BULLYING: LA FÓRMULA DE FINLANDIA PARA COMBATIRLO

En 2006, el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia encargó a un grupo de investigadores desarrollar un programa global contra el acoso escolar o bullying que involucrara tanto la prevención como la intervención y que pudiera implantarse en cada colegio de Finlandia durante la enseñanza básica (entre 7 y 15 años). A cargo del grupo de expertos que desarrollaron el plan se encontraba Christina Salmivalli, profesora de Psicología de la Universidad de Turku en Finlandia, que ha pasado los últimos 25 años investigando sobre el acoso escolar y su prevención.

“Hasta entonces se había actuado desde las normativas, y todos los colegios debían poner en marcha una estrategia antibullying e implementarla: sin embargo, no había herramientas que realmente se basaran en pruebas y los niveles de acoso no bajaron. Es más, parece que aumentaron”, explica Salmivalli, que dice que, ahora, tenían la oportunidad de poner en común toda la experiencia que habían desarrollado “y traducirla a recursos prácticos que pudieran usar profesores”. Así nació, KiVa, abreviatura en fines de kiusaamista vastaan (contra el acoso), una herramienta que trabaja las emociones de la clase con lecciones mensuales y juegos de ordenador.

La particularidad del programa finlandés es que, mientras la mayoría de iniciativas contra el bullying se centraban en el matón o la víctima, había un elemento clave con el que apenas se trabajaba: el público. Las humillaciones del acosador solo tenían sentido si había una audiencia que las aplaudía. “Los investigadores están de acuerdo en que una de las principales razones del acoso escolar es la gran necesidad de estatus, visibilidad y dominio de algunos estudiantes”, explica Salmivalli. Y dice que con el abuso —ya sea físico, psicológico o social— sobre los estudiantes con menos poder, otros demuestran su estatus y el grupo, a menudo, lo refuerza. Este programa “se basa en la idea de que el cambio positivo en el comportamiento de la clase puede reducir la recompensa que obtienen los acosadores del bullying y por tanto, su motivación para acosar”, aclara.

Enseñar que el acoso no es guay

KiVa se basa en dos tipos de acciones: generales y específicas. Las generales están dirigidas a toda la clase como herramienta de prevención. Consisten en lecciones mensuales en tres cursos (primero, cuarto y séptimo), en las que “los estudiantes aprenden sobre las emociones, el respeto en las relaciones, la presión de grupo y lo más importante, sobre lo que ellos podrían hacer para acabar con el bullying”, continúa Salmivalli. El objetivo, dice, es incrementar la conciencia de su papel como testigos y cómo esos espectadores (mirones) podrían responder para acabar con un potencial caso de acoso, en lugar de mantenerlo o incluso alimentarlo. “Hacemos varias actividades mediante las que los estudiantes aprenden a apoyar a los compañeros vulnerables y contribuyen a la inclusión de cada uno y al bienestar del grupo”, aclara Salmivalli. Además, hay un juego en Internet con el que trabajan esas emociones.

En España un 14% de los adolescentes denunciaron que habían sufrido acoso, según PISA

Las acciones específicas de KiVA se ponen en marcha cuando se detecta un caso de acoso escolar. Para ello, se designa un Equipo KiVa con profesores y otros miembros del personal de la escuela, para que hablen con víctima y acosadores y sigan la evolución de las agresiones. Además, el tutor elegido se reúne con varios compañeros —entre dos y cuatro— considerados populares en clase, para animarlos a apoyar a la víctima.

Otra de las claves de su éxito, considera la investigadora finlandesa, es que en lugar de ser un proyecto de un año que comienza y termina, el objetivo es que sea parte de un trabajo sistemático y sostenible de prevención e intervención. Tras probarlo en 234 colegios con 30.000 estudiantes, aseguran que se acabó con el acoso en un 79,4% de casos y se redujo en un 18,5% de las ocasiones.

La escuela, sinónimo de tormento

En 2015, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, preguntó, por primera vez, a los alumnos de 15 años sobre cuestiones relacionadas con el bienestar como la motivación, la pertenencia o la ansiedad. Las respuestas de los jóvenes relacionadas con el bullying son alarmantes y revelan, en palabras de la propia OCDE, que “para algunos estudiantes, la escuela es un lugar de tormento”.

En cada clase, de cada colegio, de cada país de la OCDE, hay un niño al que pegan o empujan sus compañeros, según el Volumen III de PISA 2015, que concluye que a un 4% de los estudiantes de 15 años de la OCDE (aproximadamente uno por aula) le pegan en clase y de un 11% se burlan. Hong Kong lidera la lista, con un 26,1% de estudiantes de los que se mofan y un 9,5%, que empujan o pegan (un 32,3% en total). Le sigue Letonia (30,6%), República Dominicana (30,1%), Túnez (28,2%) y Rusia (27,5%).

Las humillaciones del acosador solo tienen sentido si hay una audiencia que las aplauda

El acoso escolar no entiende ni de regiones ni de resultados. Entre los sistemas educativos con mejor nota en la última evaluación PISA, en todos los casos, los niños manifestaron situaciones de bullying: Singapur (27,5%), Japón (21,9%), Estonia (20,2%), Taiwán (10,7%), Finlandia (16,9%), Macao (27,3%) o Canadá (20,3%). En España un 14% de los adolescentes denunciaron que habían sufrido acoso: un 8% con burlas y un 2,9% con violencia física. Países Bajos (9,3%), Taiwán (10,7%), Corea (11,9%) e Islandia (11,9%) fueron los lugares en los que menos proporción de estudiantes manifestaron sufrir acoso.

La Unesco también ha puesto cifras al acoso y estima que cada año, hay 246 millones de niños y adolescentes que lo sufren. En España, según una encuesta realizada por Save the Children, la mitad de los niños admite haber sufrido alguna forma de humillación o violencia.

Hablar en casa frente al acoso

Junto el trabajo de colegios y maestros, la OCDE recuerda que hablar con los niños en casa es fundamental para prevenir el bullying. El informe de PISA concluye que los programas contra el acoso escolar deben incluir la formación de los maestros sobre cómo manejar este problema y estrategias para interactuar con los padres. De hecho, hubo menos casos de acoso entre los estudiantes que manifestaron en PISA que sus padres los apoyaban cuando había dificultades en la escuela que los que mostraron poca comunicación en casa, y solo el 44% de los progenitores de estudiantes acosados habían intercambiado ideas con el maestro sobre el desarrollo del niño durante el año académico anterior.

Fuente: El País.es - Por LOLA GARCÍA-AJOFRÍN

MUJERES BAJO EL YUGO DEL PATRIARCADO

Título original: MUjeres bajo la bota 

No hay un solo día conmemorativo capaz de reflejar tanta injusticia

El Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado el 25 de noviembre a nivel mundial, es una más de esas fechas conmemorativas creadas con el objetivo de llamar la atención sobre uno de los rasgos más crueles de la cultura patriarcal impuesta por las sociedades a lo largo de la historia.

La violencia en contra de las mujeres de toda edad y condición está instalada en las relaciones humanas y sociales como una forma de vida. A veces sutil y otras brutal, este rasgo de las relaciones de poder representa uno de los frenos más poderosos contra la instauración de la igualdad entre sexos, pero también contra sistemas auténticamente democráticos.

En sociedades como las nuestras –países cuyos rasgos culturales están definidos por la colonización cristiana- la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres, de acuerdo con valores establecidos por la sociedad y legitimados a través de las políticas institucionales que las marginan de manera sistemática. Y dentro de este gran segmento, la de las niñas es simplemente irrelevante.

Así se deduce en estadísticas de escolaridad, sobre todo cuando se refieren a la permanencia en los establecimientos educativos a partir del segundo ciclo escolar. Es allí donde se produce una de las grandes migraciones de niñas hacia trabajos domésticos y otra clase de labores no calificadas impuestas por los adultos, las cuales les impiden continuar sus estudios y construir a partir de esa oportunidad de crecimiento una vida más productiva e independiente.

Esto coloca a las niñas y adolescentes en una situación de peligro y les impide disfrutar plenamente de sus derechos. Esa situación de esclavitud las expone de manera casi absoluta a decisiones sobre las cuales no tienen control. Este cuadro refleja la vida de miles de niñas en algunos de nuestros países. También incide en embarazos en niñas y adolescentes cuyos indicadores revelan una peligrosa falta de políticas públicas destinadas a protegerlas y proporcionarles una asistencia integral que garantice su seguridad física y mental.

La violencia contra las mujeres, espeluznante como es con casos extremos de asesinatos, violaciones y marginación, en las niñas tiene el agravante de una indefensión prácticamente total que las coloca a merced de quienes las rodean –familiares o extraños- con una cauda elevada de abuso sexual, agresión física y psicológica y privación de sus derechos elementales, como educación, salud, recreación y alimentación, todo lo cual depende más de la voluntad de quienes tienen su custodia que de sistemas estatales e institucionales dirigidos a garantizar sus derechos.

Un parto en niñas de entre 10 y 14 años es, de acuerdo con la legislación vigente en algunos países, producto de una violación, no importa si la menor hubiera consentido el contacto sexual o no. La ley los tipifica de ese modo, pero eso es la letra y otra cosa es la realidad. Son miles las niñas y niños violados sexualmente por personas cercanas, desde su más tierna edad. Y los casos jamás llegan a las cortes de justicia por falta de denuncia en la mayoría de ellos. Cuando se produce el embarazo en una niña y la ley no permite su interrupción oportuna, se la condena de por vida a una vida de privaciones y a un peligro real de supervivencia.

Miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo apenas puede cargar con el peso de su propia existencia dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y el rechazo de su propia familia; por eso el día internacional celebrado ayer lleva una especial dedicatoria a este frágil segmento de la sociedad.

Fuente: Tribuna Feminista - Por Carolina Vázquez Araya

UN FALLO QUE NO CONSIDERA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los acusados en el caso de Lucía Pérez fueron absueltos del abuso sexual y condenados por comerciar drogas

En un fallo polémico, la justicia marplatense absolvió a los tres hombres que llegaron a juicio oral acusados del abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que murió en esa ciudad balnearia el 8 de octubre de 2016 tras ser drogada, aunque dos de ellos fueron condenados a ocho años de prisión por “tenencia de estupefaciente con fines de comercialización” y a pagar una multa de 135.000 pesos. El tercer implicado, fue absuelto y excarcelado. La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, de la que aún se desconocen los fundamentos, desoyó el reclamo de los familiares y del movimiento de mujeres que acompañó el pedido de Justicia por el caso de la joven que conmocionó a todo el país y derivó en el primer Paro Nacional de Mujeres. Marta Montero, mamá de Lucía, dijo tras escuchar la lectura del veredicto que era un momento “horrible”, y “doloroso”. “Los condenaron por la droga que tenían y no por la muerte de Lucía, Es una vergüenza”, afirmó, y remarcó que “vamos a ir a Casación, no bajaremos los brazos”.

Mientras cientos de personas aguardaban la sentencia fuera de los tribunales, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, condenaron por unanimidad a Matías Farías (25), Pablo Offidani (43), por tenencia de drogas con fines de comercialización agravado “por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Y los absolvió por el “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio” porque, según los magistrados, no hubo elementos suficientes durante el debate oral, al que los dos hombres llegaron detenidos en el penal de Batán con prisión preventiva, que probaran que la joven fue violada y asesinada. En tanto Alejandro Maciel (61), que había llegado al juicio con arresto domiciliario, acusado de encubrimiento agravado, fue absuelto y excarcelado bajo caución juratoria.

Los integrantes del Tribunal pidieron a la Procuración que investigue la actuación de la primera fiscal que intervino en la causa, María Isabel Sánchez –que luego se apartó del caso– quien en los inicios de la investigación sostuvo que la joven había sido violada y empalada, y que habría muerto producto de un reflejo vasovagal por el empalamiento.

En el juicio, por la muerte de la joven que fue abandonada sin vida en el hospital de Playa Serena por los acusados, esa hipótesis fue descartada. El  debate estuvo marcado por las diferencias entre los peritos acerca de la causa de la muerte, algunos sostuvieron que la adolescente falleció por “asfixia tóxica”.

Habrá que esperar los fundamentos del Tribunal para desentrañar un fallo que parece no hablar de la muerte de la menor, y ver cómo valoraron el hecho de que estuviera en manos de adultos que la drogaron hasta que perdió la vida.

El abogado de la familia Pérez, Gustavo Marceillac, aseguró que apelarán el fallo “cuestionando la visión que evidentemente ha tenido el tribunal en relación a la existencia del hecho que afectó a Lucía”. “En principio, el tribunal no ha tenido por acreditado un hecho que para nosotros estaba acreditado, y sobre esto va a girar el recurso que interpongamos”, explicó el letrado, quien había pedido en la audiencia de alegatos la pena de prisión perpetua para Farías y Offidani, y cuatro años y medio de prisión para Maciel.

Para el abogado querellante, Offidani fue cómplice de Farías en la venta de droga y partícipe necesario en lo referido al abuso sexual y la muerte de Lucía. Respecto a Maciel, Marcelliac aseguró que ayudó a “a borrar rastros del delito”.

En el mismo sentido apuntó el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien consideró que el fallo “naturaliza la violencia contra las mujeres”. “La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal”. Para Lorenzino, “pareciera que el asesinato es sólo un daño colateral de la compra y venta de drogas. La Justicia dejó pasar una oportunidad de reprochar conductas graves contra el cuerpo, la integridad sexual y la vida de una joven que sufrió una muerte terrible”. Y remarcó que “la impunidad, además de negarle justicia a la víctima y a sus familiares, refuerza las relaciones de género reinantes y la reproducción de desigualdades estructurales de dominación”.

Fuente: Página 12 

AMÉRICA LATINA, LA REGIÓN MÁS LETAL PARA LAS MUJERES

En Latinoamérica mueren asesinadas más de nueve mujeres al día víctimas de la violencia machista, es la zona más violenta del mundo para ellas fuera de un contexto de guerra, según la ONU.

En Latinoamérica cada día mueren asesinadas nueve mujeres. Y esta terrible cifra puede ser solo la punta del iceberg. En el caso de México, menos del 10% de los delitos se denuncia, muchos Estados ni siquiera cuentan los feminicidios y las incluyen en el cómputo general de los homicidios. En Colombia ocurre algo similar, la cifra de víctimas se reduce a niveles europeos cuando registran solo aquellos casos en los que el agresor era una pareja. En Argentina, del total de mujeres asesinadas en 2017, menos de un 10% había puesto una denuncia. Los datos oscuros de la violencia de género planean sobre una región que ya es lo suficientemente mortal y se ha convertido en la zona más peligrosa del mundo para las mujeres.

América Latina es el lugar más letal para ellas fuera de una zona de guerra, según ha señalado ONU Mujeres. Las cifras que registra el organismo advierten de que en 2017 murieron 2.559 víctimas de la violencia machista. Aunque este informe no incluye a México ni a Colombia. Las dificultades para homologar los datos entre los diferentes países, incluso entre las entidades de un mismo país, complica el diagnóstico.

En el caso de México, en 2017 murieron asesinadas 3.430 mujeres —nueve al día—, pero de esos casos, solo 760 fueron investigados como feminicidio. En parte, porque en algunos Estados ni siquiera está tipificado este delito. En Colombia, durante ese mismo año se contabilizaron 1.002 asesinatos a mujeres—casi tres al día—, pero solo 144 se consideraron como violencia de género, pues el agresor había sido su pareja o expareja. El país no ha difundido las cifras del resto de casos.

En la región, los países que concentran los índices más altos de violencia machista se encuentran en Centroamérica. Así El Salvador figura con la mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes, 10,2 (345 casos); seguido de Honduras, con un índice de 5,8; Guatemala y Nicaragua.

El silencio de las víctimas argentinas

Cada 31 horas en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina, una cifra que no disminuye a pesar de la gran movilización social. El año pasado se registraron 292 feminicidios. En los primeros seis meses de 2018, ha habido 139 víctimas fatales, según el Observatorio de Feminicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en la última década, estos crímenes dejaron a 3.378 menores de edad huérfanos de madre, de acuerdo a los datos de la ONG Casa del Encuentro.

En 2017, 86.700 mujeres denunciaron algún caso de agresión física o psicológica en Argentina. Fue el primer dato del instituto de estadísticas oficial para intentar conocer la magnitud de la violencia machista, que comenzó a visibilizarse de forma masiva en 2015 con el movimiento Ni Una Menos contra los feminicidios. Ocho de cada 10 agresiones son perpetradas por parejas o exparejas de la víctima y las mujeres suelen tardar mucho tiempo en denunciar. El 23,1% dijo que su maltrato duró más de 10 años y casi la mitad de ellas lo soportó entre 1 y 5 años.

El Gobierno y organizaciones no gubernamentales han puesto en marcha campañas para que adolescentes y mujeres sepan identificar una relación violenta, desde las primeras señales, como aislamiento e invasión de la intimidad, hasta abuso sexual y violencia física y psicológica. También se han abierto más comisarías de la mujer y se han impartido cursos de perspectiva de género tanto para personal policial como judicial. Aún así, gran parte de la violencia machista queda fuera del radar institucional: de las 292 mujeres asesinadas en 2017, menos del 10% había puesto una denuncia.

Las autoridades argentinas creen que la mayoría de abusos sexuales tampoco son denunciados y menos aún en el caso de menores de edad, cuando el delito ocurre casi siempre puertas adentro. Las estadísticas del Ministerio de Justicia muestran que en los últimos quince meses hubo 2.094 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Para los especialistas, es una ínfima parte de lo que sucede en realidad.

La impunidad en Colombia

La justicia en Colombia tiende a culpar a las mujeres o a no creerlas, y a excusar a sus agresores, cuando enfrentan casos de violencia de género, de acuerdo con los expertos. "Lo más importante es poner fin a la cultura de la impunidad", ha enfatizado la jefa de ONU Mujeres en el país, Ana Guezmes. Según un estudio de la Fiscalía de ese año, la impunidad en la violencia contra la mujer ha llegado a ser hasta del 96%.

El recordado caso de Rosa Elvira Cely, quien murió en 2012 en circunstancias de extrema violencia, violada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá, movilizó al país y suscitó un debate que ha perdido impulso. Aunque en 2015 se expidió una ley que busca definir y castigar el feminicidio como un delito específico, las cifras se encuentran dispersas, y muchas veces se contradicen, al momento de atribuir un crimen a la violencia de género.

Solo una de cada 10 mujeres asesinadas había denunciado antes violencia doméstica, señalan fuentes de la Fiscalia. Al estallido del movimiento Me Too lo precedió en varios años una campaña en el país andino para que las víctimas de violencia sexual alzaran la voz y denunciaran las agresiones. Luego de haber sido secuestrada, torturada y violada por paramilitares cuando realizaba una investigación en una cárcel en las afueras de Bogotá, la periodista Jineth Bedoya lanzó en 2010 No es hora de callar.

Pese al acuerdo de paz que el Gobierno selló a finales de 2016 con la exguerrilla de las FARC, el problema se ha visto históricamente agravado por un conflicto armado en que guerrillas, paramilitares y agentes estatales se enfrentaron durante más de medio siglo. Más de 15.000 personas fueron víctimas de violencia sexual solo en ese contexto, según el informe La guerra inscrita en el cuerpo, del Centro Nacional de Memoria Histórica. El cuerpo de las mujeres —el 91,6% de esos casos— terminó muchas veces convertido en el botín de los combatientes.

En un contexto más general, hasta 400.000 mujeres fueron asesinadas en el marco del conflicto armado y más de 2.700.000 sufrieron desplazamiento forzado entre 1995 y 2011, según datos oficiales recogidos por ONU Mujeres.

Colombia también se hizo tristemente célebre a comienzos de esta década debido a que las mujeres sufrieron recurrentes ataques con ácido, atentados que dejaban víctimas desfiguradas. Una de esas víctimas, Natalia Ponce de León, se convirtió en un símbolo y prestó su nombre para una ley de 2016 que presionó a la justicia para castigar a los responsables.

La pareja es la que mata en México

En México, la mayoría de las mujeres casadas o con novio ha sufrido algún tipo de violencia machista, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística presentada estos días. Esto supone un 64% de los casos. Más de 12 millones de mujeres que soportan el terror en el interior de sus casas, en la intimidad de su relación. Y la cifra más alarmante: alrededor de ocho millones han sido asfixiadas, cortadas, quemadas, han sangrado por problemas nerviosos y han reconocido padecer depresión. Además, hay otros cuatro millones de mujeres a las que ya han intentado asesinar o ellas han reconocido plantearse el suicidio. Pero la impunidad en México pesa demasiado y este es uno de los motivos por los que menos del 10% de los delitos se denuncia, señala el organismo.

El delito de feminicidio, así como el de homicidio, pertenece al fuero local de cada Estado. Y todavía hay entidades que no lo reconocen en su código penal, como Chihuahua y Nayarit; y otros, como Aguascalientes, Baja California Sur y Querétaro que no tipificaron ni uno en 2017, aun y cuando está definido en sus respectivos códigos y sí registraron homicidios de mujeres.

Conocer las cifras reales de asesinatos contra mujeres por el hecho de serlo se complica en uno de los países más violentos para ellas. La estrategia nacional se ha basado en decretar alertas de género en los municipios más peligrosos, como Ecatepec (Estado de México), que se colocó en el centro del huracán hace un mes tras la detención de un presunto asesino serial de mujeres. Pese a las alertas, muchas organizaciones denuncian que los homicidios contra ellas no han cesado: desde que en 2015 se implementara la alerta de género en ese Estado, los feminicidios han aumentado un 14%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Mientras que los índices de homicidios generales en México han aumentado y disminuido en los últimos 20 años, a las mujeres las siguen matando igual. En los años en los cuales los asesinatos a hombres caían a mínimos históricos —hasta 2007, para luego dispararse a partir de 2008 por la guerra contra el narco— las cifras de mujeres asesinadas se mantenían con pocas variaciones. Es por ello que no se puede relacionar directamente el aumento de violencia en el país con los crímenes de género. No son una cifra más de la violencia, es una epidemia que no ha dado tregua a la mitad de la población.

Fuente: El País - Por Elena Reina - Mar Centenera - Santiago Torrado

EL 90% DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS SON MUJERES Y NIÑAS

“La lucha contra la trata de seres humanos no resulta tarea fácil. Quien diga lo contrario acredita su desconocimiento ante la dimensión de un problema en el que confluyen un elevado número de factores que permiten la subsistencia de un fenómeno delictivo de características y proporciones escalofriantes”.

Bajo este argumento, Clara Martínez de Careaga, presidenta de la Comisión de Igualdad del Poder Judicial, inauguraba el acto.

Calificada como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, la trata se convierte en un hecho de sometimiento y degradación de la persona, especialmente hacia las más vulnerables, tratadas como simples objetos de pertenencia.

“Hoy la esclavitud no es de derecho, sino de hecho”, continuaba la presidenta.

Esta nueva forma de esclavitud supone la vulneración total de la libertad y dignidad de las personas, por lo que comporta una de las manifestaciones más graves de violación de los derechos humanos.

Ante esto, a lo largo de los años se han ido desarrollando distintos planes y medidas con el fin último de lograr la desaparición de este fenómeno.

En 2003, nuestro país ratificó el protocolo para prevenir, suprimir y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, siendo aprobado por la ONU en el año 2000.

En diciembre de 2008, el Gobierno español decretó el Plan contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, ofreciendo protección a las víctimas y creando un fondo destinado a su lucha.

Anteriormente, en el 2000, se ratificó el Convenio del Consejo de Europa – comúnmente conocido como Convenio de Varsovia- contra la Trata de Seres Humanos, aprobado en 2005 con el valor añadido de la perspectiva de derechos humanos y su enfoque centrado a la protección de la víctima.

Y por último, en 2011, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata, añade el enfoque de perspectiva de género, señalando como objetivos principales la prevención y protección de derechos de las víctimas, así como la garantía de combatir cualquier forma de trata de seres humanos a través de las medidas más eficaces.

Pese a haberse suscrito a la legislación internacional y contar con un Plan Integral Específico contra este delito, el problema se agrava de manera preocupante, convirtiéndose España en uno de los países –el tercero- de mayor número de origen, tránsito y destino de seres humanos, estando el 80% de este fenómeno motivado con fines de explotación sexual de mujeres y niñas.

“Esto formula un dato desolador, pues está claro que son los clientes los que sustentan el negocio que representa esta demanda”, denuncia Martínez de Careaga.

Ante estas razones, la trata de seres humanos se ha convertido en una prioridad de primer orden tanto para la Unión Europea como para el Gobierno de España, tomando conciencia de la gravedad del fenómeno y adoptando instrumentos normativos y medidas concretas en todos los ámbitos encaminados a la desaparición de esta lacra.

“Nos sumamos a las voces que reclaman la elaboración de una ley integral contra la trata de seres humanos que aborde el fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar, definiendo las actuaciones a realizar por cada uno de los factores implicados en la lucha y estableciendo los mecanismos adecuados”, advierte la presidenta.

Por ello, el objetivo de la Guía consiste en servir de apoyo a jueces y juezas, magistradas y magistrados, que tengan que enfrentarse a la tramitación de alguna causa relacionada con este delito.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, continuó la jornada a modo de presentación del nuevo texto, “una guía rigurosa y completa que responde a la necesidad de criterios del poder judicial frente a la terrible realidad que representa la trata”.

Dotándola como forma de compromiso hacia los derechos humanos de las personas e implicación de la normativa de políticas públicas e instituciones, el presidente se refirió a la misma destacando su conciencia de género y de discriminación.

“Esta lacra dicta mayoritariamente a mujeres y niñas, no sólo en la explotación sexual, sino también en la laboral en sectores de empleo feminizados o matrimonios forzosos”.

Con esto, Lesmes quiso advertir de que más del 90% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas, por lo que la guía se inspira en una perspectiva de género que parte de las necesidades específicas de mujeres en situación de vulnerabilidad para hacer posible la adopción de soluciones a fin último de protección y recuperación de sus derechos.

“Siempre hay mucho más por hacer. La guía no conseguirá por si sola erradicar la trata de seres humanos, pero contribuirá, sin duda alguna, a ese objetivo”, concluía.

Guía de actuación judicial en los procesos sobre trata de seres humanos

La guía presentada recoge las bases jurisprudenciales para la correcta interpretación de los tipos penales relacionados con la trata, los mecanismos para la identificación y detección de las víctimas, así como pautas de actuación para mejorar su protección.

Además, aúna la investigación económico-financiera y la cooperación internacional –básicas en el desmantelamiento de las redes de la trata-, junto a pautas sobre los aspectos administrativos del fenómeno, como son el asilo, la protección internacional o los permisos de residencia para las víctimas.

De este modo, el texto se divide en cuatro grandes bloques: descripción general del fenómeno de la trata de seres humanos; protección penal y administrativa; y uno último de cooperación internacional en la lucha.

En su elaboración, a propuesta de la Comisión de Igualdad, han participado personalidades expertas procedentes de la carrera judicial y fiscal, del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, así como psicólogas y psicólogos forenses, cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado y entidades especializadas en la defensa y asistencia a las víctimas de trata.

FUENTE  y fotografía : Archivo AmecoPress.

EL ACOSO SEXUAL Y LA VIOLACIÓN SON CRÍMENES DE GUERRA

“Tenemos que centrarnos en generar un cambio y hacer un mundo mejor, especialmente para las mujeres”. Así iniciaba la activista su intervención que ha estado centrada en apuntar los rasgos fundamentales de la “larga revolución de las mujeres” que sigue viva y que consiste en “revertir el sistema de poder en que los hombres tienen el control del cuerpo de la mujer, acabar con el sistema patriarcal y terminar con la guerra histórica contra las mujeres”.

Inna Schevchenko ha enfatizado el enorme valor que tiene la campaña #MeToo, en la que mujeres muy diversas –actrices, políticas, diplomáticas, empresarias, activistas, etc.- han denunciado a sus acosadores y han recordado que “el lugar de la mujer no está ni en la cocina ni en un burdel”.

Para la líder de Femen el cuerpo de la mujer es el campo de batalla y es el centro de la lucha feminista. “El cuerpo de la mujer es el lugar sobre el que se ha construido el patriarcado”, advertía, para -“llamando a las cosas por su nombre”, como ella misma reivindica-, sentenciar que “el acoso sexual y la violación son crímenes de guerra”.

El cuerpo de la mujer para el patriarcado es un “objeto sexual”, está “lleno de suciedad”, debería estar “listo para ser utilizado y traer vida”, “no pertenece a su propietaria” y “no tiene libertad”. Independientemente de dónde estemos, hemos adoptado un sistema de presión de un grupo sobre otro y el cuerpo de la mujer es abusado en las distintas culturas y desde diferentes perspectivas.

Frente a esta situación, Inna Schevchenko propone “sacar el cuerpo del contexto sexual –donde prima la obediencia pasiva- e introducirlo en un contexto político –la revolución que implica que el cuerpo sea una arma en manos de la mujer-.

El cuerpo desnudo se acepta y se muestra siempre que sea obediente”, afirma la ucraniana. Pero “las niñas buenas pocas veces han cambiado la historia”. Por ello, a pesar de haber sido torturada, recriminada y encerrada en diversas ocasiones, defiende la lucha de las mujeres de Femen, quienes muestran sus cuerpos desnudos pintados con eslóganes con los que enfrentan el poder y hablan al mundo. “Mi cuerpo deja de ser silencioso. Mi cuerpo y mi mensaje van unidos”.

La activista ha criticado el crecimiento de los grupos ultraderechistas y religiosos, “obsesionados con apropiarse de los cuerpos y los derechos de las mujeres”. También se ha definido contraria a la industria del sexo y, aunque asegura haber conocido y hablado con mujeres que quieren ejercer la prostitución, no está de acuerdo con considerarlo una profesión, ni con sostener que se realiza con libertad, ni con separarla de la trata, ni con aceptar que se pueda “comprar a una persona”.

Inna Schevchenko ha reiterado la necesidad de “unirnos y basarnos en lo que tenemos en común”, a pesar de las diferencias y de la diversidad que existe entre las mujeres y el movimiento feminista.

Fuente: Amecopress -

LOS MITOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL

“El mito es un habla despolitizada”. La afirmación que en 1953 realiza el filósofo y semiólogo Roland Barthes es extrapolable a la realidad presente de las mujeres, víctimas y supervivientes de violencia sexual en el Estado español, por el escenario de desprotección y garantía de sus derechos.

Los mitos sobre la violencia sexual empañan cualquier intento de alcanzar la justicia y la reparación frente a los derechos humanos vulnerados. Sostienen la discriminación y la aúpan hasta la estratosfera. Parecen inmortales e intocables. He de confesar que incluso yo misma me he sentido atrapada a veces por esos mitos. El estereotipo de género es como si te enganchara, como si no fuera nada. Pero lo es todo.

Sin rodeos, puedo concluir -después de más de un año investigando para la Sección Española de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual en el Estado español-, que el mito, el estereotipo o el prejuicio de género se encuentra estampado de forma generalizada en cada una de las instituciones cuyo deber es acompañar y restituir los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual. El estereotipo de género se cuela y se arrastra por las comisarías, por los juzgados, por los hospitales y medios de comunicación, por las calles de nuestras ciudades. Donde menos te los esperas, ahí están.

–¿No será que es una discusión entre novios?-, le comentó una trabajadora social de un hospital a una mujer entrevistada para nuestra investigación, después de ser violada por su ex novio.

-¡Vaya niña más ligerita!- afirmó una abogada de un condenado por acoso sexual en relación a una niña de 15 años que terminó suicidándose tras el acoso.

En la práctica, lo que hemos comprobado también al entrevistar a las víctimas, supervivientes y familiares de violencia sexual es que “el habla despolitizada” (el mito), casi de forma involuntaria -y en muchas ocasiones de manera muy consciente- está generando efectos directos no sólo en las mujeres que han vivido o vivirán violencia sexual, nos perjudica a todas…al configurar una realidad inventada y construida que lo que consigue es justificar y normalizar las violencia sexuales con un gran objetivo: desacreditar a las víctimas, restar responsabilidad a los agresores y normalizar la violencia sexual.

No hay que olvidar que los mitos y estereotipos de género son unos de los máximos responsables de la existencia de la cultura de la violación y por lo tanto, de forma evidente, van a alimentar y reforzar la ideología patriarcal, sosteniendo la discriminación histórica y estructural que sufren las mujeres frente a los hombres. Así lo hemos comprobado, cuando al acompañar a algunas víctimas, nos han trasladado en su desesperación por ser creídas, cómo era posible que quien las tienen que proteger duden de ellas, las juzguen o en el peor de los casos, las acusen de mentir para obtener réditos personales.

Los mitos y los estereotipos de género no dejan de ser instrumentos dirigidos a perpetuar la subordinación de las mujeres para controlar su libertad sexual y por tanto sus derechos sexuales y reproductivos. Y aunque parece que mutan según los tiempos, en el fondo, después de las más de 80 entrevistas realizadas para esta investigación lo que hemos podido comprobar es que realmente son “inmutables”, son los mismos que hace 50 años, que hace 200 años: “no es el prototipo de víctima de violación”, “no hay marcas físicas que evidencien que ha habido una agresión sexual”, “estaba ligando con él”, “qué esperas estando drogada y bebida”, “¿qué ropa llevabas?”, etc.

Una lista interminable.

A día de hoy, recién concluida nuestra investigación y profundamente impactadas por las historias que hemos escuchado, me he planteado dos objetivos, parece casi un fin vital: romper el silencio para interpelar con la acción y la palabra a los responsables (siguiendo las palabras de Audre Lorde), con la finalidad de hacer que los derechos humanos de las mujeres sean realidad. Y en segundo lugar, aunque pueda parecer nimio, me he propuesto interpelar y desintegrar uno por uno, allá donde vaya, cada unos de esos mitos con los que convivo. Espero que este informe nos ayude con ello. Lo necesitamos con urgencia.

Fuente: Blgs 20minutos.es - Por Bárbara Tardón , investigadora para Amnistía Internacional y experta en género y en violencia sexual.  

EL ESTADO AUSENTE

Título original: Menos blanquitos, menos bien vestidos.

En el video de la moto, el intercambio entre “los muchachos de Avon” más bien gira en torno del temor que el acoso produce y del dolor que genera, en consecuencia, en otra persona. Es una mirada a la que podría contraponerse al argumento “le gusta que la mire” o inclusive a que “es normal, está acostumbrada”, y por eso pienso que es desacertada por ser muy parcial. Hubiese sido preferible un fundamento en torno al respeto por y entre las personas como sujetos de derechos y sujetos de deseo; premisas que, por ejemplo, orientan a la educación sexual integral.

Por el contrario, creo que hay una frase interesante dicha un poco al pasar (y es una pena) “¿qué sos?, ¿un animal, que no te podés controlar?”. Sobre todo porque el otro muchacho no contesta nada. ¿El silencio reflexivo tal vez? Es sugerente que se ponga en cuestión esta dimensión, tan propia del patriarcado, que entiende a la juventud y sobre todo a lo masculino como “tomado” por las hormonas o el impulso sexo-genital ingobernable.

Ahora bien, el video circuló y se comentó. Hay una forma de deliberación que se produce en los encuentros domésticos; el desayuno, el almuerzo, la cena cotidiana, esos espacios donde a veces se habla de temas rutinarios y otras, se discute con vehemencia. También se debate en los encuentros informales, entre amigas, amigos, amigues, en las pausas laborales, en “la sala de profesores”, o el vestuario. Cuando una publicidad llega a esos lugares, con una idea que se recuerda más que la marca que la generó (imagino efecto no deseado por la agencia responsable), evidentemente está hablando de un tema de interés social. Inclusive, creo, cuando las personas que debaten no están de acuerdo, en parte o totalmente, con el contenido. Y hubo mucho de eso. Me pregunto, sin embargo, ¿entre quiénes y en qué hogares fue tema de conversación? 

Me parece que es un recurso que puede ser interesante, por ejemplo, para conversar en clase. Y en este sentido, entiendo que puede ser fructífero en las escuelas, para poner en cuestión lo que dice y sobre todo lo que no dice. Porque ya casi no se habla del origen comercial de los fondos que lo financiaron. Casi. ¡Porque tampoco imagino a Avon tirando la plata! Tampoco dilapida sus recursos L’Oreal al entregar el premio a las mujeres científicas y el premio es ya una suerte de “clásico” celebrado y potente en la difusión de las producciones de las mujeres. Obviamente, las empresas no pueden nunca reemplazar la inversión sistemática en educación en general y en educación sexual integral en particular. Por ejemplo, para profundizar la campaña hablando de y a otros muchachos, menos blanquitos, menos bien vestidos y con un lenguaje menos académico. 

¿Habrá más videos en esta dirección? ¿Habrá videos que hablen contra la violencia de género hacia las mujeres trans o lesbianas? ¿Habrá videos que interpelen a la enorme comunidad de inmigrantes latinoamericanxs que viven en Argentina? Mientras el mercado decide si vende o no vende, esa campaña que incluya la intersección de las formas de la violencia y la desigualdad de las mujeres, debe ser planteada desde el Estado. Y en un contexto de ajuste, difícil que suceda. 

Fuente: la 12 - Por Graciela Morgade

EL PRÓVOLO DE LA PLATA, LA GÉNESIS DEL HORROR

Lo que ha sucedido por décadas puertas adentro de las distintas sedes del instituto educativo Antonio Próvolo no deja de sorprender.

En La Plata, los castigos hacia niños y adolescentes varones sordos eran muy severos, violentos y humillantes.

No sólo fueron víctimas de abusos y violaciones, de maltratos y golpes, sino que además los obligaban a no decir nada, porque si lo hacían las penitencias podían ser peores.

Lisandro, en la actualidad está próximo a cumplir 40 años, su testimonio sorprendió a quienes llevan adelante la investigación en la capital bonaerense. Cuando prestó declaración ante la Fiscal Cecilia Corfield, contó con lujo de detalles lo que por años padeció dentro del Instituto Antonio Próvolo platense, lugar al que llegó cuando apenas tenía 10 años.

Su drama

Lisandro nació en la provincia del Chaco en 1978. Siendo muy pequeño fue separado de sus padres por los castigos corporales que recibía, al punto de quedar sordo.

Con tan sólo tres años comenzó a transitar de un lado hacia otro. Durante años estuvo en diferentes institutos educativos albergues y otras veces a cargo de matrimonios tutores.

Hasta que a fines de 1988 ingresó como alumno al Instituto Antonio Próvolo en La Plata.

Aquel día que llegó al colegio imaginó que su vida podría cambiar por completo. Estaba maravillado con el edificio. Creyó que allí iba a encontrar cariño, contención, educación, aspectos que no había recibido hasta ese momento.

Sin embargo, nunca pensó que lo peor lo esperaba puertas adentro de esa institución.

En un lavarropas

Lisandro fue abusado por monjas y personal del establecimiento.

En su declaración menciona que la hermana Leticia lo tocaba y manoseaba, incluso lo observaba mientras se bañaba. Algo que a él lo incomodaba porque era su privacidad, no entendía porque le hacían esas cosas.

Entre los castigos que recibía menciona que lo encerraban en un lavarropas con capacidad de 50 kilos. Por horas lo dejaban adentro de la máquina, él relata que sus gritos no bastaban para que lo sacaran del interior del lavarropas, tenía miedo de morir asfixiado, pero nadie hacía nada.

Incluso tanto curas como religiosas lo amenazaban cada vez que intentaba decir algo.

Gusanos y jaula

Debajo de la cocina había un depósito. A Lisandro le ataban sus manos a un caño que estaba ubicado en el techo, durante un tiempo prolongado estaba en esa posición. Quienes estaban a cargo de su cuidado no les importaba dejarlo sin comer y tenerlo de esa manera.

También lo hacían trabajar y cocinar. Tanto él como otros de sus compañeros coinciden en que la comida que les servían estaba mal estado. Relatan que el arroz y los fideos tenían bichos, hasta les servían sopa con gusanos como una de las tantas formas de castigo que recibían.

Lisandro en su declaración no escatima en decir que en varias ocasiones robó por hambre. Durante días, los encargados de la educación de estos niños, no les daban alimentos simplemente porque era parte de los escarmientos.

Lo más cruel y duro de su relato es cuando comenta lo que sucedía en la huerta del Próvolo en La Plata.

En ese espacio había plantación de verduras y frutales, gallineros y jaulas con conejos.

En esas mismas jaulas Lisandro era encerrado con los animales. Durante días padecía del frío y el hambre. Nadie le traía un plato de comida. Hasta que una vez tomó un conejo lo estranguló, lo mató y asegura que se lo comió. Dos veces lo hizo. Cuando sucedió este episodio, lo golpearon mucho y recibió otro castigo.

Este hombre de 40 años, cuenta que como nadie lo iba a visitar los peores castigos lo recibía él.

Gasoil en la cabeza

Por ejemplo comenta que sólo le daban un jabón para su higiene, con el cual debía hasta cepillar sus dientes, porque no le proveían ni pasta dentífrica ni desodorante. Los curas le ponían gasoil en su cabeza como otra de las formas de maltrato.

Una vez, Lisandro presenció cómo violaron a uno de sus compañeros en una habitación de uno de los curas.

Cuando el sacerdote percibió su presencia fue a buscarlo. Aquel niño chaqueño salió corriendo, desesperado buscando a alguien para contarle lo que le estaban haciendo a uno de sus compañeros. Pero fue en ese momento en el que cayó desde un primer piso.

De acuerdo a lo que figura en el expediente, fue empujado por las escaleras. Tras ese golpe recibió varios puntos de suturación en su pene, ano y hombro.

Lisandro fue víctima de los peores castigos y maltratos durante cinco años en los que vivió en ese instituto. Intentó escapar en reiteradas ocasiones, pero lo volvían a traer al Próvolo.

Menciona que muchas veces contó lo que le hacían en el interior del colegio pero nadie le creía.

En la actualidad es papá de dos niños y vive en su provincia natal. Lo único que pide es justicia para quienes fueron víctimas de abusos y maltratos en las sedes del Próvolo.

Fuente: Diariouno.com

FEMINICIDIO: LA EXPRESIÓN MÁS EXTREMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017, de acuerdo con datos proporcionados por organismos públicos de esos países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

El fenómeno alcanza una extensión en El Salvador que no encuentra paralelo en ningún otro país de la región: la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres en el 2017 fue de 10,2, la cual es seguida por Honduras, que en 2016 registró un 5,8. En Guatemala, República Dominicana y Bolivia (Est. Plur. de) también se observaron altas tasas para el año 2017, iguales o superiores a 2 casos por cada 100.000 mujeres. Solamente Venezuela, Panamá y el Perú registran tasas inferiores al 1,0 en la región.

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] https://oig.cepal.org/es, sobre la base de fuentes oficiales. 

* Chile y Colombia solo informan casos de feminicidio íntimo, es decir, cometido por la pareja o ex pareja.

Los datos muestran que los feminicidios, es decir, los homicidios de mujeres perpetrados por razones de género, suelen corresponder a una parte mayoritaria del total de homicidios intencionales de mujeres. A su vez, en la mayor parte de los países de la región con datos disponibles, los feminicidios son cometidos por alguien con quien la víctima tenía o había tenido una relación de pareja (ver gráficos 2 y 3). Esta relación se invierte en El Salvador (2017) y Honduras (2016), donde los feminicidios íntimos corresponden al 6% y el 18% de total de feminicidios, respectivamente.

En el Caribe, 4 países registraron, juntos, 35 víctimas de feminicidio en 2017: Belice (9 víctimas), las Islas Vírgenes Británicas (1), Santa Lucía (4) y Trinidad y Tabago (21). Guyana y Jamaica, que solo cuentan con datos sobre feminicidio íntimo, reportaron la muerte de, respectivamente, 34 y 15 mujeres a manos de su pareja o ex pareja íntima en el mismo año.

Las comparaciones posibles sobre la prevalencia de los feminicidios en América Latina y el Caribe y otras regiones son todavía débiles. Los países de la Unión Europea solo registran en sus estadísticas regionales las cifras de muertes de mujeres ocasionadas por la pareja íntima, lo que supone desafíos en la comparabilidad con el indicador que publica la CEPAL, que se refiere a muertes de mujeres ocasionadas tanto en el ámbito público como en el privado. Mientras las tasas de feminicidios íntimos en América Latina en el 2017 varían desde un máximo de 1,98 por cada 100.000 mujeres en República Dominicana a un mínimo de 0,47 en Chile, la mayor parte de los países europeos registraba a 2016 tasas por debajo del 0,5.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] https://oig.cepal.org/es, sobre la base de fuentes oficiales.

a Costa Rica (2016), Ecuador (2017), El Salvador (2017), Guatemala (2017), Honduras (2016), Paraguay (2017) y Uruguay (2017).

b Argentina (2017), Costa Rica (2017), Ecuador (2017), El Salvador (2017), Honduras (2016), Paraguay (2017), Perú (2016), República Dominicana (2017), Uruguay (2017) y Venezue la (2016).

La gravedad del fenómeno ha obligado a 18 países latinoamericanos a modificar sus leyes para sancionar el feminicidio: Costa Rica (2007), Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia (Est. Plur. de), Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (Rep. Bol. de) (2014), Brasil y Colombia (2015), Paraguay (2016) y Uruguay (2017).

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los países han definido metas e indicadores para la igualdad de género y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas. La medición de los feminicidios es particularmente importante para dar respuestas a la meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación y a la 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo . En el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, el indicador de feminicidio ha sido incorporado en el Conjunto de indicadores priorizados por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030, lo que insta a los países a mejorar los registros administrativos y su indicador nacional.

Desafíos

• Comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas, más allá de su condición sexual y de género, por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales, de religión, y de otros tipos. Esto permitiría avanzar en políticas públicas para su erradicación que consideren la diversidad de las mujeres y las variadas características en que se expresa la violencia contra ellas.
• Generar acuerdos interinstitucionales que permitan fortalecer el análisis del feminicidio a nivel regional y nacional.
• Trabajar en la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos, especialmente los operadores de justicia, para mejorar los registros de feminicidio y dar respuestas acordes al enfoque de derechos humanos y una cultura de igualdad.
• Generar políticas públicas de reparación dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que consideren asignaciones monetarias que permitan enfrentar los gastos cotidianos de las y los menores de edad.

Fuente: Observatorio de igualdad de género - CEPAL