido tanto ayuda desde el punto de la representación jurídica como de la atención psicosocial, coordinando su derivación para que reciba la atención especializada de la Uravit (Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos)”, manifestó a su vez Claudia Hurtado, directora regional de Sernam.
La autoridad recalcó que es importantísimo que las mujeres sepan que no están solas, detallando que el Sernam cuenta con dos centros de prevención de violencia intrafamiliar en la Provincia de Ñuble, uno que está ubicado en San Carlos y otro en Chillán Viejo, pero cubren la totalidad de las comunas de la provincia.
“El principal llamado es, por supuesto a las víctimas, pero también a quienes las rodean. Debemos entender que la violencia intrafamiliar es un delito y, como tal, cualquier persona que está en conocimiento de que una mujer está siendo agredida, debe denunciar para no convertirse en cómplice. Las denuncias se pueden realizar en la Fiscalía o en las policías, además del número gratuito de Carabineros 149. Además, Sernam dispone otro número gratuito que es de orientación en estas materias que es el 800 104 008”, enfatizó la autoridad.

Carabineros

Motivado por el dramático episodio de agresión, el capitán Eduardo Inzunza Quitral, jefe de la Sexta Comisaría de Chillán Viejo, se reunió ayer con cerca de 60 vecinos y enfatizó lo importante que resulta efectuar la denuncia para poder terminar con los casos de violencia intrafamiliar que quedan sin sanciones y que generalmente se repiten.
“Es una cadena de situaciones, la mayoría motivada por la ingesta de alcohol. Esto es más fuerte en sectores rurales en donde el alcohol es común y se suma a la baja escolaridad”, aseguró.

FUENTE:la discusión.cl

CUANDO LOS DERECHOS DE UNA NIÑA QUEDAN EN SEGUNDO PLANO



La familia de la niña pide que se interrumpa la gestación, pero en el hospital de Entre Ríos, donde la atendieron, no aplicaron el protocolo para casos de aborto no punible. Expertos advierten que corre riesgo su salud física y psíquica.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, afirmó que la salud de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual y reclama un aborto no punible no correría riesgo si continúa adelante con la gestación. “Me baso en los especialistas que dicen que puede seguir el embarazo como muchísimas adolescentes, acá repercutió por un pedido de los familiares, pero embarazos adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, es un tema en la salud pública, no es algo aislado”, señaló Cettour. El ministro, que es médico especialista en cirugía, se basó en el informe del Hospital Masvernat, de Concordia, que realizó estudios a la nena, a solicitud del Juzgado de Familia de esa localidad entrerriana, donde recayó el pedido de una autorización para llevar adelante la interrupción del embarazo. Sus dichos generaron polémica. “El ministro se equivoca como médico porque sí hay riesgo para la salud y la vida de la niña. Incluso una cesárea, que es lo que padecerá si no interrumpe el embarazo, también puede ser un riesgo para ella”, replicó Mabel Bianco, médica, presidenta de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM) e integrante del comité coordinador del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). Otras especialistas también advirtieron que un embarazo en una niña de once años es de “alto riesgo” y aconsejaron tener en cuenta, además de los daños físicos, el impacto psíquico para ella durante y después de la gestación. El embarazo lleva 11 semanas y media.

En realidad, no es necesario ningún permiso judicial para realizar el aborto que solicitó la madre de la niña, en su condición de representante legal. En casos de violación o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, el Código Penal establece que el aborto no es punible. Sin embargo, por desconocimiento, dudas de los médicos o trabas arbitrarias, se suele exigir una venia de un tribunal. En diálogo con Página/12, el director del Hospital Masvernat, Orlando Elordi, dijo ayer que “si hay una orden judicial” realizarían allí la interrupción del embarazo a la niña. Elordi informó que un comité de obstetras y un grupo de pediatras examinaron el lunes a la niña y concluyeron que “está perfectamente bien”.

–Personalmente, ¿qué le parece que una nena de 11 años sea obligada a continuar con un embarazo producto de un abuso sexual? –le preguntó este diario a Elordi.

Es una nena con aspecto de nena. Aunque es bastante grandecita, pesa 45 kilos. Pero no tenemos que olvidarnos que tiene 11 años. Si la Justicia así lo ordena va a tener un embarazo normal, pero ella no va a tener noción de la maternidad. Yo pienso que para ser una madre es muy chica. Pero no entro en la cuestión legal. Si la Justicia lo habilita se hará (el aborto) –respondió el director del Masvernat.

Llamativamente, el ministro Cettour consideró que “el caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo”. Y agregó: “Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”.

Especialistas de distintos ámbitos salieron a replicar sus declaraciones. Incluso, otro funcionario del mismo gobierno provincial, el titular de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (Copnaf), Daniel Cottonaro, advirtió sobre la fragilidad en la que se encuentra la niña. Desde el Copnaf se pusieron en contacto con su familia, dijo el funcionario. “Nosotros tenemos un protocolo ante los casos de abuso porque el exceso de intervenciones puede revictimizar a la niña”, dijo y detalló que su equipo pudo tomar contacto con la madre, pero no con la niña “porque se encuentra shockeada y hay que ser muy cautelosos en el trato”.

Bianco, directora de FEIM, denunció que “las autoridades de Salud provincial y nacional son responsables de negar el derecho a la vida a esta niña”. “Desconocer que en este caso se aplica el artículo 86 del Código Penal y que no era necesario judicializarlo porque se trata de un aborto terapéutico no punible –con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre– es una muestra de ignorancia. Por otra parte, cuando hay relaciones sexuales con niñas menores de 13 años siempre decimos que han sido forzadas porque a esa edad hay muchas dificultades para dar un consentimiento en una relación”, explicó Bianco. Y añadió: “Pero en un médico es más grave desconocer que a los 11 años aún no se ha completado la osificación y esta niña tiene serios riesgos de sufrir un problema óseo pélvico que la deje deformada e inclusive que la ponga en riesgo de vida”.

Alicia Figueroa, ginecóloga del Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires y ex directiva del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), sostuvo que “cuando una mujer entra en la pubertad es porque tiene la capacidad biológica de concebir”. Pero alertó que “si estamos hablando de una niña de 11 años, se está en presencia de un embarazo de alto riesgo con compromiso materno y también de parto prematuro”. Figueroa explicó que “una chica de esa edad embarazada puede sufrir ciertas patologías durante la gestación, como rotura de membranas, preclampsia y eclampsia con desniveles de la presión arterial que compromete su salud”. Además, opinó que “una niña de 11 años es inmadura para ser madre, sufrió un daño grave como un abuso y hay que tener en cuenta además, su salud mental ante un embarazo”.

También opinó sobre el caso Irene Meler, doctora en psicología y coordinadora del Foro Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Meler coincidió en que “una chica de 11 años no está preparada ni física ni psicológicamente para ser madre”. Recordó que la nena “fue víctima de un abuso” y añadió que “hay que tener en cuenta el sentido del aborto, porque puede liberar del cuerpo de esa niña lo que ella no eligió”. Por otra parte, Meler destacó que “es más traumático que un aborto el llevar adelante un embarazo producto de una relación problemática” y dijo que “el daño psicológico que le puede dejar el aborto es infinitamente menor a lo que significa tener un hijo en esa circunstancia”.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, formada por más de trescientas ONG del país, se exigió “a la Justicia provincial y, en particular, a los tribunales de Concordia que cumplan con la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto no punible”, ya que se trata de un embarazo que proviene de una violación” (ver aparte).

La niña vive en la localidad de General Campos, cercana a Concordia, junto con su mamá, su padrastro, una abuela y un hermanito. La familia es muy humilde. Con el asesoramiento legal de la abogada Susana Benítez, el lunes la mamá presentó el pedido de una autorización para que le hagan un aborto no punible, con el fundamento de que corre riesgo su salud, es decir, se encuadró el reclamo en el inciso 1 del artículo 86 del Código Penal. Aunque también podría enmarcarse en el 2 inciso, al ser el embarazo producto de un abuso sexual. La solicitud recayó en el Juzgado de Familia de Concordia, a cargo de Raúl Tomaselli. Ayer por la tarde, el magistrado convocó a una audiencia informativa en la que participaron la niña, su madre, la abogada Benítez, además del defensor pupilar civil, Alfredo Russo, en nombre de la nena.

Desde Conders-Entre Ríos, Carolina Comaleras consideró que “es absurdo pensar en pedirle autorización a un juez para hacer algo que está expresamente permitido en el Código Penal y resulta por lo tanto no punible”. El Conders es una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Comaleras recordó que el 19 de agosto de 2011 se realizó en el Hospital Masvernat, un seminario provincial sobre Marcos Legales para Referentes de Salud Sexual, Reproductiva y Salud Integral de las/los Adolescentes “destinado a los equipos de salud de hospitales y centros de salud, con el propósito de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”. “Concurrieron 130 personas de 12 departamentos. Evidentemente algunos faltaron”, apuntó, luego de conocer el informe de los médicos que avalaron que la niña siga con el embarazo, y además, exigen una autorización judicial para llevar adelante el aborto no punible.

La investigación por el abuso sexual tramita en el departamento judicial de Colón y está a cargo del fiscal Juan Malvasio. Según relató la niña, en Cámara Gesell, el abuso habría ocurrido cuando fue a visitar a un abuelo y el culpable sería un amigo de un vecino que tendría 17 años, y ya estaría identificado, aunque por su edad es inimputable.

FUENTE: PÁGINA 12, POR MARIANA CARBAJAL