DESAPRENDER LAS CONDUCTAS VIOLENTAS....

El catedrático de psicología clínica José Luis Graña dirige en la Universidad Complutense un programa para rehabilitar a maltratadores por el que han pasado más de 1.000 hombres."Todos podemos ser agresores", asegura.

Acostumbrado a corregir conductas, José Luis Graña también corrige al redactor nada más formular la primera pregunta, donde pronuncia la palabra maltratador. "Para ser maltratador lo tiene que decir un juez, es un término jurídico. Yo soy un psicólogo e intento entender a los seres humanos, no puedo juzgar a nadie. Si tú vienes a terapia conmigo y te llamo maltratador, entonces tú no vas a confiar en mí, te vas a poner a la defensiva y no vas a confiar en mi".

Esa es la premisa del programa de intervención que este catedrático de psicología clínica dirige en la Universidad Complutense de Madrid, y por el que han pasado desde hace una década más de 1.000 maltratadores, porque todos llegan condenados por un juez.

Son hombres con sentencias de hasta dos años de cárcel que, en aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, eluden la prisión si aceptan participar en un programa de rehabilitación como el que Graña y su equipo desarrollan en la facultad de Psicología de la Ciudad Universitaria de la capital. "Y hemos observado que la gran mayoría logra cambiar", asegura el profesor Graña, que el miércoles exponía en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) los resultados de una terapia que apenas registra un 8 por ciento de abandono. "Mientras que en otros programas que se aplican en Estados Unidos es del 45 por ciento", destaca el catedrático defendiendo su apuesta por "personalizar la intervención" evitando estigmatizar a los agresores, que paradójicamente "siempre se sienten víctimas" al llegar al programa.

"Es lo normal porque es su forma de funcionar psicológicamente. Cuando les detienen se sorprenden porque no lo entienden. Para ellos es todo congruente: tanto lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. La denuncia es el momento de la ruptura, de parar y analizar la situación. De explicarles que la forma de relacionarse con su pareja no es la adecuada, que algo falla", sostiene Graña, que basa su método en la convicción de que "todo lo que aprendemos puede desaprenderse". Incluso a agredir. Y en su opinión, no existe la inmunidad a tener una conducta violenta.

"Todos podemos ser agresores, y en las relaciones humanas hay comportamientos agresivos, están en la vida cotidiana de la gente normal. La diferencia es que cuando los integras en una relación disfuncional y te sientes inferior si no das un grito o un empujón". El programa de rehabilitación que dirige este experto funciona siempre que el agresor "asume  su responsabilidad", un cambio que se produce tras las primeras semanas de terapia. "Es un efecto de interiorización, sucede cuando están ya más receptivos, dejan de sentirse víctimas y contextualizan la situación. Algo que es difícil durante el proceso judicial, porque los agresores están tan inundados emocionalmente que son incapaces de analizar los acontecimientos, necesitan perspectiva y tiempo".

Graña afirma que, tras nueve meses de terapia, los agresores más violentos son los que experimentan un mayor cambio de conducta. "Se constata en la actitud que tienen durante la terapia, pero también en cuestionarios sobre la relación en pareja, las características de la personalidad y las emociones. Incluso en los registros policiales. Lo contrastamos también a largo plazo, al cabo de tres, cinco e incluso 10 años", apunta el catedrático de la Complutense, aunque admite que el programa, aplicado de momento solo fuera de prisión, no es infalible.

"Siempre hay algún caso en el que no va a funcionar. Puede ser que no sea el momento adecuado para esa persona. O porque tiene una psicopatología que no se puede tratar en solo nueve meses. Pero todos los seres humanos siempre se puede rehabilitar, solo tienes que querer", añade esperanzado. Su próximo objetivo es aplicar estas conclusiones a la prevención de la violencia de género, un fenómeno que ha protagonizado esta semana un curso temático celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, coincidiendo con episodios graves como el asesinato ayer, en plena calle, de una mujer a manos de su expareja en la localidad barcelonesa de Castelldefels.

Medidas para frenar la violencia de género

"Cada vez que un hombre asesina a una mujer nos produce estupor, dolor e inquietud", dijo Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Sala de Violencia contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado, tras conocer la noticia. Ella también participó ayer como ponente en el campus de verano de la capital cántabra, donde solicitó diferentes reformas legislativas que permitan a las fiscales "dar una respuesta efectiva, justa y proporcionada" a la violencia de género.

Entre ellas, reclamó la eliminación de la "dispensa de obligación" que las mujeres tienen de declarar contra su agresor cuando se trata de su marido o pareja. "Es el mayor obstáculo al que nos enfrentamos, un obstáculo enorme", advirtió la fiscal Peramato, que considera "vital" esta reforma para ofrecer una "protección adecuada" a las mujeres víctimas de maltrato. También reclamó que la edad mínima de matrimonio, que en España se ha elevado recientemente de los 14 a los 16 años tras la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se fije en la mayoría de edad.

"Además, tenemos la necesidad de realizar un estudio criminológico, antropológico, sociológico y psicológico del fenómeno de la violencia de género para que lo conozcamos desde las entrañas, sepamos a qué nos estamos enfrentando y podamos adoptar medidas que de verdad sean eficaces, o más eficaces de las que estamos adoptando ahora", defendió la fiscal, que también se posicionó a favor de que las agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja pasen a considerarse un delito de violencia de género. "Esas agresiones requieren también un respuesta integral, especializada, formada y multidisciplinar, y desde la fiscalía de violencia de género no podemos dar respuesta porque la ley no nos da competencias", lamentó Peramato.

Fuente: El Mundo. Es

¿ CUÁNTAS DENUNCIAS MÁS?? 32 Y SIGUE LIBRE

Tiene 38 años y cinco hijos. Ahora está alojada con los tres más chicos en una casa que hace de refugio. Además, al agresor le han dictado cuatro prohibiciones de acercamiento. Laura Videla contó a Diario UNO su terrible historia.

“Él me manipuló siempre. Ya estábamos separados cuando me llamó y me dijo que iba a darme el salario de los chicos, y yo fui. Pero me esperó con un cuchillo y trató de matarme. Me dio una piña que me tumbó al piso y ahí me golpeó la cabeza contra el asfalto. En ese momento, perdí la consciencia y después terminé convulsionando en la comisaría”. Este desgarrador relato pertenece a Laura Videla, una mendocina que aparenta muchos más de los 38 años que tiene. En alguna de las palizas sufridas perdió varias piezas dentales. 

Por estos días, Laura y sus tres hijos menores de edad pasan las noches en una casa que hace de refugio para salvarla del asedio del ex esposo a quien ya denunció 32 veces. El hombre, que ya violó la prohibición de acercamiento en 4 ocasiones, ahora envía a amigos para amenazarla. 

Laura conoce como nadie los vericuetos de la Comisaría 11 de Luján:  hasta allí ha llegado decenas de veces para denunciar a su ex marido, con quien tuvo 5 hijos. A él lo conoció cuando tenía sólo 16 años, y aquel joven que parecía amable y educado se convirtió, en cuestión de meses, en un agresivo marido que le impuso usar ropa suelta y en la primera discusión la tomó del cabello y la arrastró una cuadra. 

Las palizas no cesaron, pero las denuncias de la mujer comenzaron en 2002, “cuando lo sorprendí tocando a una de mis hijas y masturbándose”.

Según cuenta la mujer, en aquel momento, el hombre terminó detenido y se le realizó un peritaje psicológico, pero ese estudio no reveló nada anormal y fue liberado horas más tarde. 

“Tiempo atrás a Laura la vi rara,  antes le había notado un machucón en la cara, pero me había dicho que  se había golpeado contra una puerta. Por eso volví a insistir para ver qué le pasaba. Ahí me contó que él la había citado a comer una pizza para hablar de los niños y resulta que la esperaba en una tráfic con dos amigos más. Ahí la hizo subir y la violaron los tres. Eso me lo contó llorando y pidiéndome que no dijera nada porque le daba vergüenza”, relata un familiar cercano de Laura, que pide expresamente no ser nombrado por miedo a represalias de los amigos del denunciado, que ya le apedrearon la casa en otra oportunidad. 

La defensa

Desesperada tras haber denunciado insistentemente al ex marido, en enero Laura acudió a la Dirección de la Mujer del Poder Judicial, Dra. Carmen María Argibay, pidiendo ayuda. “El suyo era un caso muy grave, porque el agresor, pese a tener prohibición de acercamiento, continuaba agrediéndola a través de terceras personas y ya habían llegado a atacarla en su casa, donde vivía con sus hijos. Por eso, se decidió brindarle una protección distinta hasta que se definan los procesos judiciales. A ella se la ubicó en una casa, porque no existe un refugio estatal para estos casos”, aseguró Stella Spezia, titular de esa dirección.

Del caso de Laura también se hizo cargo la abogada Carolina Jacky –especialista en casos de violencia de género–, quien se constituyó como querellante particular en la causa judicial, pidió que se acumulen todas las causas judiciales que el agresor tiene en contra y presentará una denuncia penal contra los amigos del ex esposo de la mujer por las agresiones que concretaron en los últimos meses. Para ellos, pedirá también una prohibición de acercamiento. 

“En este caso había que actuar en el acto. Es impensable que esta mujer haya denunciado más de 30 veces a su ex marido y esa persona continúe libre. Lo que hicimos fue darle la protección que debería haber recibido años atrás”, aseguró la abogada que se hizo cargo de la representación de Laura.

Urge un refugio estatal

“Cuando los casos de violencia de género son tan graves como este, en el momento en que la víctima hace una denuncia y pone fin así a la vida que tenía con el agresor, suele ocurrir que eso sea un disparador para que él ejerza toda su violencia contra ella. Es por eso que urge que el Estado tenga un refugio para estas mujeres, porque lo principal es alejarlas de ese círculo de violencia”, confió Spezia.

Actualmente, cuando a la Dirección de la Mujer del Poder Judicial llega un caso similar, comienza un derrotero de consultas con fundaciones, la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social y algunas entidades comunales para poder conseguir un refugio para esa víctima de violencia.

“Ocurre que es imprescindible que ese refugio se vuelva un verdadero lugar de contención para estas mujeres, porque no se trata sólo de un techo, sino de contención emocional, donde cuenten con el acompañamiento de psicólogos que las ayuden a atravesar el duro momento”, concluyó la funcionaria judicial.

Fuente: Diario Uno

ESCUELAS POPULARES DE GÉNERO EN LOS BARRIOS

Título original: " Aprender de género en los barrios"

LAS ESCUELAS POPULARES QUE ENSEÑAN A LAS MUJERES A ENFRENTAR SITUACIONES DE VIOLENCIA MACHISTA

Funcionan en zonas postergadas para que las vecinas conozcan sus derechos y sepan cómo defenderse ante hechos de violencia. Son las Escuelas Populares para la Formación en Género, una iniciativa del Consejo Nacional de las Mujeres. Ya hay 68 en todo el país.

Fotografía: Carolina Camps

El encuentro fue en “La casa de Pocha”, un lugar frecuentado por los vecinos de los Altos de San Lorenzo, barrio ubicado en el sureste de la ciudad de La Plata. La anfitriona, Pocha Camiña, abrió una vez más las puertas de su hogar, en este caso para inaugurar una nueva Escuela Popular para la Formación en Género. “Ya tenemos 68 en todo el país y aspiramos a llegar a cien antes de fin de año”, le dice a Página/12 Mariana Gras, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, quien anuncia el propósito de realizar en poco tiempo “un encuentro nacional para analizar los pasos a seguir, luego de la experiencia adquirida con las escuelas en un año y medio, para analizar y decidir los pasos futuros junto con las más de tres mil personas que asistieron (no sólo mujeres sino también miembros de la comunidad LGBT) y con los mil docentes que participaron” hasta ahora en el programa. Gras asegura que todo se tiene que hacer “en base a las necesidades reales del pueblo”, punto de vista compartido por las mujeres que asistieron al encuentro en La Plata. En el intercambio de ideas y propuestas, las vecinas pidieron que “la política mantenga las promesas después de las elecciones”.

Luego de la apertura formal de la escuela, se realizó el primer taller de género, a sala llena en el amplio y sencillo comedor de la casa de Pocha. “Yo vengo porque quiero tener conocimiento y aprender sobre el tema del aborto”; “Yo quiero saber cómo actuar cuando una amiga me cuenta que el marido la golpea, porque no tengo idea de cómo debo intervenir”; “Yo soy asistente social y vengo a ver si puedo ayudar en algo”. Esas fueron algunas de las intervenciones que tuvieron las mujeres, porque por ahora no se sumaron gays ni travestis, que pueden hacerlo porque también se promueve el respeto por la diversidad sexual.

Desde hace tres años, Gras está al frente del Consejo y antes, durante un años, fue subsecretaria de Promoción y Erradicación de la Violencia de Género. La funcionaria, para reforzar el concepto de “escuelas populares”, señala que además de referentes sociales como Pocha, se han sumado a la tarea 13 universidades nacionales, elegidas porque cuentan con un “perfil más popular, más de construcción de base en términos de las gestiones académicas”. Considera que la respuesta a las 68 escuelas, instaladas en 14 provincias, “fue buena no sólo por parte de las mujeres porque lo que se está haciendo tiene que ver con la diversidad en todo el tejido social, para que se puedan visibilizar las compañeras y los compañeros”.

Precisa que en algunos lugares “se han inscripto 360 personas interesadas en una temática que no suele estar en la currícula y que por lo general se puede dar en discusiones en los sectores medios”. En las escuelas de formación en género, los temas que surgen con mayor frecuencia son la violencia doméstica y el abuso infantil, pero a partir de allí, dice Gras, “aparecen otras cuestiones como el empoderamiento de las mujeres, las capacitaciones en oficios y la educación, temas cotidianos que, como somos el Estado, lo vamos hilando con otros programas como el Fines, con el Ellas Hacen o con los talleres de oficios, para poder dar respuesta a esas demandas”.

“Las mujeres que participan en las escuelas dicen: ‘Ahora yo le puedo poner nombre a lo que me pasa, ahora sé que no me pasa solamente a mí, sé que no me lo merezco y ahora sé que puedo decirle no a mi marido si no quiero tener sexo con él’”. asegura Gras. Para dar un ejemplo, relata el caso de “una mujer que sufría una violencia atroz, que tenía cinco pibes y estaba en la calle. Empezó a trabajar en el Ellas Hacen y hoy es presidenta de una cooperativa, además de docente en una de las escuelas de género”. La funcionaria remarca que esa misma mujer hoy alienta a sus compañeras con la siguiente frase: “Si yo pude levantar una casa con mis manos, cómo no voy a poder levantar mi vida”.

Según Gras, en lo que se está haciendo “no hay mucha ciencia, el tema es dar espacios de empoderamiento, escuchar y ofrecer la mano del Estado, porque si esto fuera sólo una mera extensión académica y un voluntariado, le faltaría una parte fundamental que es la reparación de derechos”. En el encuentro nacional que proyectan con tres mil asistentes a las escuelas y con el millar de docentes “tiene por finalidad hacer un análisis crítico de lo que se hizo hasta hoy, para decidir cuál será el segundo paso; lo que me gustaría es que las compañeras que asistieron a las escuelas pasen ahora a ser las educadoras”.

La idea de que lo que se promueve es “un espacio colectivo” es algo que salieron a defender, interrumpiendo incluso los discursos inaugurales de la escuela, varias de las decenas de mujeres presentes. “Lo que le pedimos a la política es que mantenga las promesas después de las elecciones, porque muchas veces vienen antes, a buscar el voto, y después no los vemos nunca más”, fue la postura que redondearon dos o tres mujeres que hablaron, sin pedir permiso.

“Yo voy a preguntar todo lo necesario, porque no me da vergüenza”, dijo una de las asistentes a la apertura del taller. Una por una, las asistentes expusieron sus inquietudes y sus expectativas. Una de las consignas que más pegó en las asistentes es la que grafica que en los barrios pobres “la pelea de las mujeres contra la discriminación y la violencia es cuerpo a cuerpo, de manera que no alcanza con la estructura universitaria, académica, hay que romper las estructuras”.

Algunas participantes, como Yamila, que vive en Brandsen, dijo tener alguna experiencia anterior “en campañas contra la violencia machista”, mientras que Florencia, estudiante de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, admite que viene, sobre todo, “para aprender escuchando las historias de vida de otras mujeres”. María, con sencillez, quiere comprender todo aquello que sea “violencia de género”. Algunas docentes aclaran que ellas también quieren aprender de la mano de las historias de sus “alumnas”.

Las coordinadoras explican que en el taller de género van a hablar sobre “la sexualidad y los mitos sobre la sexualidad femenina, sobre los métodos anticonceptivos, sobre los recursos institucionales con los que contamos para poder acceder a ellos, sobre el aborto no punible, sobre la violencia contra las mujeres”, especificando “tipos de violencia, modos, ciclos y sobre la forma en que se puede pedir ayuda o la forma en que podemos ayudar a una víctima de la que tengamos conocimiento”. Una de las ideas que se anticiparon fue la de que “es necesario entender que un vecino, una vecina, una amiga, está mucho más cerca que cualquier policía, que un fiscal, que un juez, organismo o número de teléfono”, aunque esas alternativas “oficiales” también sean útiles y necesarias.

“Esto lo tenemos que hacer nosotras, desde los barrios”, dice Pocha, la anfitriona y referente barrial. “Nosotras vivimos en el barrio y sabemos quién golpea, quiénes son los que venden la droga, tenemos que empoderarnos y saber enfrentar cada situación”, remarca sencilla y contundente. Mientras se realizaba el taller abierto, especialistas del Consejo recibieron las primeras denuncias de violencia de género en privado, sin revelar casos ni nombres.

El grupo de especialistas es encabezado por Natalia Arlandi, directora nacional de Protección Integral y Articulación de Acciones Directas, y dos integrantes del plantel a su cargo, Lorena Beltrán y Amalín Ramos. Ellas afirman, en diálogo con este diario, que es fundamental que se produzca un cambio en los actores judiciales, fiscales y jueces, cada vez que se produce una denuncia. Una mujer que quiso hacer una denuncia en una comisaría de Moreno no pudo hacerlo porque “no había médico legista y no podían tomarle la denuncia, motivo por el cual le dijeron que fuera a una dependencia ubicada en General Rodríguez”.

Las que pidieron ayuda en la primera reunión realizada en los Altos de San Lorenzo fueron tres mujeres, pero son miles las que acuden al equipo del Consejo, cuando ellas recorren los barrios. El equipo de especialistas interviene en los casos que se hacen públicos y los que siguen invisibilizados. Sus integrantes recalcan que los medios de comunicación no tendrían que hablar sólo sobre las denuncias “que terminan mal” para las víctimas, sino también difundir “los recursos con los que cuentan y que también permiten llegar a buen término” en muchos de los casos.

Fuente: Página 12 -  Por Carlos Rodríguez

CUANDO LA JUSTICIA NIEGA HISTORIAS DE VIOLENCIAS

Un estudio de fallos judiciales corroboró que, en casos de homicidios entre cónyuges, los jueces suelen aplicar circunstancias atenuantes para reducir condenas a los varones, pero que ese criterio se aplica con menor criterio a las acusadas mujeres.

Hace unas semanas fue noticia que un tribunal de Lomas de Zamora redujera la pena a un hombre que cometió femicidio contra su esposa, asesinándola de 9 balazos, porque habría quedado afectado psicológicamente al descubrirla chateando con un supuesto amante. Lejos de ser un caso aislado, una investigación sobre sentencias judiciales de homicidios entre cónyuges y de otras parejas arrojó que a la mayoría de los hombres que cometieron femicidio, que tendrían que haber sido condenados a prisión perpetua, se les aplicaron las “circunstancias de atenuación” que redujeron sus condenas, mientras que a las mujeres que mataron a sus maridos luego de haber padecido violencia de género por parte de ellos se les aplicó en mucha menor medida esta reducción. El sesgo de género de las decisiones de la Justicia se observa en distintos aspectos de los fallos: no sólo el Poder Judicial no resuelve de la misma forma si el asesino es un hombre o una mujer, sino que no se tiene en cuenta el historial de violencia familiar al momento de la decisión judicial, incluso se llega a justificar al femicida y a reducir su condena por considerarlo una persona muy violenta.

La investigación “Homicidios conyugales y de otras parejas. La decisión judicial y el sexismo” (Editores del Puerto) fue realizada por Marcela V. Rodríguez y Silvia Chejter y presentada en el marco del Programa de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Programa Permanente en Género y Derecho, codirigido por Diana Maffía (Observatorio de Género en la Justicia de la CABA) y Sandra Fodor (Centro de Formación Judicial).

El trabajo se basa en el análisis de 144 sentencias de homicidios –consumados o en grado de tentativa– entre cónyuges y de otras parejas, imputados a mujeres y varones entre 1992 y 2010, en tres jurisdicciones: ciudad de Buenos Aires, San Isidro y ciudad de Neuquén.

Del total de sentencias, “es mayor el porcentaje de sentencias por homicidios consumados y homicidios en grado de tentativa imputados a varones (representan el 66 por ciento de los casos, esto es, 95 en números absolutos) que el de sentencias por homicidios y homicidios en grado de tentativa imputados a mujeres”, dice la investigación, en coincidencia con otros estudios.

El interés de este trabajo era indagar sobre “cuáles eran las argumentaciones en base a las cuales condenaban o absolvían o cuando se usan agravantes o atenuantes. Y ahí aparecía el sexismo”, explicó Chejter, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la presentación. “Aun cuando los jueces reconocen la llamada violencia familiar, no se toma en cuenta al momento del fallo”, agregó.

“Estas reacciones que tiene el Derecho sólo las tiene cuando se trata de crímenes contra mujeres o cuando la mujer es asesina”, dijo Rodríguez, abogada egresada de la UBA, Master of Law por Yale University y consultora internacional en temas de reformas judiciales, acceso a la justicia, derecho internacional de los derechos humanos y género.

Los sesgos sexistas encontrados en los fallos fueron varios:

- En la etapa de construcción, determinación y fijación de los hechos: “en caso de mujeres asesinadas suelen reconducirse los hechos de modo que puedan luego ser juzgados como tipos atenuados o privilegiados –delitos que son considerados atenuados por circunstancias extraordinarias o cometidos en estado de emoción violenta–, lo que importa una reducción sustancial de la respuesta penal”, ejemplifica el documento.

- En la valoración de la prueba: las autoras encontraron que hay falta de credibilidad, desvalorización y minimización de los testimonios de las mujeres, sean víctimas de las agresiones o imputadas. Así como de los testigos a favor de la posición de las mujeres.

- En la elección de las normas jurídicas a aplicar: es el “nudo más problemático”, dicen. Por ejemplo, “cuando los tribunales estiman que no corresponde aplicar el tipo penal de homicidio calificado por el vínculo conyugal porque existe una separación de hecho”. Rodríguez explicó que la investigación se llevó adelante antes de la reforma del Código Penal, por lo tanto la ley agravaba la pena de los homicidios por el vínculo conyugal, correspondiendo la pena de prisión perpetua. También contemplaba que si existían circunstancias de atenuación se podría reducir la condena de 8 a 25 años.

- En la interpretación de la prueba: “Se evidencia la existencia de prejuicios y estereotipos de género presentes en estos operadores. Todo ello se evidencia en falacias, falta de fundamentación o motivación insuficiente, exámenes meramente rituales de la prueba producida, falta de consideración de un enfoque global del contexto y sus confrontaciones con las constancias de la causa”, entre otros.

“No podemos entender los homicidios decontextuados, fuera de las relaciones sociales patriarcales. Y en general la lectura de los expedientes nos ha permitido corroborar que la mayor parte de los homicidios son parte de una historia de violencia y que no fue valorada para entender el hecho”, explicó Chejter. Incluso encontraron con mucha frecuencia que los jueces hablaban de “violencia recíproca”. “Sin embargo, en todos los casos no hubo ninguna denuncia de varones por haber sufrido violencia por parte de las mujeres”, dijeron las autoras. La investigación corroboró lo que es sabido para los estudios feministas y de género, que “cuando las mujeres denuncian la violencia, los fallos describen mayoritariamente agresiones con impacto grave sobre su integridad física –fracturas craneanas, hemorragias, fracturas en miembros superiores e inferiores, deformación del rostro, golpizas severas–. En cambio, las sentencias que señalan la existencia de violencia recíproca o por parte de las mujeres mencionan ‘agresiones verbales’, ‘expresiones humillantes’ o ‘denigratorias’; sólo muy excepcionalmente se sugirió alguna agresión física leve”.

“El sentido de los homicidios que cometen los varones es el sentido del control: ‘sintió que estaba perdiendo algo que era suyo’, dicen los jueces. Las mujeres matan para defenderse ‘era él o yo’”, dijo Chejter sobre las tendencias halladas. “Encontramos estrategias de autoprotección de las mujeres”, agregó Rodríguez.

“Los casos analizados ponen en evidencia el desentendimiento judicial del seguimiento de los procesos previos de violencia contra las mujeres y la falta de debida diligencia”, dice la investigación. El texto cuestiona, además, los enfoques psicologicistas a los que recurren los peritos, desconociendo las dinámicas de la violencia. Hablan, por ejemplo, de “relación tormentosa”, “carácter patológico de la relación” o admiten que los varones pueden matar porque tienen “personalidad infravalorada” o por una “profunda neurosis”.

En ese sentido, la investigación halló que se “intenta minimizar la cuestión caracterizándola como la acción personal e individual de unos pocos psicópatas” y no como productor de una “cultura de odio contra las mujeres que se pone en acto en estos crímenes”. En definitiva, el bien jurídico protegido, no fueron las mujeres víctimas de violencia sino la familia patriarcal.

Fuente: Página 12 -   Por Sonia Santoro

ARGENTINA: VIDEO GUÍA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fuente: Télam.

MODELO DE PROTOCOLO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE FEMICIDIO/FEMINICIDIO

Link para descargar:


http://nodaluniversidad.am/modelo-de-protocolo-latinoamericano-de-investigacion-de-las-muertes-violentas-de-mujeres-por-razones-de-genero/


Fuente: Nodal Universidad

VIVE ATERRADA LA VÍCTIMA Y NO EL VICTIMARIO

título original : " víctima custodiada, agresor en libertad"

Tras una manifestación ante los tribunales de Morón, la Justicia concedió protección a Karina Abregú, a quien su ex, Gustavo Albornoz, le pegó y prendió fuego para matarla. Un fiscal asegura que no hay pruebas para dictar preventiva contra él.

A dos años y medio de que su marido intentara matarla a fuerza de golpes y de prenderle fuego, la Justicia concedió custodia a Karina Abregú, a quien ayer alrededor de 200 personas apoyaron en su reclamo ante los tribunales de Morón. Gustavo Albornoz, quien causó quemaduras a Abregú en el 55 por ciento del cuerpo, espera en libertad el juicio oral por tentativa de homicidio agravada que comenzará en noviembre, y entre tanto amenaza a su ex pareja y su familia. Albornoz vive a 20 cuadras de una de las dos casas en las que vive Abregú –quien alterna lugares por motivos de seguridad–, y el domingo se venció la prohibición de acercamiento a ella, que incumplió más de una vez para merodear su casa e intentar entrar. “La medida la venimos pidiendo desde hace un año y ocho meses. Lamentablemente, hoy hemos podido verificar que si no vamos y ponemos a 200 personas a manifestar, seguían sin responder nada”, dijo a este diario Carolina, hermana de Abregú. “Cada día se reduce más el círculo y la que vive aterrada es la víctima y no el victimario”, añadió.

La consigna policial de 24 horas que asignó la fiscalía 10 fue dispuesta para los dos domicilios que alterna Abregú –en Tortuguitas y Merlo–, pero ayer por la noche sólo se había hecho efectiva en uno de ellos. La medida no forma parte de la causa por intento de homicidio sino de una por amenazas. “Hasta ahora no nos atendía ningún fiscal ni ningún juez. Hemos hecho presentaciones para que se le revoque la excarcelación a Albornoz y vaya detenido. La última la presentamos alrededor del 17 de julio, pero nos dicen que no. Albornoz está libre porque el fiscal consideró que no hay pruebas suficientes para acusarlo del delito”, contó la hermana de Abregú.

“Mi hermana está asustada y con mucha bronca porque siempre venimos con la esperanza de que van a detener a Albornoz, pero cada vez nos encontramos con trabas que demuestran que la Justicia está hecha para proteger a los violentos: consecuencia de esto todos los días tenemos que estar contando casos nuevos de femicidios”, reflexionó. Por el acoso al que la somete Albornoz, agregó, Abregú tuvo que dar de baja el teléfono de línea y sus hijos debieron dejar de trabajar para acompañarla, por temor a que algo le pase en su ausencia. “Hace un mes y unos días los vecinos le avisaron que no salga porque el tipo estaba en la esquina, violando la perimetral y como queriendo acercarse. Llamamos a la comisaría pero no nos dieron bolilla”, detalló la hermana de Abregú. “Además, sigue complicada de salud porque se quedó sin obra social y estuvo ocho meses sin cobertura médica porque no la querían atender en el Hospital del Quemado por no ser de Capital. Hoy estamos pagando las consecuencias, por eso le está costando mucho recuperarse.”

La Justicia prohibía a Albornoz acercarse a menos de 300 metros de donde estuviera Abregú. Esa orden se venció el domingo. “Creen que esta semana la van a estar renovando, nos dijeron”, contó la hermana de Abregú, quien agregó que Albornoz “vive a 20 cuadras de la casa de Merlo”. “Ha violado las perimetrales. Cuando violó la perimetral, hará mes y medio, llamamos a la comisaría y notificamos. Ellos dicen que enseguida lo salen a buscar, pero salen tres horas después, no lo encuentran. No pueden actuar, dicen. Tiene que haber algún nexo entre la fiscalía, el juzgado y la comisaría. Cuando quisimos denunciar que estaba en la esquina, en la comisaría nos dijeron ‘remitite a la fiscalía’. Por ahí estás horas y no te toman ninguna denuncia.”

El 1º de enero de 2013, en la madrugada, Albornoz coronó una noche de agresiones verbales y físicas contra Abregú arrojándole alcohol y luego prendiéndole fuego. Para que el daño fuera mayor, la mantenía sujeta. En un forcejeo, Abregú logró escabullirse y arrojarse a una pileta. Estaba quemada desde el cuello hasta la pelvis. Albornoz no quiso llevarla al hospital, pero llamó a la familia de la mujer y les aseguró que ella había intentado suicidarse a lo bonzo.

Abregú pasó cinco meses internada y al borde de la muerte. Al mes de estar en el hospital, perdió el trabajo, del que la echaron “por faltar”; con el despido, perdió también la obra social. Los dos meses que siguieron al intento de femicidio, la carátula de la causa contra Albornoz era “averiguación de ilícito”; recién en marzo de 2013 cambió a tentativa de homicidio.

Ayer, mientras ante los tribunales de Morón la esperaban unas 200 personas –entre quienes había representantes de la agrupación Mujeres de Izquierda Socialista, de las Mujeres del Ferrocarril Sarmiento, del GEN, de Madres de Plaza de Mayo–, Abregú y su familia se entrevistaron también con los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1, que informaron que el juicio por tentativa de homicidio comenzará el 9 de noviembre.

Fuente: Página 12 -   Por Soledad Vallejos

LLEGAR CUATRO DÍAS DESPUÉS DEL FEMICIDIO

Sebastián Moreno, ex pareja de Maira Morán, la joven apuñalada en la calle en Manzanares el miércoles pasado, fue detenido pasada la medianoche del sábado caminando por una calle de Pilar. Ahora, la policía dice que el caso está resuelto.

El acusado del femicidio de su ex pareja Maira Belén Morán, la joven apuñalada el miércoles pasado en Manzanares, Derqui, partido de Pilar, fue detenido ayer según informaron fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Alberto Sebastián Moreno (26), quien fue apresado 0.30, en las calles Zeballos y Mansilla, del barrio Villa Verde, a pocas cuadras de la estación ferroviaria de la línea Urquiza.

Uniformados del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de Pilar que recorría la zona sospechó de un hombre que iba solo, vestido con un buzo con capucha y que al advertir la presencia policial comenzó a correr.

Tras una breve persecución, los polis del CPC, con el apoyo de la comisaría 1ª, apresaron al hombre y determinaron que se trataba de Moreno, quien tenía la barba crecida, el cabello sucio y se había cambiado la ropa con la que había sido visto el miércoles pasado, cuando ocurrió el crimen de Morán (23).

Moreno llevaba su documento de identidad por lo que rápidamente se acreditó que era la persona buscada desde hacía cuatro días.

Los investigadores, encabezados por personal de la Jefatura Departamental Pilar y el fiscal Eduardo Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género a cargo de la causa, sospechaban que Moreno no había abandonado dicho distrito ya que no contaban con dinero ni otros recursos suficientes para hacerlo.

“Tampoco se podía ocultar en alguna casa ya que los domicilios de sus familiares, amigos y ex compañeros de trabajo estaban bajo vigilancia”, explicó un vocero de la Departamental Pilar, que participó en la investigación junto a la DDI, Homicidios, Narcotráfico y el CPC.

Tras ser detenido, el imputado fue alojado en la alcaidía del partido de San Martín con una custodia especial para evitar que se autolesione y mañana será indagado por el fiscal Rodríguez, quien lo acusó de “homicidio agravado por violencia de género”, delito por el cual el juez de Garantías 7 de Pilar, Walter Saettone, había ordenado su captura nacional.

En ese sentido, los investigadores temieron durante la búsqueda que Moreno intentase suicidarse y en ese caso creían que iba a ser difícil hallar su cuerpo ya que “es un conocedor de los campos y arroyos” de la zona, indicó un vocero judicial que consideró que el homicidio fue “esclarecido” con la detención del único imputado señalado por los testigos.

Por su parte, Marilén, la madre de Morán, contó esta mañana a la prensa que primero se enteró de la detención de Moreno a través de una emisora radial y que la policía la llamó para confirmarle la noticia a las 5.15.

“Me dijeron que estaba demacrado, flaco, como si hubiesen pasado más días (prófugo), que lloró y habló incoherencias”, precisó la mujer, quien con la voz entrecortada pidió “protección” al intendente de Pilar, Humberto Zúccaro, porque “la familia” de Moreno, que reside cerca suyo, es, según ella, “peligrosa”.

“En una misma cuadra vive la gente que lo encubrió y hasta me animo a decir que lo ayudó a matar a Belén”, agregó Marilén entre lágrimas.

El femicidio de Morán ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 9.30, cuando la víctima salió de la casa de su madre para ir a hacer un trámite en el marco de la denuncia contra su ex pareja y Moreno la encontró en el cruce de las calles Río Orinoco y Rodolfo de la Colina, de Manzanares, partido de Pilar.

Según lo declarado por testigos, el imputado corrió a la joven, la alcanzó y comenzó a atacarla con un cuchillo y a golpearle la cabeza contra el suelo, tras lo cual, huyó con el arma blanca ensangrentada.

En tanto, la autopsia determinó luego que la víctima murió de 12 heridas punzocortantes, mientras que los investigadores encontraron su cartera la última orden de restricción de acercamiento que la joven había logrado obtener en el Juzgado de Familia N| 1 de Pilar para que Moreno no pudiera a estar a menos de 500 metros de ella.

Fuente: Página 12 

CUANDO LA JUSTICIA MATA

El 3 de junio, decenas de miles de personas se concentraron en la plaza Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, escena replicada en las principales ciudades del interior del país, bajo la consigna Ni una Menos. Por primera vez en la historia de nuestro país –por lo masivo–, la consigna de la convocatoria fue la violencia de género y la sostenida cifra de femicidios producidos en Argentina. En la concentración, si bien pudo observarse una inusual presencia masculina, la inmensa mayoría de las manifestantes eran mujeres. Ello resulta obvio si se tiene en cuenta que la casi totalidad de los femicidios son llevados a cabo por hombres y, a su vez, la inmensa mayoría de las agresiones de género son efectuadas por varones (88 por ciento, según la Base de Datos del Programa Las Víctimas contra las Violencias que dirige Eva Giberti). Allí se leyó un documento alusivo a la convocatoria. De los nueve puntos del petitorio que sintetiza el documento, cabe recordar –por razones de espacio–, dos. En el cuarto punto, se piden “Garantías para las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia”. En el siguiente, se exigen “Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia”.

Hace pocos días, en Manzanares, partido de Pilar, María Belén Morán, de 23 años, fue apuñalada y degollada hasta morir, por quien habría sido su pareja. Junto a su desangrado cuerpo, en medio del barro de la zanja, una pequeña cartera contenía un oficio judicial de fecha 22 de julio, dirigido al encargado de la Comisaría 1ª de Pilar. En ese documento, el Juzgado de Familia 1 de Pilar ordena notificar a la ex pareja de María Belén que se “decretó la prohibición de acercamiento” del ahora prófugo, respecto de la víctima y su familia. Se fijó, a ese efecto, “un perímetro de restricción para circular o permanecer dentro de un radio de 500 metros a la redonda”. Asimismo, se lo “intimó” al denunciado a “cesar y/o abstenerse de la realización de todo acto de intimidación y/o perturbación sea de carácter físico, psicológico o emocional respecto de la víctima, como así también de todo tipo de amenaza ya sea verbal, telefónica, vía mensaje de texto o cualquier otro modo de comunicación para con la misma”. El apercibimiento en caso de incumplir esas restricciones fue el de “dar intervención a la Justicia penal”.

Pasado el estupor y la indignación inevitables ante la lectura del oficio, se imponen algunas reflexiones. Teniendo en cuenta las características del fenómeno de violencia de género, que no puede desconocer ninguna jueza/juez del país, notificarle a un violento que no puede circular en un radio de 500 metros a la redonda de la víctima, ni debe intimidarla ni perturbarla física, psicológica o emocionalmente, o amenazarla por cualquier vía, es ofensivo. Ofende a la desgraciada joven, hoy en la morgue judicial, ofende a las miles de mujeres que el 3 de junio dijeron basta a la violencia de género, y ofende al resto de la sociedad que se pronuncia cada día por la defensa de los derechos humanos. Decirle a un violento que si no cumple con esas restricciones, es decir, si intimida, agrede o, como sucedió, degüella a la víctima, le dará intervención a la Justicia penal, ofende al Estado argentino. A ese Estado democrático que con consenso mayoritario legisló, y seguirá haciéndolo, en busca de una sociedad mejor, con defensa irrestricta de los derechos de todos y en especial de los grupos más vulnerables.

Hoy el padrón electoral tendrá una joven menos. La zanja de barro se llevó las ilusiones y esperanzas de María Belén, junto con ese tradicional, estereotipado, inútil y en alguna medida provocador oficio mediante el cual la Justicia, a la que creyó acceder María Belén, le decía a su asesino “que se porte bien”. Esa no es la Justicia que merecemos ni la que establece nuestra legislación. Es la Justicia que mata. La otra, la de la Constitución Nacional, la de las Convenciones de Derechos Humanos, es la Justicia de la vida, es la de juezas y jueces, fiscales y defensores sensibles al dolor, a la vulnerabilidad y al riesgo de aquellos miembros de la sociedad a la que deben servir. Hoy nuestro país tiene una ciudadana menos y eso es lamentablemente irreversible. Ojalá, cuando se investigue seriamente este femicidio, la Justicia tenga algunos funcionarios menos.

Fuente: Página 12 - Dr. Carlos Rozanski* Juez federal.

ECUADOR LEY DE COMUNICACIÓN, IGUALDAD FORMAL Y REALIDAD SEXISTA

Quito, Con poco más de dos años de aprobada, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador tiene, más que logros, numerosos retos en materia de lograr un lenguaje e imagen no sexistas en los medios nacionales.

Aunque avanzada con respecto a las regulaciones que le anteceden, queda a esta legislación promover y enfatizar en la necesidad de eliminar los estereotipos de género de la producción comunicacional en el país.

Con respecto a este tema, son prácticamente nulas las alusiones directas a la igualdad de género como un derecho relacionado con la comunicación y solo resultan más evidentes en el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aunque sí se mencionan importantes principios para evitar contenidos discriminatorios por razón de sexo.

El Principio de Acción Afirmativa, contenido en el Título II de la LOC y referido a principios y derechos, establece que "las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación a grupos humanos que se consideren, fundamentalmente, en situación de desigualdad real respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto."

En el texto es importante también la referencia a la regulación de contenido discriminatorio, cuando se establece que "se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que denote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación."

Y aunque resulta explícita la determinación de contenido discriminatorio en temas asociados a las desigualdades sexuales y de género, y han sido varias las medidas adoptadas contra programas por ese motivo, los contenidos mediáticos siguen marcados por estereotipos de género.

Más allá de la Ley, una realidad sexista

Recién iniciada la aplicación de la LOC en Ecuador, en 2014, se dio a conocer el texto "Igualdad, diversidad y discriminación en los medios de comunicación", resultado de investigación, publicado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el apoyo de otras instituciones participantes, como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y los Consejos de transición hacia los consejos de igualdad.

De acuerdo con sus autores, "los reportes que se incluyen en este documento se resumen en afectaciones negativas de violencia, invisibilización, discriminen, manipulación, incitación e identificación en los contenidos de noticias, crónica roja, entretenimiento, publicidad y propaganda hacia las personas que conforman los grupos de atención de los Consejos de Igualdad", y dan cuenta de cómo los contenidos de los medios de comunicación mantenían una carga de discriminación hacia las mujeres y grupos tradicionalmente marginados, como la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).

Aunque la aprobación y puesta en vigor de la LOC es, sin dudas, un avance en el azaroso camino de una comunicación no sexista y la lucha por la equidad de género, en la práctica queda mucho por hacer, pues la cultura machista y patriarcal mantiene su presencia.

Los temas de igualdad de género están prácticamente fuera de la esfera noticiosa en época electoral, de acuerdo con el sitio web de la fundación GAMMA (Grupo de Apoyo al Movimientos de Mujeres del Azuay), que publica un estudio realizado durante el proceso electoral de 2014 y analizó 1.277 noticias difundidas en medios de prensa y canales de televisión.

Entre sus conclusiones destacan que apenas se hace referencia a la normativa y participación específica de las mujeres, y las noticias con mayor tiempo de duración, en el caso de la televisión, y las de mayor espacio en la prensa tienen en su mayoría la presencia de hombres.

Este pesquisaje encontró también que, aunque "por disposición legal las listas de candidatos deben ser numéricamente proporcionales entre hombres y mujeres", los medios de comunicación presentan fundamentalmente a candidatos hombres en un porcentaje del 80% frente al 20% de mujeres.

Además, la cobertura mediática de las mujeres y sus propuestas de candidaturas es mucho menor que la de los hombres, sin distinción de agrupación política. Incluso, actualmente es común encontrar más de un programa en los canales nacionales en los que el atractivo femenino sigue siendo uno de sus "pilares", o los infaltables segmentos de crónica roja en los noticieros en los que todavía asombran los eufemismos que disfrazan la violencia machista, e incluso el femicidio, tras los recurrentes "crímenes pasionales".

De las palabras a los hechos: avances y retos

Si bien los avances en el logro de la equidad en la representación en los medios desde la perspectiva de género han sido lentos, desde diferentes instituciones se ha trabajado por revertir esta situación.

Desde 2013, cuando fue aprobada la LOC, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) lleva adelante una sostenida gestión en contra de la violencia hacia las mujeres.

Destaca el pronunciamiento relativo a la utilización sexista y discriminatoria de la mujer en los medios de comunicación, y la emisión del Reglamento para la calificación del proyecto comunicacional, que establece la equidad de género como un requisito para acceder a una frecuencia, en septiembre y noviembre de ese año, respectivamente.

Durante 2014 destacan también las resoluciones contra varios programas y emisiones, cuyos contenidos fueron calificados como discriminatorios por razones de sexo; así como el Reglamento de Publicidad Infantil que define los parámetros para que los contenidos publicitarios eduquen y promuevan la equidad de género.

Actualmente se mantiene las acciones, ya no solo desde espacios formales como las legislaciones o instituciones que promueven la igualdad de género, sino también desde las iniciativas individuales y agrupaciones de diverso tipo.

Lograr una comunicación no sexista pasa por cambiar más allá de las normas. De acuerdo con datos del Cordicom, apenas 36,4 % de las personas vinculadas a los medios son mujeres, estadística que muestra peor panorama en los portales digitales, donde su presencia es de solo el 31%.

Para revertir esta situación, se trabaja en proyectos para lograr mayor presencia femenina en los medios y, más allá de la representatividad, generar contenidos que favorezcan sus derechos y tengan una mirada alejada de los presupuestos patriarcales tradicionales que mantienen a las mujeres ligadas, en su mayoría, a los contenidos de sociales, espectáculos, crónica roja y las mantienen alejadas de los temas de política, economía y otros que marcan las agendas mediáticas.

Educar desde los medios es el gran reto, no solo en la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, sino desde todos los escenarios posibles: facultades de comunicación, centros de arte, las redacciones, las escuelas y desde todos los espacios que puedan contribuir, más que a una comunicación no sexista, a la real igualdad de género.

Fuente: AmecoPress/SEMlac.