LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA NO ES PRIORITARIA PARA EL ESTADO

Las partidas previstas son insuficientes para la financiación municipal de los puntos de atención, las políticas educativas exigidas por el Convenio de Estambul o para poder ofrecer las ayudas económicas a las víctimas previstas por la ley.

Madrid.Ayer se conocía un nuevo caso: una mujer de 29 años fue agredida este martes presuntamente por su pareja e ingresó muy grave en el Hospital La Fe de Valencia. Es el último dato de la violencia machista, en un año en el que, según cifras oficiales y a falta de confirmar cerca de una decena de casos en investigación, 26 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Debiera ser una prioridad acabar con esta violencia que se ceba con las mujeres por el hecho de serlo. Si así fuera, el Estado tendría que disponer de los recursos necesarios para invertir en prevención y en atención a las víctimas. Pero no es así, tal y como denuncian expertas y organizaciones feministas en su análisis de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

El dinero que destina el Gobierno ha pasado en seis años de los 34,3 millones de 2010 (pico de la financiación) a los 25,2 que prevé gastar en 2016. El programa contra la Violencia de Género sube un 6,32% respecto a 2015 y un 5,5% respecto al comienzo de la legislatura en 2012, pero baja el 10,92% respecto a 2009. En todo caso, es insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención, las políticas educativas exigidas por el Convenio de Estambul o para poder ofrecer las ayudas económicas previstas por la ley a las víctimas.

“Con estos presupuestos es imposible garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de género, que dice que tiene que las víctimas tienen que recibir atención jurídica, psicológica, económica y social”, asegura Begoña San José, integrante de la Plataforma Impacto de Género YA, que evalúa los Presupuestos Generales del Estado desde una perspectiva de género.

Consecuencias de la reforma de la Ley de Régimen Local

La reforma de la Ley de Régimen Local ha eliminado las competencias municipales en la materia y ha prohibido a los ayuntamientos el realizar aportaciones para la lucha contra la violencia de género y a los puntos de encuentro – la reforma establece que las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% por las comunidades autónomas o el Estado-. “De algún modo el Gobierno tiene que sustituir la financiación”, apunta la experta.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género empleará seis millones de euros (en 2015 eran cinco y 6,5 en 2010) para convenios con comunidades autónomas con el objetivo de financiar los servicios sociales de atención (psicológica, judicial y social), emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de la víctima. Algo gestionado en buena parte a través de los puntos de atención municipales. Muchos de estos puntos han sido cerrados y en todo caso cuentan con menos profesionales asignadas.

Desde la plataforma insisten en que “la reforma de la ley debería ser compensada con un incremento de las transferencias a las comunidades, pero el presupuesto solo ha aumentado en un millón de euros”. Para financiar estos servicios demandan aumentar de seis a 60 millones esta dotación.

Sobre los Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de padres maltratadores no pongan en riesgo a los hijos e hijas, además, las organizaciones incluidas en la plataforma denuncian que en los PGE “sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a las familias, cuya partida 48 reparte casi dos tercios del presupuesto en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a entidades que no representan ‘a las familias en su diversidad’, sino mayoritariamente la familia tradicional, discriminatoria para las mujeres y la infancia”. Recientemente la portavoz parlamentaria de Igualdad del Psoe recordó que 25 menores han sido asesinados por sus padres en los últimos años durante el régimen de visitas. Un caso ilustrativo es el de Ángela González Carreño.

Educación

La prevención en el ámbito educativo también ha sufrido un tijeretazo. De hecho las organizaciones critican que no exista una partida específica para tal materia, a pesar de que la ley integral “obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe del cumplimiento”. Begoña insiste en que esta situación “va en contra de las recomendaciones de la CEDAW y de lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, ratificado por España en 2014.

Solo 426 víctimas reciben subsidio

Otro de los puntos fundamentales es el de las ayudas económicas que deben recibir las víctimas de violencia de género. Por un lado, el enfoque del Gobierno tanto en la sensibilización como a la hora de brindar apoyo a las víctimas siempre está vinculado a la denuncia, lo cual no deja de ser limitado y en todo caso no resulta imprescindible para optar a los recursos reconocidos por la ley. Pero además, sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) percibieron en 2014 el subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, en pago único. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, solo 5 mujeres reciben este subsidio.

La ley también prevé otro mecanismo de apoyo económico para las mujeres que sufren violencia. Son contratos con bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social -en 125 €/mes-1.500 €/año durante 4 años por contrato indefinido y 50 €/mes-600 €/año por contrato temporal- a quienes las empleen. Solo se contabilizan 900 contratos de este tipo (0,7% de las denunciantes) en todo el Estado español.

El Psoe ha presentado varias enmiendas a las cuentas del Estado en las que pide que la cantidad de 25 millones presupuestada por el Gobierno para la lucha contra la violencia de género se incremente hasta llegar a los 100 millones. Las enmiendas se enmarcan en el “gran acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género” que el jueves reclamó el líder socialista, Pedro Sánchez, y que se basa en un decálogo de medidas urgentes, como ampliar la ley para que incluya la violencia contra las mujeres ejercida fuera de la pareja, proteger a los y las menores y dar formación específica a jueces, profesionales de la abogacía, forenses y fuerzas de seguridad.

La Plataforma Impacto de Género Ya ha hecho llegar a los Grupos Parlamentarios en el Congreso un Manifiesto junto a diversas propuestas de enmienda a los presupuestos. De momento han respondido IU, CiU, y UPyD.

FUENTE: y fotos: AmecoPress

ARGENTINA , LA CAUSA MÁS GRANDE DE TRATA EN EL PAÍS:57 VÍCTIMAS, 17 ACUSADOS, 200 TESTIGOS:

Las víctimas provenían de distintas provincias de Argentina, Paraguay, Chile y República Dominicana. La mayoría de ellas eran madres solteras con hijos a su cargo, mujeres sin educación formal. Cómo operaba la red de trata con epicentro en San Juan. El juicio comenzó en abril y está entrando en su recta final.

Nancy llegó a Argentina desde Paraguay para trabajar como empleada doméstica. En 2011 tenía tres hijos de 8, 7 y 4 años. Como Nancy no había aprendido a leer ni escribir, firmó un papel que no sabía lo que era y le entregó a una mujer la tenencia del más chico de sus niños. Quería recuperarlo pero para eso necesitaba juntar dinero para pagar un abogado. Un hombre de nombre Marcos le había prometido un empleo en la localidad de Media Agua, en San Juan. Cuando llegó al lugar, con un pasaje pagado por Marcos, se dio cuenta que la habían engañado otra vez: tenía que hacer “copas”. Se quejó y la trasladaron a Caucete donde, además de ser explotada sexualmente en el prostíbulo “Frasse”, estaba obligada a trabajar en la cosecha.

El testimonio de Nancy—que no se llama así pero la nombramos de esa manera en esta nota—es uno de los casi cien relatos que recolectaron las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando intervinieron hace tres años en una de las causas por trata sexual más grandes del país de los últimos tiempos. El juicio comenzó en abril y está entrando en su recta final. En el banquillo de los acusados están sentadas 17 personas, de distintas edades y procedencias, que llegaron al juicio con prisión preventiva. Todas las cifras de este juicio evidencian su magnitud: a las audiencias fueron convocados alrededor de 200 testigos.

“Es uno de los casos más paradigmáticas y en el juicio está quedando probada la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En la mayoría de los casos hubo trata y explotación sexual. En cada uno de los lugares había aprovechamiento, engaños y amenazas”, dijo a Infojus Noticias el fiscal general de San Juan, Francisco Maldonado que representa al Ministerio Público Fiscal en el debate oral.

Una red entre prostíbulos y departamentos privados

“Olev”, “Las Bóvedas”, “Luz Verde”, “Frasse”, “Las Cabañitas” y “Piratas del Cabaret” se escondían bajo la fachada de “confitería”, “whiskería”, “bar nocturno” o “cabaret” pero eran prostíbulos donde había 57 víctimas de trata sexual. En 2012, fueron rescatadas en un mega allanamiento en 13 prostíbulos y los llamados “departamentos privados”. Entre ellas había una menor de edad. El expediente judicial es una estampa de cómo funciona, bajo la sombra de la ilegalidad, el sistema prostibulario en el país. Las víctimas provenían de distintas provincias de Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana. La mayoría de ellas eran madres solteras con hijos a su cargo, mujeres sin educación formal. Muchas de ellas rotaban entre los distintos locales y, también, eran trasladadas a prostíbulos de otras provincias.

Según el entrecruzamiento de teléfonos celulares y agendas de los proxenetas, los investigadores llegaron a la conclusión que los explotadores se conocían entre sí. Las mujeres estaban en departamentos conocidos como “privados”, concentrados en San Juan capital, y distintos prostíbulos ruteros, algunos de ellos en zonas precordilleranas. Los locales, además, estaban distribuidos en cinco localidades. No tenían restricción para salir pero estaban en lugares aislados y sometidas a mecanismos de control muy precisos. La mayoría de las víctimas había llegado al país con la expectativa de ir a Chile y trabajar en restaurants o como empleadas domésticas. Primero pasaban por la provincia de Mendoza y luego arribaban San Juan, tras ser rechazadas en la frontera.

Descuentos, pulseras y una serie de reglas

Casi todas las víctimas declararon que estaban en los lugares por su propia voluntad. Sin embargo, las pruebas recolectadas demostraron que habían sido aleccionadas en sus discursos. Los patrones de la explotación sexual eran evidentes: cuadernos con descuentos del 50%, listas de deudas por pasajes de los micros, combustible para transportarlas, comida, cigarrillos, remedios y estudios médicos, secador de pelo y hasta el maquillaje.

Los prostíbulos tenían sus propias reglas. No podían negarse a ningún “pase”, tenían que vestirse con “ropa sexy”, al “cliente” había que llamarlo “papi” o “mi amor” y tenían que consumir la mayor cantidad de tragos posibles, entre otras normas. Las mujeres llevaban en sus muñecas pulseras de distintos colores para distinguir “pases” de “copas”.

A lo largo del expediente quedó evidenciada la protección policial con la que contaban los proxenetas. De hecho, en uno de los múltiples allanamientos, los investigadores encontraron en un prostíbulo a un efectivo policial uniformado perteneciente a la Policía de la provincia de San Juan. “Ha quedado suficientemente claro que cada uno de los lugares identificados e investigados en este expediente es un lugar en el que se explotó sexualmente la prostitución de mujeres”, escribieron en el pedido de elevación a juicio la fiscal Federal subrogante de San Juan, Katia Troncoso, junto al titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo.

En ese mismo escrito, los fiscales cuestionaron “la existencia de una normativa provincial y municipal ambigua que pareciera dejar un lugar para la generación de prácticas ilegales de regulación de la explotación sexual”. El Tribunal Federal está integrado por los jueces Juan Carlos Turcumán, Raúl Fourcade y Carlos Parra.  Las audiencias ya comenzaron  y declaró la mayoría de los imputados. El 27 de agosto fue la última jornada en la que hablaron algunas de las víctimas. Además, testimoniaron ante los jueces un policía y tres profesionales del Programa Nacional de Rescate a través de videoconferencia. Ratificaron el informe elaborado al momento de intervenir en los procedimientos y, a su vez, detallaron la situación de vulnerabilidad de las mujeres rescatadas, las condiciones de vida de las víctimas extranjeras respecto a sus países de origen y cómo llegaron a la Argentina para terminar siendo explotadas en la provincia de San Juan.

La punta del ovillo de la investigación fue una denuncia hecha por la asociación civil “Foro No a la Trata San Juan” ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina. Después de tareas de inteligencia, el 14 de abril de 2012 el juez Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Juan, pidió que se allanaran 16 prostíbulos. “Estamos preocupados porque hace una semana se dictó sentencia en la que se absolvió a dos imputados por trata de personas de una niña de 14 años Su hermana y su cuñada la vendieron y ella se escapó”, dijo a Infojus Noticias María Arroyo del Foro NO a la Trata San Juan. A fines del mes pasado, los mismos jueces que hoy abordan la Megacausa, absolvieron a los cuatro acusados de intentar vender por 10.000 pesos a una menor de 14 años en 2012.

Fuente. Infojus- Por: María Florencia Alcaraz

LA FISCAL EN SU LABERINTO

Los antecedentes de Carolina Carballido Calatayud , la funcionaria que ahora interviene en el femicidio de Claudia Schaefer, titular de una fiscalía especializada en violencia de género que hasta ahora nunca acusó a nadie por esa figura aunque sí criminalizó a otras víctimas.

La mujer entra con su celular en la mano. Es joven pero lleva el cansancio acumulado bajo los ojos, como si estuvieran apoyados sobre un pozo de aguas oscuras en el que podrían nadar tanto el miedo como las noches en vela rumiando hartazgo. No le han quitado la determinación. Va hacia la mesa de entradas de la fiscalía de Delitos Conexos con la Violencia de Género de Pilar. Las empleadas de la unidad fiscal que dirige Carolina Carballido Calatayud la reconocen enseguida, la llaman por el nombre de pila, se alegran de verla.

–¿Dónde anduviste? Te estuvimos buscando desde el viernes.

–A él no le resulta difícil encontrarme, mirá –dice la mujer y muestra la pantalla de su teléfono: una atrás de la otra, las amenazas de un tipo que no parece tener miedo de que queden por escrito.

–Mirá vos –dice la empleada leyendo de reojo–, nosotras te buscábamos porque la doctora se reunió con tu denunciado y él tuvo muy buena actitud, se comprometió a parar la mano, te queríamos dar la buena noticia... ¡Qué pena!

–¿Podés tomar la denuncia de las amenazas, por favor? –la bronca se suma a eso que se agita en el pozo negro bajo sus ojos.

–Sí, claro –la empleada se acoda sobre el mostrador, revisa otra vez la pantalla, después levanta los ojos hacia su interlocutora y devuelve el celular.

–Acá enfrente hay una casa de fotocopias donde te pueden bajar los mensajitos, los imprimís y me traes la hoja así te lo puedo sumar al expediente.

La mujer se queja, pregunta si no pueden tomarle una foto directamente a la pantalla, o copiar lo que dice ahí frente a testigos, lo que sea que no signifique una nueva gestión para ella. No tiene suerte; si la víctima quiere aportar pruebas, la prueba de por qué tiene miedo, del por qué de sus ojeras, de por qué el viaje hasta la oficina pública un lunes a la mañana después de un fin de semana de pesadilla cuando debería estar trabajando o en cualquier otro lado, si quiere hacerlo tendrá que ser por escrito y con las formalidades del caso, le tendrá que costar, siempre un poco más. Más de lo que le costó a “su denunciado” convencer a la doctora de su buena voluntad para frenar la violencia.

Sofía Carabelos y Laurana Malacalza miran la escena desde un banco de madera. Están ahí mientras esperan que la titular de la fiscalía, Carballido Calatayud, las reciba en tanto integrantes del Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires que depende de la Defensoría del Pueblo. No las sorprende, ni que se haya citado a un agresor como si fuera un chico de primaria a la dirección de la escuela ni que se carguen sobre la víctima los trámites que hacen a su causa. De hecho María Belén Morán, también asesinada en Pilar, en la jurisdicción de Carballido, tenía la orden de restricción en su cartera cuando la mataron, ese escudo de papel que las mismas víctimas tienen que presentar en las comisarías para que tenga algún efecto, con el riesgo que implica toparse aunque sea de casualidad con sus agresores cuando están en ese trámite. Carabelos y Malacalza saben que es moneda corriente, aun cuando ésta es una fiscalía supuestamente especializada en violencia de género y deberían saber cómo funciona, cómo se repiten las tretas de los agresores, arrepentidos un rato, justificándose en sus frustraciones, el mucho trabajo o su falta, las ausencias de ellas, la pérdida de control que juran no sucederá más.

A Fernando Farré, el hombre que degolló a su ex esposa mientras su madre y al menos dos abogados escuchaban los gritos del otro lado de la puerta del vestidor de un chalet de barrio cerrado, también le creyeron cuando dijo que lo preocupaba ser tildado de violento, que ya había entendido, aceptado la separación. Fue en otra fiscalía, es cierto, una de la Ciudad de Buenos Aires, donde le levantaron la medida de restricción que le impedía acercarse a Claudia Schaefer para que entre “las partes” de un divorcio conflictivo solucionaran la división de bienes. En eso estaban cuando la mató, en Pilar, bajo la jurisdicción de la agitada fiscalía de Carolina Carballido Calatayud.

“Es un caso muy conmovedor”, fue lo primero que se le escuchó decir a la fiscal a los medios con los que ahora es receptiva, “vamos a pedir la pena máxima”, dijo también y habló de un homicidio doloso doblemente agravado. “Por el vínculo y por el contexto de violencia de género”. Suena bien, aunque no se sabe a qué se refiere Carballido con el “contexto” de violencia de género, eso no es un tipo legal y lo cierto es que los antecedentes no permiten creer que vaya a ir por ese camino. Según el relevamiento de las cifras de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que hizo el Observatorio de Violencia de Género, ni en 2013 ni en 2014 hubo una sola causa elevada a juicio en la que se haya aplicado el artículo 11 del Código Penal, que habla de Violencia de Género y no de “contexto”. “No hay registros oficiales de femicidios, pero si los hubiera, al ir a mirar esos números, habría que decir que en esos años en nuestra provincia no hubo ningún femicidio”, dice Malacalza.

Pero ahora Carballido quiere hacer buena letra, trabajar bien, no adelantarse. Así lo repitió en los medios, con los que estuvo receptiva, “todavía no pasó una semana, no puedo decir exactamente qué sucedió, todas las hipótesis están abiertas”, se la escuchó por radio antes del cierre de esta nota y entre esas hipótesis se cuentan también las de la defensa que van desde buscar un atenuante por emoción violenta a la inimputabilidad lisa y llana de Farré.

Llama la atención la prudencia de Carballido ahora; cuando le tocó acusar a Celina Benítez, una joven migrante de 23, por abandono de persona después de que la pareja de ésta asesinara a golpes su hijita apenas necesitó 48 horas. El hecho sucedió el 10 de junio y el 12 ya estaba lista la acusación, la joven mamá detenida sin poder asistir al entierro de su hija, y el único dato que sostiene la hipótesis de la fiscal es el testimonio de una vecina que escuchó un llanto una semana antes al que Celina no habría respondido con celeridad, como tampoco acudió a una guardia cuando vio una quemadura en el cuerpo de su hijita. “En cambio eligió otros caminos, como irse a trabajar”, dice Carballido en su escrito en el que nunca se menciona que Celina misma vivía amenazada, que era golpeada sistemáticamente, obligada a tener relaciones sexuales o, sin eufemismos, violada constantemente. Nada de eso figura en el escrito porque nadie se lo preguntó a Celina. Como nadie se lo preguntó a Yanina González, otra joven mamá que estuvo presa durante más de un año porque Carballido la acusó con la misma figura que a Celina y con la misma inconsistencia de pruebas; tanto es así que Yanina fue absuelta y la procuración decidió dejar sin efecto la apelación de la fiscal especializada en delitos conexos con la violencia de género en Pilar.

Cuando a Carballido se le pregunta por el caso de Celina, contesta con las fotos forenses que se tomaron sobre el cuerpo de la pequeña Melina. “¿Qué quiere que haga con esto?”, le soltó a Malacalza como si la brutalidad del agresor justificara la detención de su otra víctima, la madre de la niña. Ahora las que se filtraron a la prensa fueron las fotos forenses de lo que se llama “el crimen del country”, Farré mirando a cámara, gesto dislocado, la sangre tiñéndolo todo y hasta la marca de un golpe que ella, la víctima, le habría dado. Un regalito extra para la estrategia de la defensa que quiere mostrar a un hombre dominado por sus pasiones. Mientras los medios las reproducían y se consultaban especialistas que explicaran la figura de la emoción violenta para justificar lo imposible, se filtraron las fotos del cuerpo de Schaefer. Una crueldad innecesaria que completa “el caso conmovedor”, este con el que Carballido parece querer maquillar su falta de perspectiva de género, tal vez usando por primera vez, ella que está en una fiscalía especializada, la figura de la violencia de género como agravante.

Fuente Y Fotografía: Página 12/ la 12 -   Por Marta Dillon

LAS EXCUSAS DEL PATRIARCADO: EMOCIÓN VIOLENTA Y ALIENACIÓN PARENTAL

La psicoanalista María Cristina Rebollo Paz analiza los recursos utilizados por abogados y la opinión pública para naturalizar los episodios de violencia machista aduciendo “confusión”, “depresión”, “pérdida del empleo”, “furia” y lo vincula con el falso síndrome de alienación parental. Ambos, dice, culminan con la reversión de la imputabilidad del delito: el victimario se convierte en víctima y la víctima en victimaria.

El femicidio perpetrado en contra de Claudia Schaefer en presencia de abogados de ambas partes y de la madre del femicida, nos vuelve a confrontar con una realidad que no cesa de sorprendernos: hombres de todas las clases sociales, ignorantes o instruidos, ricos o pobres, desconocidos o famosos, se arrogan el “derecho” de quitar la vida de sus parejas mujeres, convivientes o no. La “opinión pública”, a través de abogados, profesionales y periodistas se ve asaltada por los intentos de naturalización de tales episodios o al menos de atenuación de la responsabilidad del autor, aduciendo “confusión, “depresión”, “pérdida del empleo o de status”, “obnubilación psíquica transitoria o permanente”, “sentirse humillados”  por la mujer (Barreda), “traicionados”, “estafados”, “burlados”, “provocados”, “abandonados”… y la lista es tan interminable como absurda.

Más allá de que serán los jueces quienes en última instancia harán lugar o no a la inimputabilidad de Farré o a su supuesto estado de emoción violenta, las declaraciones de sus abogados inundando diarios y redes sociales con el objeto de minimizar su responsabilidad en el hecho  nos llenan de indignación.

Estos “recursos” -  inimputabilidad, estado de emoción violenta, etc., -  no hacen más que desenmascarar, una vez más, a un sistema atravesado por la misoginia y el desprecio por la vida y los derechos de las mujeres y de los/as niños/as que se perpetúa en la forma de un patriarcado obsoleto pero ferozmente vigente.

Cuando el victimario se convierte en víctima.

En un artículo publicado en El Psicoanalítico (1), vinculaba al atenuante “emoción violenta”, recurso utilizado por los abogados defensores de femicidas, con el llamado “síndrome de alienación parental” (SAP), inventado con el fin de minimizar los delitos de abuso sexual y/o maltrato en la infancia, en su mayoría perpetrados por los padres biológicos en contra de sus propios/as hijos/as.

Sin embargo, lo más notable de ambos recursos es que culminan con la “reversión de la imputabilidad” del delito: el victimario se convierte en víctima y la víctima en victimaria.

En los casos de femicidio con el atenuante de estado de emoción violenta, claramente es la mujer la que disparó ese estado de desinhibición momentánea y fatal con su conducta, por tanto, viene a ser responsable por su propia muerte. El latiguillo “se lo buscó” es la versión menos erudita del femicidio pero no por eso menos fuerte en el imaginario colectivo.

En los casos en que las madres denuncian al padre de sus hijos/as por abuso sexual o maltrato hacia alguno/a de ellos/as, antes de escuchar al niño/a, los abogados de los perpetradores esgrimen explícita o implícitamente al mencionado síndrome - que no cuenta con el menor aval científico -, que define a priori que fue la mujer la que introdujo esas “ideas” en la cabeza de los/as niños/as con el fin de perjudicar al padre.

Nuevamente se produce la “reversión de la imputabilidad”: el victimario se transforma en víctima de la mujer, al igual que el/la niño/a - quien conserva el lugar de víctima pero ahora de su madre - sólo que en este caso muchas veces termina siendo efectivamente imputada por “la justicia” por impedimento de contacto (léase: intento de protección al menor) y paradójicamente, luego de la “reversión de imputabilidad” se ejecuta la reversión de tenencia… Sí, los/as niños/as abusados/as o maltratados/as por su padre son obligados/as por “la justicia” a convivir con su agresor. Lamentablemente, son muchos los casos en que esto ha sucedido, y hay madres protectoras aguerridas que hace años que no pueden ver a sus hijos/as.

Qué pasa con los hijos

Como puede observarse, el exhibir la paternidad biológica exime de prácticamente cualquier delito, lo cual no hace sino aseverar la antigua y vigente creencia de que mujer e hijos/as son objetos de su propiedad. Por ello es que muchos femicidas no sólo no pierden la patria potestad “de oficio” – como indicaría el simple sentido común - sino que mantienen la tenencia y conviven con sus hijos/as huérfanos/as de madre por su causa… (José Arce y su madre, ambos condenados a cadena perpetua por el femicidio de Rosana Galliano y beneficiados con el “arresto domiciliario”, conviven con sus hijos y mantienen la custodia, a pesar del reclamo de los abuelos maternos desde la muerte de su hija).Cabe preguntarse por lo que ocurrirá con los hijos de Claudia.

Un párrafo aparte merece la consideración de que tener dinero y/o algún tipo de notoriedad constituye un salvoconducto para obtener cierta impunidad. Sin embargo, parecería que en esta sociedad netamente machista, el maltrato de todo tipo a las mujeres está legitimado por el mero hecho de ser varón.

Resulta más que claro que, a pesar de todos los intentos sociales, culturales y jurídicos por proteger mujeres y niños/as de quienes ejercen la violencia contra ellos/as, existe una resistencia machista/patriarcal, fuertemente enraizada en nuestra cultura, que hace que muchos hombres y mujeres tengan la necesidad de preservar el lugar de dominio del varón contra viento y marea.

Como dice Pilar Aguilar Malpartida, “Para el sistema, persiste la concepción de que el honor supuestamente mancillado de los hombres ya sea por adulterio, por el abandono o simplemente por el ejercicio de la libertad, vale más que la vida de las mujeres de las que no hace tanto se podía disponer legalmente” (2). Podríamos agregar que la “humillación pública” recibida por los hombres denunciados por sus mujeres en ocasión de protegerse a sí mismas y a sus hijos/as de abuso o maltrato, constituye una afrenta que los embarca en una persecución judicial, psicológica y económica devastadoras contra sus ex mujeres e hijos/as incluidos/as.

(1) Rebollo Paz, María Cristina: Femicidio y emoción violenta: cuando la mujer termina siendo responsable de su propio asesinato. http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num11/sociedad-rebollo-paz-femicidio-emocion-violenta.php

(2)  Aguilar Malpartida, Pilar: La Emoción Violenta como Atenuante de  los Asesinatos contra las Mujeres a Manos de sus Parejas, pág. 11.pilaram30@yahoo.com. http://www.caminos.org.uy/emocionviolenta.pdf

Fuente: Infojus

GUÍA " VIVIR SIN VIOLENCIA ESTÁ BUENÍSIMO"

Este material aborda el desafío de incluir la perspectiva de género en la educación de niños y niñas con el objetivo de avanzar hacia una pedagogía no discriminatoria, revertir las desigualdades por razones de género y promover prácticas educativas tendientes a combatir los estereotipos y toda forma de discriminación 

La Guía ofrece instrumentos y materiales didácticos que brindan una estrategia que quiere contribuir a la construcción de una ciudadanía ampliada. La misma está dirigida a los y las docentes para su trabajo con niños y niñas en los centros educativos, con las familias y la comunidad. Esto constituye otro paso en el cambio cultural hacia la equidad de género y hacia la promoción de una vida libre de violencia.

 Carmen Beramendi. Directora Instituto Nacional de las Mujeres-URUGUAY.

Descargar info: 3_guiadidacticavivirsinviolenciafinal_2009.pdf
Descargar archivo

http://porelpanyporlasrosas.weebly.com/uploads/1/1/8/1/11810035/3_guiadidacticavivirsinviolenciafinal_2009.pdf

Fuente. Página web. Por el pan y por  las Rosas

Si conocés a una mujer que sufre maltrato...

JUICIO POR JURADOS: DEFENSA PROPIA EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Título original: "Juicio por jurados: absolvieron a una chica acusada de matar al padre".

Fue en el primer debate oral que se realizó, bajo esta modalidad, en el Departamento Judicial de Azul. Jennifer Ayelén Kysilka, de 21 años, era juzgada por apuñalar a su padre mientras intentaba defenderse de sus golpes. Para el defensor, el contexto de violencia de género y marginalidad fueron clave para el veredicto.

Jennifer Ayelén Kysilka se cubre el rostro con las manos. Llora. Acaba de escuchar la voz de la presidenta del jurado que anunció que la dejarán libre. “No culpable” es la palabra que usó la mujer, peluquera de profesión, que leyó el veredicto en nombre de los doce que tomaron la decisión. Jennifer había llegado a juicio oral detenida, acusada de asesinar a su padre. Nadie discutió la autoría del crimen; sí en qué contexto se desencadenaron los hechos. Para el jurado no hubo dudas: la chica era víctima, vivía inmersa en un mundo de violencia ejercida por su padre. “Defensa propia en contexto de violencia de género”, leyó la presidenta del jurado y ella, Jennifer, no pudo contener las lágrimas.

Con este fallo, en el día de ayer culminó el primer juicio por jurados en el Departamento Judicial de Azul. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Martín Pizzolo, quien había pedido que se declarara culpable a la imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. El defensor oficial Martín Marcelli, que asistió a Jennifer, pidió la absolución. Gustavo Borghi fue el juez que condujo el debate y confirmó el veredicto, otorgándole de inmediato la libertad a la chica.

En diálogo con Infojus Noticias, Marcelli explicó que fue central haber elegido la opción del juicio por jurados para el caso de Jennifer. “Era importante que se escuchara su historia, el contexto de violencia de género y marginalidad en el que estuvo inmersa en su vida”, contó. Además, el defensor dejó en claro que el veredicto no puede ser apelado por la Fiscalía y confirmó que ayer mismo Jennifer dejó la Unidad Penal 52 de mujeres.

El hecho

El 1 de febrero de 2014 arrancó como casi todos los días. Jennifer, por entonces de 19 años, y su padre, Juan Carlos Kysilka, de 39, discutieron. Pero él, como siempre, le pegó. En la cara y en el cuerpo. Entonces ella, agotada de años de recibir sus golpes y de ver cómo hacía lo mismo con sus hermanas y su madre, se defendió. Un cuchillo tramontina, que estaba sobre la mesa de la cocina de la casa ubicada en Guisasola y General Paz, Barrio Alberdi de Olavarría, fue su arma. La herida en el tórax causó la muerte del hombre, poco después.

A Jennifer la detuvieron, la Justicia le dictó prisión preventiva y, poco después, le concedió la excarcelación. Sin embargo, a un mes del beneficio, tuvo que volver al penal. Un amigo, que tenía problemas, la visitó y eso fue suficiente para que los jueces entendieran que debían revocarle la domiciliaria. Desde ese momento, hasta el día de ayer, permaneció en la UP 52.

Durante el juicio, su madre –que presenció el ataque del hombre, que terminó con su muerte– contó cómo fueron los hechos. También compartió el contexto de vida en el que se crio Jennifer. “Violencia psicológica, física, sexual”, describió el abogado defensor. También declararon los vecinos y dieron cuenta de los golpes que, en plena calle, el hombre les propinaba a sus hijas y a su mujer.

Con ese contexto en vista, los doce jurados analizaron el caso y, una hora después de juntarse a deliberar, volvieron a la sala. La presidenta llevaba en las manos el sobre de papel madera que contenía la decisión final. Los integrantes del jurado tomaron sus lugares y ella entregó al secretario del Tribunal el fallo, para que se lo acercara al juez.

—¿Han alcanzado un veredicto? –preguntó el magistrado.

La mujer respondió que sí. Minutos después, leyó:

—Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Jennifer Ayelén Kysilka no culpable por haber actuado en un estado de legítima defensa en contexto de violencia de género.  

 Entonces, Jennifer lloró y se abrazó con su abogado, con su madre y con sus hermanas, con la certeza de que el jurado le había devuelto la libertad.

Fuente: Infojus

GÉNERO, VIOLENCIA Y SABER

La marcha de Ni Una Menos dio visibilidad a un problema antiquísimo que, sin embargo, no es desde hace demasiado tiempo considerado como tal: la violencia de género, que con sus múltiples manifestaciones circunda los ámbitos más diversos de la sociedad. En un contexto de progresiva sensibilización frente a las violencias de este tipo, las universidades nacionales decidieron aunar los esfuerzos que venían llevando a cabo individualmente para darles forma a dos redes de cooperación. Por un lado, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, lanzará hoy, en el marco de la primera Jornada Nacional Universidad y Políticas de Género e Igualdad, la Red Nacional Interuniversitaria de Políticas de Género y Diversidad, con el objetivo poner en vinculación a universidades, organizaciones de la sociedad civil y áreas de gobierno. Por otro lado, la semana que viene se presentará en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, con la mirada dirigida hacia lo que ocurre dentro de las instituciones universitarias.

La primera Jornada Nacional Universidad y Políticas de Género e Igualdad –que se realizará hoy desde las 11 en el salón Vera Peñaloza del ministerio, en Pizzurno 935– contará con tres actividades centrales. En primer lugar, un panel de rectoras de universidades nacionales inaugurará la jornada de debate, que se desplegará en cinco comisiones de discusión y tendrá cierre con las palabras de la subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, Laura Alonso, y de Victoria Montenegro, del Consejo Nacional de las Mujeres. Por otro lado, se entregarán los premios del segundo concurso de afiches convocado bajo la consigna de “Violencia de género y protección de los derechos humanos”.

También se lanzará la Red Nacional de Universidades y Políticas de Género y Diversidad, con la participación de instituciones de todo el país. La red apuntará a promover la transversalidad de las temáticas de género, con la intención de que alcancen progresivamente no sólo las currículas, sino también las agendas de docencia, investigación, extensión y bienestar universitario. Asimismo, la iniciativa impulsa a cada universidad a crear su propia área dedicada a cuestiones de género, para desde allí poder articular con políticas públicas y entablar diálogo con organizaciones políticas, sociales y culturales que trabajen en el tema.

“Lo que nosotros intentamos en todas las políticas que llevamos adelante desde la SPU es que la universidad acompañe el proceso de inclusión que se viene dando en estos últimos años de expansión de derechos y profundización del modelo democrático y no que corra atrás de eso”, dijo Alonso a Página/12. La subsecretaria alertó sobre “el rol central de la universidad tanto en la producción de conocimiento como en la producción y reproducción de muchas situaciones que suceden cotidianamente en nuestra sociedad”, por lo que consideró necesario “asumir que la universidad también educa y que en la transmisión de ese conocimiento la perspectiva de género tiene que estar presente”.

Por otro lado, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, que se lanzará el próximo jueves 3 en la Unsam, es una iniciativa de 25 universidades preocupadas por “pensar, evaluar y transformar a las universidades hacia adentro”. “Queríamos trabajar lo que no estaba visibilizado pero venía pasando, que son las formas de discriminación, hostigamiento, maltrato, acoso sexual que suceden dentro de las instituciones universitarias, que hasta ahora no han asumido el rol de sancionar y erradicar este tipo de actitudes”, señaló en diálogo con este diario Vanesa Vázquez Laba, directora del Programa contra la Violencia de Género de la Unsam, de donde surgió la iniciativa.

El programa contra la violencia en la Unsam fue lanzado en 2014 como respuesta institucional al doble femicidio de Valeria Gioffre, alumna de esa casa de estudios, y de su madre, Silvina Eiriz, cometido en 2013. Sin embargo, según Vázquez Laba “el desafío fue abordar los casos internos: trabajar con denuncias que hacen las estudiantes, docentes y no docentes por situaciones que viven adentro con colegas, y que interpelan fuertemente a la institución”. “La interpelan para pensar en códigos de convivencia –continuó–, en cómo actuar en casos de acoso de, por ejemplo, un docente a una alumna o de violencia entre alumnos. Todos estos vínculos laborales, educativos, no se pensaban como vínculos donde se podían generar distintas situaciones de violencia”, añadió.

Diserante: Victoria Montenegro

Vázquez Laba explicó que la particularidad que tienen los casos dentro de la universidad es que implican trabajar sobre la “violencia simbólica”, categoría bajo la que ingresan, por ejemplo, los chistes o los ejemplos misóginos, homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos. En este sentido, señaló que es fundamental hacer un trabajo de “sensibilización”, que suele encontrar “muchísimas resistencias”.

La directora del programa aseguró que la universidad tiene un rol fundamental en el combate contra la violencia de género porque, según datos de la ONG La Casa del Encuentro, los femicidios aumentaron en la mujeres de entre 18 y 30 años, que son las que más circulan por las universidades. Del mismo modo, Vázquez Laba sostuvo que la “detección temprana” es una herramienta central para quienes creen que “la violencia es una conducta que se aprende y que se puede desaprender”, y confió en que este tipo de iniciativas tendrá impacto a corto plazo en la sociedad.

Fuente. Página 12 - Informe: Delfina Torres Cabreros.

EL ABUSO, IMPRESCRIPTIBLE

La senadora entrerriana Kunath, del FpV, logró que el Senado apruebe la permanencia de la acusación de los casos contra chicos. También habrá inhabilitación perpetua para el que tenga un cargo público.

“La respuesta a la víctima de abuso sexual no puede ser negativa”, afirmó la senadora nacional por Entre Ríos Sigrid Kunath, del Frente para la Victoria, al participar en la ciudad de Resistencia de un debate en el que se analizó un proyecto de su autoría que establece “la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual” de menores de edad. Kunath valoró la apertura del debate para “visibilizar un tema complejo que por mucho tiempo fue tabú, pero en el que entendemos que el único camino es su incorporación en la agenda pública para lograr un involucramiento ciudadano y así construir mejores dispositivos de contención”.

El proyecto, aprobado en el Senado nacional, ya está en la Cámara de Diputados y propone la modificación de tres artículos del Código Penal de la Nación para pedir la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de “quienes valiéndose de un cargo perpetraran este tipos de abusos”, además del eje de la iniciativa que incorpora al artículo 62 bis la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de los menores de edad.

Las definiciones de la legisladora se dieron en el marco de una charla organizada en la capital chaqueña por el Espacio de Género de la Agrupación Colectivo Nacional junto con la asociación Justicia Legítima Nordeste, en la Casa de las Culturas. Kunath detalló los avances de la iniciativa, que ha sido respaldada por autoridades judiciales y referentes en temas de los derechos de la niñez.

La legisladora, además de explicar los fundamentos de su proyecto, recordó que el tema la preocupa muy especialmente desde su paso por la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, cuando tomó conocimiento de casos que tenían como víctimas a niñas y niños, lo que condujo a la necesidad de aunar esfuerzos entre el Estado y las organizaciones civiles para enfrentar el problema.

Ese trabajo lo hizo, desde la función pública, junto con la organización Con Los Gurises No, algunos de cuyos integrantes también participaron de la charla. Entre todos, desde aquel momento, avanzaron en la creación de un protocolo de intervención y en la creación de un consejo de acompañamiento para víctimas de estos delitos.

“Es un tema muy complejo, que tiene consecuencias brutales y nos parece que cuando la víctima puede asumir el proceso de acudir al servicio de justicia la respuesta del Estado no puede ser negativa con el solo argumento de la prescriptibilidad”, consideró la diputada nacional. Agregó que el proyecto de ley que ella propicia “implica continuar el camino iniciado con lo que se conoce como la ‘Ley Piazza’ (que amplía los plazos de prescripción cuando las víctimas son menores)”.

Por su parte, la defensora oficial e integrante de Justicia Legítima Nordeste, Lorena Padován, reflexionó sobre la forma de encarar la atención de quienes sufrieron esta vulneración de derechos y los avances normativos que se dieron en esta rama de la justicia penal. “La víctima debe ser acompañada en todo el proceso por un equipo interdisciplinario, porque si bien el acceso a la justicia es el asesoramiento técnico, esto no es suficiente porque el intento de reparación del daño causado por un abuso debe ser parte de un trabajo integral”, sostuvo Padován.

En un plano más amplio, consideró que el acceso a la justicia “es un derecho humano” que debe ser más ágil cuando se trata de menores porque “debemos generar esquemas que permitan vencer el obstáculo del temor a la burocracia judicial”.

También intervino en el debate la psicóloga Silvana Pérez, de vasta experiencia en la atención de casos de abuso sexual, quien señaló que para una víctima la condena del victimario implica la “posibilidad de generar un proceso de restitución de un orden de legalidad que fue alterado con el abuso”. Puntualizó que “un abuso significa un acto de disimetría que ataca la condición subjetiva de un niño, que alteró su orden de la legalidad y generó una situación traumática que puede prolongarse por el resto de la vida, por lo que nos parece importante contar con estas herramientas y garantías sociales y jurídicas que buscan la reparación del daño”.

Otros participantes en el debate fueron la psicóloga Carolina Fule y los miembros de la organización Con los Gurises No, quienes opinaron que el proyecto legislativo puede servir para ponerles límites a los delitos de pedofilia y pornografía infantil.

Fuente. Página 12

ENRIQUE STOLA - CRIMEN EN EL COUNTRY