LEY MICAELA: UN SENADO UNÁNIME

Título original: un senado unánime

Los oradores opositores denunciaron “la hipocresía del Gobierno”, que recorta los presupuestos del área y declama la defensa de las mujeres.

Muchxs senadorxs mostraron uno de los carteles de las campañas feministas. 

Imagen: Leandro Teysseire

Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó ayer por unanimidad la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos (en Diputados, el miércoles a la noche, se aprobó por 171 votos a favor y uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo). En medio de una semana marcada por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de militancia, el oficialismo debió ceder a la presión social incorporar el proyecto en la orden del día de la sesión extraordinaria. Senadores y senadoras de todos los bloques opositores criticaron la “hipocresía del Gobierno” al asegurar la defensa de las mujeres y recortar en un 18 por ciento el presupuesto del área. Nancy González (FpV, Chubut) denunció que “desde hace un año y medio está cajoneada la ley de emergencia en materia de género”. María Magdalena Odarda (Frente UNEN, Río Negro), reprochó que no se había construido ni uno de los refugios que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que empezarían a hacerse en febrero y que tampoco se organizó el cuerpo de asesores letrados gratuitos. 

La ley propone la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

La norma estipula la obligatoriedad de la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados.

El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INAM), que dirige Fabiana Tuñez, y el Ministerio de Modernización. En su artículo 4º, la ley establece: “Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, las que comienzan a impartirse dentro del año de la entrada en vigor de la presente ley. Para tal fin se podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres firmadas por el país”.

Consultados por este diario, desde el INAM (que es el organismo de monitoreo de la Convención de Belém do Pará y de otras sobre violencia de género) aseguraron que a la brevedad difundirán los detalles acerca de cómo serán los cursos, cómo se organizarán y quiénes van a dictarlos y evaluarlos. 

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

El fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género. El impacto público del “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública Thelma Fardin contra Juan Darthes fue otra de las variantes que empujaron el proyecto, que se había presentado en 2017, tenía dictamen de comisión (consensuado entre diputados de todos los bloques) desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario por no ser tratado en el recinto.

Fuente: Página 12