ENFERMA LA DISTRIBUCIÓN DESIGUALDAD DEL TRABAJO DOMÉSTICO

Título original; Ser ama de casa enferma.

Cómo impacta en la salud psíquica de las mujeres la dedicación de manera exclusiva a las tareas domésticas.

Un estudio de la UCA y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires mostró que las mujeres que solo se dedican a las tareas del hogar tienen mayor propensión a la infelicidad, a experimentar síntomas de depresión y ansiedad y a tener un déficit de proyectos personales.

Limpiar la casa, planchar, cocinar y cuidar a los hijes no solo es un trabajo no pago, invisible y no reconocido. También tiene consecuencias en la salud psíquica. Y produce desdicha.

 Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires encontró que las mujeres del conurbano que lo realizan en forma exclusiva, es decir sin trabajar fuera del hogar, tienen mayor propensión a la infelicidad, a experimentar síntomas de depresión y ansiedad y a tener un déficit de proyectos personales; no pueden pensarse más allá del día a día.“Es un problema muy fuerte desde el punto de vista sanitario. No les tendrían que estar recomendando ansiolíticos; les tendrían que dar trabajo (pago)”, sintetizó Agustín Salvia, coordinador del informe y director de investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina, al presentar los principales hallazgos del estudio “Empleo y trabajo no remunerado: Una mirada en profundidad sobe la distribución del trabajo no remunerado del Conurbano Bonaerense 2017-2018”, que entre otros ejes, refleja la “múltiples desigualdades” que enfrentan en particular las mujeres de los sectores más vulnerables: ellas tienen tasas de actividad y empleo menores que los varones, tasas más altas de desocupación, y mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados. Pero si se suma el trabajo remunerado y el no remunerado, destacó Salvia, “las mujeres trabajan más que los varones. Y en el conurbano es mayor ese porcentaje que la media nacional”.Son “mujeres atrapadas en el espacio doméstico”, subraya Salvia.

El informe se basa en los resultados de una encuesta sobre una muestra de 1332 casos cada año. Como enfoque novedoso,revela la incidencia en el bienestar subjetivo de la población femenina, de la distribución desigual de las tareas del hogar. “Es un tipo de trabajo que no se ve y no se valora por el producto sino solo cuando está en ausencia, por lo tanto hace que esa trabajadora sienta que con ese trabajo no genera ningún tipo de valor ni de reconocimiento. La falta de valorización y de reconocimiento social y propio genera mucha infelicidad”, sintetizó Débora Tajer, doctora en Psicología, sanitarista, a cargo de la Cátedra de “Introducción a los Estudios de Género” de la Facultad de Psicología, consultada por PáginaI12.

El peso de la limpieza

El estudio revela que las mujeres del conurbano de 18 años y más tienen mayor carga de tareas domésticas intensivas y de cuidado que el conjunto de mujeres a nivel del total del país. Ellas hacen tres veces más trabajo no remunerado que sus pares varones. Y en ese grupo, las que más carga tienen son las de 35 a 59 años. Pero en la franja que más se amplía la brecha de género es entre las que tienen más de 60 años: en este grupo ellas participan 3,5 veces más que ellos en las tareas domésticas y de cuidado. Todas aquellas que trabajan en el mercado laboral, también lo hacen en el hogar: tienen doble jornada. En cambio, menos del doble de los varones ocupados, realiza tareas de limpieza en la casa y se dedica a cuidar a los chiques.

Otro dato que revela el estudio es que los jóvenes no se están involucrando más en las tareas domésticas y de cuidados: “Los varones más jóvenes realizan menos tareas no remuneradas”, indicó Salvia. “Esperábamos encontrar un cambio generacional. No lo encontramos. Seguramente porque los más jóvenes tiene a sus mamás que se hacen cargo de esas tareas”, arriesgó Salvia.

La investigación encontró que:

Las mujeres del conurbano bonaerense que se dedican exclusivamente a las tareas domésticas y de cuidado en el hogar expresan indicadores de malestar subjetivo, que llegan a triplicar a los que muestran aquellas que solo se ocupan en el mercado remunerado.

También tienen casi tres veces más déficit en la capacidad de tener proyectos personales que quienes tiene un empleo.

Y 4,7 veces más sentimiento de infelicidad que quienes sólo se ocupan en el mercado de trabajo.

Salvia apuntó a la falta de “reconocimiento económico y social” de las tareas domésticas y de cuidados como uno de los factores que probablemente incidan en el malestar subjetivo de las amas de casa. “Pareciera que es un estado psicológico pero en realidad es una condición social y tiene que ver con la distribución desigual de tareas domésticas. Descubrimos el papel curativo que tiene el trabajo remunerado”, señaló Salvia. Y destacó la importancia fundamental que ese trabajo invisible tiene en la reproducción económica y social. Medir su impacto “es un giro en la mirada de las estadísticas”, indicó. “Las tareas domésticas cumplen una función, son trabajo, tienen valor, producen un valor, aunque no se las remunere. Lo hace mayoritariamente las mujeres y eso queda oculto en las estadísticas sociales. Es un subsidio a la reproducción social, cuando las acusan de planeras”, observó. Es lo que vienen señalando hace décadas economistas feministas: con amor o sin amor, es trabajo. “No solo no es remunerado, sino que genera una mayor propensión a la infelicidad, a la depresión, a la ansiedad”, describió. Y agregó un dato más que surge del estudio: “El hecho de que se haga doble jornada no agrava la situación” porque el trabajo fuera del hogar funciona como “una vía de escape”, frente a tener que dedicarse exclusivamente a limpiar, cocinar y encargarse del cuidado de los hijos e hijas, y a veces otras personas de la familia, enfermas o dependientes por alguna discapacidad.

El estudio fue realizado en base a los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), fue coordinado por Salvia y sus autoras son las investigadoras María Rosa Cicciari, Cecilia Tinoboras y Camila Weinmann.

Más pobres más vulnerables

Para el coordinador del informe y director de investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina, los indicadores de malestar subjetivo de las amas de casa reflejan un cuadro “muy fuerte desde el punto de vista sanitario. No les tendrían que estar recomendando ansiolíticos sino trabajo (pago)”. La problemática se agudiza entre la población de sectores más vulnerables del conurbano. “Las más pobres enfrentan el problema de que no consiguen trabajo y si consiguen alguno, no tienen opción que quedarse en su casa (para hacer las tareas domésticas y de cuidados porque no pueden pagarle a otra persona, como si sucede en sectores más acomodados). Están explotadas por el mercado y por la necesidad. No tienen servicios públicos (que asuman el trabajo no remunerado que ellas hacen) ni su compañero las comparten”, describió Salvia. Y enfatizó que la situación “se agrava cuando hay crisis como ahora”. “Todo esto es un vacío que se viene acumulando (hace años) junto con el agravamiento de la pobreza (en la actualidad). La gente tiene menos plata para pagar un recurso”. Y en ese sentido, consideró imperioso que se implementen políticas públicas de cuidados, como se viene reclamando desde el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, con más fuerza desde el Primer Paro Internacional de Mujeres, en 2017: “Podrían capacitarse jóvenes, varones y mujeres, que están desempleados a través de los propios programas de empleo gubernamental, y que se les pague por hacerse cargo de las tareas de cuidados en los barrios más vulnerables”, concluyó.

Los resultados del estudio fueron presentados por Salvia, Tinoboras, y el defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino.

Valoración

PáginaI12 consultó sobre el malestar del ama de casa a Débora Tajer, doctora en Psicología, psicoanalista, sanitaria, y profesora a cargo la cátedra de “Introducción a los Estudios de Género”, de la Facultad de Psicología de la UBA. Tajer recordó que esta línea de investigación se empezó a trabajar entre la década del ’70 y ‘80, en estudios sobre salud mental con perspectiva de género. “Los primeros estudios que se hicieron en salud mental y mujeres, fueron en relación al llamado “nido vacío”. Una psiquiatra norteamericana planteó que las mujeres que tenían como único proyecto en su vida criar hijos, cuando ellos se iban, se deprimían, porque era como jubilarse, no tenía qué hacer. Hasta ese momento se decía que era la depresión por la menopausia, porque coincidía con esa etapa vital de las mujeres. Pero ya se empezó a trabajar el encierro, en el privado sentimentalizado por decirlo de alguna manera, la falta de conexión con otras mujeres, el trabajo repetitivo, que genera ansiedad, depresión y falta de valoración”, señaló Tajer.

–¿Por qué las tareas de cuidado y domésticas cuando se desarrollan en forma exclusiva provocan propensión a experimentar esos cuadros? –le preguntó este diario.

–La falta de valoración de las propias mujeres tiene que ver con que si bien en nuestra sociedad se incentiva para que las mujeres hagan las tareas domésticas, de cuidados, al mismo tiempo no se las valora: es decir, te incentivan a hacer un trabajo pero nadie te va a valorar por eso. Y además, es un tipo de trabajo que solo se ve cuando no está: si una casa está ordenada, limpia y hay comida, todo el mundo lo toma como que es la naturaleza, como si la comida creciese en la heladera y todo se autolimpiase. Solo se nota que alguien se ocupa de esa tarea cuando no hay comida o la casa está sucia. Entonces es un tipo de trabajo que no se ve y no se valora por el producto sino solo cuando está en ausencia, por lo tanto hace que esa trabajadora sienta que con ese trabajo no genera ningún tipo de valor ni de reconocimiento. La falta de valorización y de reconocimiento social y propio genera mucha infelicidad. Eso se revierte cuando tienen alguna tarea social o trabajo extra doméstico, aunque les paguen poco. Es increíble eso. Les da autonomía. Las hace arreglar. Alguien las mira, les dice algo, arman amistades y ese es un diferencial muy importante de felicidad e infelicidad.

Fuente: Página12 - Por Mariana Carbajal

UNA MIRADA AL CONVENIO DE LA OIT SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL

Después de 4 años de trabajo, entre reuniones de expertas y expertos, informes de trabajo y reuniones de negociaciones tripartitas entre estados, representantes del sector empleador y representantes de los trabajadores y trabajadoras, el 21 de junio, en la 108 reunión, la OIT aprobó el Convenio Nº 190 y una recomendación sobre eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo.

Ambos instrumentos se dan luego de 8 años sin aprobarse ningún convenio por parte de la organización internacional, y seguramente el texto podría ser perfectible, pero en momentos como los actuales, de crisis económica global, precarización, flexibilización e informalidad de las condiciones de trabajo y feminización de la pobreza, es doblemente celebrable la definición de un convenio que reconoce: el derecho de las personas que trabajan a un ambiente laboral libre de violencia y acoso; que la violencia y el acoso por razones de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas; y las formas múltiples e interseccionales que adquiere la discriminación. Asimismo reafirma a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva como principios y derechos fundamentales en el trabajo, conforme a los Convenios OIT Nº 87 y Nº 98.

El convenio entiende a la violencia y el acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, que causen o puedan causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, reconociendo la violencia que se da por razón del sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, incluyendo el acoso sexual.

Por otra parte es destacable la elección del término “mundo del trabajo” ya que permite incluir en su amparo a todas las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual, incluyendo a las personas pasantes, aprendices, despedidas, voluntarias, en busca de empleo o postulantes a ellos, del sector público como del privado, de la economía formal e informal, de zonas urbanas o rurales, y en tanto la violencia o el acoso ocurran durante, en relación o como resultado del trabajo.

La sanción de este convenio obliga a los Estados a adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El convenio involucra a todos los actores del mundo del trabajo y pone especial énfasis en la importancia de acciones concretas de prevención, sensibilización, orientación y reparación de la violencia.

En nuestro país, avanzar en la sanción de una ley nacional resulta urgente. La misma deberá abordar las especificidades que adquiere la violencia y la discriminación directa e indirecta que sufren las mujeres, las niñas, las lesbianas, las travestis y trans en el mundo del trabajo, desde una doble perspectiva: la propia por el género, identidad o expresión, y la que ocurre por la feminización de ciertos trabajos, donde se destaca el trabajo doméstico y de cuidados. Resulta necesario promover la mayor sindicalización de las trabajadoras de casas particulares, y mejorar sus condiciones de trabajo y salariales. Asimismo, la ley deberá enmarcarse en la ley de protección integral hacia las mujeres, la ley de identidad de género y las convenciones internacionales de CEDAW y Belén do Para, promoviendo mecanismos efectivos, eficaces y seguros para el cese de la violencia y el acoso, el sostenimiento del puesto de trabajo, el reconocimiento de licencias pagas por violencia y la reparación de las personas afectadas.

Para vislumbrar un mundo del trabajo más igualitario para las mujeres es indispensable promover una ley integral de cuidados, que redistribuya de manera equitativa las tareas domésticas y de cuidados al interior de los hogares y que corresponsabilice a todos los actores involucrados: familias, comunidad, Estado, sector empleador.

La centralidad de los sindicatos es indiscutible para motorizar los cambios. La paridad de género en la representación, la modificación de los instrumentos estatutarios, la promoción de protocolos de actuación para casos de violencia de género al interior de las organizaciones y la incorporación de cláusulas de igualdad de género y no discriminación a través de la negociación colectiva, son algunas de las acciones posibles. Sin dudas, el sindicalismo es con nosotras.

Fuente: APU - POR Florencia Losio*Abogada feminista.

CHACO: SE APLICÓ POR PRIMERA VEZ LA LEY [ 27206] DE RESPETO AL TIEMPO DE LA VÍCTIMA

Se trata de la primera aplicación de la ley 27206, sancionada en 2015. La ley amplía el efecto de la Ley Piazza y dispone que la prescripción empieza a correr a partir del momento de la denuncia. El hombre había abusado de la hija de su entonces pareja, mientras quedaba a su cargo, entre 1992 y 1995, cuando la niña tenía entre 6 y 9 años. En 2017 pudo presentar la denuncia.

La justicia de Chaco condenó a 17 años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra cuando ella tenía entre 6 y 9 años. Los hechos ocurrieron entre 1992 y 1995 pero la víctima recién pudo hacer la denuncia en 2017, tras 25 años de sufrimiento, crisis nerviosas, intentos de suicidio y dificultades para relacionarse. Con esta condena, Chaco se convirtió en la primera provincia en aplicar la ley nacional de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas (27.206)”, sancionada en 2015. La nueva normativa establece que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cometidos contra personas menores de 18 años --que según el Código Penal tienen una vigencia de 12 años-- comienza a computarse recién cuando se presenta la denuncia, independientemente del tiempo transcurrido desde los hechos.

Victoria (nombre ficticio para preservar su identidad) comenzó a ser abusada por su padrastro Miguel Ángel Frutos cuando apenas tenía 6 años. A los 11 recién cumplidos, tomó coraje y le contó el sufrimiento padecido durante 3 años a su mamá y sus hermanos (entonces de 14 y 15 años), aunque jamás les pudo dar detalles de lo ocurrido. En ese momento, uno de sus hermanos intentó hacer la denuncia pero en la comisaría le dijeron que ya había pasado mucho tiempo.

“Este tipo de crímenes son cometidos sin la presencia de testigos y el pacto de silencio es la característica típica de estos delitos. El niño siente la responsabilidad de las consecuencias de estos hechos, no puede procesar lo que ocurre, no entiende muy bien, esto genera un trauma que lleva al silencio, que cuando crece y encuentra las herramientas para poder romper ese silencio ya es tarde para la justicia”, dijo Leandro Ramírez, abogado de la querella.

Durante más de 25 años, Frutos gozó de impunidad mientras Victoria sufría de insomnio, problemas para relacionarse, cambios de humor, intentos de suicidio y dolor. “A mí Miguel me lastimó”, repetía cada vez que tenía una crisis nerviosa. Su mayor miedo era pensar dónde podría estar su agresor y cuántas otras víctimas habría dejado a lo largo de esos años.

Fue ese miedo el que, en 2017, la animó a realizar la denuncia: había identificado al agresor a través de las redes sociales y en ellas pudo ver que estaba en pareja con una mujer, madre de una niña de 5 años.

Como Frutos no se presentó a la citación judicial, la Jueza de Garantías Rosalía Beatriz Zózzoli y Roberto Villaba, de la fiscalía penal N°6, emitieron una orden de captura. Fue la propia Victoria, junto a su abogado, quien se encargó de buscar al acusado y dar con su paradero, ya que, según denunció entonces, Investigaciones Complejas no aportaba datos al caso ni daba con el agresor.

Luego de su detención, se dictó la prisión preventiva y la causa fue elevada a juicio. Tanto el Fiscal de Cámara, Jorge Fernando Gómez, como el abogado querellante, Leandro Ramírez, pidieron 16 años de prisión para el acusado.

Finalmente, el pasado 18 de junio, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, a cargo de la jueza Lucía Ester Martínez Casas, sentenció a 17 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado doblemente por el vínculo y por ser un menor de 18 años a Miguel Ángel Frutos, el padrastro de Victoria.

"Cuando me creyó el fiscal y llevó mi caso a juicio sentí un beso de la justicia a la infancia y el abrazo contenedor de la lucha de todas las sobrevivientes", dijo Victoria. “En particular, sentí el abrazo a mi propia niña que pedía ayuda desconsoladamente”, agregó la joven, que durante el proceso estuvo acompañada por la Red nacional y Provincial de sobrevivientes de Abuso Sexual en la Infancia (ASI), por la Campaña contra la prescripción, y por organizaciones feministas, organizaciones sociales y organizaciones políticas de la provincia.

Chaco se convirtió, con esta condena, en la primera provincia en aplicar la ley de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas (27.206)”. La normativa sancionada en 2015, impulsada por la senadora Sigrid Kunath, introdujo una modificación sustancial en el Código Penal al ampliar los plazos de prescripción para los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cometidos contra víctimas menores de 18 años. Según establece la nueva ley, el plazo de prescripción del delito --que tiene una vigencia de 12 años-- comienza a correr recién cuando se presenta la denuncia, independientemente de la edad de la víctima y del tiempo transcurrido.

Esto modifica lo establecido en 2011 por la ley Piazza, que había sido presentada por el diseñador de modas Roberto Piazza también con el objetivo de ampliar los plazos de la prescripción. La ley Piazza ordenaba que la prescripción debía correr desde que el menor abusado cumpliera sus 18 años y no desde la fecha en que ocurrieron los abusos, como sucedía hasta 2011.

Fuente: Página 12 

ARGENTINA: VOTAR EN CLAVE FEMINISTA

Título original: Votar violeta

En las redes sociales la campaña Feministas en las listas pide que la paridad sea real y que haya candidatas en lugares de relevancia que impulsen cambios imprescindibles como el aborto legal, el cupo trans y la jubilación para amas de casa. Antes del cupo las mujeres eran solo el 4 por ciento. Ahora diputadas de todos los partidos piden mayor participación y relevancia en los armados electores, superar la paridad y también recuerdan la aprobación a través de alianzas multipartidarias y con una vocación salvaje del cupo que impulsó los cambios de género en las normas de Argentina.

En 1983, con el regreso de la democracia, se volvió a votar, pero eso alcanzó para que apenas el 4,3 por ciento de lxs representantes en el Congreso de la Nación sean mujeres. En 1995 la lucha de las políticas empujó las bancas a un 14,7 por ciento, según el monitoreo de “Participación política de las mujeres”, del Proyecto Generar. Pero el salto no se dio modus propio sino por el logro del cupo femenino (fruto de la lucha multipartidaria de feministas de distintos bloques y partidos) para que las mujeres ocuparan un lugar. La ley 24.012 fue sancionada el 6 de noviembre de 1991. En ese año había un 5,4 por ciento de legisladoras en la Cámara de Diputados. En el 2017 el avance forzado por la obligación de generar igualdad llego al 39 por ciento. Ahora, en el 2019, después de saltar del cupo a la paridad; después de las movilizaciones masivas por Ni Una Menos; por los Paros Internacionales Feministas; contra el fallo machista por la muerte de Lucía Pérez y por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito la política parece desoír que el reclamo no es solo figurativo. Por eso, en las redes sociales se reclama con el hashtag #feministasEnLasListas. 

Sin lugar a duda, los avances no derraman, no llueven, no se dan como un regalo. Y no dejan de generar resistencias. El cupo trajo muchos avances. Sin duda, sin ese porcentaje de diputadas no se hubiera avanzado como se avanzó contra la violencia machista, los derechos laborales y la salud sexual: en treinta años se crearon más de cuarenta leyes por la equidad de género. Las alianzas feministas tejieron redes de sororidad entre diputadas que no se preguntaban el partido, sino que sabían que eran ninguneadas entre sus filas y generaban estrategias para meter proyectos a medianoche, firmas conjuntas, avances entre discursos firmes y una pelea multipartidaria que dio sus frutos. 

Antes del cupo las mujeres no podían usar pastillas anticonceptivas si no tenían plata para pagarlas. Hasta que en el 2002 se aprobó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Antes del cupo las mujeres y personas gestantes no podían pedir ni elegir a su acompañantx en el parto ni exigir que se respeten sus tiempos. Hasta que en el 2004 se aprobó la Ley de Parto Humanizado. Antes del cupo no se podía hablar de sexualidad, de estereotipos de género ni promover el uso de preservativo en las escuelas. Hasta que en el 2006 se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral. Antes del cupo si una chica desaparecía, la policía le decía a la mamá que se fuera a su casa a esperar 48 horas y que si estaba en otra provincia no podían buscarla. Hasta que en 2008 se sancionó la Ley de Trata. Antes del cupo si una mujer era violentada pero no tenía lesiones no era considerado violencia de género. Hasta que en el 2009 se aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Hacía las Mujeres. Antes del cupo las parejas de gays, lesbianas o trans no eran reconocidas por la ley. Hasta que en el 2010 se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Antes del cupo si una mujer violada era obligada a casarse con el violador el agresor se salvaba de la cárcel. Hasta que en el 2012 el avenimiento fue derogado. Antes del cupo solo podían acceder a tratamientos de fertilización asistida quienes podían pagarlo y podían comprobar una familia heterosexual. Antes del cupo a las travestis y trans las encerraba la policía y las llamaban en masculino. Hasta que en el 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género, una ley integral y de vanguardia. Hasta que en el 2013 se aprobó la Ley de Fertilización Asistida Igualitaria. Antes del cupo si un hombre le escribía por internet a una adolescente y la acosaba por las redes no era delito. Hasta que en el 2013 fue reconocido el grooming como delito. Antes del cupo si una mujer embarazada cuidaba a los hijxs de otras familias ella no podía quedar embarazada y contar con licencia por maternidad. Hasta que en 2014 se aprobó la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares. Antes del cupo el ascenso de mujeres al poder legislativo era excepcional, un favor o un piso mínimo y a partir del cupo tuvo que ser del treinta por ciento. Hasta que en el 2017 se aprobó la ley #UNAyUNO de paridad de género en ámbitos de representación política. Hasta el cupo los hijos e hijas de víctimas de femicidio se quedaban sin su mamá y sin sostén para seguir sus vidas. Hasta que en el 2019 se aprobó la Ley Brisa y también la Ley Micaela (para capacitar a todxs los funcionarios públicos en perspectiva de género) y se le quitó el derecho a la responsabilidad parental a los femicidas. 

El ingreso de más feministas al Congreso de la Nación y del quiebre de la política de bloques por las alianzas transversales de género generaron muchos cambios. Por supuesto, en muchos casos hay más derechos que realidades y las leyes están plagadas de obstáculos o incumplimientos. En otros frentes hay un enorme backlash y retroceso conservador, fascista y neomachista (por parte de varones y mujeres). Y, por supuesto, faltan grandes deudas pendientes: la ley de aborto legal, seguro y gratuito; la ley de jubilación para amas de casa; la ley de política de cuidados; el cupo laboral trans y muchas otras. ¿Pero cómo se va a avanzar en las próximas conquistas, se va a garantizar que se cumpla con los derechos obtenidos y se van a frenar los retrocesos sin feministas en las listas?

“Hacen falta feministas en las listas para seguir trabajando por la igualdad real entre mujeres y varones, pero además candidatas que defiendan proyectos de igualdad en lo económico, en la igualdad de derechos, candidatas feministas que defiendan la justicia social”, sostiene la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, secretaria parlamentaria bloque FPV–PJ. Ella impulsa: “Hay que construir más feminismo en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales, en los movimientos sociales porque no es fácil revertir tantos años de patriarcado. Claro que hoy tenemos un movimiento de mujeres fuerte y movilizado, que entre muchas otras cosas también ayudó a visibilizar esta problemática de la falta de representación en los lugares de poder, pero pese a esto y pese a los logros, esto no se va a cambiar de un día para el otro. 

La ex diputada Mara Brawer, Secretaria de la Mujer del PJ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analiza: “La presencia de feministas en las listas garantiza una perspectiva  de género en la toma de decisiones y en las leyes que se plantean porque rompe el binarismo y la jerarquía entre los géneros. Por esto es que las normas que beneficiaron la equidad de género siempre fueron producto de la lucha transversal de las parlamentarias”. Brawer cuestiona: “La Ley de Paridad prohíbe armar listas de sólo mujeres. De no ser así, dentro de un espacio político podríamos competir en las PASO con listas de feministas. Es decir, somos un gran movimiento que no puede tener expresión electoral. Este límite es algo así como decirle a los ecologistas que en sus listas no pueden ser todos ecologistas. Las mujeres no tuvimos el derecho a votar y durante setenta años siempre fuimos una minoría parlamentaria la Ley de Paridad debería regular que las mujeres seamos como mínimo el cincuenta por ciento de la lista pero sin poner ningún tope. Esto nos permitiría poder armar listas de feministas dentro de los espacios ideológicos afines y así poder expresar la representación de este gran movimiento. En este sentido, propondría que la paridad 1 y 1 de la actualidad recién entrara en vigencia en el 2051 cuando se cumplan los cien años del voto femenino”.

Por su parte, la diputada Victoria Donda, por SOMOS, apunta: “Para que la política crezca hasta ponerse a la altura de la sociedad reclamamos lugares estratégicos para las feministas en lugares donde se definen las políticas. Tenemos que terminar con la feminización de la pobreza e implementar políticas integrales de cuidado para terminar con la violencia machista. La mejor forma para lograrlo, como ya lo hicimos con la ley de cupos, es seguir luchando para que las listas las encabecen feministas”. 

“La condición de mujer no garantiza perspectiva de género. Necesitamos mujeres feministas para no sólo equipar derechos entre géneros, sino sobre todo para tener políticas que igualen a las mujeres que hoy están excluidas con las mujeres que ingresamos en la primera ola porque los derechos políticos deben ser posibles para todas. Hay una agenda por la equidad pendiente. Con (y por) la participación de las mujeres se han conseguido leyes como la ley de cupo y luego la ley de paridad. Pero también muchas otras que tienen que ver con la agenda de derechos sexuales y reproductivos y el derecho a llevar una vida sin violencias”, enfatiza la diputada Carla Carrizo (Evolución).

La lider estudiantil Ofelia Fernández quiere ser legiladora porteña porque, antes de los 25, no puede ser diputada, pero el poder tradicional la empuja afuera de la mesa y ella subió la apuesta para que no la dibujen de futuro sino que pueda escribir el presente de la marea verde: “Quiero ser candidata a legisladora porteña para que nunca más hablen por nosotras. Llegamos para quedarnos. #AhoraNosotras”, escribió en redes sociales. Las que buscan poder no son ambiciosas (y la ambición de cambio es una virtud). Son parte de una construcción que tiene que ser más horizontal que la mesa chica de los acuerdos de la vieja política pero que no puede desmerecer el rol de quienes puedan llegar a ocupar lugares de decisión. Por supuesto, no es que no hay mujeres, trans, pibas, pobres, lesbianas, no binaries, afros que puedan ocupar lugares, sino que se los corre de lugar o se desmerece su capacidad: “Estoy segura de que toda la gente que vive cuestionando mi capacidad no puede nombrarme ni cinco legisladores, mucho menos como hicieron para llegar ahí. Si lo supieran se darían cuenta de que están obsesionados con una pendeja no con cuidar el prestigio del sistema político”, desafió desde Twitter. 

Manuela Castañeira se enorgullece der ser la única pre candidata mujer a Presidenta por el Nuevo MAS. “Hay que ir más allá: nosotros decidimos que una feminista socialista encabece la lista. No es cuestión de integrarnos, sino de que nuestras demandas, como el aborto legal, sean parte del programa de los espacios. Y que se defiendan claramente en la campaña y si llegamos al gobierno. Lo bien que hicimos en esta definición: en el país del Ni una Menos y la marea verde soy la única mujer pre candidata a Presidenta”.

Por su parte la Doctora en Economía Mercedes D’Alessandro, e integrante de Economía femini(s)ta analiza: “Desde que empezaron las elecciones (provinciales) hasta ahora, solo una mujer ganó una gobernación (Río Negro) y otra perdió una (Tierra del Fuego). Habrá solo nueve gobernadoras en la historia de Argentina. Solo una de cada diez intendencias en el país está ocupada por una mujer. En los únicos lugares que ellas avanzan es en aquellos en que hay cupo. Pero aun así, cuando hay cuotas, se las ingenian para encabezar varones, poner mujeres de perfiles más sumisos o “de confianza” y postergar a aquellas “más conflictivas”. Creo que dentro del movimiento feminista hay grandes lideresas, que las luchas han sido trasversales y horizontales y que lamentablemente no se está canalizando esa experiencia en las elecciones 2019. El armado está lleno de roskas, baile de la silla, ya no se sabe quién salió de donde y por qué está donde esta”. 

La diputada (mandato cumplido) Marcela Durrieu (Frente Renovador) recuerda la alianza por el cupo: “Éramos solo el cinco por ciento de las mujeres en diputados y había solo tres senadoras. Un grupo de radicales habían presentado un proyecto de ley que no tenía chance de salir. Cuando estaba por perder estado parlamentario nos avisan para que las peronistas nos unamos. Armamos flor de quilombo para llevarla al recinto. Creíamos que se iban a tomar cinco minutos para decirnos que no. Les pedimos que no se fueran a medianoche las mujeres de las bandejas del Congreso. Cuando estaba todo en contra a las tres o cuatro de la mañana se dio vuelta la bancada peronista y los radicales se dieron cuenta que iban a quedar como el culo con las mujeres. Todo el tiempo dicen que las mujeres no sabemos, no queremos y no podemos. Pero nosotras éramos mucho más salvajes que la generación de ahora y finalmente logramos la ley”. 

Fuente: Página12 - Por Luciana Peker

RECUPERAMOS NUESTRO BLOG!!!

A nuestrxs seguidorxs: luego de un tiempo prolongado hemos recuperado el blog. Pedimos disculpas y a seguir creciendo y difundiendo noticias "Por una vida...sin violencias"

OIT: NUEVO CONVENIO Y RECOMENDACIÓN PARA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL

La Conferencia Internacional del Trabajo del centenario adoptó un nuevo Convenio y una nueva Recomendación para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo.

GINEBRA (OIT Noticias) – La Conferencia Internacional del Trabajo  (CIT) adoptó hoy un nuevo Convenio y una Recomendación complementaria para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 

El Convenio sobre violencia y acoso, 2019, y la Recomendación sobre violencia y acoso, 2019 , fueron adoptados por los delegados en el último día de la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario, celebrada en Ginebra. Se emitieron 439 votos a favor de la aprobación del Convenio y 7 en contra, y se produjeron 30 abstenciones. La Recomendación se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. 

En el Convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo "pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos... y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y que son inaceptables para lograr un trabajo decente, e incompatibles con este". La "violencia y el acoso" se definen como comportamientos, acciones o amenazas "que tengan por objeto, que causen o sean suceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico". Por otro lado, se recuerda a los Estados Miembros que tienen la responsabilidad de promover un "entorno general de tolerancia cero". 

El objetivo de la nueva norma internacional del trabajo es proteger a trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los solicitantes de empleo. En virtud de la norma se reconoce que "individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador" también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso. 

“En el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso."

Guy Ryder, Director General de la OIT

La norma abarca la violencia y el acoso en el ámbito laboral; los lugares en los que se remunere a un trabajador, realice recesos en el trabajo para descansar o comer, o use instalaciones sanitarias, de lavado o de cambio de indumentaria; viajes, desplazamientos, programas de formación, eventos o actividades sociales de índole profesional; comunicaciones relacionadas con el trabajo (en particular mediante tecnologías de la información y la comunicación), lugares de alojamiento proporcionados por el empleador; y los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo. La norma reconoce asimismo que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceros. 

Guy Ryder, Director General de la OIT, acogió con satisfacción la aprobación de dicha norma. Señaló que “en el marco de las nuevas normas se reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral exento de violencia y de acoso". Y añadió: "La siguiente etapa consistirá en la aplicación de esas medidas de protección, con objeto de fomentar un entorno laboral mejor, más seguro y decente para mujeres y hombres. Estoy convencido de que, habida cuenta de la cooperación y la solidaridad que hemos constatado al respecto, y el interés público manifiesto en la adopción de medidas, se producirá una ratificación de forma rápida y generalizada para que se lleven a cabo las acciones pertinentes". 

La Directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad (Workquality) de la OIT, Manuela Tomei, comentó que "sin respeto, no hay dignidad en el trabajo y, sin dignidad, no hay justicia social. Es la primera ocasión en la que se adoptan un Convenio y una Recomendación sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ello nos ha permitido consensuar una definición de la violencia y del acoso. Sabemos las medidas que hay que aplicar para evitar y abordar este problema, y quién debe adoptarlas. Esperamos que las nuevas normas contribuyan a forjar el futuro del trabajo que todos anhelamos". 

El Convenio entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. La Recomendación, que no es jurídicamente vinculante, proporciona directrices sobre el modo de aplicar el Convenio. 

Este es el primer nuevo Convenio que aprueba la Conferencia Internacional del Trabajo desde 2011, año en que se adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) . Los convenios son instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, al tiempo que las recomendaciones proporcionan asesoramiento y orientación. 

La OIT, el organismo de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones relativas al mundo del trabajo, conmemora su centenario en 2019 . 

La Conferencia del centenario , que fue la 108ª Reunión de la Conferencia, contó con la participación de más de 5.700 delegados, en representación de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 Estados Miembros de la OIT. Se espera que la Conferencia adopte una histórica Declaración del Centenario de la OIT, en la que se haga hincapié en un enfoque centrado en el ser humano con respecto al futuro del trabajo. 

Fuente: OIT

https://youtu.be/gCSKz_puOnA

PRESENTAN ANTE EL CONGRESO UN PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

La organización MuMaLá enviará este miércoles al recinto un documento que cuenta con más de 70 mil firmas. Registraron 72 víctimas en los primeros meses del año. ¿Cuáles son los principales puntos del proyecto?

Con el aval de más de 70 mil firmas y de varios diputados de la oposición, la organización feminista “Mujeres de la Matria Latinoamericana” (MuMaLá) presenta este miércoles un proyecto para que el Congreso Nacional sancione la ley de Emergencia Nacional por la violencia de género -que denominaron "Ley de Emergencia Ni una Menos".

Victoria Aguirre, coordinadora de MuMaLá explicó a minutouno.com que no es la primera vez que desde la organización se pide la emergencia en violencia de género, pero que según las estadísticas de su "Observatorio Ni Una Menos" en lo que va del año hubo 72 femicidios.

"Vemos que en los últimos 4 años se sigue matando una mujer cada 30 horas y en algunos meses que se convierten a 24 horas. Este año se recrudeció mucho. Lamentablemente es posible que terminemos con mucho más femicidios que los anteriores", aseguró.

Desde la organización buscan que el proyecto se trate este jueves en una sesión especial que se convocó la última semana en Diputados.

Los principales puntos de la Ley:

*Aumento del presupuesto

Aguirre explicó que la emergencia impacta claramente sobre el presupuesto votado para este año. "Necesitamos que se refuerce el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Este año se votó que se destine sólo $11, 36 por mujer para erradicar la violencia machista y no alcanza, es un monto irrisorio", dijo.

En el proyecto piden además que se haga una reasignación mínima de un 10% más por provincia para combatir la violencia de género a nivel nacional. Manifestó que pese a que “algunas provincias han hecho algún avance, necesitamos que sea a nivel nacional, si queremos que la desigualdad desaparezca”.

*Desarme de los agentes de las fuerzas de seguridad imputados en casos de violencia de género

Según los datos del Observatorio, el 36% de los femicidios se dan con armas de fuego. Debido a ello, el proyecto propone que los efectivos policiales, militares o de las fuerzas de seguridad en general que son denunciados por violencia de género no vayan a su casa con las armas reglamentarias."Necesitamos saber que pasó con la ley de desarme y que se aplique, así como impulsar Protocolos provinciales", destacó Aguirre.

También proponen la "aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales" para que las víctimas dejen de convivir con sus agresores y no vuelvan a sufrir agresiones.

*Asignación para Víctimas de Violencia

El proyecto contempla una asignación equivalente a un salario mínimo para que las víctimas puedan salir de el entorno de violencia. Aguirre comentó que piden que haya más refugios para las mujeres porque "hay pocos y no dan abasto" y luego las que se las ayude a reinsertarse en la sociedad.

"Pedimos que el estado garantice que la persona que denuncia violencia de género tenga un lugar a donde ir porque en la mayoría de los casos le toman la denuncia y deben volver a su casa. Muchas veces las mujeres están atadas económicamente y no tienen forma de salir de ese círculo. Hay que brindarles la posibilidad de un trabajo o una asignación por un corto plazo", planteó la militante feminista.

* Implementación de la “Ley Micaela”

El proyecto de emergencia plantea urgente la formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad.

Aguirre consideró que en los últimos meses hubo "fallos de distintas localidades totalmente misoginos. El caso de Lucia Pérez fue el emblemático para que se considere impresindible cambiar las estructuras obsoletas".

Fuente: Minuto Uno - Por: Laura Guarinoni

MUJERES EN DICTADURA; EL TERRORISMO DE ESTADO SOBRE NUESTROS CUERPOS

En el marco de los juicios por lesa humanidad llevados a cabo en el país, creemos necesario mirar con perspectiva de género los hechos que sucedieron en la última dictadura.

Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% del total de los desaparecidos y desaparecidas entre 1976 y 1983, fueron mujeres. A partir de los testimonios de las sobrevivientes, sabemos que existía una violencia específica hacia ellas. Fue sistemática, planificada y aplicada en casi todas las detenidas, en los diversos Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país.

Torturas especializadas

En los CCD todos los maltratos estaban permitidos tanto para varones como para mujeres. Denigración, golpes, picana, submarino, violaciones, desnudez obligatoria. En el caso específico de las mujeres, además de todas las anteriores, incluían otros métodos. Por ejemplo, introducían objetos en las vaginas, cuando menstruaban no tenían acceso a protección, eran manoseadas por los torturadores, entre otras.

Además, como parte del plan de exterminio y desaparición, las mujeres embarazadas recibían los mismos tipos de vejaciones que todos. Los partos y nacimientos en cautiverio ocurrían incluso dentro de los CCD que contaban con salas especiales para ello. De hecho, muchas denunciaron que las torturas les produjeron abortos. Otras, que las condiciones de salud, higiene y limpieza eran pésimas. En muchos casos, a los siete meses de embarazo, aproximadamente, les inducían el parto, que en general eran cesáreas. Además de médicos, uniformados y civiles armados presenciaban los nacimientos. En otros casos, las detenidas empezaban el trabajo de parto y no recibían asistencia médica sino de sus mismas compañeras detenidas. Muchas veces se obligaba a las mujeres que acababan de parir, a limpiar el lugar donde habían dado a luz.

A todos estos métodos de tortura, se sumaba la incertidumbre sobre sus vidas y las de sus hijos, si iban a quedar juntos o si iban a ser liberados. Otra práctica común, era hacer que la detenida escribieran una carta para sus parientes, a quienes se la iban a entregar junto con sus hijos. Pero esto casi nunca ocurrió. Cientos de bebés expropiados fueron arrancados de los brazos de sus madres al momento del parto. De la mayoría de ellos, todavía no se conoce el paradero.

Lo que se calla

Sonderéguer, coordinadora de la investigación Análisis de la relación entre violencia sexual, tortura y violación a los derechos humanos, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes, indica que el castigo de la dictadura hacia las mujeres era no sólo por “subversivas”, sino también por ir en contra de lo que la sociedad patriarcal esperaba de ellas por ser mujeres.

Según la investigadora María Sonderéguer, las mujeres que fueron víctimas de la última dictadura militar en Argentina, sufrieron un doble castigo: Por militantes y por transgredir el orden machista establecido.

Sonderéguer señala que el silencio respecto de la violencia específica sobre las mujeres en la última dictadura se relaciona con dos razones. Por un lado “es una cuestión postergada” y por otro, “su tratamiento pone en discusión el orden sociocultural actual y no sólo el del contexto del terrorismo de Estado”. Al respecto también apunta que la impunidad con la que se ejecutó la violencia sexual durante el terrorismo de Estado “pone de manifiesto todos los prejuicios sexistas que subyacen aún hoy en la valoración de los delitos sexuales”.

Desde el año 2000 la Corte Penal Internacional considera delito de “lesa humanidad” a las violaciones, la esclavitud sexual, la trata, la esterilización forzada y los abusos sexuales cometidos dentro de un plan sistemático contra una población civil.

En Argentina, recién en 2010, este tipo de delitos cometidos sistemáticamente por los represores durante la última dictadura militar, pasaron a ser considerados de lesa humanidad.

Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto. Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias.

En Córdoba

En la Megacausa La Perla/La Ribera sí se juzgaron los delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad, tratados como tales y no simplemente bajo la figura legal de tormentos. Hubo siete condenas por abuso deshonesto, figura jurídica que que se refiere a actos sexuales que atentan contra la libertad sexual y no necesariamente llegan a la penetración. También los militares fueron juzgados y condenados por primera vez en Córdoba, por el robo de bebés.

La violencia que se ejerció en esos años sobre el cuerpo de las mujeres, no se puede igualar a otras. Su particularidad radica en que es consecuencia también, de una estructura de poder machista que se repite hasta la actualidad con diferentes caras. Esta mirada hacia el pasado y hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre mujeres, aporta a la reparación del daño como sociedad, a los procesos de justicia y a la construcción de una memoria colectiva que repudie el terrorismo de Estado.

También afirmamos que es imprescindible seguir analizando así la relación entre mujeres y Estado para poder problematizar y transformar las violencias que son ejercidas cotidianamente sobre nuestros cuerpos. Cada vez que en un hospital nos niegan la posibilidad de un parto respetado, cada vez que un policía no nos permite amamantar en la calle, cada vez que un funcionario público es miembro de una red de trata, entre múltiples ejemplos de situaciones que vivimos a diario.

Nos gustaría agradecerle a esas mujeres, a esas madres, abuelas e hijas que han puesto el cuerpo y el alma, que nos han legado la lucha, la resistencia, la fuerza y la convicción para torcer lo dado, para pelear en contra de lo terrible y lo injusto. Nos han enseñados a pararnos firmes ante las atrocidades del poder y el Estado patriarcal. Hemos aprendido que a veces podemos cansarnos, pero nunca rendirnos y que todas juntas somos invencibles. Gracias.

 Fuente: Latinta

LAS OTRAS. ABORTO CLANDESTINO Y MATERNIDAD INFANTIL

En Catamarca una joven falleció por un aborto clandestino, en Chaco una adolescente de 14 años parió un bebé resultado de una violación. ¿Quiénes son las Otras que aún en este siglo siguen viviendo en la precariedad absoluta?

I

Dicen los titulares en los diarios:

“Otra víctima de la clandestinidad”

“Otra nena violada”

“Otra persona obligada a parir”

“Otra muerte anunciada”

Otra vez la misma nota que se parece tanto a otra nota, que se parece tanto a aquella otra piba que también 

se murió.

En la clandestinidad la puesta en escena de la tragedia es un loop.

8M intervención del grupo “Impacto teatral”

Fotos: Irina Lavallena

II

Esta semana se cumplieron siete años del fallo FAL, a partir del cual la Corte Suprema de Justicia exhortó al Estado Nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a implementar y hacer que se cumplan protocolos hospitalarios para quitar los obstáculos que limitan o impiden que las personas accedan a su derecho a la interrupción legal del embarazo.

Sin embargo, la realidad no es tal: al día de hoy, 4 provincias argentinas no tienen protocolos ni adhieren al del Estado Nacional. Día a día el sistema de salud argentino, nos llena de noticias y de nombres de mujeres y niñas que deben elegir entre ser obligadas a parir o morir en el intento.

En Chaco una adolescente de 14 años dio a luz un bebé resultado de una violación. Ambos debieron someterse a un tratamiento de Mal de Chagas. A los 11 años ella había sido entregada a un hombre de 59 a cambio de una moto. Luego de tener al bebé, pidió no quedar a cargo de su padre alcohólico.

En Catamarca, una joven de 30 años falleció por una infección generalizada que se inició a partir de un intento de aborto clandestino. Vivía en un pequeño pueblo de 300 habitantes, tenía dos hijes. Sus amigas sabían que intentó abortar, pero no lo sabía su familia.

En Tucumán, una niña de 11 años violada y embarazada solicitó la interrupción legal de su embarazo. El Estado dilató la intervención para finalmente decidir realizarle una cesárea a la semana 23 de gestación. A los pocos días, la bebé muere.

Aparece entonces -entre la rabia- la pregunta por esas personas cuyas vidas están expuestas a la máxima vulnerabilidad posible. Sus cuerpos son forzados a atravesar cualquier límite y optar por meterse una rama de perejil en sus vientres, aunque las lleve a la muerte con tal de haber decidido en su vida por lo menos algo.

Nos preguntamos por esas “Otras” que aún en este siglo siguen viviendo en la precariedad absoluta y sufren a diario la imposibilidad de pensar siquiera en exigir su legítimo derecho a la vida.

¿Quiénes son las Otras? ¿Dónde están? ¿Qué lugar ocupan en nuestros medios, en nuestras notas, en nuestras organizaciones, en nuestras movilizaciones? ¿En qué se parecen las Otras a las pibas que posan con glitter verde en la cara para las fotos que llenan nuestras redes sociales? ¿En qué se parecen las Otras a nosotras?

III

Simone De Beauvoir plantea en El segundo sexo que las mujeres somos lo Otro en la Historia; que toda la historia de la humanidad está escrita y protagonizada por varones. Y las mujeres quedamos por fuera, en los márgenes, en las sombras de los relatos, de las grandes hazañas, de la guerra, el arte y la ciencia. Las cosas cambiaron mucho desde 1949. Ahora hay mujeres y (en menor medida) identidades disidentes en la ciencia, en las artes, en las fuerzas coercitivas del Estado. Sus historias comienzan a tomar protagonismo e incluso los discursos sobre equidad de género son un ítem obligado en la agenda política actual. Sin embargo, sigue quedando lugar para sombras. Siguen invisibilizándose relatos. Ahora, las Otras son las pobres.

IV

El intelectual italiano Giorgio Agamben habla del homo sacer: la figura del derecho por la cual, aunque sea ilegal quitarle la vida a las personas, hay veces que cuando esto sucede, no hay pena para quien comete el acto.

Es decir, vidas cuyos asesinatos son legítimos. Por su parte, Judith Butler refiere a la distribución desigual del derecho a duelo, da cuenta de  “aquellxs cuyas vidas no se ‘consideran’ susceptibles de ser lloradas, y por ende de ser valiosas, están hechxs para soportar la carga del hambre, del infraempleo, de la desenmancipacion jurídica y de la exposición diferencial a la violencia y la muerte”.

Bajo este paradigma: ¿Qué hace que una vida sea valiosa? ¿Qué hace que una vida no sea una cosa? Quizás la imposibilidad de vender ese cuerpo a cambio de una moto, la imposibilidad de violar ese cuerpo, la imposibilidad de forzar a ese cuerpo a gestar y parir… Esas atribuciones podrían servirnos como primer esbozo para pensar qué hace la diferencia entre lo humano y lo inhumano.

Las pibas pobres, trans, negras, niñas y originarias, quedan -sin dudas y con dolor- del otro lado de la frontera. Del lado de la violencia sistemática. Del lado de la compra y venta de cuerpos. Del lado de la hipocresía política y la vulneración estatal. Del lado de lo invisible. Son las Otras y se acumulan, se apilan sus iniciales en los titulares de los diarios. 

Las pibas pobres, negras, trans, travas y originarias quedan del lado del genocidio silencioso.

Fuente: El grito del Sur - Por Roma Barrientos.